La deriva burocrática en la que ha caído la educación, como si
de una trampa se tratase, se ha convertido en un problema que amenaza
con ser irresoluble, dada la obstinación de los poderes educativos en
convertir a los docentes en oficinistas y administrativos que rumien
datos para obtener estadísticas que presentar a la administración para
que esta pueda demostrar, sacando pecho, lo bien que va todo a través de
gráficas, diagrama de barras, gráficos de sectores o pictogramas
molones.
Cada paso que un docente da tiene que estar ilustrado con
informes y actas; lo que, al final, hará que muchos docentes aborrezcan
su trabajo al no poder realizarlo sin el entramado burocrático en el que
están enredados, y, así, la desmotivación se convertirá en un virus que
anide y destruya la resistencia de la vocación docente, por muy fuerte
que esta sea.
En el proceso de enseñanza-aprendizaje la burocracia es algo
inútil, que no aporta nada a la capacidad de un docente de transmitir
conocimientos y valores; más bien al contrario, lo que conlleva es una
pérdida de tiempo que perjudica a la actividad docente, así como el
desaliento que produce la impotencia de estar sujetos, encadenados, a
labores superfluas que la administración fiscaliza, inspecciona, con
mano de hierro como si de ello dependiera el éxito educativo.
Que la importante e insustituible labor de enseñar, se vea
minada y estrangulada por tediosas tareas administrativas constituye una
de las agresiones más dañinas que se le puede hacer al sistema
educativo, dado que los docentes necesitan tiempo para reflexionar,
buscar estrategias educativas, analizar situaciones para establecer
mejoras en su actividad profesional, etc. Todas estas necesidades han
sido abolidas, invalidadas, prácticamente prohibidas por quien prefiere
que los docentes dediquen interminables horas a rellenar todo tipo de
documentos que, al final, solo son una imposición jerárquica y
coercitiva que alimenta únicamente las estadísticas para almacenar en la
nube.
Se necesita, con urgencia, un cambio de modelo que garantice que
los docentes se dediquen a la docencia como función principal, y que
las tareas administrativas las realicen personal contratado a tal
efecto. La consejera debe de dejar de mirar a los centros con
prismáticos, desde sus reales aposentos, y acercarse a la realidad de
las aulas, así advertiría que el exceso de normas, trámites y papeleos
dificulta la relación de los docentes con los alumnos, con sus
compañeros, con los progenitores y, por tanto, perjudica seriamente la
salud del sistema educativo.
Es prioritario abordar este asunto a la mayor brevedad posible.
La Consejería de Educación debe convocar la mesa de negociación donde
estamos representados los sindicatos del sector educativo para iniciar
un análisis pormenorizado de la situación en la que están los centros y
buscar las soluciones para terminar, de una vez por todas, con la
burocracia agresiva que se ha instalado en los centros y que ya podemos
considerar como endémica.
Podemos acabar con esta pandemia del burocratismo improductivo
analizando las razones por las que el sistema ha caído en el pozo de la
burocracia y ha alcanzado dimensiones inabarcables, desproporcionadas y
aterradoras que aliena al docente al encontrarse este dentro de una
maquinaria que le arrastra hacia un sinsentido de gestiones, proceso y
tramitaciones.
Analizar las causas políticas, económicas o de otra índole que
han favorecido este crecimiento brutal de los quehaceres burocráticos y
cómo minimizar su impacto en el docente, podría ser un buen inicio, si
la administración educativa estuviera por la labor, para encontrar una
solución que se me antoja necesaria y urgente.
Siempre pensé que una educación libre de burocracia y centrada en la
docencia era posible; pero no, es solo una quimera, una ilusión
frustrada, porque la realidad es otra bien distinta. Es la burocracia la
que todo lo emponzoña: el papeleo, los trámites, las normas, actas,
planes, formularios, proyectos y un kilométrico etcétera sepultan a los
docentes y los aleja de su primigenia labor.
El proceso de enseñanza-aprendizaje tiene un poderoso y enrevesado
enemigo: la burocracia. Piensan las autoridades educativas que este
tedioso trabajo, meramente administrativo, que realizan los docentes es
necesario para establecer un control sobre el funcionamiento de los
centros, pero lo que consiguen es que la acción educativa pierda
calidad. Nuestros gestores educativos prefieren, inexplicablemente, que
los docentes dediquen más tiempo a papeleos abrumadores que a sus
alumnos; lo que supone una grave irresponsabilidad por su parte, dado
que están desnaturalizando la labor docente.
Me decía, no hace mucho tiempo, una directora de un colegio que
la inspección la presionaba para que pusiera en funcionamiento el
programa «aula del futuro» y que tenía bastante jodido el presente como
para ahora pensar en aulas del futuro, que no daba abasto con más planes
y programas, que vivía en una perenne angustia por todo el entramado
burocrático en el que estaba atrapada.
La gota que colma el vaso es el plan de igualdad, que mantiene a
los equipos directivos con el agua al cuello. Al margen de que la
necesidad de dicho plan esté justificada, la carga de trabajo ímprobo
que conlleva y la presión que se está ejerciendo a los centros, desde
Jefatura de Servicio de Innovación y Formación del Profesorado, para su
desarrollo está provocando un profundo rechazo que bien pudiera
desembocar en una negativa de los centros a desarrollar este y a otros
planes.
La consejería de educación, alejada de la realidad, asedia con
todo tipo de tareas no docentes a los profesores que, sin tiempo y sin
reconocimiento, están cada vez más cansados y hartos de la situación
insostenible en la que sobreviven.
Muchas de estas labores no docentes los profesores las realizan fuera de
su jornada laboral, lo que además de ser un abuso les quita tiempo para
centrarse en lo que verdaderamente importa: la docencia directa con los
alumnos y la búsqueda y adaptación de estrategias educativas para
favorecer el aprendizaje.
Las autoridades educativas demuestran una peligrosa ignorancia y
una tozudez que se me antoja incurable por su persistencia, que hace
que la incertidumbre más turbadora se cierna sobre el futuro de la
educación.
Es imprescindible contratar al personal necesario de
Administración y Servicios en todos los centros educativos. Hay muchas
tareas administrativas y burocráticas que las podrían realizar dicho
personal para descargar de ese trabajo a los docentes, cuya principal
labor debería ser la enseñanza.
Ya de por sí el trabajo de los docentes es denso, como para
cargarles con más tareas, pues no solo transmiten conocimiento, sino
también valores necesarios para logar ciudadanos respetuosos y con
espíritu crítico. Para lleva a cabo su labor tienen que programar y
establecer estrategias, así como evaluar el proceso de
enseñanza-aprendizaje, atendiendo a las características individuales de
cada alumno.
Los docentes están al albur de los vaivenes normativos y del
empecinamiento de las autoridades educativas de implementar todo tipo de
experimentos, planes y proyectos, sin dotar a los centros de mecanismos
para poder afrontar la carga burocrática que conllevan. Trabajar en
este ambiente de estrés socava la motivación necesaria para que un
docente desarrolle su labor con la eficiencia adecuada. Si a esta
turbadora realidad le sumamos la presión que ejerce la inspección
educativa para que se cumplan con los plazos estrictos y normalmente
cortos, en la entrega todo tipo de documentos, los docentes se sienten
asfixiados. Toda esta rigidez administrativa, todas estas formalidades
superfluas y todos estos trámites laboriosos lo que demuestra es que
estamos antes una administración deshumanizada que desconoce la realidad
de los centros y que pone a la labor docente ante el abismo.
La reducción de la temporalidad en el empleo público tiene difícil
encaje en la Educación porque los interinos suelen ocupar distintas
plazas cada curso y, en cualquier caso, no la misma plaza durante tanto
años.
El 5 de julio de 2021 los sindicatos tradicionales pactaron con
el ministro Miguel Iceta un acuerdo para reducir la temporalidad en las
administraciones públicas. Los interinos calificaron ese acuerdo
como“icetazo”. Sin embargo, yo lo llamo la “doble traición” porque el 29
de marzo de 2017 los sindicatos tradicionales y el Gobierno de aquel
entonces, hicieron lo mismo que ahora, firmaron un acuerdo para la
mejora del empleo público, por el que pretendían estabilizar las plazas
docentes pero no a los interinos que las ocupaban. Un verdadero ERE
encubierto patrocinado por los sindicatos UGT, CCOO y CSIF que, en
realidad, nada tiene que ver con una cuestión ideológica porque la
primera traición la negociación con el gobierno del PP y la segunda con
el del PSOE.
Iceta, tras perpetrar el latrocinio contra los funcionarios
interinos, deja el Ministerio de Administraciones Públicas y se pasa al
de Cultura y Deporte (bien pudiera parecer que fue nombrado solo para
amortizar a los funcionarios interinos y poner, después, pies en
polvorosa); ahora, el tripartito sindical, ya ducho en traiciones,y con
el camino expedito, se encargará de disolver los rescoldos que puedan
quedar de tamaña traición.
¿Por qué el tripartito sindical actúa de forma contraria a los
intereses, en este caso, de los funcionarios interinos, particularmente
de los docentes? El origen está en el acuerdo de 1982, por el que las
organizaciones sindicales tradicionales empezaron a recibir subvenciones
millonarias a cargo de los presupuestos generales del Estado y la
cesión de cientos de cursos de formación.Ese es el instante en que el
tripartito sindical se convirtió en colaborador necesario, y bien
pagado, del Estado para este pueda utilizarlos, cuando los necesite,
como coartada para “icetazos” o traiciones de índole diversa.
Un sindicato libre, ajenos a extrañas presiones y no
subvencionado no se hubiera prestados a la felonía, al engaño, a la
infamia, a la vileza y, en fin, a la conjura para poner en peligro el
trabajo, el sustento de miles de personas y, además, intentar, sin
éxito, hacerlo pasar por un buen acuerdo.
El Real Decreto-ley 14/2021, de 6 de julio, de medidas urgentes
para la reducción de la temporalidad en el empleo público, con el que,
ahora, intentan cumplir con las Unión Europea y bajar la temporalidad en
la Administración, es una normativa que tiene difícil encaje en
educación. Una de sus medidas básicas es que los funcionarios que lleven
ocupando la misma plaza estructural durante 10 años, podrían pasar
directamente al concurso de méritos, pero, en educación, esa condición
no se da (o, al menos, difícilmente), en la medida de que los interinos
suelen ocupar distintas plazas cada curso y, en cualquier caso, no la
misma plaza durante tanto años.
Es una entelequia, una quimera, un engaño más a sumar a tantos
otros. El tripartito sindical hará lo que el gobierno quiera, firmarán
lo que les pongan por delante, aceptarán cualquier solución y, después,
la venderán como un logro sindical.
PIDE, a través de la Federación de Independiente de Docentes, tiene
solicitada una reunión de trabajo para negociar con el MECD y para
explicarles que educación necesita su propio proceso de consolidación de
empleo, adaptada a su realidad y sin olvidarse de los interinos.
El nuevo curso escolar empieza como terminó el anterior: con mascarilla,
distancia de seguridad y ventilación en las aulas; porque, como
sabemos, el coronavirus persiste (ya se habla, incluso, de la sexta
ola), y, de momento, no parece dispuesto a aceptar su derrota. La
comunidad científica ha desentrañado su naturaleza e intentado
aniquilarlo, con bastante éxito de momento, con vacunas que lo han
parado; sin embargo, el virus muta, se adapta y se defiende y puede
lanzar de nuevo su holocausto. Por eso es necesario mantener las medidas
de seguridad y no relajarse, pues bien pudiera parecer, en ocasiones,
que estamos ante un ente pandémico organizado con consciencia y
capacidad de discernimiento, mucha más, por cierto, que todos aquellos
inconscientes que por edad o por inmadurez, o por cualquier otra razón
indefendible, viven la vida loca buscando fiestas multitudinarias donde
ser libres.
En este contexto epidémico que, aunque controlado, permanece las
autoridades educativas no pueden bajar la guardia. La máxima
presencialidad en las aulas, aunque estimo que necesaria siempre que no
suponga riesgo, puede ser una nueva oportunidad que se le presenta al
virus para recuperar el terreno perdido, por eso no hay que darle tregua
y mantener la alerta constante.
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Creo, firmemente, que con las vacunas y las medidas de seguridad
el virus terminará replegándose por completo y escondiéndose en algún
agujero a la espera de momentos más propicios para volver a las andadas.
La Consejería de Educación debe ser implacable a la hora de
enfrentarse a un enemigo que aún no ha sido derrotado e implementar
todas las medidas preventivas posibles. Unas de las medidas necesarias
sería el mantenimiento de la plantilla docente, al menos, en el mismo
número que el curso pasado; sin embargo, tendremos unos 150 profesores
menos, lo que no parece una decisión acertada.
Es de justicia destacar el valor de los docentes que han
trabajado tan duramente durante la pandemia, con teletrabajo cuando ha
sido necesario, desde el aula cuando así se les ha exigido,
multiplicándose siempre para llegar a los objetivos marcados. Ha quedado
clara, nívea, la importancia de los docentes en cualquier situación, y
durante la covid han demostrado, con mayor fuerza, su valía. Sería el
momento de que el reconocimiento de la labor docente no se quedara solo
en buenas palabras por parte de la Consejera, sino que se diera el paso
de establecer mejoras necesarias, largamente reivindicadas, en las
condiciones laborales de los docentes.
Un real reconocimiento sería el mejor homenaje. Espero que la consejera esté al nivel de los docentes.
"La educación
pública es la única que llega a todos los rincones, mientras que la
privada-concertada se establece solo en núcleos urbanos grandes, donde
hay negocio"
En Europa la educación concertada prácticamente no existe y la
privada es residual. En España, voy a ser muy gráfico, la educación
concertada existe porque existió una dictadura –queduró cuarenta años– que
dio un golpe letal a la evolución social y económica del país,
sumiéndolo en un estado catatónico involutivo que frenó, en seco, la
transformación que toda sociedad necesita para ir acorde con los
tiempos.
En lo tocante a la educación la dictadura fue también catastrófica; el
sistema educativo se transformó en autoritario, doctrinal, sexista,
ultracatólico, reaccionario y cerrado. Durante el franquismo la red de
escuelas era muy pobre y no se construían colegios suficientes para
poder escolarizar a todos los niños. Una vez que se pudo desenterrar la
democracia y arrebatársela de las garras de la tiranía de la dictadura,
nos encontramos con un país roto, atrasado, con deficiencias severas en
todos los sectores. Cuando salimos de esas tinieblas, ya con la
democracia recuperada, la demanda de escolarización aumentó de forma
extraordinaria (periodo 1977-1985) y no podía ser asumida por la
insuficiente red de escuelas que existía en ese momento, y se decidió
concertar unidades con la escuela privada (a partir de 1985 se
extendieron los conciertos) mientras se construían los centros públicos
necesarios que no se edificaron durante la dictadura franquista; pero,
al final, lo que nació como una solución transitoria se ha convertido en
un problema que, parece, nadie se atreve a abordar.
De no haber existido la dictadura la red pública de centros
hubiera seguido avanzando y adaptándose a la demanda de cada momento,
por lo que no hubiera sido necesario concertar unidades con la educación
privada y hoy día los conciertos educativos no existirían o serían
anecdóticos, como en el resto de Europa.
Siempre que tienen ocasión, los representantes sindicales de la
privada-concertada, afean a PIDE su lucha a favor de la educación
pública; en sus prédicas, siempre con un tufo de beatífico resplandor,
la debilidad argumental de sus postulados suele ser lo más destacable.
Los fervorosos defensores de la educación concertada sostienen que no
solo la educación pública garantiza la igualdad de oportunidades; pero,
como siempre, la realidad es tozuda y es un hecho incontrovertible que
la educación pública es la única que llega a todos los rincones,
mientras que la privada-concertada se establece solo en núcleos urbanos
grandes, donde hay negocio. La diferencia abismal entre pública y
privada-concertada, reside en que la pública tiene alumnos y la
concertada, clientes. Y no pueden evitarlo, pues quien ve la educación
como un negocio la trata como tal.
Una falacia más, producto de la ignorancia, es acusarnos de pretender el
despido de los docentes de la concertada. Es evidente que desconocen
las propuestas del Sindicato del Profesorado Extremeño, PIDE. Resumo una
brevemente, con la íntima esperanza de que los partidarios de la
privada-concertada la entiendan: PIDE presentó en la Asamblea de
Extremadura una propuesta de impulso que pretendía que los colegios
concertados se vayan convirtiendo en públicos (sin despedir a nadie)
cubriendo las plazas de jubilación, u otras que se produjeran, por
funcionarios de la pública. En determinado periodo de años se
solucionaría el problema sin despedir a nadie: la educación concertada
se transformaría en educación pública (en un determinado periodo dichos
centros pasarían a titularidad pública). Lo centros concertados que no
quieran esta transformación, pasarían a ser exclusivamente privados
sosteniéndose exclusivamente con la cuota de los padres.
Esta propuesta de PIDE es muy garantista y no habría despidos,
por lo que los docentes de la concertada estarían encantados; pero,
claro, el sindicato que defiende este señor se quedaría si nada que
representar y, por tanto, sin ser necesario.
Las ocurrencias no terminan ahí, dado que sin pudor alguno, los
sindicalistas devotos de los conciertos, piden que homologuen las
condiciones laborales y salariales de la enseñanza privada-concertada
con la Enseñanza Pública. Y añade que: “A igual trabajo, igual salario”.
Pero se olvidan, claro, de pedir también la igualdad en la forma de
acceso al puesto de trabajo, que en la educación pública respeta los
principios de igualdad, mérito y capacidad, y en la educación concertada
respeta el principio predemocráctico del enchufe.
Es muy difícil recomponer una estructura educativa donde lo público sea
lo primero y lo concertado, de ser estrictamente necesario, subsidiario.
Y es difícil porque el gobierno de turno, este y el anterior, parecen
desconocer, realmente, la importancia de lo público; tal es el peso del
residuo tóxico de la contaminación que dejan aquellos que quieren
mercantilizar la educación y convertirla en algo con lo que ganar
dinero. Es desolador ver, cómo hasta los partidos políticos cuyos
principios ideológicos, en teoría, están por la defensa de lo público,
se arrodillan, sumisos y obedientes, ante los lobbies que quieren
convertir la educación en un negocio.
La Educación Pública es un modelo de educación no ideologizado,
inclusivo, garante de la igualdad de derechos y oportunidades y, además,
verdaderamente gratuito. Es del todo imprescindible para una sociedad
que necesita pilares sólidos en los que asentarse, donde el conocimiento
y los valores alejados de la mercantilización se abran paso para
generar ciudadanos empáticos y genuinos, libres de las ataduras de las
ideologías y las creencias que siempre han subyugado a los ciudadanos
buscado caminos para someterlos a sus preceptos interesados.
La Institución Libre de Enseñanza implementó dichos valores
durante el medio siglo de su existencia, hasta que la dictadura
franquista convirtió las aulas en espacios oscuros donde la letra empezó
a entrar con sangre. Se pasó de una educación libre, igualitaria,
emocional, de contenidos vividos y vívidos, de la letra con amor entra, a
una educación desoladora donde el castigo duro, incluido el físico,
adquirió el marchamo de pedagogía de vanguardia.
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Hace ya mucho tiempo que salimos, por fortuna, de esa ciénaga de
tiranía en la que el tiempo y el espacio quedaron varados y sometidos
al abyecto totalitarismo, que durante 4 décadas, tras la depuración de
docentes no adeptos al régimen y sustituirlos por otros fieles al
nacional-catolicismo, trasformó las escuelas en lugares sombríos donde
la pedagogía basada en la disciplina, en la autoridad y en la
obediencia, sustituyó a la pedagogía abierta, activa y cooperativa que
la ILE había implementado.
En 1975, tras el final del franquismo, la sociedad empezó a
sacudirse la infamia del tiempo sombrío de aquel entonces y la escuela
empezó a resurgir de sus cenizas(los centros públicos actuales son un
buen ejemplo de ello) y recuperaron, poco a poco, los ideales de aquella
propuesta libre de enseñanza, asumiendo muchos de sus objetivos y
criterios pedagógicos.
La sociedad que prima lo público es más justa, más equilibrada y
más equitativa, porque lo público es de todos y no discrimina a nadie,
independientemente de las peculiaridades cognitivas y sociales del
individuo; así, por ejemplo, en la pública nos encontramos con un aula
abierta donde la diversidad del alumnado es una de sus riquezas
principales. En su momento, los datos extraídos del informe PISA no
dejaban lugar a dudas: lo único que hace mejor la escuela
privada-concertada que la pública, es seleccionar a su alumnado, lo que
no redunda en absoluto en mejores resultados académicos, más bien al
contrario.
La selección del alumnado que la privada-concertada hace no solo
la aleja de la sociedad real, sino también de los progenitores que cada
vez con más frecuencia prefieren una educación pública que aúna calidad
y diversidad, para que sus hijos se desarrollen en un ambiente de
inclusión y aceptación del diferente, como legado para un futuro de
adultos comprometidos con la sociedad entendida como un lugar común de
convivencia.
La educación pública, al menos en Extremadura, puede asumir las
necesidades de escolarización sin necesidad de conciertos; de hecho, los
conciertos nacieron con el propósito de asumir la escolarización de los
alumnos que no pudiera absorber la escuela pública.
En 1985 la red pública tuvo que concertar de forma masiva
unidades con la privada para poder acaparar la demanda de plazas
escolares (para revertir la masificación de las aulas que se produjo en
el periodo 1977-1985), con el compromiso de que una vez que se
construyeran los centros públicos necesarios, la subvenciones a la
privada se retirarían. La red de centros públicos era escasa tras los 40
años de oscuridad a las que nos sometió el franquismo, la solución de
concertar fue algo coyuntural, pero que al final se ha convertido en un
problema endémico que perjudica seriamente a la educación pública.
Todos miran para otra parte; incluidos los partidos de izquierda
que, supuestamente, defienden lo público, y los sindicatos
tradicionales que, mientras adulan, como expertos fariseos, a la escuela
pública, se sientan en la mesa de negociación de la concertada para
protegerla.
La educación pública permanecerá, aunque haya poderes fácticos
que quieran convertir la educación en un negocio y, con ello,
desnaturalizarla. Nuestra organización sindical siempre se mantendrá
firme en su defensa, jamás traicionaremos la confianza que los docentes
de la pública han depositado en nosotros.
Señora consejera, en esta vida todo, o casi, es relativo; sin embargo, hay cosas que son absolutas o, al menos, deberían serlo. De un político, con mayúsculas, se espera que cumpla la ley, que respete las decisiones judiciales, que no utilice subterfugios para dilatar la aplicación de una sentencia; y más, cuando esta es firme.
Las sentencias judiciales se respetan, pero todas; eso de acatar unas sí y otra no deslegitima el discurso de quien dice ponerse de parte de la justicia obviando, al mismo tiempo, una sentencia firme como la de PIDE que reconoce que los interinos con vacante deben estar en su puesto el 1 de septiembre y, además, añade una retroactividad de 4 años, a efectos administrativos y económicos.
Aunque PIDE ha conseguido uno de los objetivos importantes: que los interinos con vacante se incorporen el 1 de septiembre a partir del curso 2021-2022, no podemos estar plenamente satisfechos cuando usted, señora, niega la retroactividad de cuatro años de una sentencia ejecutada ya en el demandante y extendida a varios interinos. Este empecinamiento, que no me supone sorpresa alguna, provocará que PIDE colapse la administración pidiendo las extensiones individuales por vía judicial.
Que ahora diga que corrobora que los interinos con vacante se incorporen el 1 de septiembre a partir del curso 2021-2022 “por el interés de dar certidumbre al colectivo”, porque supone “una igualdad de oportunidades y una mejora laboral” y porque “beneficia a la organización del curso escolar y eso redunda en la calidad de la enseñanza y, por tanto, en el alumnado”, no deja de asombrar dado que dichos beneficios se han dado siempre y si, finalmente, reconoce este derecho es porque se ha visto usted cercada judicialmente y no porque sea la valedora de los derechos de los docentes como, en rueda de prensa, pretendía transmitir con esa serenidad impasible con la que los políticos esconden las impurezas de sus decisiones e intentan esconderse tras un manto de acrisolada rectitud, pero que no es otra cosa que la constatación irrefutable de cómo se disuelven, hasta quedar en nada, los principios básicos de una ideología que debería estar por encima de las veleidades personales.
Obligar a PIDE a reactivar las extensiones individuales de sentencia es una irresponsabilidad por su parte, consejera; porque con el dinero del contribuyente, no lo olvide, se tendrá que pagar las costas que TSjex imponga a la Junta de Extremadura, dado que el desenlace lógico es que el tribunal ratifique las extensiones de sentencia, profusamente argumentadas, e interponga las costas a la administración negacionista.
En diciembre de 2020, en rueda de prensa (después ratificado en comparecencia en la Asamblea de Extremadura), la consejería comunicó que se reconocían las dos sentencias que había al respecto y se incorporarían, por tanto, los interinos el 1 de septiembre con la retroactividad de 4 años. ¿Qué ha cambiado para que se incumpla la palabra dada? Por una tercera sentencia, que le ha venido llovida del cielo, a favor de la administración, es decir, en contra de los derechos de los interinos... pero que nada tiene que ver con la sentencia firme de PIDE, que es otra distinta, que es otro proceso diferente. Si en diciembre la sentencia de PIDE era válida, por firme y ejecutada, más válida es ahora; y negarlo y poner palos en las ruedas para que los interinos que cumplan los requisitos de la sentencia no puedan beneficiarse de ella en toda su amplitud, es una muestra fehaciente de la eterna paradoja de gobernantes, elegidos por el pueblo, negando derechos al pueblo.
No voy a entrar en los motivos reales, consejera, por los que prefiere la confrontación al diálogo, por los que opta por entorpecer la extensión de los efectos de una sentencia firme oponiéndose al más básico sentido de la justicia; pero sí diré, que su actitud es una clara declaración de intenciones y que nada tiene que ver con un desarrollo responsable de sus competencias como consejera. Una pena.
En este erial de la política sin concierto, de la testarudez vana, del desamparo en la que los derechos sufren las inclemencias de la política imperfecta, no cejaremos ni un momento de luchar con todo nuestro ser, consejera, por los docentes que trabajan en Extremadura e igual nos da las piedras que se nos pongan en el camino, devoraremos las dificultades, no le quepa duda, hasta saciar muestra hambre de justicia social.
Hay quien, con la fe de fondo, analiza el fenómeno religioso vinculándolo
a la libertad y a la verdad como fundamento del catolicismo. Y se equivoca,
pienso, porque el verdadero católico no es libre, dado que está sujeto a una
liturgia y a unos preceptos obligatorios; pudiendo llegar a ser, incluso,
excomulgado si no sigue el camino marcado por los doctores de la iglesia. Tampoco
la verdad como hecho empírico puede atribuirse a la religión pues es la fe la
que la sostiene.
Huyendo de prejuicios ideológicos contemporáneos, de tópicos ocurrentes
(y mira que la religión se nutre de tópicos ocurrentes y recurrentes), con la
prudencia que da la perspectiva histórica, hay que reconocer que la Iglesia fue
siempre foco de poder que ejerció, en muchas ocasiones, con brutalidad (hablar
de la inquisición sería materia para otra reflexión). Es precisamente el poder
y el control que ejercía el que le daba la posibilidad de monopolizar la
cultura para ser transmitida, no al pueblo, sino a la élite social. Es normal
que ostentando ese dominio, esa autoridad, esa soberanía…, ejerciera el
mecenazgo de universidades. No está en mi ánimo quitarle ese mérito; las universidades
en Europa nacieron, en gran medida, a la sombra y control de la Iglesia y,
después, se les escapó de las manos (eso no lo tenían previsto por aquel
entonces) y se extendió hasta llegar, como ocurre en la actualidad, a la
ciudadanía general.
Muchos piensan que pretender una
educación libre de ideologías, religiosas y políticas, es poco menos que
perseguir la abolición de la religión y, más al contrario, la pretensión es,
simplemente, que el discente crezca en un ambiente emancipado de creencias,
dogmas, credos, evangelios…, para que, cuando tenga la edad suficiente, pueda
abrazar, si quiere,la religión que le plazca
o ninguna de ellas.
Asumir principios laicos para conducirnos por la vida,
lejos de convertirnos en demonios críticos, eleva nuestro nivel de exigencia
ética. No me opongo, en absoluto, a la religión, pero sí a que se imparta en
las escuelas en horario lectivo. De quedarse en las aulas debería ser como una
actividad formativa complementaria que es, en realidad, su verdadera naturaleza.
Desde algunos sectores se percibe un abierto interés
en introducir en el debate social la idea de que la aconfesionalidad del Estado,
que marca la Carta Magna, no es razón suficiente para ubicar la enseñanza de la
religión en el lugar que le pertenece: las iglesias, centros parroquiales o
edificios consagrados; negando el pan y la sal al fenómeno de la enseñanza
libre de adoctrinamientos y, de paso, desacreditar a los que pedimos cumplir
con la Constitución.
Que lo público es patrimonio de todos,
nadie lo pone en duda; pero eso no es óbice paraque un Estado, que no está adscrito a ninguna
confesión religiosa, tenga que incumplir un precepto constitucional para seguir
manteniendo un atávico legado heredado de una educación clásica y clasicista
que no casa, en absoluto, con una escuela basada en la libertad, la experiencia
y el conocimiento. La enseñanza de la religión que, no olvidemos se basa en el
dogma de la fe y, por tanto, es algo muy personal, debe llevarse a cabo, no me cansaré
de decirlo, en el ámbito familiar o en las iglesias. Dixi.
La Lomloe nace, como viene siendo tradición en lo referente a las leyes educativas, sin consenso. Será la octava ley, que dará paso a la novena en el momento que cambie el signo político del gobierno de turno. Una triste realidad que se perpetuará, me temo, por los siglos de los siglos.
Sé que muchos no se han leído el Proyecto de Ley Orgánica, ni se lo leerán; pero aun así lo atacan o lo defienden con argumentos prestados obtenidos en redes sociales o en titulares de prensa, según la afinidad ideológica que compartan emisor y receptor. Sería deseable que cada cual sacara sus propias conclusiones después de leer el texto del proyecto, antes de asumir como propios los argumentos de otros.
Todas las leyes de educación que se han aprobado en los últimos 40 años tenían las impurezas propias de la ceguera ideológica, lo que es inevitable; sin embargo, confundir el sedimento ideológico con cuestiones de justicia social desacredita las opiniones de quien sólo pretende falsear y confundir.
Deshojemos la margarita de los aspectos más polémicos de la Lomloe. Me gusta que se impida a la concertada cobrar por los servicios que ya están pagados con subvenciones públicas; no me gusta el MIR docente, porque ya existe y se llama interinidad; me gusta que la religión deje ser evaluable, porque es una “asignatura” que tiene que ver con la fe y que no debería tener cabida en el currículo; no me gusta que no incluya la ética en 4º de la ESO porque es necesaria para la formación integral del alumno; me gusta que los centros ordinarios puedan tener recursos para poder escolarizar a niños con necesidades educativas si los padres así lo quieren, lo que en absoluto significa que los centros de educación especial desaparezcan, es más deben seguir siendo una opción importante; no me gusta que se utilice la lengua española como moneda de cambio, pese a que la palabra “vehicular” que ahora desaparece del Proyecto de Ley no consiguió en su momento que en Cataluña, por ejemplo, se apreciase el castellano al mismo nivel que el catalán.
De entre todos los aspectos polémicos hay dos que hacen que la imperfecta LOMLOE sea mejor que otras leyes: el tratamiento que hace de la enseñanza concertada y de la religión.
En cuanto a la educación concertada la Lomloe no limita la libertad de los padres para elegir, sino la de los centros concertados que siempre han establecidos métodos para filtrar al alumnado que quieren. Por eso se pretende suprimir las cuotas obligatorias, las donaciones “voluntarias” y cualquier otra forma de financiación subterránea; para que así los niños con pocos recursos puedan tener acceso a los centros concertados(lo que les duele, me temo, a la educación concertada es que se limita su negocio).También se impide la segregación por sexos que es una forma despreciable de discriminación.
En lo tocante a la religión esta no desaparece, pero deja de ser evaluable por lo que no contará para la media final ni para conseguir becas, lo que es lógico porque la religión no es una verdadera asignatura, es una actividad formativa complementaria. El proceso natural sería que la Historia de la Religiones sustituyera a la “asignatura” de religión.
Capítulo aparte merece el asunto del castellano. La Lomloe elimina del texto “el castellano es lengua vehicular de la enseñanza en todo el Estado[…]” y añade que “Las Administraciones educativas garantizarán el derecho de los alumnos y las alumnas a recibir enseñanzas en castellano […]”. Y agrega además: “Al finalizar la educación básica, todos los alumnos y alumnas deberán alcanzar el dominio pleno y equivalente en la lengua castellana y, en su caso, en la lengua cooficial correspondiente”. ¿Este cambio favorecerá o perjudicará la enseñanza del castellano en las comunidades con lengua cooficial? No lo sabemos, es probable que no suponga cambio alguno, lo que sí sabemos es que la ley Wert no impidió que la lengua vehicular en Cataluña fuera el catalán.
En definitiva, la LOMLOE sin ser la Ley que a mí me gustaría, es mejor que otras leyes de educación precedentes; pero nace, como todas, con su propia kryptonita: la falta de consenso.
Ratios a la carta o la liquidación de la educación pública
Y toda esta infamante
acción, planificada con nocturnidad y alevosía, adquiere el dramatismo
más atroz cuando la educación privada sigue con sus subvenciones, con
sus conciertos y con sus ratios a la carta
Alfredo Aranda, vicepresidente de PIDE
Indignación generalizada mezclada con
una impotencia difícil de gestionar, son los síntomas que están
provocando a infinidad de docentes, en mi caso, por lo menos, así ha
sido, la agresión que está sufriendo la educación pública por los
recortes brutales de plantilla que la inspección educativa ha propuesto,
látigo en mano, aplicando los criterios técnicos estrictos establecidos
por la Consejería de Educación y Empleo, que llevará a cientos de
profesores a perder su plaza (los que más lo van a sufrir serán los
interinos); pero no contentos con esta erosión de lo público, tampoco el
2% prometido de subida salarial se llevará a cabo y los docentes
seguiremos acumulando pérdida de poder adquisitivo, que en los últimos
diez años supera el 20%.
Y toda esta infamante acción,
planificada con nocturnidad y alevosía, adquiere el dramatismo más
atroz cuando la educación privada sigue con sus subvenciones, con sus
conciertos y con sus ratios a la carta, dado que las ratios que no se
permiten en la educación pública, sí se permiten en la concertada para
que esta no sufra recortes y se mantenga a flote.
Quizá algún residuo ideológico les quede todavía a quien
nos gobierna en alguna profunda oquedad a la que los tecnócratas
encarnecidos no hayan tenido acceso todavía. Si así fuera, si a nuestros
gobernantes les quedara algo de la ideología que llevan por bandera,
deberían parar estos recortes injustificados y dañinos que socavan la
educación pública y manda a la calle a un gran número de docentes.
Arguyen
que no tienen dinero, pero mantienen contrataciones a dedo de asesores
en las empresas públicas, o mantienen los conciertos con los centros
privados que cuestan más de 82 millones de euros al año (sin contar con
otras ayudas de programas diversos que reciben), cuando los conciertos
ya nos son necesarios porque la red pública puede asumir las necesidades
de escolarización de todas las localidades extremeñas.
Reduciendo
gastos innecesarios podrían equilibrar los presupuestos para hacer
frente a todos los compromisos adquiridos y pagos pendientes: no
recortar plazas en la educación pública, asumir el pago del 2%
comprometido, implantar la carrera profesional, mantener la reducción
horaria de mayores de 55 años en todos los niveles educativos no
universitario y un largo etcétera.
Por muchos años
que pasen, si comenten esta tropelía, nunca llegarán a despojarse por
completo de la ignominia que cometieron en tiempos de la pandemia,
quedará grabado para siempre en la memoria de cientos de docentes que se
quedarán sin plaza y de otros muchos que tendrán que trabajar con
ratios abultadas.
Allá por 1985 la red pública no
podía asumir la demanda de escolarización, por esa razón se empezaron a
concertar unidades con los centros privados. De hecho la concertación
nació con el único objetivo de concertar unidades solo allí donde la
educación pública no llegara; pero una vez que la red pública se
ampliara (el artículo 27 de la Constitución refleja la necesidad de
construir centros educativos) los conciertos dejarían de ser necesarios;
sin embargo, los conciertos han seguido creciendo y en Madrid o
Barcelona, por ejemplo, ya superan a lo público.
Los
defensores de la educación concertada se aferran al argumento
demagógico, o argumento de subsistencia, de que la concertación responde
al respeto que hay que tener al principio constitucional de libertad de
enseñanza. En España existe efectivamente, según señala la
constitución, la libertad de enseñanza; pero dicha libertad debe
ejercerse entre lo público y lo privado y, por tanto, está asegurada.
Romper las dinámicas segregadoras, en las que
las relaciones entre hombres y mujeres están condicionadas por la
posesión, las falsas expectativas o los derechos adquiridos, es el mayor
reto del sistema educativo en el siglo XXI. Así lo acaba de señalar un
estudio del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD),
según el cual no hay aún una sola mujer en el planeta que vaya a conocer
la igualdad de género. La escuela, junto con la familia o los medios de
comunicación, sigue siendo un espacio de socialización en el que
interiorizamos sesgos de género que acaban convirtiéndose en inhibidores
de oportunidades que refuerzan los techos de cristal bajo los que somos
educados. Todo esto a pesar de que la docencia en los niveles previos a
la universidad está impartida mayoritariamente por mujeres o, tal vez, a
causa de ello.
La celebración del Día Internacional de la Mujer
debería ser, pues, una oportunidad para volver a repensar la
coeducación, sobre todo porque nos encontramos a las puertas de una
nueva ley educativa, en un contexto en el que la escuela
privado-concertada no cesa de ganar terreno bajo la falacia de la
libertad de elección de los padres. Uno de los ejes transversales de la
nueva ley de educación es, precisamente, la perspectiva de género y la
coeducación. La LOMLOE considera, además, que uno de sus grandes retos
esaumentar las vocaciones científico-tecnológicas entre las chicas.
Educación,
libertad o igualdad son conceptos abstractos susceptibles de múltiples
interpretaciones, muchas de ellas tramposas e incoherentes. Recordemos,
por ejemplo, que la Declaración de Independencia de los Estados Unidos
afirmaba que todos los hombres son iguales y están dotados de derechos
inalienables como la libertad.
Sorprendentemente, esta afirmación no fue
incompatible con la defensa de la esclavitud y de la segregación
racial. De la misma manera, hoy conviven maneras muy diferentes (y
engañosas) de entender la libertad y la igualdad de oportunidades entre
hombres y mujeres. Tanto es así que la educación religiosa que se
imparte en muchas escuelas concertadas está sometida a una autoridad, la
episcopal, que tacha de ideología relativista y disolvente de los
valores cristianos a la perspectiva de género. Por otro lado, siguen
existiendo colegios privados, sostenidos con fondos públicos, que
segregan a las personas en función de su sexo en nombre de la libertad y
del derecho a la educación.
Muchas de estas incongruencias se
deben a que la Constitución Española no es lo suficientemente explícita
para denunciar qué proyectos educativos atentan directamente contra los
derechos de las mujeres. De hecho, muy pocas Constituciones en el mundo
aluden a la necesidad de la coeducación. Sí lo hace, por ejemplo, la de
Ecuador de 1988, en su artículo 67.2, que afirma que el Estado promoverá
la equidad de género y propiciará la coeducación. Si esto fuera así en
nuestra Carta Magna, tendríamos alguna base para denunciar, no ya la
financiación pública de ciertos colegios privados, sino incluso su
propia existencia. Entretanto, es importante recordar que la escuela
pública es la única garantía de que el derecho a la educación se
interprete como derecho a la coeducación, ya que solamente desde sus
aulas el Estado puede, a través de los docentes, desarrollar medios
eficaces para que ninguna práctica o mensaje educativo segregue a las
personas en función del sexo. La profesión docente debe interiorizar, al
fin, que la perspectiva de género es una exigencia de justicia social,
un anhelo de igualdad plena entre seres humanos radicalmente
independiente de cualquier interés ideológico o partidista.
Coeducar
significa desarrollar las capacidades y sentimientos de las personas
para que, al llegar a la edad adulta, no se vean condicionadas por los
roles que la sociedad prescribe para cada sexo. Libres de los grilletes
del género, las personas podemos decidir qué opciones vitales se ajustan
más a nuestros deseos y a nuestras necesidades.Convirtamos este
horizonte de igualdad y de emancipación definitiva en una realidad
tangible para las generaciones presentes.
La paradoja sindical; un análisis de los resultados electorales en el sector docente, por Alfredo Aranda Platero, Vicepresidente del Sindicato Pide, en 7DIAS EXTREMADURA (5-12-19).
Con
la perspectiva que da el paso del tiempo –un año hace ya–, y con serena
cautela, huroneo en los resultados electorales de las pasadas
elecciones sindicales del sector docente, que se llevaron a cabo el 4 de
diciembre de 2018, y llego a una serie de conclusiones que considero
que concitarán el asentimiento general; pese a que determinado sector
sindical, desde su sesgo ideológico, pensará que falta asepsia en las
deducciones por ser yo parte interesada; pues soy delegado del sindicato
de la pública. Si así fuera, si hubiera cierta inclinación hacia los
propios intereses, no dejaría de ser una causa natural del propio
devenir de la subjetividad dado que esta no puede ser confinada del todo
para que no asome, ni siquiera un poquito, a la hora de emitir una
opinión, un análisis… e, incluso, un veredicto. Intentaré sujetar la
subjetividad y si no lo consigo, al menos, intentaré contenerla con
determinación, como aquel que, mareado en un viaje, no quiere vomitar
pero el vómito ya está en las tragaderas y termina saliendo por narices y
orejas.
La primera
lectura de los resultados es clara. Un sindicato de corte
ultraconservador, CSIF, sube votos (efecto VOX). Otros dos, muy venidos a
menos, pierden representación: CCOO baja un puesto más, hasta el 4º y
UGT se mantiene en el último lugar. El Sindicato del Profesorado
Extremeño, PIDE, obtiene 700 votos más que en 2014 (recordemos que en
2014 PIDE ganó las elecciones), llegando a los 3128 votos; pero por muy
poco margen queda segundo. Primero y segundo tienen resultados muy
destacados con respecto a los demás sindicatos. ANPE desplaza a CCOO al
cuarto puesto y UGT se mantiene como farolillo rojo.
El
panorama sindical se polariza. Gana, por muy poco margen, un sindicato
politizado que apoya, entre otras cosas, a la concertada y a la religión
en las aulas, arrastrando el voto más ultraconservador. Bajan los
sindicatos de clase cercanos al poder en una continua curva descendente.
PIDE crece con 3128 votos consiguiendo afianzar e incrementar un
electorado fiel, reivindicativo y transversal que está en los postulados
de la educación pública y laica, alejada de adoctrinamientos políticos y
religiosos.
Traducido a
números: PIDE llega a los 3128 votos (22 delegados), 700 más que en
2014; Csif consigue 3390 votos (25 delegados); ANPE es tercero con
1536 (11 delegados); siendo los últimos con menos apoyos y 8 delegados
CCOO con 1211 votos y UGT con 1018.
Llegamos,
sin más remedio, a la paradoja, al contrasentido, a la incongruencia.
¿En qué consiste esa paradoja, cuál es su base? Aunque el efecto VOX
haya movilizado a un sector ultraconservador, lo realmente paradójico es
el porcentaje de votantes que no siéndolo han apoyado a CSIF que
defiende, a capa y espada, a la educación concertada y privada, y, por
supuesto, defiende con más ahínco si cabe, el mayor número posible de
horas de religión en las aulas, pese que este posicionamiento va en
detrimento de los docentes de la pública.
Los
votantes deberían indagar y conocer los posicionamientos reales que
tienen los sindicatos con respecto a temas fundamentales (no es bueno
votar de oído) para que la conciencia del votante coincida, lo más
posible, con la idiosincrasia del votado.
CCOO
y UGT siguen sin recibir el apoyo del sector docente. Los sindicatos de
clase están muy deteriorados por las décadas que llevan funcionando
como un cinturón de protección de la Administración; su cercanía al
poder los aleja de la razón. Sin embargo siguen cometiendo, con pertinaz
insistencia, los mismos errores, estimo, que los mantienen alejados de
la ciudadanía y los problemas reales de los docentes.
Para
terminar, este somero análisis, he dejado para el final a PIDE que
nació, hace casi veinte años, con la misma vocación y coherencia que hoy
tiene. Defendiendo al docente, sin casarse con el poder, sin estar
subvencionado y, por tanto, sostenido únicamente por los docentes. Un
sindicato que es producto de la voluntad de los docentes y que, por
tanto, genera confianza. Y pongo un ejemplo de meridiana claridad: CCOO y
UGT siempre tendrán representación aunque no les vote nadie porque la
normativa nacional está regulada para su beneficio, y a nivel regional,
además, firmaron en la mesa de la función pública, con la connivencia de
la Administración, un pacto por el cual siempre tendrán liberados y
delegados aunque no reciban votos, recibiendo la subvención
correspondiente y los delegados y liberados; sin embargo, si nosotros no
somos votados saldríamos de las mesas. PIDE es el sindicato de los
docentes porque son estos los que permiten que tengamos representación.
La
cruda realidad es que buena parte de los sindicatos actuales están
fuertemente subvencionados de forma directa y también indirectamente a
través, por ejemplo, de los cursos de formación. De tal forma que esta
cercanía al poder los aleja de su original naturaleza, por lo que tienen
que desarrollar estrategias farisaicas para distraer al trabajador de
una realidad incómoda.
El
engaño, en las centrales sindicales verticales, es la estrategia más
simple (repetida y efectiva) que suelen utilizar como maniobra de
distracción. Sin ir más lejos el 23 de noviembre de 2018 (a escasos 10
días de las elecciones sindicales) la Dirección General de Función
Pública escenificó junto con CSIF, UGT y CCOO un paripé aprobando la
subida salarial de 2,25% que ya estaba autorizada por el Estado. Se
vienen arriba y lanzan un señuelo más acordando desbloquear la
negociación de la carrera profesional, cuando la negociación de la
implantación de la Carrera Profesional a los docentes corresponde
exclusivamente a la Mesa sectorial de Educación y nuestra Consejera se
niega, de momento, a iniciar dicha negociación. Por otra parte, el CSIF,
promete a los profesores interinos que van a cobrar su sueldo desde el 1
de septiembre cuando saben que la sentencia que así lo reconoce está
recurrida judicialmente por la Administración educativa y nada se puede
hacer hasta que no haya fallo judicial; con la seguridad, además, de que
la Consejería agotará toda la vía judicial, acudiendo, incluso, al
Tribunal Supremo en Casación. Ojalá los interinos cobren desde el 1 de
septiembre como siempre hemos exigido, pero no se debe jugar con ese
deseo para someter voluntades. Tejer mentiras, embustes y medias
verdades e imbricarlas dentro de un discurso grandilocuente puede llamar
la atención, pero con solo rascar un poco la capa de barniz queda al
descubierto la realidad: desgraciadamente, a día de hoy, siguen los
interinos sin estar contratados desde el 1 de septiembre.
Estos
anuncios con publicidad engañosa, y algún otro, lo hicieron,
estratégicamente, a pocos días de las elecciones sindicales, con la
única intención de aparecer en la foto mostrando algún tipo de acuerdo
para salvar la cara, in extremis, ante los empleados públicos,
potenciales votantes. Pero se olvidaron de datos objetivos (que no les
interesa recordar) como que desde 2010 los docentes han perdido un 20%
de poder adquisitivo, y con la recuperación del 2,5 % (que decide el
Estado y la Mesa de la Función Pública) aún nos deben el 17,75%.
FIRMADO: Alfredo Arada Platero. Vicepresidente de PIDE
¿Qué condiciones mínimas debe
tener un edificio para convertirse en colegio o instituto? Esta pregunta
es frecuente entre miembros de la comunidad educativa, así como también
entre la ciudadanía. Desde PIDE, Sindicato delProfesorado Extremeño,
reivindicamos continuamente la necesidad de disponer de unas
instalaciones óptimas y seguras en toda la red de centros educativos
públicos de Extremadura como requerimientos necesarios para desarrollar
las enseñanzas con una mínima garantía de calidad. Actualmente, el RD
132/2010, de 12 de febrero, establece que cualquier centro docente que
imparta el segundo ciclo de educación infantil, educación primaria y
educación secundaria, debe reunir unos requisitos mínimos de seguridad y
salubridad en sus instalaciones docentes y deportivas. El
informe anual del Defensor del Pueblo 2018, ante las múltiples quejas y
deficiencias relativas a las condiciones de salubridad o habitabilidad
de los centros docentes, dedica todo un apartado a esta problemática,
poniendo de manifiesto las disfunciones e incomodidades que se generan
con el desarrollo de las obras de construcción, ampliación o
rehabilitación de las instalaciones escolares, especialmente las
relacionadas con retrasos, así como la forma y fechas de su ejecución,
problemática ya recurrente en los informes anuales de ejercicios
anteriores. Aunque no cabe
duda de que la programación y planificación de las infraestructuras
necesarias para atender el servicio educativo es muy compleja, ya que
necesita la coordinación y colaboración entre diferentes
administraciones (lo cual supone superar distintos trámites
procedimentales y estar siempre sometidos al corsé presupuestario de
cada momento), hecho que no justifica en absoluto que determinadas
instalaciones escolares presenten problemas en las condiciones mínimas
de salubridad y habitabilidad, entre ellos, la presencia de materiales
nocivos (como el amianto) en determinados elementos constructivos de sus
dependencias, así como la utilización más permanente que provisional de
determinadas instalaciones. La solución a ambos problemas (además de
una correcta y eficiente planificación), pasa por una dotación adecuada
de las diferentes partidas presupuestarias para atenderlos, algo que no
ocurre vista la persistencia de la problemática. La
única respuesta institucional que recibimos cada vez que nos
interesamos por la referida problemática es siempre la misma: “no se
dispone de presupuesto”. ¿Habrá que esperar a que suceda una desgracia
para denunciar a un Estado que incumple las normas que él mismo emite? Desde
el Sindicato PIDE convocamos anualmente el concurso de fotografía
“Maestro Zenón Garrido”, en el que recibimos fotos-denuncia de alumnado y
de docentes de nuestra Comunidad. Es sorprendente y, a la vez,
necesario, visibilizar la realidad de nuestros colegios e institutos, de
una manera poética; en ocasiones, hasta con toques de humor. Pero
cuando lo que parece ficción resulta que es cotidianeidad, tenemos un
gran problema. Clases con humedades más que evidentes, regletas fijas
ancladas al suelo con el consiguiente peligro de caídas,
acristalamientos deficientes, goteras en cubiertas de gimnasios o
pabellones…Desde la dirección de los centros, nos comentan que en la
Administración Autonómica les dicen que el mantenimiento es competencia
de la Administración Local y esta última dice lo contrario. Como afirma
el dicho popular, “unos por otros, la casa sin barrer”. Por
otro lado, no hay que perder de vista que, el azote recibido por las
familias durante y tras la pasada crisis económica, hace más necesario
que nunca la potenciación y mejora de aquellas medidas tomadas para
garantizar la calidad, gratuidad y accesibilidad a los niveles
obligatorios de la educación en España, de tal manera que las clases
medias no huyan de la enseñanza pública y dispongan de igualdad de
oportunidades en el acceso a la formación postobligatoria y
universitaria, pues son inversiones de futuro en el capital humano de
nuestro país, elemento imprescindible para el desarrollo y generación de
riqueza de cualquier nación que desee alcanzar unos niveles aceptables
de bienestar para todos sus ciudadanos. Llama
poderosamente la atención ver cómo centros públicos que hasta hace
pocos cursos contaban con hasta tres líneas educativas se han quedado
con una en la actualidad, mientras que centros privados o concertados
las mantienen con menos de la mitad de alumnado de la ratio máxima
permitida: sirvan como ejemplo los datos de los centros infantiles de
Montánchez (8,36) y Hornachos (10,00). Desde
PIDE no entendemos por qué se está laminando la escuela pública, sobre
todo, la rural, en beneficio del negocio de la privada-concertada, y lo
manifestamos en cada mesa sectorial o de negociación con la Consejería
de Educación. Este triste
panorama general se repite e intensifica en algunos casos en la red de
centros públicos docentes extremeños donde el estado de desidia y
abandono en cuanto a la conservación y/o reparación de sus instalaciones
hace que las condiciones mínimas exigibles de habitabilidad y
salubridad no se cumplan en ningún caso. Cuando
en nuestras visitas a los centros educativos descubrimos estas
deficiencias y nos interesamos por la problemática, siempre desde los
equipos directivos recibimos idéntica respuesta: “está solicitado
oficialmente pero nos dicen que no hay presupuesto”… eso sí, acumulan en
sus almacenes una respetable cantidad de material tecnológico que llegó
en sus embalajes originales sin haberlo pedido, ni ser necesario,
inversión que podía haberse materializado en la retirada de elementos
nocivos en las cubiertas (amiantos), aislamientos térmicos, mejora de
las instalaciones de calefacción, reparación de goteras y humedades,
adecentamiento de baños… Quizás el problema radique justo aquí, en que
se hacen políticas de inversión educativa sin contar con la propia
comunidad educativa, modelo clásico y obsoleto que parece que nadie está
dispuesto a cambiar... Una
vez salvado el trámite presupuestario, no es mejor el escenario que se
presenta a la hora de gestionar los preceptivos permisos y licencias
para la realización de obras de construcción, ampliación o
rehabilitación, las disfunciones originadas por los calendarios de
ejecución de las mismas cuando no coinciden con los periodos de
vacaciones escolares con las consiguientes incomodidades que ello
acarrea, así como las situaciones en las que obligatoriamente hay que
“desplazar temporalmente” a alumnos y profesores a otros centros
educativos o en aularios prefabricados con los consiguientes problemas
de masificación de los centros receptores. Como
decía Valle Inclán, el mundo es una controversia, si bien, está en
nuestras manos influir para que no sea así, para que políticas
educativas se consensúen con toda la comunidad educativa, para que se
lleve un control exhaustivo de las necesidades de cada centro y se
prioricen las obras o reformas que hacen que, al entrar en algunos
centros educativos, retrocedamos unas cuantas décadas. Las nuevas
construcciones son un regalo para la ciudadanía, pero de nada sirven
cuando son en grandes urbes y se hacen en perjuicio de las instalaciones
de la escuela rural, donde las fotos para los periódicos no son tan
majestuosas ni espectaculares, pero es donde reside el alma del sistema
educativo público extremeño: en nuestros pueblos. No lo perdamos de
vista... Servicio de Salud y Riesgos Laborales del Sindicato PIDE
El ‘pin parental’ es una amenaza que pretende erosionar a la escuela pública
Raúl Fernández. 14/11/2019
Los titanes que precedieron a los doce dioses
olímpicos simbolizaban las fuerzas oscuras de una naturaleza enemiga de
la civilización. Se trataba de deidades castradoras que, como Cronos,
devoraban a sus hijos. En nuestro mundo se están desatando fuerzas
igualmente oscuras y tiránicas. Bajo un aparente velo religioso,
esconden la barbarie inherente a las potencias desterradas al inframundo
gracias al imperio de la ley y de la democracia.
Algo así representa el pin parental, una amenaza que
pretende erosionar a la escuela pública, sumida en una crisis que hunde
sus raíces en la desconfianza y en el miedo creciente de la sociedad
hacia uno de sus pilares constitutivos.
A este respecto, la Secretaría General de Educación ya ha advertido a
los directores de colegios e institutos de que es ilegal que las
familias impidan la impartición de contenidos relacionados con la
educación afectivo-sexual, la igualdad de género o la lucha contra la
xenofobia. Fuera de Extremadura, son muchas las entidades que han
denunciado que el pin parental de Vox y de Hazte Oír es una
monstruosidad que quiere evitar que los niños sean educados en el
respeto a los derechos humanos y al colectivo LGTBI.
Detrás de toda esta campaña se esconde un objetivo aún más
pernicioso: hacer creer que nuestras escuelas arrancan a los hijos de
sus familias adoctrinándolos, como si la democracia española fuera un
régimen totalitario que quisiera imponer un orden nuevo frente al cual
hubiera que defenderse. Sembrar esta semilla de odio y de desconfianza
atenta contra la autoridad del profesorado y del mundo público al que
representa.
Hannah Arendt nos enseñó que la escuela es una esfera intermedia que
intercalamos entre el mundo público y el dominio privado del hogar con
el fin de que los jóvenes puedan caminar libremente de la familia al
mundo en el que han de convivir como adultos. Esta transición solo es
posible cuando se les permite aprender los valores constitucionales
compartidos que definen la esfera pública, valores que se materializan
en un Estado social y democrático de derecho que es, precisamente, quien
exige la asistencia de los niños a la escuela. Maestros y profesores
tienen la responsabilidad de enseñarles a los niños cómo es nuestro
mundo compartido. Si las familias o el Estado coartan su libertad, se
elimina también su autoridad, que no es otra que su responsabilidad
intransferible para con ese mundo en el que todas las personas deben
tener derechos. En tanto que esfera intermedia entre lo privado y lo
público, la escuela debe proteger a los niños, tanto de sus familias
como del Estado. Prohibir esta responsabilidad a través de iniciativas
perversas como la del pin parental es impedir que los profesores ejerzan
su competencia para transmitir su conocimiento del mundo y del bagaje
necesario para desenvolverse en él. Y esto es tanto como decirles a los
niños: nos lavamos las manos, somos inocentes con respecto a vuestra
suerte o con respecto a un mundo del que no podemos hacernos
responsables. Si sois devorados por vuestros padres o por el mundo, no
vengáis a pedirnos cuentas.
La subjetividad, en mayor o menor proporción,
formará parte siempre del proceso de selección de personal docente;
pero, en cualquier caso, habría que minimizar su impacto.
Si
los opositores de un tribunal fueran evaluados, al mismo tiempo, por
dos tribunales distintos, podríamos ver al final del proceso que la
lista de seleccionados, entregada por ambos tribunales en la Delegación
Provincial correspondiente, no sería exactamente la misma. Nos podríamos
encontrar a opositores suspensos en un tribunal que estuviesen
aprobados en el otro u opositores con notas muy dispares, dependiendo
del tribunal que les hubiese evaluado.
Los opositores y, sobre
todo, los interinos conocen esta realidad y cargan, con toda la razón,
contra ella. Cada año que pasa nos encontramos con más recursos y
contenciosos contra las oposiciones en muchas especialidades de las
convocadas, y todo ello en un ambiente cada vez más beligerante y
enrarecido antes, durante y después del proceso; lo que me lleva a
pensar que el actual modelo de acceso está agotado.
Es necesario
un nuevo sistema ordinario de acceso a la función pública docente, que
esté lo más alejado posible de la subjetividad (con exámenes no
eliminatorios) para que el resultado final del proceso de oposiciones se
acerque, lo más posible, a una selección objetiva de docentes.
En
las oposiciones de 2018 y 2019 el proceso transitorio, para facilitar
la funcionarización del colectivo de interinos, no solo era una
necesitad, sino también una obligación por parte del gobierno. De nada
valió que los sindicatos tradicionales y el gobierno firmaran un
«acuerdo para la mejora del empleo público» por el que se perseguía
estabilizar los puestos de trabajo pero no a sus ocupantes, los
interinos; porque, al final, muchos de ellos fueron –y volverán a serlo
de nuevo– los paganos de una situación que no han provocado y de un
sistema que no les garantiza que su carga de formación, experiencia y
méritos sean tenidos en cuenta.
Un docente es una parte de
formación y muchas partes de experiencia; es tan obvio que sonroja tener
que recordárselo a todos aquellos mandamases del gobierno de turno, y
organizaciones sindicales adláteres, que han podido sacar adelante una
transitoria, para favorecer la funcionarización del colectivo de
interinos, y no lo han hecho. Para más inri vemos cómo sindicatos
institucionalizados tienen convenios con academias, cuando no las
regentan, para aprovecharse de la situación de desespero de los
opositores y hacer su particular agosto.
Los interinos tienen
experiencia y formación que es el verdadero MIR del sector docente; el
DIR del que hablan los políticos ahora como si hubieran descubierto las
américas. Un MIR educativo sería el peor de los sistemas de acceso a la
función pública. De entrada para acceder a la Residencia Interna habría
que superar un examen de superiores dificultades a las actuales y, lo
que es peor, los interinos se convertirían en trabajadores precarios en
semiesclavitud sin que nadie le asegurara obtener la plaza al final de
la Residencia.
El ambiente está enrarecido por tanta desilusión e
impotencia, que es el caldo de cultivo perfecto para telepredicadores
que prometen el paraíso de la plaza sin mancharse las manos. Unos tenían
el poder, y los medios, para dar solución a la estabilidad de los
interinos y no han querido hacerlo; otros, les prometen lo que los
primeros les negaron, y los interinos, en medio, sin entender nada y
abandonados al vaivén de los titulares de prensa sobre protestas,
impugnaciones, directivas europeas…, preguntándose, a cada instante, qué
habrá de verdad en todo lo que se dice, se afirma y se desmiente.
Lo
único claro es que los sindicatos de clase firmaron un «acuerdo» sin
transitoria (mal acuerdo, pero vinculante); esta es la realidad y lo
demás es el deseo. El deseo de estabilidad no pasa por convertirse en
funcionario laboral fijo discontinuo, pues empeora las condiciones y no
asegura el trabajo; tampoco la condición de indefinido no fijo mejora la
condición de interino docente; la única condición administrativa mejor
que la de interino sería la de funcionario de carrera, y esa opción ha
sido torpedeada con un acuerdo que pasaba por ser una solución y está
siendo, y será, para muchos, el origen de una pesadilla.
