El Gobierno del Estado y varias organizaciones sindicales firmaron, el 29 de marzo de 2017 (BOE 26 de marzo de 2018), el «acuerdo para la mejora del empleo público». Un pacto por el cual se van a estabilizar plazas docentes pero no a los interinos que las ocupan. Aquellos que consigan la plaza lo harán a través de la oposición «pura y dura»; estando sometidos, de este modo, a la subjetividad del proceso y a todas las circunstancias azarosas que sobradamente conocen los interinos.
Cualquier acuerdo de estabilización de empleo, por lógica, tiene que ir acompañado de un sistema para poder llevarlo a cabo: un sistema transitorio de funcionarización; porque dejar esta decisión al albur del gobierno de turno es como jugar a la ruleta rusa en cabeza ajena. De hecho tenemos ya el problema servido: el gobierno se niega a llevar a cabo una transitoria pues nada le obliga, nada han firmado al respecto; lo que han firmado ha sido otra cosa bien distinta.
Desde PIDE promovimos un oferta de empleo que fuera acompañada de un proceso transitorio para estabilizar a los interinos. Así se lo argumentamos a los responsables del MECD y de los partidos políticos, cuando nos reunimos con ellos junto con la FID (Federación Independiente de Docentes). Les dijimos que era prioritario estabilizar a los interinos a través de un sistema de oposición que además de contemplar el aumento del peso de la fase de concurso en la nota final, tuviera, necesariamente, exámenes no eliminatorios. Un sistema de acceso que fuese sensible con los docentes interinos y estudiar la posibilidad, incluso, de un concurso de méritos para no dejar en la calle a ningún interino. Posibilidad que contempla el Estatuto Básico del Empleado Público en su artículo 61.6 cuando dice: «Sólo en virtud de ley podrá aplicarse, con carácter excepcional, el sistema de concurso que consistirá únicamente en la valoración de méritos».
La oferta de empleo es amplia en todas las comunidades; por tanto –es obvio– muchos interinos obtendrán la plaza; pero muchos otros no la conseguirán porque se quedarán enredados en lo subjetivo y azaroso del proceso, y no llegarán al concurso donde poner en valor todo su bagaje de experiencia y formación. Los que se queden en el camino verán sus posibilidades de trabajo muy disminuidas, pues la necesidad de interinos para el próximo curso bajará drásticamente. Podemos decir, sin temor a equivocarnos, que las próximas oposiciones serán un ERE encubierto cuyo alcance no sabremos hasta que pasen las oposiciones y podamos cuantificar el número de interinos que consigue la plaza, los que tienen la suerte de seguir trabajando al curso que viene en régimen de interinidad y los que se quedan, finalmente, en la calle.
Una vez que la oportunidad se ha perdido, una vez que la transitoria ha sido negada, queda pensar el futuro. El acuerdo firmado, sin transitoria, tiene un horizonte temporal de 3 años tras el cual es prioritario establecer medidas, esta vez sin escusas, para facilitar el acceso al funcionariado a los interinos que no lo hayan conseguido hasta entonces. En el contexto de la nueva Ley de Educación que se negociará, es determinante introducir una disposición transitoria, en el Real Decreto de acceso a la función pública docente, que establezca un proceso real de consolidación de empleo para aquellos interinos que no lo hayan conseguido en convocatorias precedentes y que dicho proceso de consolidación, añado, se convierta en ordinario para los procesos selectivos subsiguientes.
Por una parte, quieren poner en marcha un MIR docente (una majadería a todas luces) para que los aspirantes a profesor titular adquieran experiencia y, por otra, dilapidan la experiencia real y viva que tienen los interinos. Una incongruencia que no tiene explicación posible. En educación ya tenemos nuestro propio MIR y se llama interinidad, donde se aprende a ser docente fajándose en el día del aula; desconocer esta realidad demuestra el poco interés que tienen los políticos en todo lo que atañe al sistema educativo.
Lo congruente, lo lógico –el orden natural, digamos– es que los interinos, que ya conocen el quehacer docente, pasen a ser funcionarios de carrera. Y el gobierno, que debe velar por el bienestar de los trabajadores y la salud del sistema educativo, tiene la obligación de facilitar la funcionarización del colectivo de interinos.
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