martes, 9 de enero de 2018

Terceros de buena fe. Por Alfredo Aranda. Publicado en Eldiario.es

   Viernes 25 de junio de 2010, cinco de la tarde. Día cálido, sin llegar a ser bochornoso, como es habitual en estas fechas. Los opositores del tribunal único de la especialidad de “Organización y Procesos de Mantenimiento de Vehículos”, situado en el IES Javier García Téllez de Cáceres, empiezan el acto de presentación. Una vez concluido el acto; entregada la programación y citados para la realización, el día 28 de junio, del primer examen del proceso selectivo, se van para sus casas. Entre ellos están Víctor, Francisco y Heliodoro, que a la postre fueron los que obtuvieron plaza y que ignoraban, por aquel entonces, que toda una serie de infortunios caería sobre ellos más tarde.

   Pasados más de 7 años de las referidas oposiciones, y después de superar el curso de prácticas docentes y ser nombrados funcionarios de carrera en 2011 en sendas publicaciones en el DOE y en el BOE, y de tener destino definitivo por Concurso de Traslados, se encuentran, ahora, después de tantos años, a punto de perder la plaza por un hecho del que no tienen culpa alguna y que paso a relatar con la mayor claridad y brevedad posibles.

   En el proceso selectivo de 2010, en la especialidad antes mencionada, un opositor (le llamaremos, a partir de ahora, el opositor X) presentó una reclamación, tras concluir el proceso selectivo, por no compartir las puntuaciones obtenidas y por considerar que dichas calificaciones fueron producto de la enemistad que la presidenta del tribunal y él se profesaban. El opositor X interpuso un contencioso administrativo que, a la postre, vino a descubrir que los exámenes fueron destruidos por el Tribunal.   En este punto hay que decir que dichos exámenes debieron entregarse, según marca la convocatoria, en el Registro habilitado por la Consejería para este menester; y ni se entregaron por parte del tribunal, ni se reclamaron por parte de la Administración para cumplir con el deber inexcusable de guarda y custodia.

   El hecho de la destrucción de los exámenes dio alas al contencioso de opositor X y el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura y el Tribunal Supremo declara nulo el proceso de oposiciones. Pero la sentencia, hay que dejar claro este aspecto, en ningún momento duda de los opositores que obtuvieron plaza, más al contrario los considera opositores de buena fe.

   Y Vara, ¿dónde está? ¿Dónde está el Presidente pacificador y dialogante que se esfuerza en aparenta? ¿Por qué no evita que tres familias inocentes se queden en la calle? Parece que, en este grave asunto, ha dejado entrever su verdadera naturaleza; se ha quitado la careta, podríamos decir, y se muestra con un presidente ausente. Se ha negado a recibir, de forma reiterada, a los tres agraviados; a tres ciudadanos que, con cargas familiares, se asoman al abismo. Desvió, eso sí, su responsabilidad en otros, en responsables educativos, que recibieron a los tres funcionarios en su nombre. Durante algún tiempo todo parecía que iba a reconducirse, al menos, esa era la sensación que transmitían, en un principio, aquellos que, en nombre de Vara, recibieron a los tres funcionarios y a sus abogados.

   Pensaron, pensamos (yo también me incluyo) que la solución era posible, pues otros procesos selectivos impugnados en Extremadura no perjudicaron a los que obtuvieron plaza. Recuerdo el caso, por ejemplo, de la exconsejera de Sanidad que, siendo consejera, convocó las oposiciones  de “cirugía general y aparato digestivo” a las que ella misma se presentó obteniendo la máxima puntuación; lo que provocó recursos de alzada de otros opositores que llevaron a SES a anular la nota; pero, al final, el recurso interpuesto por la exconsejera prosperó y un juez le dio razón y, por consiguiente, no perdió su plaza. Podría nombrar otros casos como el de los enfermeros o el de los camareros limpiadores, cuya solución fue salomónica para todos. En todos estos casos la Consejería veló por los intereses de los aprobados de buena fe; pero en el caso las oposiciones de“Organización y Procesos de Mantenimiento de Vehículos” no han hecho nada, han dejado que tres familias caigan al abismo.

   Francisco, Víctor y Heliodoro pensaron que la Consejería, que el Gobierno de Extremadura, manejaría este asunto con la suficiente eficiencia para evitar que pagasen justos por pecadores pero, más al contrario, los responsables educativos, después de múltiples reuniones con ellos, con sus abogados, con representante sindicales, demostraron la poca disponibilidad de llegar a una solución consensuada por todas la partes. Se barajó la posibilidad de tratar este asunto como el gobierno de Asturias trató otro parecido. En Asturias se impugnaron las oposiciones de Educación Infantil, pero como se reconocía la buena fe de los opositores que obtuvieron plaza, el gobierno asturiano repitió la oposición de tribunal impugnado respetando a los que habían conseguido su plaza honradamente y ampliando el mismo número de plazas que el tribunal asignó en su momento. Rápido, limpio y justo.
Heliodoro, Víctor, Francisco y el opositor X, junto con sus abogados, llegaron a un acuerdo de solución para evitar la repetición de las oposiciones. Dicho acuerdo fue presentado ante la Sala del TSJEx quien emitió “Diligencia de ejecución de acuerdo transaccional”, dándonos a entender que el acuerdo pactado podría ser una solución satisfactoria para todas las partes, siempre y cuando estuviera ratificado por la Junta de Extremadura; pero, la Junta de Extremadura, escurrió el bulto. La inclusión en el acuerdo de la Junta hubiera solucionado el entuerto favoreciendo a todas las partes; sin embargo, incomprensiblemente, optaron por la opción que no beneficia a nadie.

   Como apunta el magistrado José Manuel Chaves (Magistrado de la Sala contencioso-administrativa del Tribunal Superior de Justicia de Asturias), en casos de la misma índole que el descrito y con sentencia firme, el TC propicia la tutela de los terceros de buena fe, rechazando la revocación de los nombramientos y buscando otra salida. Cosa que, en ningún momento, ha pretendido la Administración Extremeña, dejando sin plaza y a la deriva a tres opositores reconocidos, por sentencia, como de buena fe. 

   El magistrado Chaves, del que tantos deberían aprender, considera que en un caso de impugnación de oposiciones hay que tener en cuenta el tiempo transcurrido desde la toma de posesión de los aprobados, así como la condición de inocentes y ajenos a aquellos que nada tienen que ver con la irregularidad cometida por el Tribunal Calificador. Añade que “no puede perderse de vista el interés general en que el personal seleccionado esté capacitado y en no desbordar el gasto público”. ¡Qué falta hace en Extremadura la visión clarividente y justa del magistrado Chaves! No se puede impartir justicia cometiendo una injusticia mayor, como ocurre en la no solución que se ha dado, desde el Gobierno de Vara, al asunto de las oposiciones impugnadas de la especialidad de “Organización y Procesos de Mantenimiento de Vehículos”. 

   Los tres funcionarios de carrera han presentado “incidente de ejecución de sentencia” para evitar que les priven de las plazas ganadas honradamente. Intentando exponer al TSJEx que ellos, como opositores de buena fe, no pueden ser los paganos de la irregularidad cometida por el tribunal de oposiciones al destruir los exámenes. Y el TSJEx debería proteger, considero, a los terceros de buena fe que nada tuvieron que ver en todo el entramado descrito. 

   Esperemos que alguien de la Administración, finalmente, entienda aquello de “La equidad como garantía del tercero de buena fe en los procedimientos selectivos”; si así fuera, la justicia en Extremadura daría un salto cualitativo a la altura de la región que los ciudadanos se merecen.

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