Sindicatos de clase, un "apéndice del Estado"
16/09/2019 Alfredo Aranda Platero
Vicepresidente del Sindicato PIDE
Desde
que saborearon las mieles del dinero los sindicatos de clase
siempre están ávidos de poder, de quererlo todo
para ellos quedando a los demás en la intemperie. Despojan,
siempre que pueden, a los sindicatos profesionales de sus derechos,
con la connivencia de la Administración y, con ello,
menosprecian a los trabajadores de sectores como el educativo,
el sanitario o el de la Administración General que los
sindicatos profesionales representan.
Estado y sindicatos institucionalizados están mutuamente parasitados y ya se han olvidado del significado de la palabra democracia; son, ahora, sindicatos defectuosos, exiliados de su propia esencia, aquella que perdieron cuando –allá por los años 80– el gobierno de turno los compró con subvenciones, ejércitos de liberados sindicales y cursos de formación, quedando inaugurada una nueva era de sindicatos a cargo de los presupuestos generales del Estado.
Los gobiernos de turno saben que regalándoles recursos económicos y liberados les están arrancando de cuajo el alma sindical; y ellos, los sindicatos de clase desnaturalizados –vendida ya su alma al “diablo”–, abdicando de los preceptos con los que nacieron, se dejan llevar por el poder mientras escenifican teóricos enfrentamientos con el gobierno para justificarse antes sus bases.
Entre ellos se entienden, se protegen, se justifican…, se conjuran, como conspiradores vulgares, para blindar sus privilegios y así ser inmunes al escrutinio público.
Colaboradores necesarios para llevar a cabo los ominosos desmanes a los que acostumbran son aquellos, y aquellas, que están al frente de ministerios y consejerías; aquí, en Extremadura, la responsable de la Consejería de Hacienda y Administración Pública consiente que los sindicatos tradicionales marquen la hoja de ruta de la Consejería que ella, teóricamente, dirige.
Con la aquiescencia de la Consejera la Mesa General de Administración pública es un club privado al que solo acceden los sindicatos de clase: el que dice defender a los obreros, el que asegura que une a los trabajadores y el que sostiene que es independiente.
USAE, integrado por SAE, SGTEX y PIDE, vino a perturbar la tranquilidad sindical cuando en la elecciones sindicales del 4 de diciembre de 2018 recibió un enorme apoyo de funcionarios sanitarios, de administración general y docentes. El apoyo recibido se tradujo en que USAE debía entrar en el club privado de la mesa general, como segunda fuerza sindical global, y, claro, se pusieron nerviosos y vieron peligrar sus privilegios: las mamandurrias a las que los sindicatos tradicionales están enganchados como el cocainómano a su cocaína o el ladrón a los bienes ajenos.
Pese a que USAE cumple la legalidad vigente para entrar en la mesa general, nos niegan el derecho, niegan la Ley; de tal forma que USAE ha denunciado a la Junta de Extremadura por vulneración de los derechos fundamentales, cuya vista iba a ser el pasado 23 de mayo pero la Junta de Extremadura mandó un escrito al TSJex pidiendo que la demanda pasara de lo Social a lo Contencioso. Otra maniobra para dilatar todavía más la constitución de la mesa general. Flaco favor le está haciendo a la Junta de Extremadura la Consejera de Hacienda y Administraciones pública dándole la espalda a la legalidad, cosa que en un político debería estar penado, como mínimo, con el cese inmediato de su cargo.
Estado y sindicatos institucionalizados están mutuamente parasitados y ya se han olvidado del significado de la palabra democracia; son, ahora, sindicatos defectuosos, exiliados de su propia esencia, aquella que perdieron cuando –allá por los años 80– el gobierno de turno los compró con subvenciones, ejércitos de liberados sindicales y cursos de formación, quedando inaugurada una nueva era de sindicatos a cargo de los presupuestos generales del Estado.
Los gobiernos de turno saben que regalándoles recursos económicos y liberados les están arrancando de cuajo el alma sindical; y ellos, los sindicatos de clase desnaturalizados –vendida ya su alma al “diablo”–, abdicando de los preceptos con los que nacieron, se dejan llevar por el poder mientras escenifican teóricos enfrentamientos con el gobierno para justificarse antes sus bases.
Entre ellos se entienden, se protegen, se justifican…, se conjuran, como conspiradores vulgares, para blindar sus privilegios y así ser inmunes al escrutinio público.
Colaboradores necesarios para llevar a cabo los ominosos desmanes a los que acostumbran son aquellos, y aquellas, que están al frente de ministerios y consejerías; aquí, en Extremadura, la responsable de la Consejería de Hacienda y Administración Pública consiente que los sindicatos tradicionales marquen la hoja de ruta de la Consejería que ella, teóricamente, dirige.
Con la aquiescencia de la Consejera la Mesa General de Administración pública es un club privado al que solo acceden los sindicatos de clase: el que dice defender a los obreros, el que asegura que une a los trabajadores y el que sostiene que es independiente.
USAE, integrado por SAE, SGTEX y PIDE, vino a perturbar la tranquilidad sindical cuando en la elecciones sindicales del 4 de diciembre de 2018 recibió un enorme apoyo de funcionarios sanitarios, de administración general y docentes. El apoyo recibido se tradujo en que USAE debía entrar en el club privado de la mesa general, como segunda fuerza sindical global, y, claro, se pusieron nerviosos y vieron peligrar sus privilegios: las mamandurrias a las que los sindicatos tradicionales están enganchados como el cocainómano a su cocaína o el ladrón a los bienes ajenos.
Pese a que USAE cumple la legalidad vigente para entrar en la mesa general, nos niegan el derecho, niegan la Ley; de tal forma que USAE ha denunciado a la Junta de Extremadura por vulneración de los derechos fundamentales, cuya vista iba a ser el pasado 23 de mayo pero la Junta de Extremadura mandó un escrito al TSJex pidiendo que la demanda pasara de lo Social a lo Contencioso. Otra maniobra para dilatar todavía más la constitución de la mesa general. Flaco favor le está haciendo a la Junta de Extremadura la Consejera de Hacienda y Administraciones pública dándole la espalda a la legalidad, cosa que en un político debería estar penado, como mínimo, con el cese inmediato de su cargo.