lunes, 28 de marzo de 2022

La educación pública es vulnerable

 La educación pública es vulnerable

La educación pública es vulnerable. Vulnerable a los poderes fácticos que entienden la educación como un negocio. Vulnerable a las ideologías de las plegarias y de la exaltación. Vulnerable a los dirigentes políticos que traicionan sus principios y se venden a espurios intereses. Vulnerable a los que, desde la atalaya de sus ministerios y consejerías, desmantelan la enseñanza pública con deshonestos gestos autócratas que nos desvelan que los caudillos y las caudillas también existen en democracia. Vulnerable a las organizaciones sindicales que ondean sus pancartas por simple conveniencia y que, después, se esfuman mientras las fauces de afilados colmillos aún no ha terminado de engullir su presa. Vulnerable a una parte de la sociedad que ha olvidado, con ayuda de aquellos que mueven los hilos en la sombra, que sus hijos merecen una formación libre de adoctrinamientos.

La educación pública es vulnerable; pero su poder es inmenso e incomparable porque compensa desigualdades sociales, porque es universal, porque es laica, porque es de todos. La educación pública es un pilar sólido donde asentar a una sociedad libre, crítica, despojada de credos y supersticiones.

Es preciso que el gobierno de Extremadura se deshaga de las ataduras que lo mantienen encorsetado en una ambigüedad discursiva que lleva a que sus principios estén lastimosamente secuestrados. Y que defienda a la enseñanza pública y no la agreda como hace con dolorosa frecuencia, sacrificando centros públicos como ofrenda no sabemos a qué supremo poder o todopoderoso tótem. Y que no actúe como aquella madrileña endiosada, que con un falso misticismo en la mirada perdida en lontananza, como una ficticia virgen de pega, que no duraría ni un segundo en un trabajo donde tuviera que demostrar alguna destreza, destroza la educación pública madrileña bajo el sorprendente aplauso de muchos de los que sufren, en la propia carne de sus hijos, el quebranto, la pérdida de los más básicos derechos fundamentales. 

En la comunidad madrileña se entreteje una urdimbre maquiavélica en la que la educación pública queda atrapada; y sin nocturnidad y con alevosía, van libando su jugo hasta secarla. 

El gobierno extremeño debería mirar hacia la comunidad madrileña pero para hacer exactamente lo contrario; es decir, defender, con toda la fuerza de la razón, a la educación pública de sus enemigos, algunos de los cuales militan en sus propias filas. 

En Extremadura se suprimen unidades y se cierran centros públicos, para así proteger los conciertos. Lo que demuestra el nulo compromiso de la consejera con la educación pública y, por ende, manifiesta con rotunda claridad que sus principios ideológicos no son los del partido que representa, porque jamás podrán germinar en el arenoso sustrato de un pensamiento cada vez más alejado de la vocación de servicio público; y que, ahora, tras las afrentas cometidas contra la educación de todos, muestra la verdadera naturaleza ideológica del ser que la habita, la savia deontológica hostil hacia la propia idiosincrasia del partido que la ampara y que le corre por las venas colonizándola por completo.

Es inexplicable que se condene a los alumnos del CEIP Juan XXIII, de Mérida, a la dispersión, a la diáspora, al exilio... Otra solución es posible, pero la consejera no escucha. Ya ha mordido a su presa y cuanto más quieres arrebatársela con más fuerza la muerde y no la soltará fácilmente, salvo que alguien con más poder que ella la detenga. 


Alfredo Aranda Platero

Vicepresidente del Sindicato del Profesorado Extremeño 


sábado, 12 de marzo de 2022

🗞📰 Alfredo Aranda Platero (Vicepresidente de PIDE): "Liquidar a la educación pública"

El día 7 de febrero de 2022 se nos emplazó a las organizaciones sindicales a una reunión virtual informativa que tendría lugar al día siguiente, cuyo orden del día era la «modificación de la plantilla orgánica publicada». No podíamos imaginar que esa modificación suponía la liquidación de un centro educativo público, el ‘Juan XXIII’ de Mérida. Le faltó tiempo al alcalde de Mérida para proponer qué uso deberían tener las instalaciones del CEIP una vez desocupado de sus legítimos inquilinos, planteamiento que a la Consejera de Educación, también con sorprendente rapidez, le pareció una excelente idea. Todo parece formar parte de una hoja de ruta, iniciada hace tiempo, encaminada a cerrar el CEIP Juan XXIII. Lo tenían sentenciado hace tiempo. El día 8 de febrero lo único que hicieron fue comunicarnos la sentencia.
La Consejera de Educación para mayor abundamiento del latrocinio cometido considera que desalojar el centro educativo de sus alumnos es darles una nueva oportunidad. Palabras vacías de contenido y de una suprema miopía social y educativa que le impide ver el grave alcance de sus decisiones, porque lo que está haciendo es alimentar a los centros concertados colindantes para que estos aumenten su matrícula; de hecho, presuntamente, un inspector está sugiriendo a los progenitores que escolaricen a sus alumnos el curso próximo en los centros concertados, no sabemos si esta «presión» la ejerce por iniciativa propia o por mandato divino. Todo un plan estratégico para dar un golpe de gracia a un centro público en beneficio de los centros concertados cercarnos. Nuestra Consejera parece más una infiltrada de Isabel Díaz Ayuso en el gobierno de la Junta de Extremadura, que una verdadera progresista interesada en la protección de la Educación Pública.

"La Consejera debería saber que la Educación Pública es integradora y compensadora de desigualdades y que, además, es verdaderamente gratuita".

La Consejera debería saber que la Educación Pública es integradora y compensadora de desigualdades y que, además, es verdaderamente gratuita, sin las cuotas ‘voluntarias’ de los centros privado-concertados. El CEIP Juan XXIII garantiza la igualdad de oportunidades a unos discentes que están integrados en su centro y con sus docentes, de tal forma que el centro, y así lo reconocen los padres y las madres, es un lugar donde sus hijos aprenden no solo los contenidos curriculares, sino también a ser personas empáticas y socializadas.
La LOMLOE dice que «la educación pública constituye el eje vertebrador del sistema educativo», y que las Administraciones educativas garantizarán el derecho a la educación «mediante una oferta suficiente de plazas públicas». También dice de forma taxativa que «Las Administraciones educativas promoverán un incremento progresivo de puestos escolares en la red de centros de titularidad pública». A la luz de lo que dice la LOMLOE y atendiendo a los posicionamientos ideológicos del partido que representa, la Consejera debería mantener abierto el CEIP Juan XXIII y extinguir los conciertos educativos, claramente incensarios, de los centros privados cercanos. Debería, también, convocar la Comisión Regional para la actualización de la Red de Centros de Extremadura (que no se reúne desde 2014).
No obstante, PIDE le ha propuesto a la Consejera una solución educativa y social. Un nuevo proyecto donde sitúe al CEIP Juan XXIII en el centro del barrio, un lugar donde se concite a toda la comunidad educativa entorno al mismo «sueño»: convertir el centro educativo en lo que la barriada necesita. Un proyecto de Comunidades de Aprendizaje que integre en el centro las enseñanzas de infantil, primaria, 1º y 2º de Secundaria y un Aula de adultos adscrita al CEPA Legión V.
Una solución que ya ha funcionado en Castilla–La Mancha, en el CEIP La Paz de Albacete. Un centro de características similares al CEIP Juan XXIII de Mérida y ubicado en una zona con casuísticas equivalentes. Un centro que pasó de tener 40 alumnos a 250, que se convirtió en el centro neurálgico del barrio y que, además, es ganador de varios premios a su labor educativa.
Veremos qué dice la Consejera de Educación, si es que dice algo, con respecto a la propuesta de PIDE. Atentos.

*Vicepresidente del sindicato PIDE