lunes, 23 de mayo de 2022

MAL ACUERDO DE ESTABILIZACIÓN (por Alfredo Aranda, Vicepresidente Sindicato PIDE)

 “Más vale un mal arreglo que un buen pleito”, reza un viejo dicho popular; entendiendo con ello que es mejor un acuerdo no muy bueno si con ello evitamos pleitos que pueden ser inciertos y costosos. 

Los dichos populares pocas veces se equivocan, porque están basados en la experiencia; pero, sin embargo, no sería aplicable al procedimiento de estabilización del colectivo de interinos dado que el arreglo, el acuerdo, es nefasto. El peor de los posibles. Vuelven, una vez más, a pensar en plazas y no en personas. 

El Real Decreto 270/2022, que modifica el sistema de acceso a los cuerpos docentes, por el que se da vida a este mal acuerdo se sustenta en incongruencias gruesas como no valorar la nota de oposiciones anteriores al 2012, en poner un tope a la experiencia docente y a todos los demás méritos, en convivir con un proceso de oposición ordinario y, con ello, entorpecer la solución porque una triple vía de acceso (dos extraordinarias y una ordinaria) complica extraordinariamente el proceso. Si a todo este sistema de muy dudosa eficacia le sumas incertidumbres, que más bien ya son certezas, como, por ejemplo, la que genera que un opositor pueda presentarse, por la vía de estabilización, a las 17 comunidades al mismo tiempo (libre concurrencia) aunque solo pueda obtener una plaza de aquellas que establezca en su orden de prelación, nos surgen dudas de calado que preocupan al colectivo de interinos. ¿Puede una comunidad como la nuestra gestionar 300.000 potenciales solicitudes? 

El borrador aclara aspectos como el criterio de desempate, la adjudicación tipo “concurso de traslados”; pero otros, como la gestión de las solicitudes, quedan muy difusos. 

Determinados sindicatos tradicionales vienen a protestar ahora por el incierto proceso de estabilización que trae consigo el Real Decreto modificado. Pero la hemeroteca es una afilada hélice que tritura los engaños y ficciones sindicales, y es que los sindicatos tradicionales, en 2017 ya firmaron un funesto acuerdo para la “mejora” del empleo público, por el que se pretendía estabilizar plazas pero no a los interinos que las ocupaban. En 2021 volvieron, una vez más, a pactar con el gobierno de turno un perjudicial acuerdo para reducir la temporalidad de las administraciones públicas, con el mismo resultado que anteriores acuerdos: de nuevo se pretendía estabilizar plazas y no a los funcionarios interinos. “De aquellos polvos vienen estos lodos”. Ahora, el acuerdo, por imperativo legal, en la medida que Europa presiona para acabar con la temporalidad, vuelve a ser desafortunado y, al menos, en Extremadura, no solucionará el grosor del problema. Intentan esquivar las prescripciones que marca Europa, con la connivencia de los sindicatos firmantes, con un proceso que no garantiza, en absoluto, la funcionarización del colectivo de interinos en el porcentaje necesario.

PIDE, a través de la Federación Independiente de Docentes, FID, solicitó en varias ocasiones una reunión de trabajo para negociar con el MECD y para explicarles que la educación necesita su propio proceso de consolidación de empleo, adaptada a su realidad y sin olvidarse de los interinos, porque estos son el objetivo de estabilización. Pero declinaron nuestra presencia y, curiosamente, ahora que el texto de RD está publicado en el BOE, se ponen en contacto con nosotros para confirmarnos que nos recibirán. Cita que nos negaron durante la “negociación” del texto de la modificación del Real Decreto. La razón por la que el MEyFP no ha querido hablar durante la tramitación del borrador con los sindicatos profesionales es obvia: no íbamos a tragar con una modificación de la norma tan poco afortunada.

No obstante, acudiremos a la cita de MEyFP igual que acudimos el pasado día 11 de mayo en la reunión que tuvimos que PSOE, PP y Podemos en el Congreso de los Diputados, porque tras el proceso transitorio, en 2025, hay que establecer un sistema de acceso definitivo que no perjudique al colectivo de interinos.


jueves, 12 de mayo de 2022

"Descomisionados" (por ALFREDO ARANDA, Vicepresidente Sindicato PIDE)

 O la Consejería de Educación deja de recortar comisiones de servicio o convierte plantilla funcional en orgánica.

 Sin negociar. Sin compensar. Sin, ni siquiera, avisar previamente. Así impuso la Consejería de Educación la drástica reducción de las comisiones de servicio de carácter general, exigiendo unas condiciones leoninas que impedirán que un gran número de docentes tenga acceso a este tipo de comisión de servicio. 

El tener que acreditar una permanencia ininterrumpida en el puesto de destino definitivo desde el 1 de septiembre de 2020 hasta el 31 de agosto de 2022, por imposición unilateral de la Consejería de Educación, para poder tener acceso a las comisiones generales, es una condición muy difícil de cumplir y terminará no solo por impedir que muchos docentes puedan solicitarlas, sino que también todos los que actualmente están ocupando una comisión de este tipo no puedan renovarla, danto al traste, de esta manera, con la conciliación de la vida familiar y laboral de los docentes excluidos.

Esto es muy grave porque no hay compensación, al menos de momento. Una de dos: o la Consejería de Educación deja de recortar comisiones de servicio o convierte plantilla funcional en orgánica, para que así los docentes puedan tener la oportunidad de acercarse a su lugar de residencia a través del concurso de traslados; dado que un docente no pide una comisión de servicio por capricho, sino que lo hace por necesidad. No se puede «jugar» con la necesidad de la personas, no se las puede empujar al precipicio y abandonar a su suerte. Un político, una política, no puede hacer eso, porque las comisiones de servicio, a falta de plantilla orgánica suficiente para poder concursar con posibilidades, son un alivio para infinidad de casuísticas personales y, por tanto, la Consejería de Educación debe tener la empatía y la humanidad suficientes para comprender que con esta decisión está haciendo un daño gratuito a los docentes. 

No acertamos a comprender el interés de la consejera en empeorar nuestras condiciones laborales y en alimentar esa desafección que parece tener con los docentes, esa obsesión en presentarse como la «ultraliberal» Margaret Thatcher española, adoptando aquello de «No soy una política de consenso. Soy una política de convicciones». No se da cuenta de que la intransigencia termina siendo la tumba política de quien la ejerce. 

Siempre la negativa como forma de proceder: negarse a actualizar los sueldos de los docentes extremeños, de los peor pagados de España; negarse a debatir sobre la carrera profesional docente; negarse a negociar el calendario escolar, ninguneando a los sindicatos; negarse a negociar los currículos de desarrollo autonómico de la LOMLOE; negarse a dar los mismos días de asuntos propios remunerados que ya disfrutan el resto de los sectores funcionariales de la Junta de Extremadura… La lista es larga.

Si alguien en el gobierno de Extremadura no hace algo por parar este sinsentido, vamos a llegar a un punto de no retorno. Nos pondrá a los sindicatos en la tesitura de tener que romper total y definitivamente las relaciones con la Administración Educativa y emprender acciones como las de dejar de ir a las mesas técnicas y sectoriales que se están convirtiendo en la antítesis de lo que deberían ser. 

Desde PIDE mantenemos la convicción intacta de que la negociación, si hay voluntad de llegar a acuerdos, es una herramienta para avanzar en conquistas sociales. Siempre ha sido así, pero la Consejería parece sentirse, últimamente, más cómoda imponiendo que negociando. Aún podemos tender puentes, podemos encontrar espacios de entendimiento con las autoridades educativa, por el bien de los docentes que trabajan en Extremadura. No hay tiempo que perder, pongámonos manos a la obra.

Alfredo Aranda.  Vicepresidente Sindicato PIDE.


lunes, 28 de marzo de 2022

La educación pública es vulnerable

 La educación pública es vulnerable

La educación pública es vulnerable. Vulnerable a los poderes fácticos que entienden la educación como un negocio. Vulnerable a las ideologías de las plegarias y de la exaltación. Vulnerable a los dirigentes políticos que traicionan sus principios y se venden a espurios intereses. Vulnerable a los que, desde la atalaya de sus ministerios y consejerías, desmantelan la enseñanza pública con deshonestos gestos autócratas que nos desvelan que los caudillos y las caudillas también existen en democracia. Vulnerable a las organizaciones sindicales que ondean sus pancartas por simple conveniencia y que, después, se esfuman mientras las fauces de afilados colmillos aún no ha terminado de engullir su presa. Vulnerable a una parte de la sociedad que ha olvidado, con ayuda de aquellos que mueven los hilos en la sombra, que sus hijos merecen una formación libre de adoctrinamientos.

La educación pública es vulnerable; pero su poder es inmenso e incomparable porque compensa desigualdades sociales, porque es universal, porque es laica, porque es de todos. La educación pública es un pilar sólido donde asentar a una sociedad libre, crítica, despojada de credos y supersticiones.

Es preciso que el gobierno de Extremadura se deshaga de las ataduras que lo mantienen encorsetado en una ambigüedad discursiva que lleva a que sus principios estén lastimosamente secuestrados. Y que defienda a la enseñanza pública y no la agreda como hace con dolorosa frecuencia, sacrificando centros públicos como ofrenda no sabemos a qué supremo poder o todopoderoso tótem. Y que no actúe como aquella madrileña endiosada, que con un falso misticismo en la mirada perdida en lontananza, como una ficticia virgen de pega, que no duraría ni un segundo en un trabajo donde tuviera que demostrar alguna destreza, destroza la educación pública madrileña bajo el sorprendente aplauso de muchos de los que sufren, en la propia carne de sus hijos, el quebranto, la pérdida de los más básicos derechos fundamentales. 

En la comunidad madrileña se entreteje una urdimbre maquiavélica en la que la educación pública queda atrapada; y sin nocturnidad y con alevosía, van libando su jugo hasta secarla. 

El gobierno extremeño debería mirar hacia la comunidad madrileña pero para hacer exactamente lo contrario; es decir, defender, con toda la fuerza de la razón, a la educación pública de sus enemigos, algunos de los cuales militan en sus propias filas. 

En Extremadura se suprimen unidades y se cierran centros públicos, para así proteger los conciertos. Lo que demuestra el nulo compromiso de la consejera con la educación pública y, por ende, manifiesta con rotunda claridad que sus principios ideológicos no son los del partido que representa, porque jamás podrán germinar en el arenoso sustrato de un pensamiento cada vez más alejado de la vocación de servicio público; y que, ahora, tras las afrentas cometidas contra la educación de todos, muestra la verdadera naturaleza ideológica del ser que la habita, la savia deontológica hostil hacia la propia idiosincrasia del partido que la ampara y que le corre por las venas colonizándola por completo.

Es inexplicable que se condene a los alumnos del CEIP Juan XXIII, de Mérida, a la dispersión, a la diáspora, al exilio... Otra solución es posible, pero la consejera no escucha. Ya ha mordido a su presa y cuanto más quieres arrebatársela con más fuerza la muerde y no la soltará fácilmente, salvo que alguien con más poder que ella la detenga. 


Alfredo Aranda Platero

Vicepresidente del Sindicato del Profesorado Extremeño 


sábado, 12 de marzo de 2022

🗞📰 Alfredo Aranda Platero (Vicepresidente de PIDE): "Liquidar a la educación pública"

El día 7 de febrero de 2022 se nos emplazó a las organizaciones sindicales a una reunión virtual informativa que tendría lugar al día siguiente, cuyo orden del día era la «modificación de la plantilla orgánica publicada». No podíamos imaginar que esa modificación suponía la liquidación de un centro educativo público, el ‘Juan XXIII’ de Mérida. Le faltó tiempo al alcalde de Mérida para proponer qué uso deberían tener las instalaciones del CEIP una vez desocupado de sus legítimos inquilinos, planteamiento que a la Consejera de Educación, también con sorprendente rapidez, le pareció una excelente idea. Todo parece formar parte de una hoja de ruta, iniciada hace tiempo, encaminada a cerrar el CEIP Juan XXIII. Lo tenían sentenciado hace tiempo. El día 8 de febrero lo único que hicieron fue comunicarnos la sentencia.
La Consejera de Educación para mayor abundamiento del latrocinio cometido considera que desalojar el centro educativo de sus alumnos es darles una nueva oportunidad. Palabras vacías de contenido y de una suprema miopía social y educativa que le impide ver el grave alcance de sus decisiones, porque lo que está haciendo es alimentar a los centros concertados colindantes para que estos aumenten su matrícula; de hecho, presuntamente, un inspector está sugiriendo a los progenitores que escolaricen a sus alumnos el curso próximo en los centros concertados, no sabemos si esta «presión» la ejerce por iniciativa propia o por mandato divino. Todo un plan estratégico para dar un golpe de gracia a un centro público en beneficio de los centros concertados cercarnos. Nuestra Consejera parece más una infiltrada de Isabel Díaz Ayuso en el gobierno de la Junta de Extremadura, que una verdadera progresista interesada en la protección de la Educación Pública.

"La Consejera debería saber que la Educación Pública es integradora y compensadora de desigualdades y que, además, es verdaderamente gratuita".

La Consejera debería saber que la Educación Pública es integradora y compensadora de desigualdades y que, además, es verdaderamente gratuita, sin las cuotas ‘voluntarias’ de los centros privado-concertados. El CEIP Juan XXIII garantiza la igualdad de oportunidades a unos discentes que están integrados en su centro y con sus docentes, de tal forma que el centro, y así lo reconocen los padres y las madres, es un lugar donde sus hijos aprenden no solo los contenidos curriculares, sino también a ser personas empáticas y socializadas.
La LOMLOE dice que «la educación pública constituye el eje vertebrador del sistema educativo», y que las Administraciones educativas garantizarán el derecho a la educación «mediante una oferta suficiente de plazas públicas». También dice de forma taxativa que «Las Administraciones educativas promoverán un incremento progresivo de puestos escolares en la red de centros de titularidad pública». A la luz de lo que dice la LOMLOE y atendiendo a los posicionamientos ideológicos del partido que representa, la Consejera debería mantener abierto el CEIP Juan XXIII y extinguir los conciertos educativos, claramente incensarios, de los centros privados cercanos. Debería, también, convocar la Comisión Regional para la actualización de la Red de Centros de Extremadura (que no se reúne desde 2014).
No obstante, PIDE le ha propuesto a la Consejera una solución educativa y social. Un nuevo proyecto donde sitúe al CEIP Juan XXIII en el centro del barrio, un lugar donde se concite a toda la comunidad educativa entorno al mismo «sueño»: convertir el centro educativo en lo que la barriada necesita. Un proyecto de Comunidades de Aprendizaje que integre en el centro las enseñanzas de infantil, primaria, 1º y 2º de Secundaria y un Aula de adultos adscrita al CEPA Legión V.
Una solución que ya ha funcionado en Castilla–La Mancha, en el CEIP La Paz de Albacete. Un centro de características similares al CEIP Juan XXIII de Mérida y ubicado en una zona con casuísticas equivalentes. Un centro que pasó de tener 40 alumnos a 250, que se convirtió en el centro neurálgico del barrio y que, además, es ganador de varios premios a su labor educativa.
Veremos qué dice la Consejera de Educación, si es que dice algo, con respecto a la propuesta de PIDE. Atentos.

*Vicepresidente del sindicato PIDE

jueves, 10 de febrero de 2022

Salvemos a la educación pública (Alfredo Aranda Platero)

 La ideología cuando no se cuida, como las baterías que se sulfatan por tener nivel bajo del electrolito, se atrofia. Las facciones ideológicas se van desvaneciendo hasta transmutar la fisonomía del rostro ideológico en una simple careta que detrás no esconde nada; ya, ni siquiera, la faz primigenia. 

No se trata de actuar con embriaguez ideológica, ni, como decía Agustín de Hipona con «la soberbia no es grandeza sino hinchazón; y lo que está hinchado parece grande pero no está sano». Se trata de ser consecuente con la idiosincrasia propia, con la doctrina fundacional, que nos repiten como un mantra y que termina siendo, en realidad, un adorno programático.

En comunidades de gobiernos conservadores, como Madrid, están aboliendo, con rapidez, la educación pública. Y lo hacen abiertamente, sin esconderse. En esta comunidad hay ya más educación concertada que pública, y la pública que queda, en su mayoría, es de gestión privada. El gobierno de Madrid es consecuente con su ideología. Promocionan la educación privada ofreciendo suelo para que construyan centros privados y después los conciertan, así el modelo educativo público se va agotando. No creen en lo público y lo ejecutan, lo decapitan con una afilada guillotina doctrinal y con vocación evangelizadora. 

En comunidades de gobiernos progresistas, como Extremadura, podrían actuar, en lo referente a la educación pública, siendo fiel a su ideología y proteger, por ende, a la educación pública (como Madrid hace con la privada-concertada); pero, sin embargo, no lo hacen. Mantienen conciertos innecesarios a costa de cerrar unidades en centros públicos, o liquidan, directamente, centros públicos completos como, por ejemplo, el CEIP Juan XXIII de Mérida, que cesa su actividad de enseñanza pública para el próximo curso por decisión de la Consejería. 

En Extremadura la red pública puede asumir las necesidades de escolarización de todas las localidades y, por consiguiente, el cese de los conciertos estaría perfectamente justificado. Esta realidad de meridiana claridad podrá no gustarle a muchas personas que quieren mantener los conciertos a toda costa; pero no podrán decir que no es verdad. Lo datos no mienten. 

En Madrid, sin ninguna justificación, se cargan la enseñanza pública construyendo centros privados para concertarlos después; arrinconado, así, a la educación pública. En Extremadura, con los datos de escolarización a favor para cesar los conciertos, los mantienen perjudicando a la educación que es patrimonio de todos: la pública. «Entre todos la mataron y ella sola se murió».

Las dos ideologías parecen aunar esfuerzos para ir socavando la única educación que garantiza la igualdad de oportunidades: la pública. La educación de todos. Que aquellos que llevan como bandera la ideología conservadora quieran destruir lo público es normal, está en su naturaleza; pero que lo hagan aquellos que dicen sostenerse en pilares progresistas, no tiene explicación alguna que no protejan, sin ambages, el bien común de lo púbico. 

La educación pública es igualitaria, democrática, inclusiva y verdaderamente gratuita, sin las cuotas «voluntarias» que se pagan en la escuela concertada (si no las pagas te excluyen de actividades) que según el estudio de CICAE y CEAPA, publicado en octubre de 2021, oscila entre 84 y 202 euros al mes. Al final, las familias terminan pagando. La escuela concertada recibe dinero público y no pueden cobrar nada por sus servicios. Un fraude que la administración conoce y permite.

El sistema de conciertos en la educación se estableció en 1985, bajo las prescripciones de la LODE, para poder dar respuesta a las necesidades de escolarización en aquel momento. Es decir, que los centros concertados escolarizaban el excedente de alumnos que no podía asumir la educación pública; por tanto, lo concertado era subsidiario de lo público. Una vez que la red pública aumentara, los conciertos dejarían de ser necesarios. Pero no fue así. Después de 37 años hay comunidades en las que la educación concertada se está cargando, literalmente, a la pública. Lo que constituye una verdadera anomalía democrática, dado que de no haber existido la dictadura franquista, que sumió en las tinieblas a España durante 40 años, la red pública se hubiera ido ampliando y modernizando para no ser necesario los conciertos que se implantaron a partir de la LODE y, hoy día, dichos conciertos no existirían o serían residuales y solo la educación pública (gratuita) o la privada (pagada por las familias) serían las únicas entre las que se podría elegir, cumpliendo con aquello de la libertad de enseñanza que promulga la Constitución. No olvidemos que la Carta Magna (1978) cuando habla de libertad de enseñanza no se refiere a la concertada, por la simple razón de que cuando se redactó la norma los centros concertados no existían.

¿Y los sindicatos tradicionales qué piensan de este tema? Poco que decir. Protestan como medida de maquillaje, para parecer que les importa; después, siguen a lo suyo y lo dejan pasar. Unos, porque tienen intereses sindicales en la concertada y se ponen de perfil; otros, porque su posicionamiento ideológico les impide pedir el cese inmediato de los conciertos innecesarios. 

PIDE seguirá diciendo, a voz en grito, que en la actual coyuntura los conciertos educativos sobran, no son necesarios, que la pública va primero y que seguiremos luchado por ella hasta el último aliento. 

*Vicepresidente de PIDE


lunes, 10 de enero de 2022

INCIERTO PROCESO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INTERINOS (J.M.CHAPADO y ALFREDO ARANDA, Presidente y Vicepresidente Sindicato PIDE)

Intentar explicar lo inexplicable, no parece tarea sencilla; pues, a todas luces, inexplicable es que las expectativas creadas con el proceso de estabilización del colectivo de interinos docentes queden disipadas, de forma implacable, con la modificación del Real Decreto 276/2007 que regula el sistema de acceso a la función pública docente, cuyo borrador –ya vamos por el tercero– más bien parece una norma encaminada a que desaparezcan las plazas objeto de la polémica para que Europa deje de tocar las vergüenzas a España, que una solución a la precariedad laboral de los funcionarios docentes interinos. Este modelo no es el nuestro, no es el que verdaderamente beneficia a los funcionarios de interinos, el MEyFP lo está imponiendo con la colaboración necesaria de los sindicatos de siempre. Pretenden estabilizar plazas y no personas, cuando debería ser al contrario.

El borrador establece dos vías de acceso (sólo se puede optar por una de ellas): concurso-oposición y concurso. 

  Al concurso-oposición podrá acceder cualquier opositor. La fase de oposición es el 60% de la puntuación final. Se elimina de la primera parte el práctico, pero no de todas las especialidades (aún no sabemos de qué especialidades se elimina) y la segunda parte de la prueba consistirá en la exposición de una unidad didáctica. Los exámenes no son eliminatorios; pero, al menos, hay que obtener un 5 de media para acceder a la fase de concurso (el 40% de la puntuación final).

El concurso de méritos está reservado para los opositores que tengan 5 años, o más, de experiencia docente, aunque jurídicamente deberían ser tres años de antigüedad al estar regulado así por la normativa laboral nacional y la directiva europea incumplida. El máximo del apartado de experiencia será de 10 años, no valorándose el resto de años trabajados. Para esta opción se reservan las plazas estructurales autorizadas por el Ministerio de Hacienda.  

 La “solución” plasmada en este borrador no respeta la Directiva 1999/70, ni las sentencias de 19 de marzo de 2020, ni la de 3 de junio de 2021 del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), por lo que el proceso puede judicializarse con la consiguiente inseguridad jurídica para todos los opositores. No existe ningún informe jurídico, que sepamos, de la abogacía del Estado que respalde el documento.

Según el actual borrador cualquier interino podrá optar por presentarse a cualquier comunidad para conseguir una plaza por la vía del concurso de méritos. Lo que podría provocar que las plazas de Extremadura se las llevaran interinos de otras comunidades que decidiesen presentar méritos en nuestra comunidad para participar en esta forma de acceso. El borrador de la modificación del Real Decreto no da ninguna salida a esta situación, como tampoco aclara qué pasará en el caso de empate entre interinos que concurran al proceso de estabilización. Todos estos aspectos, y muchos otros, quedan en el aire. 

Para muchos interinos, según se infiere de la lectura del texto-borrador del Real Decreto, será más fácil conseguir la plaza si optan por el concurso oposición que si se decantan por la vía del concurso (sin oposición). La mayoría de los interinos extremeños no se beneficiarán de este sistema, como no haya un cambio radical en el documento que finalmente se publique en el BOE que contemple, verdaderamente, la casuística específica de un colectivo al que se lleva hostigando durante años de forma constante tanto por las autoridades educativas como por los sindicatos subvencionados. Con la redacción actual del borrador sólo un 10% de los interinos docentes podrán estabilizar sus puestos de trabajo por la vía del concurso de méritos. En muchas especialidades no tendrán ni siquiera esa opción si no son objeto de convocatoria.

"Lo deseable es que el Ministerio de Educación diseñara un sistema que beneficiara a todos"

Lo que parece claro es que los realmente beneficiados serán los enchufados a dedo en las empresas y fundaciones públicas que serán fijos con este proceso de estabilización al aplicárseles la misma normativa, y no poder optar nadie, salvo ellos, a las plazas que ocupan.

Y toda esta farsa se articula con la aquiescencia de los sindicatos tradicionales, que se limitan a mirar desde lejos y a soltar en los medios, de vez en cuando, espurios argumentos con total impunidad e inmunidad por estar al socaire del monopolio sindical que ejercen por decreto. 

Los que tenemos memoria recordamos que el tripartito sindical traicionó una vez más a los trabajadores, en este caso a los funcionarios interinos docentes, el 29 de marzo de 2017 al firmar un acuerdo para estabilizar plazas, pero no a los interinos que las ocupaban. El 5 de julio de 2021 volvieron a hacer lo mismo, pactando con el exministro de Administraciones Públicas, un «remake» del desastroso acuerdo de 2017 con el mismo fin: estabilizar las plazas pero no a los interinos. 

Lo deseable es que los responsables del Ministerio de Educación hicieran lo correcto diseñando un sistema que beneficie a todos, sin excepción, a lo largo del tiempo, estableciendo un orden de prelación donde la experiencia tenga un peso determinante y el resto de méritos ocupen también un espacio necesario; permitiendo, con ello, estabilizar a los actuales y futuros interinos sin la pérdida de su puesto de trabajo; pero ya sabemos, tristemente, que «Quod natura non dat, Salmantica non præstat» y primarán otros intereses ajenos al bien común.

*Presidente y Vicepresidente de PIDE

jueves, 9 de diciembre de 2021

LA DIGNIDAD ( Alfredo Aranda Platero)

Una directora desolada, tras su dimisión junto con el resto de miembros del equipo directivo por desavenencias con la administración educativa, permanece erguida ante padres, madres y docentes de su centro educativo que, concentrados frente al colegio, le presentan sus respetos en forma de aplausos. Es, para mí, la viva imagen de la dignidad. Ocurrió en una concentración, convocada por la AMPA del CEIP Giner de los Ríos de Mérida, el 26 de noviembre de 2021 a las 8.50 de una fría mañana del pasado mes de noviembre. Y siguen las protestas.  

El “crimen” del que se acusa a la directora es el de luchar, con uñas y dientes, para que el centro cuente con los recursos personales necesarios para atender a la diversidad de sus alumnos. Esa diversidad de la que hacen bandera nuestros dirigentes educativos y que, a la hora de la verdad, queda disipada por la implacable realidad de los hechos.

La administración aceptó su dimisión de manera fulminante, sin dialogar –en el sentido noble de la palabra– con ella y con el resto del equipo para llegar a un punto de encuentro. La autoridad educativa justificó el recorte del profesor de audición y lenguaje por criterios técnicos. Criterios técnicos que, cuando es necesario, no se aplican a la educación concertada para evitar recortes y así autorizar ratios a la carta para la educación privada subvencionada. Todo un alarde de falta de equidad. Aquí vendría al pelo aquello de "Éstos son mis principios, y si no les gustan (a la concertada), tengo otros”. 

 Desde la consejería también se declaró, textualmente, que “Los apoyos educativos del resto de la plantilla no se están utilizando en favor de los alumnos que los pudieran necesitar”, como dando a entender que el centro dispone de los recursos necesarios para atender, y no lo hacen, a los alumnos con necesidades educativas especiales. Lo que supone un ataque gratuito y sin fundamento al buen hacer del centro educativo. Los alumnos con NEE reciben apoyo específico de los docentes de AL o PT y no apoyo ordinario del resto de profesores, que sí ofrecen ese apoyo a los alumnos que no han sido diagnosticados con un tipo de necesidad específica que requiere de la intervención de especialistas.

Con la dimisión el equipo directivo asume un perjuicio propio en favor del centro y de los alumnos. A eso se le llama tener honestidad, tener principios…; en una palabra, tener dignidad. Así se vive mejor, con la conciencia limpia. Por eso los aplausos y los vítores que recibió la directora dimitida como homenaje de la comunidad educativa del centro. 

 Parece que los rebeldes, los inconformistas, los críticos…, que se enfrentan y que exponen públicamente, si es necesario, sus discrepancias con las decisiones del poder establecido son purgados como enemigos desleales, en vez de ser considerados defensores de los derechos de los ciudadanos y, por tanto, respetados y escuchados. En el caso que nos ocupa, se defendía el derecho que tienen los alumnos con especiales necesidades de disponer de los apoyos indispensables para compensar sus problemas.

Todo muy poco edificante, por mucho que estemos acostumbrados ya a las decisiones sumarias de la administración (gestionada por cualquier color político, da igual) que, en un alarde de demostrar quién manda, atesora en sus anales todo un catálogo de desafueros. 

 También podríamos hablar de expedientes abiertos a docentes con acusaciones vagas por enfrentarse a quien no debe o aquellos menospreciados y ninguneados por protestar por la “expropiación” de parte del patio del recreo de su centro para hacer una sala de musculación. Casos se acumulan, con el paso de los años, en cantidades enciclopédicas. Todo queda, siempre, en el barbecho baldío del ninguneo a las reivindicaciones. Todo cae en el pozo sin fondo del olvido en el que se pierden solicitudes, demandas, reclamaciones y derechos. Aquello de la justicia social, de que el ciudadano de a pie cuenta, se ha convertido ya en una fabulación infantil, en una absurda quimera que queda disipada por la promiscuidad política que desmitifica, sin posibilidad de redención, aquella mentira de que la democracia es un “Sistema político en el cual la soberanía reside en el pueblo, que la ejerce directamente o por medio de representantes”. Pero esto será materia para otra reflexión. 

 Espero que no haya ninguna lista negra de insurrectos, inconformistas e indóciles, pero no me extrañaría dada la deriva de arbitrariedad opresiva e intransigente en la que está cayendo la política con frecuencia, que bien pudiera haber servido de inspiración a Eric Arthur Blair (George Orwell) para alguna de sus novelas distópicas. De existir dicha lista yo estaría en ella, sin duda, y me comprometo a seguir haciendo méritos para escalar hacia los primeros puestos.

*Vicepresidente de PIDE

miércoles, 10 de noviembre de 2021

MATAR A LA FILOSOFÍA (Alfredo Aranda Platero)

La filosofía debería ser una asignatura obligatoria desde la educación primaria; pero, sin embargo, la LOMLOE la confina solo al bachillerato, quitándola de la educación secundaria. El actual ejecutivo parecía demostrar cierta sensibilidad con respecto a esta disciplina; no obstante, al final (no sabemos con qué propósito) ha decidido limitarla, incumpliendo con ello el acuerdo al que llegó la Comisión de Educación del Congreso en 2018 de mantener en la ESO, al menos, la ética.

                                                                                                                            

La filosofía desarrolla el pensamiento crítico, la reflexión sin diques; es como el eslabón que conecta todos los saberes y que ofrece, además, al alumno una mirada propia sobre los posicionamientos éticos y morales que dimanan del conocimiento humano más puro, lo que no parece ser del gusto de los poderes fácticos que deciden cómo tenemos que vivir y qué tenemos que pensar.

 

El desarrollo del pensamiento crítico evita que la ignorancia, que abre la puerta a la manipulación de aquellos que ostentan el poder económico, político –en todas sus vertientes ideológicas–, social, informativo... no se extienda, como un virus en una guardería, por la mente de nuestros jóvenes estudiantes para que estos puedan tener herramientas que los protejan con solidez de la contaminación de la mentira, del engaño, del odio…, que campan a sus anchas por todas las esquinas y que están contaminando a la sociedad hasta la náusea, para regocijo de perversos personajes deseosos de mentes solubles que transijan fácilmente con las imposiciones y asuman, sin resistencia, la realidad que les ofrecen, por muy siniestra e injusta que esta sea.

 

Todas las asignaturas del ámbito de las humanidades y del entorno científico son de una necesidad incuestionable y deberían tener presencia suficiente en los horarios de todas las etapas, sin olvidarnos, por supuesto, de las enseñanzas artísticas en sus diferentes expresiones y de la educación física, tan necesarias para la formación integral del alumno. Lo que sobra, claramente, es la «asignatura» de religión, que debería desaparecer de los centros educativos y ubicarse en centros parroquiales o edificios consagrados (España es un país aconfesional y, por tanto, la libertad de culto hay que ejercerla en el ámbito privado). El espacio que la religión ocupa en el horario debería ser destinado a la filosofía.

 

Creo que hasta aquí estaremos todos de acuerdo o, al menos, la mayoría. Lo que es del todo incomprensible es la razón por la que aquellos que tienen en su mano dotar de sensatez a los horarios docentes, prefieran seguir fustigando a determinadas asignaturas en favor de la enseñanza de catecismos, credos y evangelios, como si instruir a los alumnos en las prescripciones religiosas fuera una obligación de las aulas en una sociedad aconfesional.

 

El conocimiento filosófico y la práctica artística constituyen un potentísimo binomio amplificador de las capacidades intelectuales, que incide de forma determinante en el éxito de todas las asignaturas y, por tanto, de una formación sólida de los alumnos. Los pedagogos que asesoran al Ministerio de Educación (da igual la ideología de turno que ocupe sus despachos) no parecen conocer esta realidad y no es de extrañar porque muchos ellos ya han demostrado, sobradamente, su inutilidad y desconocimiento para entender la importancia de las materias científicas y humanistas, así como la realidad de las aulas. Es, precisamente, una formación integral y activa lo que llevará al alumno no solo al aprendizaje de contenidos, sino también al conocimiento de sí mismo para desenvolverse con autonomía y espíritu crítico. Un alumno así formado será un adulto con poder sobre sí mismo, poco amigo de servidumbres y obediencias.

 

Alfredo  Aranda Platero

Vicepresidente de PIDE

 

lunes, 25 de octubre de 2021

LA BUROCRACIA APLASTA A LOS DOCENTES (Alfredo Aranda Platero)


La deriva burocrática en la que ha caído la educación, como si de una trampa se tratase, se ha convertido en un problema que amenaza con ser irresoluble, dada la obstinación de los poderes educativos en convertir a los docentes en oficinistas y administrativos que rumien datos para obtener estadísticas que presentar a la administración para que esta pueda demostrar, sacando pecho, lo bien que va todo a través de gráficas, diagrama de barras, gráficos de sectores o pictogramas molones.

Cada paso que un docente da tiene que estar ilustrado con informes y actas; lo que, al final, hará que muchos docentes aborrezcan su trabajo al no poder realizarlo sin el entramado burocrático en el que están enredados, y, así, la desmotivación se convertirá en un virus que anide y destruya la resistencia de la vocación docente, por muy fuerte que esta sea.

En el proceso de enseñanza-aprendizaje la burocracia es algo inútil, que no aporta nada a la capacidad de un docente de transmitir conocimientos y valores; más bien al contrario, lo que conlleva es una pérdida de tiempo que perjudica a la actividad docente, así como el desaliento que produce la impotencia de estar sujetos, encadenados, a labores superfluas que la administración fiscaliza, inspecciona, con mano de hierro como si de ello dependiera el éxito educativo.

Que la importante e insustituible labor de enseñar, se vea minada y estrangulada por tediosas tareas administrativas constituye una de las agresiones más dañinas que se le puede hacer al sistema educativo, dado que los docentes necesitan tiempo para reflexionar, buscar estrategias educativas, analizar situaciones para establecer mejoras en su actividad profesional, etc. Todas estas necesidades han sido abolidas, invalidadas, prácticamente prohibidas por quien prefiere que los docentes dediquen interminables horas a rellenar todo tipo de documentos que, al final, solo son una imposición jerárquica y coercitiva que alimenta únicamente las estadísticas para almacenar en la nube. 

 Se necesita, con urgencia, un cambio de modelo que garantice que los docentes se dediquen a la docencia como función principal, y que las tareas administrativas las realicen personal contratado a tal efecto. La consejera debe de dejar de mirar a los centros con prismáticos, desde sus reales aposentos, y acercarse a la realidad de las aulas, así advertiría que el exceso de normas, trámites y papeleos dificulta la relación de los docentes con los alumnos, con sus compañeros, con los progenitores y, por tanto, perjudica seriamente la salud del sistema educativo.

Es prioritario abordar este asunto a la mayor brevedad posible. La Consejería de Educación debe convocar la mesa de negociación donde estamos representados los sindicatos del sector educativo para iniciar un análisis pormenorizado de la situación en la que están los centros y buscar las soluciones para terminar, de una vez por todas, con la burocracia agresiva que se ha instalado en los centros y que ya podemos considerar como endémica.

Podemos acabar con esta pandemia del burocratismo improductivo analizando las razones por las que el sistema ha caído en el pozo de la burocracia y ha alcanzado dimensiones inabarcables, desproporcionadas y aterradoras que aliena al docente al encontrarse este dentro de una maquinaria que le arrastra hacia un sinsentido de gestiones, proceso y tramitaciones.

Analizar las causas políticas, económicas o de otra índole que han favorecido este crecimiento brutal de los quehaceres burocráticos y cómo minimizar su impacto en el docente, podría ser un buen inicio, si la administración educativa estuviera por la labor, para encontrar una solución que se me antoja necesaria y urgente. 

* Alfredo Aranda Platero (Vicepresidente Sindicato PIDE)

martes, 19 de octubre de 2021

LA BUROCRATIZACIÓN DE LA ENSEÑANZA (Alfredo Aranda Platero)

Siempre pensé que una educación libre de burocracia y centrada en la docencia era posible; pero no, es solo una quimera, una ilusión frustrada, porque la realidad es otra bien distinta. Es la burocracia la que todo lo emponzoña: el papeleo, los trámites, las normas, actas, planes, formularios, proyectos y un kilométrico etcétera sepultan a los docentes y los aleja de su primigenia labor.  

El proceso de enseñanza-aprendizaje tiene un poderoso y enrevesado enemigo: la burocracia. Piensan las autoridades educativas que este tedioso trabajo, meramente administrativo, que realizan los docentes es necesario para establecer un control sobre el funcionamiento de los centros, pero lo que consiguen es que la acción educativa pierda calidad. Nuestros gestores educativos prefieren, inexplicablemente, que los docentes dediquen más tiempo a papeleos abrumadores que a sus alumnos; lo que supone una grave irresponsabilidad por su parte, dado que están desnaturalizando la labor docente.  

 Me decía, no hace mucho tiempo, una directora de un colegio que la inspección la presionaba para que pusiera en funcionamiento el programa «aula del futuro» y que tenía bastante jodido el presente como para ahora pensar en aulas del futuro, que no daba abasto con más planes y programas, que vivía en una perenne angustia por todo el entramado burocrático en el que estaba atrapada. 

La gota que colma el vaso es el plan de igualdad, que mantiene a los equipos directivos con el agua al cuello. Al margen de que la necesidad de dicho plan esté justificada, la carga de trabajo ímprobo que conlleva y la presión que se está ejerciendo a los centros, desde Jefatura de Servicio de Innovación y Formación del Profesorado, para su desarrollo está provocando un profundo rechazo que bien pudiera desembocar en una negativa de los centros a desarrollar este y a otros planes. 

La consejería de educación, alejada de la realidad, asedia con todo tipo de tareas no docentes a los profesores que, sin tiempo y sin reconocimiento, están cada vez más cansados y hartos de la situación insostenible en la que sobreviven.  

 Muchas de estas labores no docentes los profesores las realizan fuera de su jornada laboral, lo que además de ser un abuso les quita tiempo para centrarse en lo que verdaderamente importa: la docencia directa con los alumnos y la búsqueda y adaptación de estrategias educativas para favorecer el aprendizaje.  

 Las autoridades educativas demuestran una peligrosa ignorancia y una tozudez que se me antoja incurable por su persistencia, que hace que la incertidumbre más turbadora se cierna sobre el futuro de la educación. 

Es imprescindible contratar al personal necesario de Administración y Servicios en todos los centros educativos. Hay muchas tareas administrativas y burocráticas que las podrían realizar dicho personal para descargar de ese trabajo a los docentes, cuya principal labor debería ser la enseñanza. 

Ya de por sí el trabajo de los docentes es denso, como para cargarles con más tareas, pues no solo transmiten conocimiento, sino también valores necesarios para logar ciudadanos respetuosos y con espíritu crítico. Para lleva a cabo su labor tienen que programar y establecer estrategias, así como evaluar el proceso de enseñanza-aprendizaje, atendiendo a las características individuales de cada alumno.  

 Los docentes están al albur de los vaivenes normativos y del empecinamiento de las autoridades educativas de implementar todo tipo de experimentos, planes y proyectos, sin dotar a los centros de mecanismos para poder afrontar la carga burocrática que conllevan. Trabajar en este ambiente de estrés socava la motivación necesaria para que un docente desarrolle su labor con la eficiencia adecuada. Si a esta turbadora realidad le sumamos la presión que ejerce la inspección educativa para que se cumplan con los plazos estrictos y normalmente cortos, en la entrega todo tipo de documentos, los docentes se sienten asfixiados. Toda esta rigidez administrativa, todas estas formalidades superfluas y todos estos trámites laboriosos lo que demuestra es que estamos antes una administración deshumanizada que desconoce la realidad de los centros y que pone a la labor docente ante el abismo. 

*Vicepresidente del sindicato de enseñanza PIDE

lunes, 13 de septiembre de 2021

DOBLE TRAICIÓN A LOS FUNCIONARIOS DOCENTES INTERINOS por Alfredo Aranda (Vicepresidente Sindicato PIDE)

 11 de septiembre de 2021

 La reducción de la temporalidad en el empleo público tiene difícil encaje en la Educación porque los interinos suelen ocupar distintas plazas cada curso y, en cualquier caso, no la misma plaza durante tanto años.

 El 5 de julio de 2021 los sindicatos tradicionales pactaron con el ministro Miguel Iceta un acuerdo para reducir la temporalidad en las administraciones públicas. Los interinos calificaron ese acuerdo como“icetazo”. Sin embargo, yo lo llamo la “doble traición” porque el 29 de marzo de 2017 los sindicatos tradicionales y el Gobierno de aquel entonces, hicieron lo mismo que ahora, firmaron un acuerdo para la mejora del empleo público, por el que pretendían estabilizar las plazas docentes pero no a los interinos que las ocupaban. Un verdadero ERE encubierto patrocinado por los sindicatos UGT, CCOO y CSIF que, en realidad, nada tiene que ver con una cuestión ideológica porque la primera traición la negociación con el gobierno del PP y la segunda con el del PSOE.

Iceta, tras perpetrar el latrocinio contra los funcionarios interinos, deja el Ministerio de Administraciones Públicas y se pasa al de Cultura y Deporte (bien pudiera parecer que fue nombrado solo para amortizar a los funcionarios interinos y poner, después, pies en polvorosa); ahora, el tripartito sindical, ya ducho en traiciones,y con el camino expedito, se encargará de disolver los rescoldos que puedan quedar de tamaña traición. 

 

¿Por qué el tripartito sindical actúa de forma contraria a los intereses, en este caso, de los funcionarios interinos, particularmente de los docentes? El origen está en el acuerdo de 1982, por el que las organizaciones sindicales tradicionales empezaron a recibir subvenciones millonarias a cargo de los presupuestos generales del Estado y la cesión de cientos de cursos de formación.Ese es el instante en que el tripartito sindical se convirtió en colaborador necesario, y bien pagado, del Estado para este pueda utilizarlos, cuando los necesite, como coartada para “icetazos” o traiciones de índole diversa.

Un sindicato libre, ajenos a extrañas presiones y no subvencionado no se hubiera prestados a la felonía, al engaño, a la infamia, a la vileza y, en fin, a la conjura para poner en peligro el trabajo, el sustento de miles de personas y, además, intentar, sin éxito, hacerlo pasar por un buen acuerdo. 

 

El Real Decreto-ley 14/2021, de 6 de julio, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público, con el que, ahora, intentan cumplir con las Unión Europea y bajar la temporalidad en la Administración, es una normativa que tiene difícil encaje en educación. Una de sus medidas básicas es que los funcionarios que lleven ocupando la misma plaza estructural durante 10 años, podrían pasar directamente al concurso de méritos, pero, en educación, esa condición no se da (o, al menos, difícilmente), en la medida de que los interinos suelen ocupar distintas plazas cada curso y, en cualquier caso, no la misma plaza durante tanto años.

Es una entelequia, una quimera, un engaño más a sumar a tantos otros. El tripartito sindical hará lo que el gobierno quiera, firmarán lo que les pongan por delante, aceptarán cualquier solución y, después, la venderán como un logro sindical. 

PIDE, a través de la Federación de Independiente de Docentes, tiene solicitada una reunión de trabajo para negociar con el MECD y para explicarles que educación necesita su propio proceso de consolidación de empleo, adaptada a su realidad y sin olvidarse de los interinos.  


 

viernes, 10 de septiembre de 2021

NUEVO CURSO ESCOLAR BAJO PANDEMIA por Alfredo Aranda Platero (Vicepresidente Sindicato PIDE)

 El nuevo curso escolar empieza como terminó el anterior: con mascarilla, distancia de seguridad y ventilación en las aulas; porque, como sabemos, el coronavirus persiste (ya se habla, incluso, de la sexta ola), y, de momento, no parece dispuesto a aceptar su derrota. La comunidad científica ha desentrañado su naturaleza e intentado aniquilarlo, con bastante éxito de momento, con vacunas que lo han parado; sin embargo, el virus muta, se adapta y se defiende y puede lanzar de nuevo su holocausto. Por eso es necesario mantener las medidas de seguridad y no relajarse, pues bien pudiera parecer, en ocasiones, que estamos ante un ente pandémico organizado con consciencia y capacidad de discernimiento, mucha más, por cierto, que todos aquellos inconscientes que por edad o por inmadurez, o por cualquier otra razón indefendible, viven la vida loca buscando fiestas multitudinarias donde ser libres. 

 

En este contexto epidémico que, aunque controlado, permanece las autoridades educativas no pueden bajar la guardia. La máxima presencialidad en las aulas, aunque estimo que necesaria siempre que no suponga riesgo, puede ser una nueva oportunidad que se le presenta al virus para recuperar el terreno perdido, por eso no hay que darle tregua y mantener la alerta constante. 

Thank you for watching

Creo, firmemente, que con las vacunas y las medidas de seguridad el virus terminará replegándose por completo y escondiéndose en algún agujero a la espera de momentos más propicios para volver a las andadas.

La Consejería de Educación debe ser implacable a la hora de enfrentarse a un enemigo que aún no ha sido derrotado e implementar todas las medidas preventivas posibles. Unas de las medidas necesarias sería el mantenimiento de la plantilla docente, al menos, en el mismo número que el curso pasado; sin embargo, tendremos unos 150 profesores menos, lo que no parece una decisión acertada.  

 

Es de justicia destacar el valor de los docentes que han trabajado tan duramente durante la pandemia, con teletrabajo cuando ha sido necesario, desde el aula cuando así se les ha exigido, multiplicándose siempre para llegar a los objetivos marcados. Ha quedado clara, nívea, la importancia de los docentes en cualquier situación, y durante la covid han demostrado, con mayor fuerza, su valía. Sería el momento de que el reconocimiento de la labor docente no se quedara solo en buenas palabras por parte de la Consejera, sino que se diera el paso de establecer mejoras necesarias, largamente reivindicadas, en las condiciones laborales de los docentes.

Un real reconocimiento sería el mejor homenaje. Espero que la consejera esté al nivel de los docentes.

*Vicepresidente del sindicato PIDE

martes, 8 de junio de 2021

EDUCACIÓN PÚBLICA, PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD (Alfredo Aranda Platero)

Educación pública, patrimonio de la humanidad

 


La UNESCO (organismo especializado de la ONU en educación, ciencia y cultura) cataloga la educación pública como fundamento del estado de derecho. La describe como “un bien mundial que debe protegerse para evitar una catástrofe generacional” y considera que la educación debe ser “un bien público y una responsabilidad colectiva”.

En Europa la educación concertada prácticamente no existe y la privada es residual. En España, voy a ser muy gráfico, la educación concertada existe porque existió una dictadura que duró cuarenta añosque dio un golpe letal a la evolución social y económica del país, sumiéndolo en un estado catatónico involutivo que frenó, en seco, la transformación que toda sociedad necesita para ir acorde con los tiempos. 

 En lo tocante a la educación la dictadura fue también catastrófica; el sistema educativo se transformó en autoritario, doctrinal, sexista, ultracatólico, reaccionario y cerrado. Durante el franquismo la red de escuelas era muy pobre y no se construían colegios suficientes para poder escolarizar a todos los niños. Una vez que se pudo desenterrar la democracia y arrebatársela de las garras de la tiranía de la dictadura, nos encontramos con un país roto, atrasado, con deficiencias severas en todos los sectores. Cuando salimos de esas tinieblas, ya con la democracia recuperada, la demanda de escolarización aumentó de forma extraordinaria (periodo 1977-1985) y no podía ser asumida por la insuficiente red de escuelas que existía en ese momento, y se decidió concertar unidades con la escuela privada (a partir de 1985 se extendieron los conciertos) mientras se construían los centros públicos necesarios que no se edificaron durante la dictadura franquista; pero, al final, lo que nació como una solución transitoria se ha convertido en un problema que, parece, nadie se atreve a abordar.  

 De no haber existido la dictadura la red pública de centros hubiera seguido avanzando y adaptándose a la demanda de cada momento, por lo que no hubiera sido necesario concertar unidades con la educación privada y hoy día los conciertos educativos no existirían o serían anecdóticos, como en el resto de Europa.

Siempre que tienen ocasión, los representantes sindicales de la privada-concertada, afean a PIDE su lucha a favor de la educación pública; en sus prédicas, siempre con un tufo de beatífico resplandor, la debilidad argumental de sus postulados suele ser lo más destacable.  

 Los fervorosos defensores de la educación concertada sostienen que no solo la educación pública garantiza la igualdad de oportunidades; pero, como siempre, la realidad es tozuda y es un hecho incontrovertible que la educación pública es la única que llega a todos los rincones, mientras que la privada-concertada se establece solo en núcleos urbanos grandes, donde hay negocio. La diferencia abismal entre pública y privada-concertada, reside en que la pública tiene alumnos y la concertada, clientes. Y no pueden evitarlo, pues quien ve la educación como un negocio la trata como tal.  

 Una falacia más, producto de la ignorancia, es acusarnos de pretender el despido de los docentes de la concertada. Es evidente que desconocen las propuestas del Sindicato del Profesorado Extremeño, PIDE. Resumo una brevemente, con la íntima esperanza de que los partidarios de la privada-concertada la entiendan: PIDE presentó en la Asamblea de Extremadura una propuesta de impulso que pretendía que los colegios concertados se vayan convirtiendo en públicos (sin despedir a nadie) cubriendo las plazas de jubilación, u otras que se produjeran, por funcionarios de la pública. En determinado periodo de años se solucionaría el problema sin despedir a nadie: la educación concertada se transformaría en educación pública (en un determinado periodo  dichos centros pasarían a titularidad pública). Lo centros concertados que no quieran esta transformación, pasarían a ser exclusivamente privados sosteniéndose exclusivamente con la cuota de los padres.   

 Esta propuesta de PIDE es muy garantista y no habría despidos, por lo que los docentes de la concertada estarían encantados; pero, claro, el sindicato que defiende este señor se quedaría si nada que representar y, por tanto, sin ser necesario.

Las ocurrencias no terminan ahí, dado que sin pudor alguno, los sindicalistas devotos de los conciertos, piden que homologuen las condiciones laborales y salariales de la enseñanza privada-concertada con la Enseñanza Pública. Y añade que: “A igual trabajo, igual salario”. Pero se olvidan, claro, de pedir también la igualdad en la forma de acceso al puesto de trabajo, que en la educación pública respeta los principios de igualdad, mérito y capacidad, y en la educación concertada respeta el principio predemocráctico del enchufe. 

 Es muy difícil recomponer una estructura educativa donde lo público sea lo primero y lo concertado, de ser estrictamente necesario, subsidiario. Y es difícil porque el gobierno de turno, este y el anterior, parecen desconocer, realmente, la importancia de lo público; tal es el peso del residuo tóxico de la contaminación que dejan aquellos que quieren mercantilizar la educación y convertirla en algo con lo que ganar dinero. Es desolador ver, cómo hasta los partidos políticos cuyos principios ideológicos, en teoría, están por la defensa de lo público, se arrodillan, sumisos y obedientes, ante los lobbies que quieren convertir la educación en un negocio.