lunes, 10 de enero de 2022

INCIERTO PROCESO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INTERINOS (J.M.CHAPADO y ALFREDO ARANDA, Presidente y Vicepresidente Sindicato PIDE)

Intentar explicar lo inexplicable, no parece tarea sencilla; pues, a todas luces, inexplicable es que las expectativas creadas con el proceso de estabilización del colectivo de interinos docentes queden disipadas, de forma implacable, con la modificación del Real Decreto 276/2007 que regula el sistema de acceso a la función pública docente, cuyo borrador –ya vamos por el tercero– más bien parece una norma encaminada a que desaparezcan las plazas objeto de la polémica para que Europa deje de tocar las vergüenzas a España, que una solución a la precariedad laboral de los funcionarios docentes interinos. Este modelo no es el nuestro, no es el que verdaderamente beneficia a los funcionarios de interinos, el MEyFP lo está imponiendo con la colaboración necesaria de los sindicatos de siempre. Pretenden estabilizar plazas y no personas, cuando debería ser al contrario.

El borrador establece dos vías de acceso (sólo se puede optar por una de ellas): concurso-oposición y concurso. 

  Al concurso-oposición podrá acceder cualquier opositor. La fase de oposición es el 60% de la puntuación final. Se elimina de la primera parte el práctico, pero no de todas las especialidades (aún no sabemos de qué especialidades se elimina) y la segunda parte de la prueba consistirá en la exposición de una unidad didáctica. Los exámenes no son eliminatorios; pero, al menos, hay que obtener un 5 de media para acceder a la fase de concurso (el 40% de la puntuación final).

El concurso de méritos está reservado para los opositores que tengan 5 años, o más, de experiencia docente, aunque jurídicamente deberían ser tres años de antigüedad al estar regulado así por la normativa laboral nacional y la directiva europea incumplida. El máximo del apartado de experiencia será de 10 años, no valorándose el resto de años trabajados. Para esta opción se reservan las plazas estructurales autorizadas por el Ministerio de Hacienda.  

 La “solución” plasmada en este borrador no respeta la Directiva 1999/70, ni las sentencias de 19 de marzo de 2020, ni la de 3 de junio de 2021 del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), por lo que el proceso puede judicializarse con la consiguiente inseguridad jurídica para todos los opositores. No existe ningún informe jurídico, que sepamos, de la abogacía del Estado que respalde el documento.

Según el actual borrador cualquier interino podrá optar por presentarse a cualquier comunidad para conseguir una plaza por la vía del concurso de méritos. Lo que podría provocar que las plazas de Extremadura se las llevaran interinos de otras comunidades que decidiesen presentar méritos en nuestra comunidad para participar en esta forma de acceso. El borrador de la modificación del Real Decreto no da ninguna salida a esta situación, como tampoco aclara qué pasará en el caso de empate entre interinos que concurran al proceso de estabilización. Todos estos aspectos, y muchos otros, quedan en el aire. 

Para muchos interinos, según se infiere de la lectura del texto-borrador del Real Decreto, será más fácil conseguir la plaza si optan por el concurso oposición que si se decantan por la vía del concurso (sin oposición). La mayoría de los interinos extremeños no se beneficiarán de este sistema, como no haya un cambio radical en el documento que finalmente se publique en el BOE que contemple, verdaderamente, la casuística específica de un colectivo al que se lleva hostigando durante años de forma constante tanto por las autoridades educativas como por los sindicatos subvencionados. Con la redacción actual del borrador sólo un 10% de los interinos docentes podrán estabilizar sus puestos de trabajo por la vía del concurso de méritos. En muchas especialidades no tendrán ni siquiera esa opción si no son objeto de convocatoria.

"Lo deseable es que el Ministerio de Educación diseñara un sistema que beneficiara a todos"

Lo que parece claro es que los realmente beneficiados serán los enchufados a dedo en las empresas y fundaciones públicas que serán fijos con este proceso de estabilización al aplicárseles la misma normativa, y no poder optar nadie, salvo ellos, a las plazas que ocupan.

Y toda esta farsa se articula con la aquiescencia de los sindicatos tradicionales, que se limitan a mirar desde lejos y a soltar en los medios, de vez en cuando, espurios argumentos con total impunidad e inmunidad por estar al socaire del monopolio sindical que ejercen por decreto. 

Los que tenemos memoria recordamos que el tripartito sindical traicionó una vez más a los trabajadores, en este caso a los funcionarios interinos docentes, el 29 de marzo de 2017 al firmar un acuerdo para estabilizar plazas, pero no a los interinos que las ocupaban. El 5 de julio de 2021 volvieron a hacer lo mismo, pactando con el exministro de Administraciones Públicas, un «remake» del desastroso acuerdo de 2017 con el mismo fin: estabilizar las plazas pero no a los interinos. 

Lo deseable es que los responsables del Ministerio de Educación hicieran lo correcto diseñando un sistema que beneficie a todos, sin excepción, a lo largo del tiempo, estableciendo un orden de prelación donde la experiencia tenga un peso determinante y el resto de méritos ocupen también un espacio necesario; permitiendo, con ello, estabilizar a los actuales y futuros interinos sin la pérdida de su puesto de trabajo; pero ya sabemos, tristemente, que «Quod natura non dat, Salmantica non præstat» y primarán otros intereses ajenos al bien común.

*Presidente y Vicepresidente de PIDE

jueves, 9 de diciembre de 2021

LA DIGNIDAD ( Alfredo Aranda Platero)

Una directora desolada, tras su dimisión junto con el resto de miembros del equipo directivo por desavenencias con la administración educativa, permanece erguida ante padres, madres y docentes de su centro educativo que, concentrados frente al colegio, le presentan sus respetos en forma de aplausos. Es, para mí, la viva imagen de la dignidad. Ocurrió en una concentración, convocada por la AMPA del CEIP Giner de los Ríos de Mérida, el 26 de noviembre de 2021 a las 8.50 de una fría mañana del pasado mes de noviembre. Y siguen las protestas.  

El “crimen” del que se acusa a la directora es el de luchar, con uñas y dientes, para que el centro cuente con los recursos personales necesarios para atender a la diversidad de sus alumnos. Esa diversidad de la que hacen bandera nuestros dirigentes educativos y que, a la hora de la verdad, queda disipada por la implacable realidad de los hechos.

La administración aceptó su dimisión de manera fulminante, sin dialogar –en el sentido noble de la palabra– con ella y con el resto del equipo para llegar a un punto de encuentro. La autoridad educativa justificó el recorte del profesor de audición y lenguaje por criterios técnicos. Criterios técnicos que, cuando es necesario, no se aplican a la educación concertada para evitar recortes y así autorizar ratios a la carta para la educación privada subvencionada. Todo un alarde de falta de equidad. Aquí vendría al pelo aquello de "Éstos son mis principios, y si no les gustan (a la concertada), tengo otros”. 

 Desde la consejería también se declaró, textualmente, que “Los apoyos educativos del resto de la plantilla no se están utilizando en favor de los alumnos que los pudieran necesitar”, como dando a entender que el centro dispone de los recursos necesarios para atender, y no lo hacen, a los alumnos con necesidades educativas especiales. Lo que supone un ataque gratuito y sin fundamento al buen hacer del centro educativo. Los alumnos con NEE reciben apoyo específico de los docentes de AL o PT y no apoyo ordinario del resto de profesores, que sí ofrecen ese apoyo a los alumnos que no han sido diagnosticados con un tipo de necesidad específica que requiere de la intervención de especialistas.

Con la dimisión el equipo directivo asume un perjuicio propio en favor del centro y de los alumnos. A eso se le llama tener honestidad, tener principios…; en una palabra, tener dignidad. Así se vive mejor, con la conciencia limpia. Por eso los aplausos y los vítores que recibió la directora dimitida como homenaje de la comunidad educativa del centro. 

 Parece que los rebeldes, los inconformistas, los críticos…, que se enfrentan y que exponen públicamente, si es necesario, sus discrepancias con las decisiones del poder establecido son purgados como enemigos desleales, en vez de ser considerados defensores de los derechos de los ciudadanos y, por tanto, respetados y escuchados. En el caso que nos ocupa, se defendía el derecho que tienen los alumnos con especiales necesidades de disponer de los apoyos indispensables para compensar sus problemas.

Todo muy poco edificante, por mucho que estemos acostumbrados ya a las decisiones sumarias de la administración (gestionada por cualquier color político, da igual) que, en un alarde de demostrar quién manda, atesora en sus anales todo un catálogo de desafueros. 

 También podríamos hablar de expedientes abiertos a docentes con acusaciones vagas por enfrentarse a quien no debe o aquellos menospreciados y ninguneados por protestar por la “expropiación” de parte del patio del recreo de su centro para hacer una sala de musculación. Casos se acumulan, con el paso de los años, en cantidades enciclopédicas. Todo queda, siempre, en el barbecho baldío del ninguneo a las reivindicaciones. Todo cae en el pozo sin fondo del olvido en el que se pierden solicitudes, demandas, reclamaciones y derechos. Aquello de la justicia social, de que el ciudadano de a pie cuenta, se ha convertido ya en una fabulación infantil, en una absurda quimera que queda disipada por la promiscuidad política que desmitifica, sin posibilidad de redención, aquella mentira de que la democracia es un “Sistema político en el cual la soberanía reside en el pueblo, que la ejerce directamente o por medio de representantes”. Pero esto será materia para otra reflexión. 

 Espero que no haya ninguna lista negra de insurrectos, inconformistas e indóciles, pero no me extrañaría dada la deriva de arbitrariedad opresiva e intransigente en la que está cayendo la política con frecuencia, que bien pudiera haber servido de inspiración a Eric Arthur Blair (George Orwell) para alguna de sus novelas distópicas. De existir dicha lista yo estaría en ella, sin duda, y me comprometo a seguir haciendo méritos para escalar hacia los primeros puestos.

*Vicepresidente de PIDE

miércoles, 10 de noviembre de 2021

MATAR A LA FILOSOFÍA (Alfredo Aranda Platero)

La filosofía debería ser una asignatura obligatoria desde la educación primaria; pero, sin embargo, la LOMLOE la confina solo al bachillerato, quitándola de la educación secundaria. El actual ejecutivo parecía demostrar cierta sensibilidad con respecto a esta disciplina; no obstante, al final (no sabemos con qué propósito) ha decidido limitarla, incumpliendo con ello el acuerdo al que llegó la Comisión de Educación del Congreso en 2018 de mantener en la ESO, al menos, la ética.

                                                                                                                            

La filosofía desarrolla el pensamiento crítico, la reflexión sin diques; es como el eslabón que conecta todos los saberes y que ofrece, además, al alumno una mirada propia sobre los posicionamientos éticos y morales que dimanan del conocimiento humano más puro, lo que no parece ser del gusto de los poderes fácticos que deciden cómo tenemos que vivir y qué tenemos que pensar.

 

El desarrollo del pensamiento crítico evita que la ignorancia, que abre la puerta a la manipulación de aquellos que ostentan el poder económico, político –en todas sus vertientes ideológicas–, social, informativo... no se extienda, como un virus en una guardería, por la mente de nuestros jóvenes estudiantes para que estos puedan tener herramientas que los protejan con solidez de la contaminación de la mentira, del engaño, del odio…, que campan a sus anchas por todas las esquinas y que están contaminando a la sociedad hasta la náusea, para regocijo de perversos personajes deseosos de mentes solubles que transijan fácilmente con las imposiciones y asuman, sin resistencia, la realidad que les ofrecen, por muy siniestra e injusta que esta sea.

 

Todas las asignaturas del ámbito de las humanidades y del entorno científico son de una necesidad incuestionable y deberían tener presencia suficiente en los horarios de todas las etapas, sin olvidarnos, por supuesto, de las enseñanzas artísticas en sus diferentes expresiones y de la educación física, tan necesarias para la formación integral del alumno. Lo que sobra, claramente, es la «asignatura» de religión, que debería desaparecer de los centros educativos y ubicarse en centros parroquiales o edificios consagrados (España es un país aconfesional y, por tanto, la libertad de culto hay que ejercerla en el ámbito privado). El espacio que la religión ocupa en el horario debería ser destinado a la filosofía.

 

Creo que hasta aquí estaremos todos de acuerdo o, al menos, la mayoría. Lo que es del todo incomprensible es la razón por la que aquellos que tienen en su mano dotar de sensatez a los horarios docentes, prefieran seguir fustigando a determinadas asignaturas en favor de la enseñanza de catecismos, credos y evangelios, como si instruir a los alumnos en las prescripciones religiosas fuera una obligación de las aulas en una sociedad aconfesional.

 

El conocimiento filosófico y la práctica artística constituyen un potentísimo binomio amplificador de las capacidades intelectuales, que incide de forma determinante en el éxito de todas las asignaturas y, por tanto, de una formación sólida de los alumnos. Los pedagogos que asesoran al Ministerio de Educación (da igual la ideología de turno que ocupe sus despachos) no parecen conocer esta realidad y no es de extrañar porque muchos ellos ya han demostrado, sobradamente, su inutilidad y desconocimiento para entender la importancia de las materias científicas y humanistas, así como la realidad de las aulas. Es, precisamente, una formación integral y activa lo que llevará al alumno no solo al aprendizaje de contenidos, sino también al conocimiento de sí mismo para desenvolverse con autonomía y espíritu crítico. Un alumno así formado será un adulto con poder sobre sí mismo, poco amigo de servidumbres y obediencias.

 

Alfredo  Aranda Platero

Vicepresidente de PIDE

 

lunes, 25 de octubre de 2021

LA BUROCRACIA APLASTA A LOS DOCENTES (Alfredo Aranda Platero)


La deriva burocrática en la que ha caído la educación, como si de una trampa se tratase, se ha convertido en un problema que amenaza con ser irresoluble, dada la obstinación de los poderes educativos en convertir a los docentes en oficinistas y administrativos que rumien datos para obtener estadísticas que presentar a la administración para que esta pueda demostrar, sacando pecho, lo bien que va todo a través de gráficas, diagrama de barras, gráficos de sectores o pictogramas molones.

Cada paso que un docente da tiene que estar ilustrado con informes y actas; lo que, al final, hará que muchos docentes aborrezcan su trabajo al no poder realizarlo sin el entramado burocrático en el que están enredados, y, así, la desmotivación se convertirá en un virus que anide y destruya la resistencia de la vocación docente, por muy fuerte que esta sea.

En el proceso de enseñanza-aprendizaje la burocracia es algo inútil, que no aporta nada a la capacidad de un docente de transmitir conocimientos y valores; más bien al contrario, lo que conlleva es una pérdida de tiempo que perjudica a la actividad docente, así como el desaliento que produce la impotencia de estar sujetos, encadenados, a labores superfluas que la administración fiscaliza, inspecciona, con mano de hierro como si de ello dependiera el éxito educativo.

Que la importante e insustituible labor de enseñar, se vea minada y estrangulada por tediosas tareas administrativas constituye una de las agresiones más dañinas que se le puede hacer al sistema educativo, dado que los docentes necesitan tiempo para reflexionar, buscar estrategias educativas, analizar situaciones para establecer mejoras en su actividad profesional, etc. Todas estas necesidades han sido abolidas, invalidadas, prácticamente prohibidas por quien prefiere que los docentes dediquen interminables horas a rellenar todo tipo de documentos que, al final, solo son una imposición jerárquica y coercitiva que alimenta únicamente las estadísticas para almacenar en la nube. 

 Se necesita, con urgencia, un cambio de modelo que garantice que los docentes se dediquen a la docencia como función principal, y que las tareas administrativas las realicen personal contratado a tal efecto. La consejera debe de dejar de mirar a los centros con prismáticos, desde sus reales aposentos, y acercarse a la realidad de las aulas, así advertiría que el exceso de normas, trámites y papeleos dificulta la relación de los docentes con los alumnos, con sus compañeros, con los progenitores y, por tanto, perjudica seriamente la salud del sistema educativo.

Es prioritario abordar este asunto a la mayor brevedad posible. La Consejería de Educación debe convocar la mesa de negociación donde estamos representados los sindicatos del sector educativo para iniciar un análisis pormenorizado de la situación en la que están los centros y buscar las soluciones para terminar, de una vez por todas, con la burocracia agresiva que se ha instalado en los centros y que ya podemos considerar como endémica.

Podemos acabar con esta pandemia del burocratismo improductivo analizando las razones por las que el sistema ha caído en el pozo de la burocracia y ha alcanzado dimensiones inabarcables, desproporcionadas y aterradoras que aliena al docente al encontrarse este dentro de una maquinaria que le arrastra hacia un sinsentido de gestiones, proceso y tramitaciones.

Analizar las causas políticas, económicas o de otra índole que han favorecido este crecimiento brutal de los quehaceres burocráticos y cómo minimizar su impacto en el docente, podría ser un buen inicio, si la administración educativa estuviera por la labor, para encontrar una solución que se me antoja necesaria y urgente. 

* Alfredo Aranda Platero (Vicepresidente Sindicato PIDE)

martes, 19 de octubre de 2021

LA BUROCRATIZACIÓN DE LA ENSEÑANZA (Alfredo Aranda Platero)

Siempre pensé que una educación libre de burocracia y centrada en la docencia era posible; pero no, es solo una quimera, una ilusión frustrada, porque la realidad es otra bien distinta. Es la burocracia la que todo lo emponzoña: el papeleo, los trámites, las normas, actas, planes, formularios, proyectos y un kilométrico etcétera sepultan a los docentes y los aleja de su primigenia labor.  

El proceso de enseñanza-aprendizaje tiene un poderoso y enrevesado enemigo: la burocracia. Piensan las autoridades educativas que este tedioso trabajo, meramente administrativo, que realizan los docentes es necesario para establecer un control sobre el funcionamiento de los centros, pero lo que consiguen es que la acción educativa pierda calidad. Nuestros gestores educativos prefieren, inexplicablemente, que los docentes dediquen más tiempo a papeleos abrumadores que a sus alumnos; lo que supone una grave irresponsabilidad por su parte, dado que están desnaturalizando la labor docente.  

 Me decía, no hace mucho tiempo, una directora de un colegio que la inspección la presionaba para que pusiera en funcionamiento el programa «aula del futuro» y que tenía bastante jodido el presente como para ahora pensar en aulas del futuro, que no daba abasto con más planes y programas, que vivía en una perenne angustia por todo el entramado burocrático en el que estaba atrapada. 

La gota que colma el vaso es el plan de igualdad, que mantiene a los equipos directivos con el agua al cuello. Al margen de que la necesidad de dicho plan esté justificada, la carga de trabajo ímprobo que conlleva y la presión que se está ejerciendo a los centros, desde Jefatura de Servicio de Innovación y Formación del Profesorado, para su desarrollo está provocando un profundo rechazo que bien pudiera desembocar en una negativa de los centros a desarrollar este y a otros planes. 

La consejería de educación, alejada de la realidad, asedia con todo tipo de tareas no docentes a los profesores que, sin tiempo y sin reconocimiento, están cada vez más cansados y hartos de la situación insostenible en la que sobreviven.  

 Muchas de estas labores no docentes los profesores las realizan fuera de su jornada laboral, lo que además de ser un abuso les quita tiempo para centrarse en lo que verdaderamente importa: la docencia directa con los alumnos y la búsqueda y adaptación de estrategias educativas para favorecer el aprendizaje.  

 Las autoridades educativas demuestran una peligrosa ignorancia y una tozudez que se me antoja incurable por su persistencia, que hace que la incertidumbre más turbadora se cierna sobre el futuro de la educación. 

Es imprescindible contratar al personal necesario de Administración y Servicios en todos los centros educativos. Hay muchas tareas administrativas y burocráticas que las podrían realizar dicho personal para descargar de ese trabajo a los docentes, cuya principal labor debería ser la enseñanza. 

Ya de por sí el trabajo de los docentes es denso, como para cargarles con más tareas, pues no solo transmiten conocimiento, sino también valores necesarios para logar ciudadanos respetuosos y con espíritu crítico. Para lleva a cabo su labor tienen que programar y establecer estrategias, así como evaluar el proceso de enseñanza-aprendizaje, atendiendo a las características individuales de cada alumno.  

 Los docentes están al albur de los vaivenes normativos y del empecinamiento de las autoridades educativas de implementar todo tipo de experimentos, planes y proyectos, sin dotar a los centros de mecanismos para poder afrontar la carga burocrática que conllevan. Trabajar en este ambiente de estrés socava la motivación necesaria para que un docente desarrolle su labor con la eficiencia adecuada. Si a esta turbadora realidad le sumamos la presión que ejerce la inspección educativa para que se cumplan con los plazos estrictos y normalmente cortos, en la entrega todo tipo de documentos, los docentes se sienten asfixiados. Toda esta rigidez administrativa, todas estas formalidades superfluas y todos estos trámites laboriosos lo que demuestra es que estamos antes una administración deshumanizada que desconoce la realidad de los centros y que pone a la labor docente ante el abismo. 

*Vicepresidente del sindicato de enseñanza PIDE

lunes, 13 de septiembre de 2021

DOBLE TRAICIÓN A LOS FUNCIONARIOS DOCENTES INTERINOS por Alfredo Aranda (Vicepresidente Sindicato PIDE)

 11 de septiembre de 2021

 La reducción de la temporalidad en el empleo público tiene difícil encaje en la Educación porque los interinos suelen ocupar distintas plazas cada curso y, en cualquier caso, no la misma plaza durante tanto años.

 El 5 de julio de 2021 los sindicatos tradicionales pactaron con el ministro Miguel Iceta un acuerdo para reducir la temporalidad en las administraciones públicas. Los interinos calificaron ese acuerdo como“icetazo”. Sin embargo, yo lo llamo la “doble traición” porque el 29 de marzo de 2017 los sindicatos tradicionales y el Gobierno de aquel entonces, hicieron lo mismo que ahora, firmaron un acuerdo para la mejora del empleo público, por el que pretendían estabilizar las plazas docentes pero no a los interinos que las ocupaban. Un verdadero ERE encubierto patrocinado por los sindicatos UGT, CCOO y CSIF que, en realidad, nada tiene que ver con una cuestión ideológica porque la primera traición la negociación con el gobierno del PP y la segunda con el del PSOE.

Iceta, tras perpetrar el latrocinio contra los funcionarios interinos, deja el Ministerio de Administraciones Públicas y se pasa al de Cultura y Deporte (bien pudiera parecer que fue nombrado solo para amortizar a los funcionarios interinos y poner, después, pies en polvorosa); ahora, el tripartito sindical, ya ducho en traiciones,y con el camino expedito, se encargará de disolver los rescoldos que puedan quedar de tamaña traición. 

 

¿Por qué el tripartito sindical actúa de forma contraria a los intereses, en este caso, de los funcionarios interinos, particularmente de los docentes? El origen está en el acuerdo de 1982, por el que las organizaciones sindicales tradicionales empezaron a recibir subvenciones millonarias a cargo de los presupuestos generales del Estado y la cesión de cientos de cursos de formación.Ese es el instante en que el tripartito sindical se convirtió en colaborador necesario, y bien pagado, del Estado para este pueda utilizarlos, cuando los necesite, como coartada para “icetazos” o traiciones de índole diversa.

Un sindicato libre, ajenos a extrañas presiones y no subvencionado no se hubiera prestados a la felonía, al engaño, a la infamia, a la vileza y, en fin, a la conjura para poner en peligro el trabajo, el sustento de miles de personas y, además, intentar, sin éxito, hacerlo pasar por un buen acuerdo. 

 

El Real Decreto-ley 14/2021, de 6 de julio, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público, con el que, ahora, intentan cumplir con las Unión Europea y bajar la temporalidad en la Administración, es una normativa que tiene difícil encaje en educación. Una de sus medidas básicas es que los funcionarios que lleven ocupando la misma plaza estructural durante 10 años, podrían pasar directamente al concurso de méritos, pero, en educación, esa condición no se da (o, al menos, difícilmente), en la medida de que los interinos suelen ocupar distintas plazas cada curso y, en cualquier caso, no la misma plaza durante tanto años.

Es una entelequia, una quimera, un engaño más a sumar a tantos otros. El tripartito sindical hará lo que el gobierno quiera, firmarán lo que les pongan por delante, aceptarán cualquier solución y, después, la venderán como un logro sindical. 

PIDE, a través de la Federación de Independiente de Docentes, tiene solicitada una reunión de trabajo para negociar con el MECD y para explicarles que educación necesita su propio proceso de consolidación de empleo, adaptada a su realidad y sin olvidarse de los interinos.  


 

viernes, 10 de septiembre de 2021

NUEVO CURSO ESCOLAR BAJO PANDEMIA por Alfredo Aranda Platero (Vicepresidente Sindicato PIDE)

 El nuevo curso escolar empieza como terminó el anterior: con mascarilla, distancia de seguridad y ventilación en las aulas; porque, como sabemos, el coronavirus persiste (ya se habla, incluso, de la sexta ola), y, de momento, no parece dispuesto a aceptar su derrota. La comunidad científica ha desentrañado su naturaleza e intentado aniquilarlo, con bastante éxito de momento, con vacunas que lo han parado; sin embargo, el virus muta, se adapta y se defiende y puede lanzar de nuevo su holocausto. Por eso es necesario mantener las medidas de seguridad y no relajarse, pues bien pudiera parecer, en ocasiones, que estamos ante un ente pandémico organizado con consciencia y capacidad de discernimiento, mucha más, por cierto, que todos aquellos inconscientes que por edad o por inmadurez, o por cualquier otra razón indefendible, viven la vida loca buscando fiestas multitudinarias donde ser libres. 

 

En este contexto epidémico que, aunque controlado, permanece las autoridades educativas no pueden bajar la guardia. La máxima presencialidad en las aulas, aunque estimo que necesaria siempre que no suponga riesgo, puede ser una nueva oportunidad que se le presenta al virus para recuperar el terreno perdido, por eso no hay que darle tregua y mantener la alerta constante. 

Thank you for watching

Creo, firmemente, que con las vacunas y las medidas de seguridad el virus terminará replegándose por completo y escondiéndose en algún agujero a la espera de momentos más propicios para volver a las andadas.

La Consejería de Educación debe ser implacable a la hora de enfrentarse a un enemigo que aún no ha sido derrotado e implementar todas las medidas preventivas posibles. Unas de las medidas necesarias sería el mantenimiento de la plantilla docente, al menos, en el mismo número que el curso pasado; sin embargo, tendremos unos 150 profesores menos, lo que no parece una decisión acertada.  

 

Es de justicia destacar el valor de los docentes que han trabajado tan duramente durante la pandemia, con teletrabajo cuando ha sido necesario, desde el aula cuando así se les ha exigido, multiplicándose siempre para llegar a los objetivos marcados. Ha quedado clara, nívea, la importancia de los docentes en cualquier situación, y durante la covid han demostrado, con mayor fuerza, su valía. Sería el momento de que el reconocimiento de la labor docente no se quedara solo en buenas palabras por parte de la Consejera, sino que se diera el paso de establecer mejoras necesarias, largamente reivindicadas, en las condiciones laborales de los docentes.

Un real reconocimiento sería el mejor homenaje. Espero que la consejera esté al nivel de los docentes.

*Vicepresidente del sindicato PIDE

martes, 8 de junio de 2021

EDUCACIÓN PÚBLICA, PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD (Alfredo Aranda Platero)

Educación pública, patrimonio de la humanidad

 


La UNESCO (organismo especializado de la ONU en educación, ciencia y cultura) cataloga la educación pública como fundamento del estado de derecho. La describe como “un bien mundial que debe protegerse para evitar una catástrofe generacional” y considera que la educación debe ser “un bien público y una responsabilidad colectiva”.

En Europa la educación concertada prácticamente no existe y la privada es residual. En España, voy a ser muy gráfico, la educación concertada existe porque existió una dictadura que duró cuarenta añosque dio un golpe letal a la evolución social y económica del país, sumiéndolo en un estado catatónico involutivo que frenó, en seco, la transformación que toda sociedad necesita para ir acorde con los tiempos. 

 En lo tocante a la educación la dictadura fue también catastrófica; el sistema educativo se transformó en autoritario, doctrinal, sexista, ultracatólico, reaccionario y cerrado. Durante el franquismo la red de escuelas era muy pobre y no se construían colegios suficientes para poder escolarizar a todos los niños. Una vez que se pudo desenterrar la democracia y arrebatársela de las garras de la tiranía de la dictadura, nos encontramos con un país roto, atrasado, con deficiencias severas en todos los sectores. Cuando salimos de esas tinieblas, ya con la democracia recuperada, la demanda de escolarización aumentó de forma extraordinaria (periodo 1977-1985) y no podía ser asumida por la insuficiente red de escuelas que existía en ese momento, y se decidió concertar unidades con la escuela privada (a partir de 1985 se extendieron los conciertos) mientras se construían los centros públicos necesarios que no se edificaron durante la dictadura franquista; pero, al final, lo que nació como una solución transitoria se ha convertido en un problema que, parece, nadie se atreve a abordar.  

 De no haber existido la dictadura la red pública de centros hubiera seguido avanzando y adaptándose a la demanda de cada momento, por lo que no hubiera sido necesario concertar unidades con la educación privada y hoy día los conciertos educativos no existirían o serían anecdóticos, como en el resto de Europa.

Siempre que tienen ocasión, los representantes sindicales de la privada-concertada, afean a PIDE su lucha a favor de la educación pública; en sus prédicas, siempre con un tufo de beatífico resplandor, la debilidad argumental de sus postulados suele ser lo más destacable.  

 Los fervorosos defensores de la educación concertada sostienen que no solo la educación pública garantiza la igualdad de oportunidades; pero, como siempre, la realidad es tozuda y es un hecho incontrovertible que la educación pública es la única que llega a todos los rincones, mientras que la privada-concertada se establece solo en núcleos urbanos grandes, donde hay negocio. La diferencia abismal entre pública y privada-concertada, reside en que la pública tiene alumnos y la concertada, clientes. Y no pueden evitarlo, pues quien ve la educación como un negocio la trata como tal.  

 Una falacia más, producto de la ignorancia, es acusarnos de pretender el despido de los docentes de la concertada. Es evidente que desconocen las propuestas del Sindicato del Profesorado Extremeño, PIDE. Resumo una brevemente, con la íntima esperanza de que los partidarios de la privada-concertada la entiendan: PIDE presentó en la Asamblea de Extremadura una propuesta de impulso que pretendía que los colegios concertados se vayan convirtiendo en públicos (sin despedir a nadie) cubriendo las plazas de jubilación, u otras que se produjeran, por funcionarios de la pública. En determinado periodo de años se solucionaría el problema sin despedir a nadie: la educación concertada se transformaría en educación pública (en un determinado periodo  dichos centros pasarían a titularidad pública). Lo centros concertados que no quieran esta transformación, pasarían a ser exclusivamente privados sosteniéndose exclusivamente con la cuota de los padres.   

 Esta propuesta de PIDE es muy garantista y no habría despidos, por lo que los docentes de la concertada estarían encantados; pero, claro, el sindicato que defiende este señor se quedaría si nada que representar y, por tanto, sin ser necesario.

Las ocurrencias no terminan ahí, dado que sin pudor alguno, los sindicalistas devotos de los conciertos, piden que homologuen las condiciones laborales y salariales de la enseñanza privada-concertada con la Enseñanza Pública. Y añade que: “A igual trabajo, igual salario”. Pero se olvidan, claro, de pedir también la igualdad en la forma de acceso al puesto de trabajo, que en la educación pública respeta los principios de igualdad, mérito y capacidad, y en la educación concertada respeta el principio predemocráctico del enchufe. 

 Es muy difícil recomponer una estructura educativa donde lo público sea lo primero y lo concertado, de ser estrictamente necesario, subsidiario. Y es difícil porque el gobierno de turno, este y el anterior, parecen desconocer, realmente, la importancia de lo público; tal es el peso del residuo tóxico de la contaminación que dejan aquellos que quieren mercantilizar la educación y convertirla en algo con lo que ganar dinero. Es desolador ver, cómo hasta los partidos políticos cuyos principios ideológicos, en teoría, están por la defensa de lo público, se arrodillan, sumisos y obedientes, ante los lobbies que quieren convertir la educación en un negocio. 

jueves, 20 de mayo de 2021

GRACIAS A LA PÚBLICA (QUE NOS HA DADO TANTO) por Alfredo Aranda Platero (Vicepresidente Sindicato PIDE)

La Educación Pública es un modelo de educación no ideologizado, inclusivo, garante de la igualdad de derechos y oportunidades y, además, verdaderamente gratuito. Es del todo imprescindible para una sociedad que necesita pilares sólidos en los que asentarse, donde el conocimiento y los valores alejados de la mercantilización se abran paso para generar ciudadanos empáticos y genuinos, libres de las ataduras de las ideologías y las creencias que siempre han subyugado a los ciudadanos buscado caminos para someterlos a sus preceptos interesados.

La Institución Libre de Enseñanza implementó dichos valores durante el medio siglo de su existencia, hasta que la dictadura franquista convirtió las aulas en espacios oscuros donde la letra empezó a entrar con sangre. Se pasó de una educación libre, igualitaria, emocional, de contenidos vividos y vívidos, de la letra con amor entra, a una educación desoladora donde el castigo duro, incluido el físico, adquirió el marchamo de pedagogía de vanguardia.

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Hace ya mucho tiempo que salimos, por fortuna, de esa ciénaga de tiranía en la que el tiempo y el espacio quedaron varados y sometidos al abyecto totalitarismo, que durante 4 décadas, tras la depuración de docentes no adeptos al régimen y sustituirlos por otros fieles al nacional-catolicismo, trasformó las escuelas en lugares sombríos donde la pedagogía basada en la disciplina, en la autoridad y en la obediencia, sustituyó a la pedagogía abierta, activa y cooperativa que la ILE había implementado.

En 1975, tras el final del franquismo, la sociedad empezó a sacudirse la infamia del tiempo sombrío de aquel entonces y la escuela empezó a resurgir de sus cenizas(los centros públicos actuales son un buen ejemplo de ello) y recuperaron, poco a poco, los ideales de aquella propuesta libre de enseñanza, asumiendo muchos de sus objetivos y criterios pedagógicos.  

 La sociedad que prima lo público es más justa, más equilibrada y más equitativa, porque lo público es de todos y no discrimina a nadie, independientemente de las peculiaridades cognitivas y sociales del individuo; así, por ejemplo, en la pública nos encontramos con un aula abierta donde la diversidad del alumnado es una de sus riquezas principales. En su momento, los datos extraídos del informe PISA no dejaban lugar a dudas: lo único que hace mejor la escuela privada-concertada que la pública, es seleccionar a su alumnado, lo que no redunda en absoluto en mejores resultados académicos, más bien al contrario.

La selección del alumnado que la privada-concertada hace no solo la aleja de la sociedad real, sino también de los progenitores que cada vez con más frecuencia prefieren una educación pública que aúna calidad y diversidad, para que sus hijos se desarrollen en un ambiente de inclusión y aceptación del diferente, como legado para un futuro de adultos comprometidos con la sociedad entendida como un lugar común de convivencia. 

 La educación pública, al menos en Extremadura, puede asumir las necesidades de escolarización sin necesidad de conciertos; de hecho, los conciertos nacieron con el propósito de asumir la escolarización de los alumnos que no pudiera absorber la escuela pública.

En 1985 la red pública tuvo que concertar de forma masiva unidades con la privada para poder acaparar la demanda de plazas escolares (para revertir la masificación de las aulas que se produjo en el periodo 1977-1985), con el compromiso de que una vez que se construyeran los centros públicos necesarios, la subvenciones a la privada se retirarían. La red de centros públicos era escasa tras los 40 años de oscuridad a las que nos sometió el franquismo, la solución de concertar fue algo coyuntural, pero que al final se ha convertido en un problema endémico que perjudica seriamente a la educación pública.

Todos miran para otra parte; incluidos los partidos de izquierda que, supuestamente, defienden lo público, y los sindicatos tradicionales que, mientras adulan, como expertos fariseos, a la escuela pública, se sientan en la mesa de negociación de la concertada para protegerla.

La educación pública permanecerá, aunque haya poderes fácticos que quieran convertir la educación en un negocio y, con ello, desnaturalizarla. Nuestra organización sindical siempre se mantendrá firme en su defensa, jamás traicionaremos la confianza que los docentes de la pública han depositado en nosotros.

*Vicepresidente del sindicato PIDE

 

jueves, 11 de marzo de 2021

CARTA ABIERTA A LA CONSEJERA DE EDUCACIÓN DE EXTREMADURA.

Señora consejera, en esta vida todo, o casi, es relativo; sin embargo, hay cosas
que son absolutas o, al menos, deberían serlo. De un político, con mayúsculas, se espera
que cumpla la ley, que respete las decisiones judiciales, que no  utilice subterfugios para
dilatar la aplicación de una sentencia; y más, cuando esta es firme.


Las sentencias judiciales se respetan, pero todas; eso de acatar unas sí y otra no
deslegitima el discurso de quien dice ponerse de parte de la justicia obviando, al mismo
tiempo, una sentencia firme como la de PIDE que reconoce que los interinos con
vacante deben estar en su puesto el 1 de septiembre y, además, añade una retroactividad
de 4 años, a efectos administrativos y económicos.


Aunque PIDE ha conseguido uno de los objetivos importantes: que los interinos
con vacante se incorporen el 1 de septiembre a partir del curso 2021-2022, no podemos
estar plenamente satisfechos cuando usted, señora, niega la retroactividad de cuatro
años de una sentencia ejecutada ya en el demandante y extendida a varios interinos. Este
empecinamiento, que no me supone sorpresa alguna, provocará que PIDE colapse la
administración pidiendo las extensiones individuales por vía judicial.


Que ahora diga que corrobora que los interinos con vacante se incorporen el 1 de
septiembre a partir del curso 2021-2022 “por el interés de dar certidumbre al colectivo”,
porque  supone “una igualdad de oportunidades y una mejora laboral” y porque
“beneficia a la organización del curso escolar y eso redunda en la calidad de la
enseñanza y, por tanto, en el alumnado”, no deja de asombrar dado que dichos
beneficios se han dado siempre y si, finalmente, reconoce este derecho es porque se ha
visto usted cercada judicialmente y no porque sea la valedora de los derechos de los
docentes como, en rueda de prensa, pretendía transmitir con esa serenidad impasible con
la que los políticos esconden las impurezas de sus decisiones e intentan esconderse tras
un manto de acrisolada rectitud, pero que no es otra cosa que la constatación irrefutable
de cómo se disuelven, hasta quedar en nada, los principios básicos de una ideología que
debería estar por encima de las veleidades personales.


Obligar a PIDE a reactivar las extensiones individuales de sentencia es una
irresponsabilidad por su parte, consejera; porque con el dinero del contribuyente, no lo
olvide, se tendrá que pagar las costas que TSjex imponga a la Junta de Extremadura,
dado que el desenlace lógico es que el tribunal ratifique las extensiones de sentencia,
profusamente argumentadas, e interponga las costas a la administración negacionista.


En diciembre de 2020, en rueda de prensa (después ratificado en comparecencia
en la Asamblea de Extremadura), la consejería comunicó que se reconocían las dos
sentencias que había al respecto y se incorporarían, por tanto, los interinos el 1 de
septiembre con la retroactividad de 4 años. ¿Qué ha cambiado para que se incumpla la
palabra dada? Por una tercera sentencia, que le ha venido llovida del cielo, a favor de la
administración, es decir, en contra de los derechos de los interinos... pero que nada tiene
que ver con la sentencia firme de PIDE, que es otra distinta, que es otro proceso
diferente. Si en diciembre la sentencia de PIDE era válida, por firme y ejecutada, más
válida es ahora; y negarlo y poner palos en las ruedas para que los interinos que cumplan los requisitos de la sentencia no puedan beneficiarse de ella en toda su
amplitud, es una muestra fehaciente de la eterna paradoja de gobernantes, elegidos por
el pueblo, negando derechos al pueblo.


No voy a entrar en los motivos reales, consejera, por los que prefiere la
confrontación al diálogo, por los que opta por entorpecer la extensión de los efectos de
una sentencia firme oponiéndose al más básico sentido de la justicia; pero sí diré, que su
actitud es una clara declaración de intenciones y que nada tiene que ver con un
desarrollo responsable de sus competencias como consejera. Una pena.


En este erial de la política sin concierto, de la testarudez vana, del desamparo en
la que los derechos sufren las inclemencias de la política imperfecta, no cejaremos ni un
momento de luchar con todo nuestro ser, consejera, por los docentes que trabajan en
Extremadura e igual nos da las piedras que se nos pongan en el camino, devoraremos las
dificultades, no le quepa duda, hasta saciar muestra hambre de justicia social.

Alfredo Aranda Platero
Vicepresidente de PIDE

viernes, 18 de diciembre de 2020

"ESTADO, RELIGIÓN Y EDUCACIÓN" por Alfredo Aranda Platero (Vicepresidente Sindicato PIDE)

 

Hay quien, con la fe de fondo, analiza el fenómeno religioso vinculándolo a la libertad y a la verdad como fundamento del catolicismo. Y se equivoca, pienso, porque el verdadero católico no es libre, dado que está sujeto a una liturgia y a unos preceptos obligatorios; pudiendo llegar a ser, incluso, excomulgado si no sigue el camino marcado por los doctores de la iglesia. Tampoco la verdad como hecho empírico puede atribuirse a la religión pues es la fe la que la sostiene.

Huyendo de prejuicios ideológicos contemporáneos, de tópicos ocurrentes (y mira que la religión se nutre de tópicos ocurrentes y recurrentes), con la prudencia que da la perspectiva histórica, hay que reconocer que la Iglesia fue siempre foco de poder que ejerció, en muchas ocasiones, con brutalidad (hablar de la inquisición sería materia para otra reflexión). Es precisamente el poder y el control que ejercía el que le daba la posibilidad de monopolizar la cultura para ser transmitida, no al pueblo, sino a la élite social. Es normal que ostentando ese dominio, esa autoridad, esa soberanía…, ejerciera el mecenazgo de universidades. No está en mi ánimo quitarle ese mérito; las universidades en Europa nacieron, en gran medida, a la sombra y control de la Iglesia y, después, se les escapó de las manos (eso no lo tenían previsto por aquel entonces) y se extendió hasta llegar, como ocurre en la actualidad, a la ciudadanía general. 

Muchos piensan que pretender una educación libre de ideologías, religiosas y políticas, es poco menos que perseguir la abolición de la religión y, más al contrario, la pretensión es, simplemente, que el discente crezca en un ambiente emancipado de creencias, dogmas, credos, evangelios…, para que, cuando tenga la edad suficiente, pueda abrazar, si quiere,  la religión que le plazca o ninguna de ellas.

Asumir principios laicos para conducirnos por la vida, lejos de convertirnos en demonios críticos, eleva nuestro nivel de exigencia ética. No me opongo, en absoluto, a la religión, pero sí a que se imparta en las escuelas en horario lectivo. De quedarse en las aulas debería ser como una actividad formativa complementaria que es, en realidad, su verdadera naturaleza.

Desde algunos sectores se percibe un abierto interés en introducir en el debate social la idea de que la aconfesionalidad del Estado, que marca la Carta Magna, no es razón suficiente para ubicar la enseñanza de la religión en el lugar que le pertenece: las iglesias, centros parroquiales o edificios consagrados; negando el pan y la sal al fenómeno de la enseñanza libre de adoctrinamientos y, de paso, desacreditar a los que pedimos cumplir con la Constitución.

Que lo público es patrimonio de todos, nadie lo pone en duda; pero eso no es óbice para  que un Estado, que no está adscrito a ninguna confesión religiosa, tenga que incumplir un precepto constitucional para seguir manteniendo un atávico legado heredado de una educación clásica y clasicista que no casa, en absoluto, con una escuela basada en la libertad, la experiencia y el conocimiento. La enseñanza de la religión que, no olvidemos se basa en el dogma de la fe y, por tanto, es algo muy personal, debe llevarse a cabo, no me cansaré de decirlo, en el ámbito familiar o en las iglesias. Dixi.

Alfredo Arana Platero, Vicerpesidente de PIDE

jueves, 10 de diciembre de 2020

"LOMLOE: OCTAVA LEY EDUCATIVA SIN CONSENSO"

 



Alfredo Aranda PlateroAlfredo Aranda Platero
10/12/2020

La Lomloe nace, como viene siendo tradición en lo referente a las leyes educativas, sin consenso. Será la octava ley, que dará paso a la novena en el momento que cambie el signo político del gobierno de turno. Una triste realidad que se perpetuará, me temo, por los siglos de los siglos.

Sé que muchos no se han leído el Proyecto de Ley Orgánica, ni se lo leerán; pero aun así lo atacan o lo defienden con argumentos prestados obtenidos en redes sociales o en titulares de prensa, según la afinidad ideológica que compartan emisor y receptor. Sería deseable que cada cual sacara sus propias conclusiones después de leer el texto del proyecto, antes de asumir como propios los argumentos de otros.

Todas las leyes de educación que se han aprobado en los últimos 40 años tenían las impurezas propias de la ceguera ideológica, lo que es inevitable; sin embargo, confundir el sedimento ideológico con cuestiones de justicia social desacredita las opiniones de quien sólo pretende falsear y confundir.

Deshojemos la margarita de los aspectos más polémicos de la Lomloe. Me gusta que se impida a la concertada cobrar por los servicios que ya están pagados con subvenciones públicas; no me gusta el MIR docente, porque ya existe y se llama interinidad; me gusta que la religión deje ser evaluable, porque es una “asignatura” que tiene que ver con la fe y que no debería tener cabida en el currículo; no me gusta que no incluya la ética en 4º de la ESO porque es necesaria para la formación integral del alumno; me gusta que los centros ordinarios puedan tener recursos para poder escolarizar a niños con necesidades educativas si los padres así lo quieren, lo que en absoluto significa que los centros de educación especial desaparezcan, es más deben seguir siendo una opción importante; no me gusta que se utilice la lengua española como moneda de cambio, pese a que la palabra “vehicular” que ahora desaparece del Proyecto de Ley no consiguió en su momento que en Cataluña, por ejemplo, se apreciase el castellano al mismo nivel que el catalán.

De entre todos los aspectos polémicos hay dos que hacen que la imperfecta LOMLOE sea mejor que otras leyes: el tratamiento que hace de la enseñanza concertada y de la religión.

En cuanto a la educación concertada la Lomloe no limita la libertad de los padres para elegir, sino la de los centros concertados que siempre han establecidos métodos para filtrar al alumnado que quieren. Por eso se pretende suprimir las cuotas obligatorias, las donaciones “voluntarias” y cualquier otra forma de financiación subterránea; para que así los  niños con pocos recursos puedan tener acceso a los centros concertados(lo que les duele, me temo, a la educación concertada es que se limita su negocio).También se impide la segregación por sexos que es una forma despreciable de discriminación.

En lo tocante a la religión esta no desaparece, pero deja de ser evaluable por lo que no contará para la media final ni para conseguir becas, lo que es lógico porque la religión no es una verdadera asignatura, es una actividad formativa complementaria. El proceso natural sería que la Historia de la Religiones sustituyera a la “asignatura” de religión.

Capítulo aparte merece el asunto del castellano. La Lomloe elimina del texto “el castellano es lengua vehicular de la enseñanza en todo el Estado[…]” y añade que “Las Administraciones educativas garantizarán el derecho de los alumnos y las alumnas a recibir enseñanzas en castellano […]”. Y agrega además: “Al finalizar la educación básica, todos los alumnos y alumnas deberán alcanzar el dominio pleno y equivalente en la lengua castellana y, en su caso, en la lengua cooficial correspondiente”. ¿Este cambio favorecerá o perjudicará la enseñanza del castellano en las comunidades con lengua cooficial? No lo sabemos, es probable que no suponga cambio alguno, lo que sí sabemos es que la ley Wert no impidió que la lengua vehicular en Cataluña fuera el catalán.

En definitiva, la LOMLOE sin ser la Ley que a mí me gustaría, es mejor que otras leyes de educación precedentes; pero nace, como todas, con su propia kryptonita: la falta de consenso.

Vicepresidente de PIDE

martes, 9 de junio de 2020

RATIOS A LA CARTA O LA LIQUIDACIÓN DE LA EDUCACIÓN PÚBLICA

Ratios a la carta o la liquidación de la educación pública

Y toda esta infamante acción, planificada con nocturnidad y alevosía, adquiere el dramatismo más atroz cuando la educación privada sigue con sus subvenciones, con sus conciertos y con sus ratios a la carta





Indignación generalizada mezclada con una impotencia difícil de gestionar, son los síntomas que están provocando a infinidad de docentes, en mi caso, por lo menos, así ha sido, la agresión que está sufriendo la educación pública por los recortes brutales de plantilla que la inspección educativa ha propuesto, látigo en mano, aplicando los criterios técnicos estrictos establecidos por la Consejería de Educación y Empleo, que llevará a cientos de profesores a perder su plaza (los que más lo van a sufrir serán los interinos); pero no contentos con esta erosión de lo público, tampoco el 2% prometido de subida salarial se llevará a cabo y los docentes seguiremos acumulando pérdida de poder adquisitivo, que en los últimos diez años supera el 20%.

Y toda esta infamante acción, planificada con nocturnidad y alevosía, adquiere el dramatismo más atroz cuando la educación privada sigue con sus subvenciones, con sus conciertos y con sus ratios a la carta, dado que las ratios que no se permiten en la educación pública, sí se permiten en la concertada para que esta no sufra recortes y se mantenga a flote. 



Quizá algún residuo ideológico les quede todavía a quien nos gobierna en alguna profunda oquedad a la que los tecnócratas encarnecidos no hayan tenido acceso todavía. Si así fuera, si a nuestros gobernantes les quedara algo de la ideología que llevan por bandera, deberían parar estos recortes injustificados y dañinos que socavan la educación pública y manda a la calle a un gran número de docentes.

Arguyen que no tienen dinero, pero mantienen contrataciones a dedo de asesores en las empresas públicas, o mantienen los conciertos con los centros privados que cuestan más de 82 millones de euros al año (sin contar con otras ayudas de programas diversos que reciben), cuando los conciertos ya nos son necesarios porque la red pública puede asumir las necesidades de escolarización de todas las localidades extremeñas.

Reduciendo gastos innecesarios podrían equilibrar los presupuestos para hacer frente a todos los compromisos adquiridos y pagos pendientes: no recortar plazas en la educación pública, asumir el pago del 2% comprometido, implantar la carrera profesional, mantener la reducción horaria de mayores de 55 años en todos los niveles educativos no universitario y un largo etcétera. 
Por muchos años que pasen, si comenten esta tropelía, nunca llegarán a despojarse por completo de la ignominia que cometieron en tiempos de la pandemia, quedará grabado para siempre en la memoria de cientos de docentes que se quedarán sin plaza y de otros muchos que tendrán que trabajar con ratios abultadas. 

Allá por 1985 la red pública no podía asumir la demanda de escolarización, por esa razón se empezaron a concertar unidades con los centros privados. De hecho la concertación nació con el único objetivo de concertar unidades solo allí donde la educación pública no llegara; pero una vez que la red pública se ampliara (el artículo 27 de la Constitución refleja la necesidad de construir centros educativos) los conciertos dejarían de ser necesarios; sin embargo, los conciertos han seguido creciendo y en Madrid o Barcelona, por ejemplo, ya superan a lo público.

Los defensores de la educación concertada se aferran al argumento demagógico, o argumento de subsistencia, de que la concertación responde al respeto que hay que tener al principio constitucional de libertad de enseñanza. En España existe efectivamente, según señala la constitución, la libertad de enseñanza; pero dicha libertad debe ejercerse entre lo público y lo privado y, por tanto, está asegurada.