"¿QUIÉN DEFIENDE LA EDUCACIÓN PÚBLICA EXTREMEÑA?" ( Alfredo ARANDA PLATERO)

 La Educación Pública es el pilar que garantiza el futuro de nuestra sociedad democrática. Es una obligación defenderla. No hacerlo supone negar el futuro a nuestros alumnos como individuos únicos e irrepetibles que merecen un mundo mejor. Hay una realidad palmaria que no gusta a determinadas organizaciones, pero que no es discutible: «Actualmente las necesidades de escolarización de todas las localidades extremeñas donde hay centros concertados pueden ser cubiertas por la red pública y, por tanto, no haría falta concertar ninguna unidad con centros privados». Los datos confirman esta máxima que hemos repetido hasta la saciedad, no es una cuestión de opinión; es una verdad demostrable y la administración y todos los sindicatos son conscientes.

Las organizaciones que aseguran que defienden la educación pública, pero no piden la retirada de los conciertos educativos innecesarios no están defendiendo la educación pública. Así de simple. Porque el mantenimiento de dichos conciertos es a costa de suprimir unidades en la pública e, incluso, cerrar centros públicos completos como ocurrió con el CEIP Juan XXIII de Mérida (PIDE es el único sindicato que ha interpuesto una demanda judicial contra el cierre del centro y que está aceptada a trámite por el juzgado). Y llegaremos al Supremo o al Constitucional si es necesario. 

¿Quién defiende realmente la educación pública? Una prueba clara la encontramos, por ejemplo, en las reuniones de las comisiones de escolarización donde PIDE exige eliminar conciertos antes de suprimir unidades en la pública, y los demás sindicatos presentes callan cuando asisten y, en la mayoría de las ocasiones, ni siquiera aparecen.

Por muy grande que sean los calendarios que algunas organizaciones sindicales lleven a los centros para intentar esconder sus vergüenzas, no es suficiente para tapar el daño que le hacen a la educación pública con su actitud complaciente con los conciertos educativos innecesarios. Unos sindicatos porque tienen representación en el educación concertada miran para otra parte; otros, porque ideológicamente la privatización subvencionada de la educación cuadra con sus posicionamientos ideológicos, sufren de ceguera selectiva y, mientras, la educación pública es desmantelada ante la indiferencia de todos ellos. 

La educación pública es única e incomparable, porque compensa desigualdades sociales, porque es verdaderamente gratuita e inclusiva, porque sus docentes han pasado un proceso de selección basado en los principios de igualdad, mérito y capacidad, porque es un servicio público y no un negocio… Los progenitores que quieran que sus hijos reciban educación en un centro privado deberían costearlo de su bolsillo. La educación pública es la única que debería estar sostenida con fondos públicos.

La LOMLOE dice que «la educación pública constituye el eje vertebrador del sistema educativo», y que las Administraciones educativas garantizarán el derecho a la educación «mediante una oferta suficiente de plazas públicas». También aclara, de forma taxativa, que «Las Administraciones educativas promoverán un incremento progresivo de puestos escolares en la red de centros de titularidad pública». Por lo que no se comprende que las autoridades educativas no respeten una Ley Orgánica y que determinados sindicatos sean cómplices de esta violación de los principios básicos marcados por la legalidad.

En PIDE seguiremos defendiendo a la educación pública y a sus docentes, seguiremos pidiendo el cierre de los conciertos educativos innecesarios, seguiremos acudiendo a los tribunales de justicia cuando la ocasión lo requiera… En definitiva, seguiremos actuando en beneficio de todos como siempre lo hemos hecho.

*Vicepresidente del sindicato PIDE

PRÓXIMA PARADA JUDICIAL, LUXEMBURGO (Alfredo ARANDA PLATERO)

 

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• "Los funcionarios, estatutarios y laborales, tendrán la oportunidad en las elecciones sindicales del día 1 de diciembre de 2022 de emitir su propia sentencia"

La propensión que tienen los sindicatos tradicionales de usurpar hasta la osamenta de quienes tienen la osadía de utilizar la democracia para disputarles su subvencionada hegemonía, se volvió a poner de manifiesto en las últimas elecciones sindicales del sector de empleados públicos. Hace casi cuatro años ya de los últimos comicios electorales en los que el Sindicato del Profesorado Extremeño, PIDE (educación), SGTEX (administración general) y SAE (sanidad), unieron fuerzas para convertirse en la segunda lista, muy cerca de la primera, más votada de la Junta de Extremadura a nivel global, con  derecho a entrar en  la Mesa General y poner un poco de orden en un organismo donde se suelen perpetrar agravios contra los funcionarios extremeños. 

Conseguimos, sobradamente, el porcentaje para pertenecer en dicha mesa, pero nos impidieron la entrada (llegaron, incluso, a plantar frente a la puerta de la sala de reuniones personal de seguridad para impedir nuestro acceso), no sea que fuéramos a perturbar el contubernio en el que cohabitan CSIF, CCOO y UGT y la administración de turno.

Igual les dio que presentásemos el correspondiente certificado emitido por el Servicio de Trabajo y Sanciones de la Dirección General de Trabajo, así como con las actas electorales sindicales adscritas a las Unidades de Mediación, arbitraje y conciliaron de Badajoz y Cáceres.

El Informe de la Dirección General de Trabajo aclaró que la suma de votos de PIDE, SGTEX y SAE era perfectamente legal, de hecho el informe dijo de forma taxativa que: «…desde la perspectiva de la libertad sindical, puede ser suficiente para eximir de esta eventual obligación a las organizaciones sindicales de nivel inferior cuyo resultados electorales pretenda agregarse a los de aquella entidad superior, siempre que se acredite, mediante pruebas fehacientes, que hay entre ellas vinculación orgánica, cuestión esta que aquí no ha sido controvertida»

Sindicatos tradicionales y vicepresidenta del gobierno de Extremadura, asociados para subvertir la legalidad utilizando todas las artimañas posibles para impedir que tres sindicatos incorruptibles y molestos estuvieran en la Mesa General; tanto es así, que hemos acudido al Tribunal de Justicia de la Unión Europea y estamos a la espera de sentencia. PIDE pertenece con fuerte representación a la Mesa Sectorial que es donde se sustancian las cuestiones que más benefician a los docentes y, por tanto, es la verdaderamente importante para nosotros; pero estar presentes en la Mesa General sería un buen complemento para ampliar la lucha a favor de todos los funcionarios: docentes, administración general y sanidad. Este año, en las elecciones del próximo 1 de diciembre, ya protegidos legalmente para evitar que se vuelva a alterar la legalidad, entraremos en la Mesa General. 

Los  sindicatos tradicionales CSIF, CCOO y UGT, aprovechando el influyo que ejercen sobre la Consejera de Hacienda y Administración Pública, impiden el acceso a cualquier otra organización sindical con más derecho que ellos. Que la administración se pliegue a los intereses espurios de los sindicatos tradicionales, estimo, forma parte de provechosos pactos para todas las partes.

Una política capaz de transitar por la ignominia con esa naturalidad no debería formar parte de ningún gobierno; hermética, por añadidura, a cualquier petición de cumplir con la legalidad; inmune al remordimiento de tratar al sindicalismo libre, con derechos adquiridos en las urnas, como si de un usurpador se tratase; envilecida por el endiosamiento del poder que la protege, piensa, del imperio de la Ley. En toda esta espesura es en la que mueve la Consejera de Hacienda y sus sindicatos subvencionados.

Por si fuera poco todo lo anteriormente expuesto, el miércoles 21 de diciembre de 2020 se llevó a cabo el intento de estafa más execrable de los que tengo recuerdo. Se publicó en el DOE la Resolución de la “modificación del Acuerdo […] sobre derechos y garantías sindicales”, donde se pretendía blindar los privilegios de CSIF, UGT y CCOO  para que no tuvieran ni siquiera que presentarse a las elecciones pare entrar en Mesa General y Mesas sectoriales. Una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura impidió cometer la ilegalidad pretendida y anuló dicha parte vergonzante del acuerdo. Solo el intento de estrangular la democracia demuestra la catadura moral en la que todos ellos cohabitan y convierte a la Consejería de Hacienda y Administración Pública en un organismo con preocupantes tintes feudales. 

Son fuertes las ligaduras que sujetan a los sindicatos de clase a la administración y delgada la membrana que los separa de la presunta prevaricación. La señora consejera y sus sindicatos de cabecera excluyen por la vía de hecho a todo aquel que pretende formar parte la Mesa General aunque tenga el aval democrático de los votos. Cuando tengamos la sentencia europea, ya será tarde, pues habrán pasado más cuatro años desde el 4 de diciembre de 2018. Pero los funcionarios, estatutarios y laborales tendrán la oportunidad en las elecciones sindicales del día 1 de diciembre de 2022 de emitir su propia sentencia. 

Alfredo Aranda (Vicepresidente Sindicato PIDE)

"TIRAR LA PIEDRA Y ESCONDER LA MANO" (Alfredo ARANDA PLATERO, Vicepresidente Sindicato PIDE)

 

"El pacto entre sindicatos tradicionales y Gobierno no garantiza la funcionarización de la mayoría del colectivo de funcionarios docentes interinos de las listas de Extremadura;  si acaso, y con suerte, de una minoría".

Eso de “tirar la piedra y esconder la mano” es tan viejo como el mundo, y en el ámbito sindical, actualmente, se da con mucha frecuencia; de hecho, se ha convertido en una técnica que los sindicatos tradicionales utilizan con una inquietante normalidad.

El pasado 4 de noviembre, en la mesa sectorial sobre estabilización, el CSIF intentó evitar que lo relacionasen con el mal acuerdo de estabilización docente que mandará a la calle a infinidad de docentes interinos. Solicitó que se no se hiciera alusión en la Resolución por la que se convocará procedimiento de estabilización al Real Decreto 14/2021, de 6 de julio (BOE, núm. 161, de 07/07/2021).En dicho RD, en su preámbulo, aparece claramente que el CSIF firmó, junto con UGT y CCOO, el funesto acuerdo que estabilizará, como hemos dicho hasta la saciedad, plazas pero no a los interinos que las ocupan.

La administración educativa consideró conveniente echar una mano al CSIF y aceptó que no se hiciera alusión al Real Decreto en la Resolución que se estaba tratando en mesa. Pero, claro, un BOE no se puede borrar, un Real Decreto no se puede evaporar por arte de magia y, por tanto, el intento de ocultación es fallido porque en la página 4 de BOE donde se publicó la Ley 20/2021 dice, claramente: “Igualmente, en el marco del diálogo social, la propuesta se ha negociado con las organizaciones sindicales presentes en la Mesa General de Negociación de las Administraciones Públicas y se ha plasmado en un Acuerdo entre el Gobierno de España y las organizaciones sindicales CCOO, UGT y CSIF”.

Desde el Sindicato del Profesorado Extremeño, PIDE, consideramos pésimo el acuerdo de estabilización para los docentes interinos firmado en Madrid por el tripartido sindical, que es continuación del funesto acuerdo para la “mejora” del empleo público del 2017 que los mismos sindicatos tradicionales firmaron para estabilizar las plazas pero no a los interinos que las ocupaban. El pacto entre sindicatos tradicionales y Gobierno no garantiza la funcionarización de la mayoría del colectivo de funcionarios docentes interinos de las listas de Extremadura; si acaso, y con suerte, de una minoría. La Administración educativa no ha dado ningún margen de diálogo ni negociación en el proceso de estabilización. La consejería de educación se ha limitado a aplicar las prescripciones reguladas a nivel nacional, aquello recogido en la Ley 20/2021 firmada por la organizaciones sindicales tradicionales.

Los mismos firmantes del acuerdo de estabilización son conscientes del perjuicio que han provocado con este mal proceso de estabilización, por esa razón intentan salirse del foco y desviar las culpas solo para el Gobierno, cuando ellos fueron colaboradores necesarios. Otro acuerdo distinto era posible y no quisieron.

Por tanto, que cada palo aguante su vela. Estas tres organizaciones sindicales y el Gobierno de España han decidido llega a un acuerdo malo a sabiendas, porque han desoído las voces de alerta de otras organizaciones, como PIDE, SIDI, INSUCAN…, que advertimos que se estaban equivocando gravemente y dimos razones suficientes para que dicha firma no se produjera; pero, al final, haciendo oídos sordos a todos los avisos y alarmas, tiraron hacia adelante. 

Alfredo Aranda Platero.