El 20 de abril, las escuelas concertadas se manifestaron en
contra del nuevo decreto de conciertos de la región. Según las
informaciones difundidas por los medios, 25.000 estudiantes se
movilizaron con sus profesores en los 63 centros concertados de
Extremadura, portando globos blancos y apoyando la lectura de un
manifiesto redactado por el colectivo de Escuelas Católicas de
Extremadura. Como no puede ser de otra manera, el profesorado de la
escuela privada-concertada tiene, como cualquier trabajador, el derecho a
manifestarse para defender sus intereses legítimos. Asimismo, les
asiste el derecho a informar a las familias para que éstas valoren si
deciden o no unirse a sus reivindicaciones. Lo que no está tan claro es
que, en horario escolar, deba involucrarse a todo el alumnado en una
acción coordinada en defensa de la educación privada-concertada. En las
fotografías que se han difundido en los medios puede verse cómo, en
diferentes colegios, numerosos estudiantes (en su mayoría niños menores
de edad) arropan a sus profesores en el patio del colegio. ¿Tienen estos
alumnos la madurez suficiente para valorar si deben apoyar las
reivindicaciones de sus maestros? ¿Fueron, por tanto, libres al hacerlo?
¿Se debe instrumentalizar a los niños para defender los intereses
privados de la escuela concertada?
Los límites del uso de la libertad de expresión y de
manifestación del funcionariado son un viejo tema de debate. El filósofo
Immanuel Kant creía que, para preservar el orden social, los
funcionarios deben limitar su libertad de expresión y de manifestación
en el ejercicio de sus funciones. Esto no significa que, en un contexto
separado del ejercicio de la función pública, los ciudadanos no puedan
expresar libremente sus opiniones.
Si aplicamos esta máxima al contexto que nos ocupa, llegamos
a las siguientes conclusiones: es evidente que el profesorado tiene
todo el derecho a ejercer sus libertades fundamentales, tanto las
relativas al ejercicio de la libertad de expresión y de manifestación
como el derecho a huelga. Sin embargo, en el ejercicio de sus funciones
docentes estas libertades tienen sus limitaciones. Por ejemplo, todo el
mundo estará de acuerdo en que un profesor no debería usar sus clases
para adoctrinar a sus alumnos en una ideología política o religiosa,
máxime si son niños. Por esa regla de tres, un docente, si es honesto,
debe dejar muy claro que una cosa son sus opiniones «personales» y otra
el ejercicio de su magisterio. Tampoco es ético que un centro organice,
como si se tratara de una actividad pedagógica más de obligado
cumplimiento, un acto reivindicativo con todo el alumnado para presionar
a la Administración y para influir en la opinión pública. Al menos en
el horario escolar ordinario, los niños deberían estar al margen de
estos actos.
En el caso de la escuela pública, está meridianamente claro
que existe una serie de limitaciones en el ejercicio de la docencia.
¿Cómo actuaría la Inspección si el profesorado usara, por ejemplo, la
plataforma educativa Rayuela para informar a las familias de cómo el
cierre de unidades de colegios públicos --ubicados en localidades donde
hay colegios concertados-- afecta a la equidad educativa? ¿Sería lícito
que, a la hora del recreo, se repartieran globos y camisetas verdes para
fotografiar a todos los niños y difundir este material para defender la
escuela pública? En democracia, todas las reivindicaciones tienen sus
cauces y todos los derechos sus límites. No todo vale para conseguir un
objetivo. En cualquier caso, los docentes deberíamos contribuir a
garantizar la autonomía de nuestro alumnado frente al interés del
profesorado, por muy lícito que éste sea. Porque no olvidemos que, de
entre todos los grandes objetivos de la educación, está el de promover
el libre desarrollo de la personalidad humana.
Raúl Fernández
Delegado del Sindicato PIDE