La
libertad de elección ya existe entre la educación pública y la privada;
lo que se denomina educación concertada no es más que la
institucionalización de un privilegio sostenido con el dinero de todos.
Defender la coexistencia de la educación pública con la concertada —como hacen los defensores de las subvenciones a los centros privados— no equivale a defender la educación pública; más bien, la debilita. Esta situación resulta aún más preocupante en la coyuntura actual, en la que la baja natalidad deja vacías las aulas y hace innecesarios los conciertos.
Invocar la “libre elección de centro” como argumento constitucional es insistir en una falsedad que no se convertirá en verdad por mucho que se repita. La libertad de elección ya existe entre la educación pública y la privada; lo que se denomina educación concertada no es más que la institucionalización de un privilegio sostenido con el dinero de todos.
La Constitución española no obliga al Estado a financiar negocios privados. Reconoce la libertad de creación de centros, pero no establece que estos deban ser sufragados con fondos públicos.
Si el Estado garantiza una educación gratuita y universal, no tiene deber alguno de costear la elección particular de quienes optan por un modelo privado. El dinero público no debe emplearse para financiar preferencias individuales, pues hacerlo atentaría contra los
principios de justicia social, eficiencia económica y responsabilidad fiscal.
Así lo dejó claro el Tribunal Constitucional en su sentencia 86/1985: el derecho a la educación no implica el derecho a la gratuidad en centros privados. Es una afirmación nítida, sin resquicios. Sin embargo, esta sentencia está siendo desobedecida.
Por eso, la llamada “libre elección” que algunos defienden no es más que un artificio retórico y un argumento vacío que perjudica gravemente a la educación pública. Esta idea queda desmentida por la jurisprudencia constitucional, la propia Constitución y los
análisis de instituciones como ESADE o Save the Children.
La verdadera libertad de elección ya está garantizada entre lo público y lo privado. Son dos modelos educativos distintos: lo público funciona como un servicio, mientras que lo privado opera como un negocio. En este contexto, la educación concertada representa una
anomalía que perjudica a ambos modelos.
El Consejo Escolar del Estado advirtió en 2024 sobre la necesidad de vigilar la financiación de los centros concertados y de priorizar, tal como establece la LOMLOE, la red pública en contextos de descenso demográfico. Sin embargo, la realidad invierte este mandato: se cierran antes las aulas públicas, se protege lo que debería ser complementario y se sacrifica lo esencial.
Así se consuma la traición: se vulnera la ley, se incumple la Constitución y se socava el interés general. ¿Quién responde ante este cúmulo de despropósitos? ¿Existe alguien procesado por incumplir prescripciones legales tan claras?