"La sombra de la Iglesia es alargada", por Alfredo Aranda (vicepresidente del Sindicato PIDE). Publicado en El Periódico Extremadura

Miércoles, 16 de noviembre de 2016. Día frío y nublado. La Agencia Nacional de Meteorología predice que no va a llover, pese a que se avecina una gran tormenta en determinados puntos de la región.

IES ubicado en una zona rural. 8:30 de la mañana. Clase: 4º de ESO. Materia: Biología y Geología. Número de alumnos: 32.  Actividad: “El origen de la vida: la evolución de las especies (Darwin)”. Grado de dificultad: medio-alto. Grado de adoctrinamiento: cero. El profesor considera que es un grave perjuicio para los alumnos no poder desdoblar el grupo.

9:30 de la mañana. Clase: 4º de ESO. Materia: Religión. Número de alumnos: 15. Actividad: “El creacionismo: Adán y Eva, los primeros pobladores”. Grado de dificultad: ínfimo, no tiene. Grado de adoctrinamiento: colosal. Grado de contradicción con la materia anterior: gigantesco.  El profesor considera que es una gran ventaja impartir doctrina a un grupo reducido de alumnos.

¿Por qué la “asignatura” de religión va a gozar del privilegio de una ratio reducida, aunque sea en determinados centros, cuando las asignaturas científicas no tienen la misma consideración? Una de dos, o la Consejería de Educación se ha vuelto loca, o ha sucumbido a las presiones del poder eclesiástico; prefiero la primera opción, porque la segunda nos lleva a un escenario de sumisión del Gobierno de Extremadura ante el “lobby” religioso.  

El privilegio que recibe la asignatura de Religión, cuyas clases podrán tener 15 alumnos o menos cuando sea necesario, es un agravio comparativo con el resto de especialidades, muchas de las cuales han perdido también horas y no se les ha compensado de ninguna manera. Hemos pasado del debate sobre si la religión debe salir de las aulas, a otorgarle el privilegio de la reducción de ratio. Por desgracia la involución es uno de los males del sistema educativo, llevamos siete leyes de educación en 35 años y estamos, prácticamente, en la misma casilla de salida en cuanto a aspectos fundamentales.

La Consejería de Educación ha torcido, y retorcido, la realidad hasta hacerla coincidir con los intereses de la iglesia sin pillarse los dedos, pasando de la primera propuesta que era ilegal (la de compensar su horario con horas ajenas), a la segunda (la del desdoble) que es alegal y, por tanto, difícilmente recurrible por vía judicial. Los intereses espurios de grupos de presión consiguen, nuevamente, doblegar al Gobierno de Extremadura y teledirigirlo hacia decisiones que insultan a todos los docentes que han conseguido su plaza en dura competencia bajo los principios de igualdad, mérito y capacidad.

Los agrupamientos especiales (ratio baja) se hacen buscando la calidad de enseñanza en asignaturas que lo necesitan por su especial dificultad. Pero en el caso de la enseñanza religiosa no se aplica este criterio, se pretende utilizar este tipo de agrupamientos de forma ilegítima, no para conseguir una mejora en la calidad de enseñanza, sino para contentar a la curia episcopal extremeña.

La excusa que la Administración educativa da para no disminuir la ratio implementando y extendiendo los desdobles en asignaturas científicas, es siempre presupuestaria. Pero en el caso de Religión no han tenido empacho alguno en desdoblar los grupos de alumnos en determinados centros como prueba clara del sometimiento del Gobierno de Extremadura, teóricamente de izquierdas, a las presiones religiosas. Una triste realidad que demuestra poco carácter ideológico y mucha debilidad programática por parte del ejecutivo extremeño.

Decía José Luis Sampedro que “es más libre un librepensador dentro de un calabozo, que el guardia que lo custodia…”. El guardia cumple órdenes, el librepensador no. ¿Cumple órdenes el Gobierno de Extremadura plegándose a los intereses de la iglesia? ¿Cuándo tendremos un gobierno de librepensadores?

Tan poca altura de miras provoca que no avancemos, que estemos estancados en la mediocridad más palmaria. Todas las facilidades para que los niños aprendan a rezar, pero pocas para que aprendan matemáticas, lengua, filosofía… Los responsables de ejecutivo extremeño deberían hacer una profunda reflexión y poner por delante los intereses de la escuela pública por encima de las pretensiones sectarias del poder eclesiástico.

La raíz del problema reside en el concordato con la Santa Sede (1953) y la posterior reforma del mismo en 1979. Dicho acuerdo, además de vulnerar la separación de poder entre la Iglesia y el Estado, fue anterior a la aprobación de la Constitución por lo que todo apunta a su inconstitucionalidad.

Un privilegio vitalicio que se le otorgó a la Iglesia Católica, y que nació del nacionalcatolicismo que vertebraba todos los aspectos de la vida, en la época más oscura que España padeció durante 40 años, y que aún persiste en el ADN de muchos políticos y “lobbys” religiosos nostálgicos que se resisten a despojarse de los últimos rescoldos del pasado.

Alfredo Aranda

DesConcertados. Por Alfredo Aranda, vicepresidente de Pide, publicado en el Diario Hoy

«Se comunica a todos los padres y madres que el nuevo uniforme escolar se podrá adquirir, única y exclusivamente, en el centro educativo. Pueden informarse en la secretaría del centro».

¿Los centros educativos que veden uniformes lo hacen al precio de coste, para así demostrar, con su ejemplo, la infinita bondad de su ideario religioso, de su darse a los demás? Me temo que no, que de esa partida textil se embolsarán un buen pellizco, cosa que se aseguran obligando a los padres a adquirir los uniformes en el centro o, en otros casos, que de todo hay, haciendo convenios, por ejemplo, con el Corte Inglés, cuando hablamos de centros gestionados por congregaciones religiosas de carácter nacional.

Según la OCU, el 91% de las escuelas concertadas obliga al pago de cuotas. Los centros concertados reciben subvenciones de dinero público para pagar los salarios de los docentes, para los gastos de mantenimiento, de personal de administración y servicio, de monitores de AFC; por tanto, si un centro concertado le saca un euro a un alumno está incumpliendo la ley, donde queda claro que los centros privados concertados deben ser gratuitos para los padres. Sin embargo, estos centros sacan tajada de la venta de uniformes escolares, de material deportivo (chándales principalmente), de material escolar, de aportaciones a fundaciones o asociaciones, de actividades extraescolares, de servicios complementarios. y, claro, también de las donaciones 'libres' que muchos padres se ven forzados a hacer por aquello de no quedar en evidencia. La media anual de estos cobros alcanza la cuantía, según la OCU, de 500 euros. En algunos casos esta cantidad se duplica y, por tanto, en otros se reduce.

El estudio de la OCU también estimó que el coste anual de un centro concertado es de 3.700 euros y el de uno público 2.180, es decir, un 70% más caro el concertado. Pese a que la Administración, torciendo la realidad, siempre dice lo contrario o lo insinúa.

Reciben dinero público pero su mentalidad sigue siendo privada y sus objetivos pasan siempre por la recaudación y la evangelización. Los centros concertados, me refiero a los religiosos -la mayor parte-, tienen lo que llaman «plan de acción pastoral» o, simplemente, «pastoral», donde se presentan como «centros evangelizadores» cuyo objetivo principal transita por los caminos de la fe. Ríete tú de la asignatura de Educación para la Ciudadanía.

No podemos olvidar que la educación privada es un negocio y, como tal, es perfectamente legal. Pero el ciudadano que quiera una educación privada debe asumir su coste y el que quiera una educación pública la tiene gratis; para eso se pagan impuestos. Un Estado tiene que defender los servicios públicos por encima de todo y si no lo hace está perjudicando, seriamente, las estructuras básicas del país. El mismo criterio para concertar un centro privado podría establecerse para concertar un supermercado. Si un carnicero abre un supermercado en una barriada o en un pueblo cuyos habitantes no disponen de este servicio y pidiera que se lo concertaran ¿sería posible? Me temo que no, ¿verdad? Pese a que comer es una necesidad del ciudadano tan básica, como la educación.

Hace más de 30 años, la falta de centros públicos, como consecuencia de las cuatro décadas de retraso que trajo la dictadura, provocó que, con el aumento de la demanda de escolarización, se concertaran unidades con centros privados para salir del paso. Pero la situación debió de ser temporal, mientras la red pública se ampliaba. De hecho, el artículo 27.5 de la Constitución dice que los poderes públicos deben garantizar la creación de centros docentes. Por tanto podemos considerar la concertación como un grave desajuste del sistema democrático, que no ha conseguido compensar la falta de inversión en educación pública, y convierte los conciertos, que nacieron con carácter transitorio, en algo permanente y, lo que es peor, ampliable.

La concertación debió desaparecer, progresiva y proporcionalmente, a medida que se iban contrayendo los centros necesarios comprometidos en la Carta Magna, hasta abarcar la totalidad de los alumnos. Para así, llegar a la situación ideal que debe promover un Estado democrático; la existencia de dos vías que aseguren la elección de centros por parte de los padres: la vía pública y la vía privada. Pero ningún partido político ha tenido la altura democrática suficiente para corregir esta anomalía.

Nuestra organización sindical propuso, hace meses, a los diferentes partidos políticos presentes en la Asamblea de Extremadura, que promoviesen una propuesta de impulso para terminar con los conciertos educativos en nuestra comunidad. Convertir los centros concertados en públicos, de forma progresiva, era (y es) el planteamiento, asegurando el puesto de trabajo de los profesores de la concertada hasta su jubilación (cosa que ahora no tienen asegurado). Cada vacante nueva, cada sustitución, cada jubilación producida... deberían ser ocupadas, con este nuevo diseño, por docentes de la pública, en sus diferentes situaciones administrativas: funcionarios de carrera en comisión de servicio o por concurso de traslados, funcionarios interinos. Con esta metamorfosis todos salen ganando: los profesores de la concertada blindan su puesto de trabajo, y los de la pública acceden, poco a poco, a los centros reconvertidos en públicos.

Los centros privados concertados que no aceptaran esta medida dejarían de recibir financiación pública y se cancelaría el concierto educativo. Pasarían a ser centros estrictamente privados y tendrían que financiarse, por tanto, con las cuotas de los padres de los alumnos y con los recursos que, dentro de la iniciativa privada, estimasen oportunos.

LOS 3000... INTERINOS por Alfredo Aranda publicado en el Diario Hoy

El hábito, malsano, de perjudicar al más débil que la Administración, siempre que puede, pone en práctica, lo volvemos a ver este año con la adjudicación del colectivo de interinos docentes que se llevó a cabo el 29 de julio. El colectivo de interinos, la mayor parte, ya sabe su destino para el curso próximo, pero, sin embargo, la incorporación no se producirá hasta el 9 de septiembre (o el 3 de octubre en el caso de los programas). Poco importa que meses atrás, el 27 de mayo, se aprobara el calendario escolar (cuyos pormenores fueron objeto de negociación) donde quedaba meridianamente claro que todos los docentes se incorporarían el día 1 de septiembre.
Con esta actitud los responsables máximos de la consejería demuestran poca aptitud. Todos los docentes, de los que habla la resolución, son «todos» y de ese «todos» no se puede quitar al colectivo de interinos, de otra forma la Administración estaría contraviniendo su propia resolución y, de paso, discriminando de forma clara, y consciente, a un colectivo que debe participar desde el principio en las actividades de organización y planificación. ¿Acaso los profesores de la concertada, que reciben su sueldo con dinero público, se incorporan el 9 de septiembre? No, ¿verdad? Una prueba más que demuestra que la Administración tiende a desnortarse con cierta facilidad, y, con ello, provoca un perjuicio injustificable al sistema público de enseñanza.
Soy consciente de que la Administración educativa no va a mover ni un músculo para deshacer este agravio (eso sería reconocer que se han equivocado y los haría humanos), y dejará que la polémica se pudra y que el tupido velo del tiempo cubra con el olvido esta insensata decisión de entorpecer el inicio del curso.

Los actuales dirigentes de la Consejería pretenden, o eso dicen, entronizar la excelencia educativa como piedra angular de su proyecto. Cosa que también pregonaban los anteriores regentes autonómicos de lo educativo. Pero todo se queda en palabras, en buenas intenciones. No dudo que la consejera de Educación y su secretario General, en sus ensoñaciones románticas, con respecto a la educación, se entiende, fantaseen con un sistema educativo perfecto, donde ningún alumno estropee las clases y todos se esfuercen, donde los profesores se empleen por encima del cien por cien de sus posibilidades, donde haya recursos ilimitados, donde siempre perdure la primavera. Pero la realidad es otra, hay mucho por hacer, queda todo por hacer, y lo que menos necesita el sistema educativo es la dañina desinversión que con tanta solemnidad los políticos justifican, en sus declaraciones a la prensa, con la «jerga política» habitual que lo mismo vale para explicar un recorte, como para felicitar la Navidad. Es urgente que los que dirigen el devenir de la educación en Extremadura bajen de las nubes, y con los pies en la tierra, empiecen a tomar decisiones de altura, maduras y justas, basadas en criterios de calidad. La inversión es, en este contexto, el principio activo que curará los males del sistema.
El hecho de que los interinos, tres mil con la adjudicación bajo el brazo, no empiecen su actividad el 1 de septiembre es una prueba más de los derroteros por donde transita la educación pública: la desinversión, el enemigo número uno del sistema educativo público. Es incomprensible que, por una parte, la Consejería haga un esfuerzo (aún insuficiente) por recuperar, poco a poco, la plantilla que se perdió con el anterior ejecutivo y, por otra, se evite que el 20% de la plantilla esté en su centro el primer día de septiembre.
Hay que invertir en educación pública y mantener, y aumentar, esa inversión en el tiempo. De lo contrario no avanzaremos, y con sobrevivir tendremos bastante. Porque cada día que pasa, por falta de interés de la Administración, la educación pública se consume (por muchos parches que se le pongan) y se condena a sus principales actores a caer en el desencanto, tan fértil siempre por estas tierras. Los docentes que tenemos en Extremadura son buenos, pero eso no es suficiente; necesitan que la Administración educativa esté a la altura.
Quiero pensar, y termino ya, que, como decía José Ortega y Gasset: «La mayor parte de los hombres tiene una capacidad intelectual muy superior al ejercicio que hacen de ella». Espero que aquellos que dirigen los designios de la educación se den cuenta, a tiempo, de que tienen en su mano el futuro de las próximas generaciones.

Ley trampa. Por Alfredo Aranda Platero, publicado en el diario Hoy.

 Ley trampa

     Como si de un espectáculo de magia se tratase, las leyes, en ocasiones, se quedan en una mera ilusión que consigue que el espectador vea lo que no es; pero si rascas un poco, si te fijas, si prestas atención, podrás advertir la trampa, el truco. Esa cualidad de «prestidigitador» que muchos políticos cuidan y trabajan, con intención de crear ilusiones en la población se convierte, la mayor parte de las veces, en un lastre para el propio político ilusionista, porque las ilusiones rotas no se olvidan fácilmente.

      Reza un viejo refrán español: «El que hace la ley hace la trampa». Para encontrar leyes tramposas no hace falta salir de Extremadura. Una de las más tramposas es la Ley 7/1985, de 26 de noviembre, de iniciativa legislativa popular de la Comunidad Autónoma de Extremadura, por la que los ciudadanos extremeños, mayores de edad e inscritos en el censo electoral, pueden ejercer una ILP (prevista en el Estatuto de Autonomía). Sin embargo la «trampa extremeña» para quedar en «agua de borrajas» esta ley, es zafia, pero efectiva, dado que para ejecutar el derecho democrático de participación ciudadana a través de una ILP se necesita contar con la firma de, al menos, el 5% del censo electoral. Y dado que el censo es, alrededor, de novecientas mil personas, se precisarían 45.000 firmas para poder emprender una iniciativa de este calado en Extremadura. O dicho de otra manera: el gobierno extremeño no quiere que se presenten iniciativas legislativas populares y tuerce la ley para impedirlo.

     No es razonable que en Extremadura se exijan 45.000 firmas para emprender una iniciativa legislativa popular, casi las mismas que la comunidad de Madrid o de Valencia, cuando estás comunidades nos quintuplican en el número de ciudadanos con derecho a voto.

La iniciativa legislativa popular es un mecanismo, amparado por la Constitución, para que cualquier ciudadano pueda presentar iniciativas de ley. Pero dicha iniciativa debe estar secundada por un número concreto de firmas, y es ahí donde está el agravio con respecto a otras comunidades. Podemos decir que, según el número de ciudadanos inscritos en el censo, Extremadura es la comunidad que necesita un mayor número de firmas para emprender una iniciativa popular de este calado. Ni que decir tiene que es, poco menos, una hazaña de dimensiones colosales conseguir un número tan elevado de firmas y, por tanto, la referida ley es, en realidad, «papel mojado». Y lo más lacerante de todo es que estamos ante una ley de hace más de 30 años, y ahora nos dirán, sin pudor alguno, que no han tenido tiempo suficiente para acometer su modificación.

       De nada vale que la ILP esté avalada por la Constitución, que sea un instrumento democrático de participación ciudadana o que constituya la expresión misma de que el pueblo puede actuar en representación propia, si después, en su desarrollo autonómico, se ponen condiciones leoninas para poder llevarla a cabo. Con la clara intención de que la ciudadanía no pueda ejercer de ese derecho.

      Aplicando a la Comunidad Autónoma de Extremadura el porcentaje que la Constitución española prevé en su regulación a nivel nacional (1,26 % del censo), en tierras extremeñas se necesitarían, poco más de 11.000 firmas para promover una iniciativa legislativa popular, muy alejadas de las actuales 45.000.

      El engaño suele ocultar siempre una cobardía y las leyes torticeras, nacidas siempre con aviesas intenciones, son la expresión clara de esta realidad. En Extremadura las asociaciones que luchaban, por ejemplo, por la renta básica, una petición justa y mediática, no consiguieron llegar, ni de lejos a las 45.000 firmas necesarias para promover una ILP; se quedaron en 26.000 firmas, más que suficientes si la «ley trampa» se ajustará a los porcentajes que aplican el resto de comunidades.

      Sería un gesto necesario, por parte del Ejecutivo extremeño, que el número de firmas para promover una ILP en Extremadura, que actualmente está, insisto, en el 5% del censo electoral, se ajustara a lo que la Constitución considera a nivel nacional, el 1,26 por ciento. Si no fuera así, el mensaje que se está mandando a la ciudadanía extremeña es que el gobierno autonómico impide que los ciudadanos puedan utilizar la Asamblea de Extremadura como instrumento democrático.

El analfabeto bilingüe. Por Alfredo Aranda Platero, publicado en el diario Hoy.

El analfabeto bilingüe 

El modelo elegido por la Consejería de Educación de Extremadura para alcanzar el objetivo, quimérico, del bilingüismo es, considero, el peor de todos los posibles; eso sí, es el más barato: la filosofía “low cost” aplicada a la educación.

Otra manera de hacer las cosas es posible. Se ha hablado mucho de la necesidad de tener en todos los centros laboratorios de idiomas, lectores nativos, de promocionar campamentos de inmersión lingüística en vacaciones y en fines de semana… pero la Administración nada quiere saber de todo aquello que conlleve un coste.

El intento de convertir los centros educativos españoles en sucursales de los ingleses, empezando por la colocación, en la fachada principal del edificio, de la banderita inglesa hermanada con la española, es, de entrada, una soberana estupidez. El error más grande es pretender que los alumnos aprendan la lengua inglesa usándola como vehicular para la enseñanza de, por ejemplo, ciencias naturales o sociales. En países de cierta trayectoria bilingüe (o de entornos anglosajones) podría tener algún sentido, dicho con todas las reservas, pero en España esta concepción del bilingüismo supone un lastre para la asunción de conocimientos en las materias no lingüísticas que se imparten en inglés.

Un porcentaje elevadísimo de nuestros alumnos nos son capaces de expresarse correctamente en nuestro idioma y tienen, además, carencias de conocimientos curriculares. Al final tendremos alumnos que se expresen incorrectamente en dos lenguas y tengan, por añadidura, carencias fundamentales en conocimientos básicos.

Para utilizar el idioma inglés, o cualquier otro, como vehicular desde primaria habrá que conseguir que en la etapa educativa que abarca hasta los 6 primeros años de edad, haya una verdadera educación bilingüe, para que, una vez iniciada la educación primaria, tenga sentido la impartición de materias no lingüísticas en inglés. Pero para eso se necesita tiempo, un horizonte temporal de, al menos, diez años. Si la Consejería hubiera hecho las cosas bien,  ya podríamos tener andado un buen trecho del camino.

En algunos países europeos la incorporación de un idioma extranjero como lengua vehicular suele comenzar en los cursos superiores de la educación secundaria, cuando el alumno tiene un nivel óptimo en dicho idioma que asegure el éxito que se persigue con el bilingüismo. Es decir, primero se prepara a los alumnos bien en el idioma (desde temprana edad) antes de pretender utilizarlo como vehicular.

En otros países el bilingüismo, tal como lo concibe la Administración española, está circunscrito a zonas fronterizas, como si en España el bilingüismo se estableciera con el portugués en aquellas zonas con influencia lusa.

Sea como fuere, lo verdaderamente indignante es que la Administración extremeña, que se empeña en hacer imposible lo posible, no escucha a nadie: ni a los docentes, ni a los padres, ni, por supuesto, a los sindicatos. Deberían consensuar, qué menos, con la comunidad educativa el mejor sistema posible para el aprendizaje de idiomas. Pero no lo harán. Tiran hacia adelante como un asno con anteojeras, que no se detiene ante nada. Se han obsesionado en construir un puente aunque no haya río y sólo queda esperar a que se “equivoquen”.

Alfredo Arana Platero

Vicepresidente de PIDE

2015, otro año de sombras, por Alfredo Aranda Platero. Publicado en el diario.es.

 

30/12/2015 - 23:00h

El verbo «recortar» ha sido el más conjugado durante el año 2015 (como también lo fue en años precedentes). Se ha llegado a recortar hasta la suerte, con el 20% que el gobierno se queda de los premios de la lotería. En este afán recortador, en este frenesí trastornado, se ha recortado de todo: se mutilaron las plantillas de los centros educativos, se podaron las prestaciones sanitarias, se cercenaron los derechos de los dependientes, se trasquiló el sueldo de los funcionarios, se castró –en definitiva– la ilusión de la gente. Ni Tobe Hooper, en su película  “La matanza de Texas”, recortó, mutiló y cercenó tanto y con tan mala baba.

En este «aquelarre» (reunión de brujas y brujos con aviesas intenciones) participaron todos: los que mandan, por acción, y los que quieren mandar, por omisión, y planificaron el asalto a los derechos de la ciudadanía llegado, incluso, a poner tasas judiciales que alejan la justicia de los trabajadores, haciendo casi imposible que un trabajador despedido o un consumidor engañado pueda hacer efectivo el derecho a la tutela de los jueces y tribunales que dice el artículo 24 de la Constitución.

Que la justicia tenga un precio es la expresión máxima de un país corrupto. La constitución recoge la tutela judicial como un derecho fundamental de los ciudadanos, conculcar este derecho deslegitima al ejecutivo responsable de tamaña injusticia. Si acceder a la justicia en busca de tutela es un derecho recogido en la Constitución ¿por qué hay que pagar por ello? La respuesta la dejo a la imaginación del lector.

La democracia pierde su esencia cuando el grupo político que recibe el mandato popular para gobernar lo hace de espaldas al ciudadano. Dice la RAE, en su primera acepción, que democracia es la «forma de gobierno en la que el poder político es ejercido por los ciudadanos», es obvio que esta definición no se corresponde con la realidad de lo que pasa por estos lares. En la tercera acepción indica que es la «doctrina política según la cual la soberanía reside en el pueblo, que ejerce el poder directamente o por medio de representantes», tampoco podemos aplicar dicha definición en el territorio español. A ver si acertamos con la cuarta acepción: «Forma de sociedad que practica la igualdad de derechos individuales, con independencia de etnias, sexos, credos religiosos, etc.», esta definición, igual que las anteriores, no se ajusta a la realidad de lo que sucede en España, dado que los derechos están siendo pisoteados reiteradamente. Podemos concluir que el gobierno de turno (tampoco lo hizo mejor el anterior) no respeta los preceptos de la democracia, ni el mandato de la constitución y debería ser considerado ilegítimo. 

Decía Séneca que el hombre más poderoso era el dueño de sí mismo, y es eso, precisamente, lo que impiden los poderes públicos: la libertad individual, el poder que la democracia real da al individuo. No interesa que haya muchos individuos libres y «poderosos», hay que tener a la ciudadanía acojonada con hipotecas, con familias que sacar adelante, con trabajos precarios, arrodillados ante el poder, alejados del derecho a la justicia y sometidos a la autoridad del dinero.

La regeneración democrática del país solo puede venir de la educación, esta máxima era defendida por Francisco Giner de los Ríos (1839-1915), fundador de la Institución Libre de Enseñanza. Cuánta falta nos haría hoy día volver a la filosofía de la ILE como eje vertebrador del sistema educativo, como punto de partida para regenerar la sociedad y desterrar las actitudes totalitarias y antisociales. Giner de los Ríos invocaba el principio de libertad e independencia de la educación para alcanzar la revolución de las conciencias. ¡Qué lejos andamos en la actualidad de esos preceptos pedagógicos!

Hoy todo es un gran teatro donde el público, desde la platea, asiste atónito al espectáculo que sucede en el escenario donde se lleva a cabo la representación teatral. El presidente del gobierno escenifica, con sus dolientes ministros como plañideros, lo bueno que es y lo mal que se siente por los recortes que la primera ministra alemana Merkel le obliga a hacer. El aspirante a presidente, con sus aspirantes a ministros, llama al presidente indecente mientras éste le dice mezquino.

La obra teatral resulta impostada y patética. En el escenario también actúan dos aspirantes, de nuevo cuño, que esperan que uno de los principales patine para lanzarse y ocupar su sitio. Murmullos entre el público. Dudas. Crujir de palomitas. Tras las bambalinas esperan los de siempre, los que dirigirán el país realmente: los lobby de las eléctricas, del gas, del petróleo, todos los del Ibex 35, los del Eurostoxx 50, los del MSCI World, Merkel… Desde el palco, con acceso directo a los camerinos, asisten, emboscados en las sombras, aquellos que gozan de privilegios: los protegidos de los lobbys, los testaferros, los esbirros con galones....

Termina la representación. División de opiniones en el auditorio. Aplausos. Silbidos. Abucheos. Algunos desde los palcos escupiendo a la platea. Otros intentando tomar el escenario, pero el proscenio está preparado para impedir el asalto y se frustra el intento. El teatro se va vaciando, algunos se resisten a abandonar el auditorio y persisten desolados como asumiendo que todo sigue igual, otros van saliendo cantando la internacional con el puño el alto, algunos cantan el cara al sol, hay quien dice «esto con Franco no pasaba», también están los que relatan «todavía padecemos los 40 años de retraso de la dictadura de franquista», también se escucha no sé qué de los fusilamientos de Paracuellos y que los golpistas fueron los culpables de todos los muertos, los suyos y los ajenos, por romper el orden constitucional establecido en democracia. ¡Ya es hora de romper el cordón umbilical que nos mantiene unidos al pasado!

Nos olvidamos de que los unos y los otros somos todos, y todos podemos cambiar la realidad que nos imponen y construir un país más justo. Dejémonos de enfrentamientos estériles y construyamos un cambio real, y quizá, así, esté más cerca el «niño negro que anuncie a los blancos del oro la llegada del reino de la espiga» (del poema «Oda a Walt Wihtman» de Lorca).

"El bueno, el feo y el malo" por Alfredo Aranda. Publicado en el diario Hoy

El señor José Antonio Marina, pedagogo y filósofo, ha recibido el encargo de capitanear la redacción del libro blanco del docente, que pretende convertirse en uno de los ejes del programa de Rajoy. Pero, de momento, lo que ha conseguido el autor del libro es enfrentar a la comunidad educativa.

Para Marina existen profesores buenos y malos y no pueden, dice, cobrar lo mismo. ¿Qué entiende Marina por profesor bueno o malo? Se basa, sin más, en los resultados de los alumnos. Esta reflexión del señor Marina nace de un análisis simplista de la situación docente y demuestra un total desconocimiento de la realidad actual de los colegios e institutos. Parapetado detrás de la atalaya de su cátedra de bachillerato (y en excedencia desde hace tres leyes educativas), lanza insidiosas e injustas sospechas sobre el profesorado.

Para mejorar la educación hay que enfrentar los problemas del día a día de los docentes, centrados, fundamentalmente, en las disrupciones continuas de parte del alumnado que hacen un daño enorme al normal transcurso de la jornada escolar. Los alumnos objetores -y sus palmeros-, en demasiadas ocasiones, marcan la dinámica de las clases: insultos, malas contestaciones, partes y más partes y un índice de vaguería, de una parte del alumnado, cada vez más creciente. Aunque la mayor parte de las disrupciones son de baja intensidad (interrumpir la clase), no es motivo para soslayar esta situación tan dañina y que se está haciendo endémica. Es necesario reconocer la realidad y enfrentarla, así como avanzar en el reconocimiento social de la labor del docente y en la implicación real de las familias, y todo ello enmarcado en un clima de respeto al valor de la educación como pilar fundamental en el que la sociedad se asienta.

El reducir el problema a buenos y malos profesores pone en tela de juicio la elección de Marina como «gurú», como guía, que lleve a desentrañar los secretos del éxito educativo. El ínclito José Antonio desconoce que los centros periféricos reciben muchos alumnos con necesidades de compensación por su procedencia o por la situación social de sus familias, otros centros sin embargo son más elitistas y cuentan con alumnos que «aprenden solos». Para Marina los profesores de centros difíciles tienen que cobrar menos, pese a que estos tienen que multiplicarse para poder compensar las carencias de sus alumnos.

También desconoce, el ilustre filósofo, que existen asignaturas complicadas, como matemáticas, donde a los alumnos les cuesta más obtener calificaciones buenas y, sin embargo, hay otras asignaturas, como Religión, que aprueba todo el mundo y con nota por la gracia de Dios. ¿Quiere esto decir que el profesor de Matemáticas tiene que cobrar menos que el de Religión? Según Marina, sí.

Para Marina hay dos criterios básicos para evaluar la labor del profesor: la relación con las familias y el progreso del estudiante en clase.

Decir lo que dice Marina es como decir que a quién le toque en suerte familias que no se implican, la evaluación será negativa. Para el profesor no para la familia. O si tenemos un alumno que no quiere estudiar pero está obligado a ir al centro (los alumnos objetores a los que me refería antes) y no progresa, el profesor es malo. Parece haber empezado una «caza de brujas» y el objetivo ya lo ha localizado: los docentes.

Queda claro que el señor Marina no parece contemplar otras realidades como las que ya he apuntado antes. Los docentes no tienen, en muchas ocasiones, las herramientas necesarias para ejercer su labor, las plantillas docentes son insuficientes y los recursos escasos, el apoyo de la administración es inexistente y el reconocimiento económico no está a la altura de la importancia de la labor docente.

Dudar de la preparación de los profesores es, cuando menos, ofensivo. Los profesores tienen la capacitación necesaria, de lo contrario no hubieran obtenido su título universitario, pensar lo contrario es decir que la universidad regala los títulos. Al título universitario se le suma el proceso de oposición, otras titulaciones universitarias, miles de horas de formación, idiomas. aunque el binomio título más oposición es, en realidad, suficiente para asegurar la capacitación de los docentes.

El problema, pues, no está en los profesores, reside en la Administración, en los gobiernos que han dejado que el comportamiento, de una parte cada vez más grande de alumnos, se degrade hasta condicionar seriamente la educación. Un profesor motivado y 25 alumnos que lo respeten es condición necesaria y, en la mayoría de las ocasiones, suficiente para el éxito educativo. Ahora bien, la inversión y la ratio son dos variables de primer orden para concretar dicho éxito, pero según la OCDE España suspende en inversión, situándose en la parte media-baja de los países de referencia, y supera en ratio la media de los países del entorno europeo. Esta es la realidad que José Antonio Marina tiene que resolver y no demonizar a los actores principales de éxito educativo.

"Formación Profesional" por José Manuel Chapado. Publicado en el Periódico Extremadura

Réplica a Soledad Lasso

El pasado jueves 26 de noviembre se publicó en este diario una carta al director de Soledad Lasso, donde se atacaba a mi persona por un artículo que fue publicado días antes sobre ciclos formativos. Me gustaría hacer uso del derecho de réplica para aclarar, en primer lugar, la realidad de lo publicado y, segundo, mostrar mi extrañeza ante la inexactitud en la utilización de mis declaraciones por parte de la autora de la carta, que sólo puede obedecer a una mala comprensión lectora, como se puede comprobar en el artículo original: Educación pone la lupa en la FP.
El contenido del artículo versa sobre el nuevo mapa de Formación Profesional que se elaborará desde la Consejería de Educación y Empleo para implementar nuevos ciclos formativos en nuestra región, basándose en la empleabilidad de los mismos. Se recuerda a la consejería, al igual que se hizo con los gobiernos anteriores, que no deben repetirse errores de planificación en la implantación de enseñanzas de Formación Profesional y la decisión no debe tomarse sólo por los costes de implantación, también la existencia de una oportunidad laboral para nuestros alumnos es un criterio fundamental. La finalidad del artículo es que la consejería implante todos aquellos ciclos formativos que sean necesarios y no solo un número de ciclos de "cara a la galería" cuya instauración sea más sencilla y económica aunque aboque a nuestros alumnos al paro y a la emigración. En ningún momento se está desprestigiando a ninguna familia profesional, ni a la conveniencia o no de su continuidad en los centros. Se trata de ampliar la oferta actual y no sustituir la que existe. Todos los ciclos formativos son complementarios. Pero la actuación anterior del ministerio y de la Junta de Extremadura, con la excusa económica, ha sido congelar una oferta formativa necesaria en muchos de nuestros centros públicos.

"Érase" por Alfredo Aranda, publicado en el Periódico Extremadura

Érase una vez un país abochornado por su clase política, una España difusa de hipotecado presente e incierto futuro. Un territorio abandonado a las "leyes" de los mercados, a la presión que ejercen las empresas del Ibex 35 y sometido a las prescripciones de la troika. Erase un reino donde los lobbys, con la aquiescencia del gobierno de turno, devoran a los ciudadanos, que son tratados como ganado que tiene que producir, al que hay que exprimir hasta el tuétano. Erase una nación donde aquellos que insultan a la ciudadanía, recortando --por ejemplo-- los servicios públicos o rescatando bancos con el dinero de todos, están solo a dos soflamas políticas de volver a convencer a aquellos que someten.

Erase un país bidimensional, sin profundidad, desamparado y dejado a la deriva como los restos de una vieja barca de madera que desaparecen en las profundidades del piélago. Una nación como ésta, digo, no está llamada a ser, sino más bien a depender y a obedecer a los poderes fácticos que controlan sus designios.

Erase un reino desequilibrado donde se recortan los derechos de muchos y se aumentan los privilegios de unos pocos, un país ajeno a todas las igualdades, donde los resortes del Estado están imbuidos de una rigidez intencionada para que poco cambie aunque cambie el gobierno. El bipartidismo ha blindado el privilegio de una minoría a costa de la vida desatendida de la mayoría.

 ÉRASE una vez un estado ineficiente, donde la iglesia no paga el IBI, y las eléctricas han convertido la energía en un lujo por su desorbitado precio. Un país de sueldos mínimos y jornadas por horas donde llegar a final de mes es una aspiración cada vez más lejana, y donde adquirir estudios universitarios se convierte en una carrera de obstáculos económicos.

Erase una vez un país donde se recorta en atención sanitaria, en educación, en servicios sociales, donde se bajan los sueldos y se suben los impuestos. Un pueblo asfixiado que asiste atónito al espectáculo de la corrupción política: caso Gürtel, caso Palma Arena, operación Malaya, caso de los ERE, caso Pujol... mientras los derechos sociales son pisoteados con total impunidad.

Un país, érase que se era, con mucho cuento y muchas cuentas en Suiza, donde corruptos, explotadores, sedicentes... nos precipitan a un pozo de amargura. Es hora del "¡basta ya!", el pueblo tiene la palabra.

"Los Perpetradores" por Alfredo Aranda, publicado en el diario Hoy el 17/11/15

"NO a la Lomce" ha sido, y sigue siendo, el grito de auxilio que ha recorrido, de parte a parte, toda España. Desde Tarifa a Santander, desde Mahón a La Palma, toda una marea verde de indignados ha expresado su disconformidad con una ley retrógrada, injusta y malintencionada. La fatal ley carece, entre otras muchas cosas, de una potenciación real de la Formación Profesional, no resuelve los problemas de la escuela rural, ni establece la creación de plazas escolares para niños menores de tres años. sin embargo no se olvidan, los perpetradores ideológicos de tamaño despropósito legislativo, de allanar el camino para el adoctrinamiento religioso y resguardar la educación privada con el aumento de conciertos educativos. A toda esta procesión de despropósitos se suma, también, el despido de docentes interinos, la disminución de la plantilla docente, la subida de ratios, el aumento de horas lectivas, el menosprecio de asignaturas como tecnología, música, filosofía.

Una Ley tan disparatada como la Lomce tiene, como no podía ser de otra forma, a toda la comunidad educativa en contra, a todos los partidos políticos, grupos sociales y sindicatos. Sin embargo, al gobierno nada le importó el disenso general e impuso la Lomce por la fuerza. La falta de consenso es un mal compañero de viaje para una ley, dado que ésta durará lo que dure el gobierno que la impuso. Pero la falta de altura de miras del gobierno hace imposible que vean, ni de lejos, esta realidad que en España es recurrente.

Antes de la publicación de la Lomce en el BOE, el sector docente ya estaba muy indignado con otra imposición: el Real Decreto-ley 14/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo. El referido RDL trajo medidas injustas como la falta de cobertura de las bajas docentes hasta el décimo día lectivo, lo que perjudica seriamente la salud de sistema educativo público. La pretendida «contención del gasto» llevó a una situación surrealista: la criminalización de los docentes, de tal forma que aquellos que caigan enfermos tienen que acudir a su trabajo, porque de lo contrario son penalizados económicamente con quitas en el sueldo. Dicha medida parece transmitir la idea de que los docentes faltan a su trabajo con mucha ligereza y hay que controlarlos, lo que constituye el mayor insulto que se ha hecho jamás al sector docente.

Desde PIDE promovimos en la Asamblea de Extremadura una Proposición No de Ley (actualmente llamada Propuesta de Impulso) contra la aplicación del Real Decreto-ley 14/2012, por atentar contra la calidad del sistema educativo extremeño y por poner en riesgo el derecho a la educación de sus alumnos. Es del todo inaceptable que un gobierno se arrogue el derecho, a través de un Real Decreto-ley, de arremeter contra la ciudadanía, que es, al fin y al cabo, lo que ha ocurrido. Decía Albert Einstein que había dos cosas infinitas: el Universo y la estupidez humana. Y que del Universo no estaba seguro. Que un gobierno agreda al pueblo del que recibió el apoyo electoral es de una perversidad insoportable, solo al alcance de los que profesan una estupidez infinita.

La Educación Pública es un pilar fundamental para compensar las desigualdades sociales, amén de ser un apoyo imprescindible para el desarrollo social y económico. La educación es el mejor instrumento para conquistar el futuro, y los docentes son los principales activos, de los que la sociedad dispone, para asegurar el éxito en dicha empresa. La inversión en educación pública deber ser una obligación del Estado, el gobierno que no promocione la educación pública, que no la cuide, que no la asista en las necesidades que tenga, es un gobierno que no gobierna para el pueblo y está deslegitimado.

Urge que se derogue el Real Decreto-ley 14/2012, no hacerlo supone perpetuar los ataques a la Educación Pública y negar un futuro mejor a nuestros alumnos.

"Sin cambios para los docentes" por Carlos Ruano. Publicado en el Diario Hoy el 9-9-15

"Sin cambios para los docentes"

CA R LOS R UA N O

DOCENTE Y EX-SINDICALISTA

Creo que los derechos y las condiciones laborales de los docentes siguen igual o peor que antes de las elecciones de mayo de 2011, cuando gobernaban los socialistas en solitario.

En primer lugar, muchos interinos no conseguirán los 280 días de trabajo necesarios para que se les reconozca su derecho al tiempo de vacaciones por los retrasos en los llamamientos, y lo que es peor, no se ha planteado la derogación del Decreto por el que se suprimió este derecho a los que no superaban los citados 180 días. Cuestión que se achacaba al PP pero que ahora también inflige el PSOE.

Los interinos tienen los mismos derechos que los funcionarios de carrera, según la Ley de Funcionarios del Estado, normativa vigente en lo que se oponga al Estatuto Básico, como es el derecho a vacaciones. Sin que hiciese falta siquiera mencionar que la normativa y la jurisprudencia europea son de obligado cumplimiento también en este país, por encima de la normativa estatal. Por lo cual debe derogarse este Decreto inmediatamente y acometerse la devolución de este derecho a todos los interinos que no lo obtuvieron en los últimos cuatro veranos, como se está sentenciando en Madrid. Lo justo (y lo prometido) es reparar las injusticias que cometieron los otros y las propias, para el futuro y también respecto al pasado, ya que la normativa administrativa permite revisar cuatro años atrás, tal y como los jueces han sentenciado en Extremadura, tanto en sexenios para interinos como en el 25% de la paga extraordinaria de diciembre de 2012.

Por otro lado, mientras el Gobierno está devolviendo ya otro 25 % de esta pega extra (y en el 2016 el 50% restante), Vara prefiere no hacerlo y seguir con la politica de anticipar el derecho a pagas futuras, luego en Extremadura perdemos también este derecho económico. Lo lógico seria devolver este 75% restante el próximo mes de diciembre en que no hay page extra, o en enero, y olvidarnos ya de los anticipos que tantos quebraderos de cabeza traen.

Y que no digan que en la legislación anterior tenían en cuenta a los docentes en materia económica, pues secundaron tal cual el recorte del 5% de mayo del 2010 del Gobierno de Zapatero en el mes de junio siguiente, cuando en otras comunidades autónomas lo frenaron sustancialmente. Vara podría incluir en los presupuestos para el 2016 la recuperación de este recorte con algún complemento.

Igunlmente sucedió con los trienios anteriores al Estatuto Básico y los citados sexenios, pues las primeras peticiones se realizeron en el año 2010 (en marzo - ­el que suscribe- y en diciembre respectivamente) y fueron rechazadas de pleno por la Consejería socialista.

Si hay alguna voluntad de cambio, ¿por qué no se acomete urgentemente por ejemplo un nuevo acuerdo laboral, ya que el existente de marzo de 2006 finalízó en aquella legislat:ura, diciembre de 2009?, ¿o por qué no se modifica ya el Decreto de interinos del 2007 con los temas pactados que no se incluyeron entonces y que están perjudicando gravemente a los docentes?

El Castigo

 Por Alfredo Aranda Platero, publicado en El Periódico Extremadura el 13/09/15

Hasta ahora estaban por encima del bien y del mal --eran intocables--, daba igual el delito cometido desde la atalaya de sus cargos políticos, porque una gran parte de los ciudadanos, como transidos por una realidad inabarcable, les ofrecía, con los ojos cerrados (una y otra vez), el voto. Había un perdón social implícito en cada euro robado a las arcas públicas, gozaban de inmunidad crítica, estaban imputados pero eran aclamados por muchedumbres fervientes, que los saludaban a su paso, que los besaban, que los abrazaban, que les ofrecían palabras de aliento... y se vinieron arriba. Robaron más. Robaban a los pobres para dárselo a los bancos, que necesitaban, decían, ser rescatados.

Políticos y grandes empresarios de todo pelaje defraudaban a la hacienda pública, mientras los pobres pagaban más impuestos, tenían menos sanidad, menos educación, menos asistencia social..., y hasta el derecho a protestar se vio recortado. "Los ciudadanos tienen que ser sumisos", esta máxima predemocrática delató sus intenciones, evidenciando que muchos dirigentes actuales bien pudieran haber sido ministros de un régimen dictatorial: recortando, prohibiendo e imponiendo, y lo que pudiéramos pensar que eran reminiscencias de un pasado cruel, se reveló como una realidad constatable donde nostálgicos del franquismo iban dando pasos hacia atrás retrotrayéndonos a época olvidadas.

Muchos ciudadanos empezaron a darse cuenta de que su voto, sinónimo de libertad y democracia, no podía ser utilizado como aval de los corruptos para esquilmar al pueblo. Pero otros muchos seguían anestesiados y aplaudía desencajados, entregados y ebrio de placer, como en un estado alterado de conciencia, cuando los políticos volvían a prometer las promesas incumplidas: "bajaremos los impuestos", "crearemos cientos de miles de empleos"...

 VIENDO que aún el apoyo les era suficiente se sintieron inmunes a la corrupción y siguieron robando, siguieron actuando como caciques, siguieron recortando los derechos de la población. Pero todo termina y los efectos de la explosión de la burbuja inmobiliaria y de la corrupción empezaron a ser terribles, el paro se convirtió en una losa inabarcable, el poco trabajo que se creaba era precario, el estado del bienestar desapareció, los jóvenes se tenían que ir de España, y la sociedad, tras despertar de su letargo, de llenó de pesadumbre. Asistimos, entonces, a una procesión de injusticias sociales insoportables que empezaron a materializarse como un ectoplasma aciago que viniera a despertar a la ciudadanía de su letargo: bancos recatados con dinero público que desahuciaban a gente pobre, políticos corruptos, cuentas en Suiza, tarjetas "black", tráfico de influencias, dispendio de dinero público en todo tipo excentricidades e imputados a miles y casi nadie en la cárcel. Porque los que entran salen al poco tiempo. Matas , en la calle. Bárcenas , en la calle. Y el dinero robado en paraísos fiscales aguardando el paso del tiempo hasta que sus dueños ilegítimos acudan a su encuentro.

Los dirigentes seguían, y siguen, actuando como si nada hubiera pasado y vuelven a repetir, como un mantra, su catálogo habitual de promesas electorales. Pero sucedió algo que no tenían previsto, que nuevas organizaciones políticas aparecieron en escena para canalizar la ira de la gente y devolver la ilusión al ciudadano. El descontento general, la rabia, la cólera por la corrupción institucionalizada y la pérdida de derechos sociales catapultaron a las nuevas organizaciones políticas, que se convirtieron en una alternativa real a los partidos de siempre. Y los de siempre se echaron a templar.

El bipartidismo empezaba a tambalearse. Los partidos tradicionales arremetieron contra los nuevos partidos acusándolos, entre otras cosas y con mucho cinismo, de ser como ellos, de querer arruinar a España, de llevarla al precipicio. Y lo decían desde una España en ruinas, saqueada por cuatreros de traje y corbata. Acusan a los nuevos partidos de radicales por querer abrir comedores escolares, por querer dignificar los sueldos, los ridiculizan por viajar en metro o en bicicleta o en clase turista, les afean su intención de acabar con las desigualdades sociales.

Radicales les decían --y les dicen-- mientras desde el gobierno tapan la boca, con la Ley mordaza, a los que protestan, empobrecen la atención sanitaria y educativa, sacan los cuartos a los españoles para rescatar a la banca, pactan una reforma laboral que deja al trabajador al borde del desfiladero, cantan las virtudes de su modelo de gestión porque durante el periodo estival un puñado de españoles ha encontrado trabajo con sueldos de miseria.

Los que están no merecen dirigir los designios de un País por albergar en su seno la corrupción, por inhibir responsabilidades y por dar cobertura a los corruptos. "Luis. Lo entiendo. Sé fuerte. Mañana te llamaré. Un abrazo" (SMS de Rajoy a Bárcenas).

LA IMPOTENCIA INFINITA. Por ALFREDO ARANDA PLATERO, VICEPRESIDENTE DEL SINDICATO DEL PROFESORADO EXTREMEÑO PIDE publicado en el Diario HOY el25 agosto 2015

LA IMPOTENCIA INFINITA


ALFREDO ARANDA PLATERO, VICEPRESIDENTE DEL SINDICATO DEL PROFESORADO EXTREMEÑO PIDE  publicado en el Diario HOY el 25 agosto 2015

 La información es poder, aunque, en ocasiones, saber los pormenores de determinados asuntos genera una impotencia infinita. Me gustaría saber la reacción de los más de 15.000 docentes extremeños si supieran, por ejemplo, que los sindicatos tradicionales representarán siempre a los docentes (al menos en una proporción específica) aunque éstos no les den ni un solo voto en las elecciones sindicales sectoriales. ¿Cómo es posible que un colectivo pueda ser representado por un sindicato que dicho colectivo no quiere que lo represente? Fácil. Los sindicatos tradicionales reciben liberados sindicales por resultados electorales pero, por si acaso no les vota nadie, también reciben liberados por estar en la mesa de la función pública, por estar en la mesa del funcionario, etc. de las que forman parte por ser multisectoriales. La representación impuesta es una de las «bondades» de la democracia recreada en los despachos para minimizar el impacto de las decisiones del pueblo llano.

Las mismas leyes torticeras diseñadas para mantener el contubernio entre sindicatos tradicionales y Administración, son las mismas que impiden que otras organizaciones sindicales (sectoriales) no sometidas al deshonesto tráfico de influencias, formen parte de determinados organismos de decisión. Esta manipulación «legal» de los resultados electorales hace, en realidad, poco daño a PIDE que tendrá, tras ganar las elecciones, el mayor número de representantes en el Consejo Escolar de Extremadura y en las Juntas de Personal de Cáceres y Badajoz (de las que además ostenta su presidencia), así como el mayor peso en las mesas sectoriales, pero vulnera el derecho del ciudadano a que su voluntad sea respetada íntegramente. Los poderes públicos tienen la obligación, por tanto, de articular los mecanismos necesarios para evitar que la soberanía popular sufra semejante atropello.

Los sindicatos tradicionales y las Administraciones están unidos por el lazo de las subvenciones sindicales, sin las cuales los primeros no podrían sobrevivir fácilmente y los segundos no podrían gobernar con la tranquilidad de saber que la retirada de las subvenciones pondría a los sindicatos en una tesitura muy difícil. Sin duda que esta realidad condiciona las negociaciones. Hemos asistido todos al espectáculo infame del recorte de derechos sociales, de la libertad de expresión, del recorte en educación, en sanidad. mientras los sindicatos tradicionales convocaban una huelga de un día y movilizaciones por la tarde-noche (para no hacer mucho daño a la patronal), con sus declaraciones en prensa pertinentes y preñadas de grandilocuencia. Después, las pancartas al trastero. Solo las mareas (la blanca, la verde.) mantuvieron el tipo, pero más por iniciativa ciudadana que por empuje sindical.

Esta relación conyugal entre sindicatos tradicionales y Administraciones públicas permite, incluso, las infidelidades. Tienen, por así decirlo, una relación abierta. «Dejo que eches un polvo con el PP -dice el PSOE a los sindicatos de su cuerda- si es por interés, pero de disfrutar nada de nada» o «dejo que eches un polvo con el PSOE, dice el PP a los sindicatos de su perfil ideológico, si es por una cuestión de estrategia pero nada de enamoramientos». Lo que está claro, como el agua, es que los partidos habituales de gobierno y sus sindicatos acólitos piensan que lo que ha unido las subvenciones, que no lo separe las elecciones.

En Alemania, por ejemplo, los sindicatos no reciben dinero del Estado, se deben financiar exclusivamente con la cuota de sus afiliados y los ingresos de su patrimonio. Al no existir nexo económico son libres para presionar a su Gobierno hasta límites insospechados. El tener que subsistir con recursos propios mantiene a los sindicatos muy activos y beligerantes para conseguir logros para sus afiliados, lo que les asegura que la afiliación siga y aumente. Para subsistir se tienen que plegar al trabajador, no a la patronal ni al gobierno. No hace falta ir a estudiar a Salamanca para poner en valor la gran diferencia existente entre el sindicalismo alemán y el español.

Los sindicatos tradicionales deben volver, en primer lugar, a sus orígenes: la defensa sin ambages de los trabajadores; después, tienen que dejar de pertenecer a los consejos de administración de las empresas, porque su lugar está al lado del pueblo; y, por último, es necesario que acepten que los sindicatos sectoriales también existen y que cualquier organización sindical sectorial, que reciba el apoyo de la ciudadanía, tienen el mismo derecho que ellos a existir.