martes, 8 de junio de 2021

EDUCACIÓN PÚBLICA, PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD (Alfredo Aranda Platero)

Educación pública, patrimonio de la humanidad

 


La UNESCO (organismo especializado de la ONU en educación, ciencia y cultura) cataloga la educación pública como fundamento del estado de derecho. La describe como “un bien mundial que debe protegerse para evitar una catástrofe generacional” y considera que la educación debe ser “un bien público y una responsabilidad colectiva”.

En Europa la educación concertada prácticamente no existe y la privada es residual. En España, voy a ser muy gráfico, la educación concertada existe porque existió una dictadura que duró cuarenta añosque dio un golpe letal a la evolución social y económica del país, sumiéndolo en un estado catatónico involutivo que frenó, en seco, la transformación que toda sociedad necesita para ir acorde con los tiempos. 

 En lo tocante a la educación la dictadura fue también catastrófica; el sistema educativo se transformó en autoritario, doctrinal, sexista, ultracatólico, reaccionario y cerrado. Durante el franquismo la red de escuelas era muy pobre y no se construían colegios suficientes para poder escolarizar a todos los niños. Una vez que se pudo desenterrar la democracia y arrebatársela de las garras de la tiranía de la dictadura, nos encontramos con un país roto, atrasado, con deficiencias severas en todos los sectores. Cuando salimos de esas tinieblas, ya con la democracia recuperada, la demanda de escolarización aumentó de forma extraordinaria (periodo 1977-1985) y no podía ser asumida por la insuficiente red de escuelas que existía en ese momento, y se decidió concertar unidades con la escuela privada (a partir de 1985 se extendieron los conciertos) mientras se construían los centros públicos necesarios que no se edificaron durante la dictadura franquista; pero, al final, lo que nació como una solución transitoria se ha convertido en un problema que, parece, nadie se atreve a abordar.  

 De no haber existido la dictadura la red pública de centros hubiera seguido avanzando y adaptándose a la demanda de cada momento, por lo que no hubiera sido necesario concertar unidades con la educación privada y hoy día los conciertos educativos no existirían o serían anecdóticos, como en el resto de Europa.

Siempre que tienen ocasión, los representantes sindicales de la privada-concertada, afean a PIDE su lucha a favor de la educación pública; en sus prédicas, siempre con un tufo de beatífico resplandor, la debilidad argumental de sus postulados suele ser lo más destacable.  

 Los fervorosos defensores de la educación concertada sostienen que no solo la educación pública garantiza la igualdad de oportunidades; pero, como siempre, la realidad es tozuda y es un hecho incontrovertible que la educación pública es la única que llega a todos los rincones, mientras que la privada-concertada se establece solo en núcleos urbanos grandes, donde hay negocio. La diferencia abismal entre pública y privada-concertada, reside en que la pública tiene alumnos y la concertada, clientes. Y no pueden evitarlo, pues quien ve la educación como un negocio la trata como tal.  

 Una falacia más, producto de la ignorancia, es acusarnos de pretender el despido de los docentes de la concertada. Es evidente que desconocen las propuestas del Sindicato del Profesorado Extremeño, PIDE. Resumo una brevemente, con la íntima esperanza de que los partidarios de la privada-concertada la entiendan: PIDE presentó en la Asamblea de Extremadura una propuesta de impulso que pretendía que los colegios concertados se vayan convirtiendo en públicos (sin despedir a nadie) cubriendo las plazas de jubilación, u otras que se produjeran, por funcionarios de la pública. En determinado periodo de años se solucionaría el problema sin despedir a nadie: la educación concertada se transformaría en educación pública (en un determinado periodo  dichos centros pasarían a titularidad pública). Lo centros concertados que no quieran esta transformación, pasarían a ser exclusivamente privados sosteniéndose exclusivamente con la cuota de los padres.   

 Esta propuesta de PIDE es muy garantista y no habría despidos, por lo que los docentes de la concertada estarían encantados; pero, claro, el sindicato que defiende este señor se quedaría si nada que representar y, por tanto, sin ser necesario.

Las ocurrencias no terminan ahí, dado que sin pudor alguno, los sindicalistas devotos de los conciertos, piden que homologuen las condiciones laborales y salariales de la enseñanza privada-concertada con la Enseñanza Pública. Y añade que: “A igual trabajo, igual salario”. Pero se olvidan, claro, de pedir también la igualdad en la forma de acceso al puesto de trabajo, que en la educación pública respeta los principios de igualdad, mérito y capacidad, y en la educación concertada respeta el principio predemocráctico del enchufe. 

 Es muy difícil recomponer una estructura educativa donde lo público sea lo primero y lo concertado, de ser estrictamente necesario, subsidiario. Y es difícil porque el gobierno de turno, este y el anterior, parecen desconocer, realmente, la importancia de lo público; tal es el peso del residuo tóxico de la contaminación que dejan aquellos que quieren mercantilizar la educación y convertirla en algo con lo que ganar dinero. Es desolador ver, cómo hasta los partidos políticos cuyos principios ideológicos, en teoría, están por la defensa de lo público, se arrodillan, sumisos y obedientes, ante los lobbies que quieren convertir la educación en un negocio. 

jueves, 20 de mayo de 2021

GRACIAS A LA PÚBLICA (QUE NOS HA DADO TANTO) por Alfredo Aranda Platero (Vicepresidente Sindicato PIDE)

La Educación Pública es un modelo de educación no ideologizado, inclusivo, garante de la igualdad de derechos y oportunidades y, además, verdaderamente gratuito. Es del todo imprescindible para una sociedad que necesita pilares sólidos en los que asentarse, donde el conocimiento y los valores alejados de la mercantilización se abran paso para generar ciudadanos empáticos y genuinos, libres de las ataduras de las ideologías y las creencias que siempre han subyugado a los ciudadanos buscado caminos para someterlos a sus preceptos interesados.

La Institución Libre de Enseñanza implementó dichos valores durante el medio siglo de su existencia, hasta que la dictadura franquista convirtió las aulas en espacios oscuros donde la letra empezó a entrar con sangre. Se pasó de una educación libre, igualitaria, emocional, de contenidos vividos y vívidos, de la letra con amor entra, a una educación desoladora donde el castigo duro, incluido el físico, adquirió el marchamo de pedagogía de vanguardia.

Thank you for watching

Hace ya mucho tiempo que salimos, por fortuna, de esa ciénaga de tiranía en la que el tiempo y el espacio quedaron varados y sometidos al abyecto totalitarismo, que durante 4 décadas, tras la depuración de docentes no adeptos al régimen y sustituirlos por otros fieles al nacional-catolicismo, trasformó las escuelas en lugares sombríos donde la pedagogía basada en la disciplina, en la autoridad y en la obediencia, sustituyó a la pedagogía abierta, activa y cooperativa que la ILE había implementado.

En 1975, tras el final del franquismo, la sociedad empezó a sacudirse la infamia del tiempo sombrío de aquel entonces y la escuela empezó a resurgir de sus cenizas(los centros públicos actuales son un buen ejemplo de ello) y recuperaron, poco a poco, los ideales de aquella propuesta libre de enseñanza, asumiendo muchos de sus objetivos y criterios pedagógicos.  

 La sociedad que prima lo público es más justa, más equilibrada y más equitativa, porque lo público es de todos y no discrimina a nadie, independientemente de las peculiaridades cognitivas y sociales del individuo; así, por ejemplo, en la pública nos encontramos con un aula abierta donde la diversidad del alumnado es una de sus riquezas principales. En su momento, los datos extraídos del informe PISA no dejaban lugar a dudas: lo único que hace mejor la escuela privada-concertada que la pública, es seleccionar a su alumnado, lo que no redunda en absoluto en mejores resultados académicos, más bien al contrario.

La selección del alumnado que la privada-concertada hace no solo la aleja de la sociedad real, sino también de los progenitores que cada vez con más frecuencia prefieren una educación pública que aúna calidad y diversidad, para que sus hijos se desarrollen en un ambiente de inclusión y aceptación del diferente, como legado para un futuro de adultos comprometidos con la sociedad entendida como un lugar común de convivencia. 

 La educación pública, al menos en Extremadura, puede asumir las necesidades de escolarización sin necesidad de conciertos; de hecho, los conciertos nacieron con el propósito de asumir la escolarización de los alumnos que no pudiera absorber la escuela pública.

En 1985 la red pública tuvo que concertar de forma masiva unidades con la privada para poder acaparar la demanda de plazas escolares (para revertir la masificación de las aulas que se produjo en el periodo 1977-1985), con el compromiso de que una vez que se construyeran los centros públicos necesarios, la subvenciones a la privada se retirarían. La red de centros públicos era escasa tras los 40 años de oscuridad a las que nos sometió el franquismo, la solución de concertar fue algo coyuntural, pero que al final se ha convertido en un problema endémico que perjudica seriamente a la educación pública.

Todos miran para otra parte; incluidos los partidos de izquierda que, supuestamente, defienden lo público, y los sindicatos tradicionales que, mientras adulan, como expertos fariseos, a la escuela pública, se sientan en la mesa de negociación de la concertada para protegerla.

La educación pública permanecerá, aunque haya poderes fácticos que quieran convertir la educación en un negocio y, con ello, desnaturalizarla. Nuestra organización sindical siempre se mantendrá firme en su defensa, jamás traicionaremos la confianza que los docentes de la pública han depositado en nosotros.

*Vicepresidente del sindicato PIDE

 

jueves, 11 de marzo de 2021

CARTA ABIERTA A LA CONSEJERA DE EDUCACIÓN DE EXTREMADURA.

Señora consejera, en esta vida todo, o casi, es relativo; sin embargo, hay cosas
que son absolutas o, al menos, deberían serlo. De un político, con mayúsculas, se espera
que cumpla la ley, que respete las decisiones judiciales, que no  utilice subterfugios para
dilatar la aplicación de una sentencia; y más, cuando esta es firme.


Las sentencias judiciales se respetan, pero todas; eso de acatar unas sí y otra no
deslegitima el discurso de quien dice ponerse de parte de la justicia obviando, al mismo
tiempo, una sentencia firme como la de PIDE que reconoce que los interinos con
vacante deben estar en su puesto el 1 de septiembre y, además, añade una retroactividad
de 4 años, a efectos administrativos y económicos.


Aunque PIDE ha conseguido uno de los objetivos importantes: que los interinos
con vacante se incorporen el 1 de septiembre a partir del curso 2021-2022, no podemos
estar plenamente satisfechos cuando usted, señora, niega la retroactividad de cuatro
años de una sentencia ejecutada ya en el demandante y extendida a varios interinos. Este
empecinamiento, que no me supone sorpresa alguna, provocará que PIDE colapse la
administración pidiendo las extensiones individuales por vía judicial.


Que ahora diga que corrobora que los interinos con vacante se incorporen el 1 de
septiembre a partir del curso 2021-2022 “por el interés de dar certidumbre al colectivo”,
porque  supone “una igualdad de oportunidades y una mejora laboral” y porque
“beneficia a la organización del curso escolar y eso redunda en la calidad de la
enseñanza y, por tanto, en el alumnado”, no deja de asombrar dado que dichos
beneficios se han dado siempre y si, finalmente, reconoce este derecho es porque se ha
visto usted cercada judicialmente y no porque sea la valedora de los derechos de los
docentes como, en rueda de prensa, pretendía transmitir con esa serenidad impasible con
la que los políticos esconden las impurezas de sus decisiones e intentan esconderse tras
un manto de acrisolada rectitud, pero que no es otra cosa que la constatación irrefutable
de cómo se disuelven, hasta quedar en nada, los principios básicos de una ideología que
debería estar por encima de las veleidades personales.


Obligar a PIDE a reactivar las extensiones individuales de sentencia es una
irresponsabilidad por su parte, consejera; porque con el dinero del contribuyente, no lo
olvide, se tendrá que pagar las costas que TSjex imponga a la Junta de Extremadura,
dado que el desenlace lógico es que el tribunal ratifique las extensiones de sentencia,
profusamente argumentadas, e interponga las costas a la administración negacionista.


En diciembre de 2020, en rueda de prensa (después ratificado en comparecencia
en la Asamblea de Extremadura), la consejería comunicó que se reconocían las dos
sentencias que había al respecto y se incorporarían, por tanto, los interinos el 1 de
septiembre con la retroactividad de 4 años. ¿Qué ha cambiado para que se incumpla la
palabra dada? Por una tercera sentencia, que le ha venido llovida del cielo, a favor de la
administración, es decir, en contra de los derechos de los interinos... pero que nada tiene
que ver con la sentencia firme de PIDE, que es otra distinta, que es otro proceso
diferente. Si en diciembre la sentencia de PIDE era válida, por firme y ejecutada, más
válida es ahora; y negarlo y poner palos en las ruedas para que los interinos que cumplan los requisitos de la sentencia no puedan beneficiarse de ella en toda su
amplitud, es una muestra fehaciente de la eterna paradoja de gobernantes, elegidos por
el pueblo, negando derechos al pueblo.


No voy a entrar en los motivos reales, consejera, por los que prefiere la
confrontación al diálogo, por los que opta por entorpecer la extensión de los efectos de
una sentencia firme oponiéndose al más básico sentido de la justicia; pero sí diré, que su
actitud es una clara declaración de intenciones y que nada tiene que ver con un
desarrollo responsable de sus competencias como consejera. Una pena.


En este erial de la política sin concierto, de la testarudez vana, del desamparo en
la que los derechos sufren las inclemencias de la política imperfecta, no cejaremos ni un
momento de luchar con todo nuestro ser, consejera, por los docentes que trabajan en
Extremadura e igual nos da las piedras que se nos pongan en el camino, devoraremos las
dificultades, no le quepa duda, hasta saciar muestra hambre de justicia social.

Alfredo Aranda Platero
Vicepresidente de PIDE

viernes, 18 de diciembre de 2020

"ESTADO, RELIGIÓN Y EDUCACIÓN" por Alfredo Aranda Platero (Vicepresidente Sindicato PIDE)

 

Hay quien, con la fe de fondo, analiza el fenómeno religioso vinculándolo a la libertad y a la verdad como fundamento del catolicismo. Y se equivoca, pienso, porque el verdadero católico no es libre, dado que está sujeto a una liturgia y a unos preceptos obligatorios; pudiendo llegar a ser, incluso, excomulgado si no sigue el camino marcado por los doctores de la iglesia. Tampoco la verdad como hecho empírico puede atribuirse a la religión pues es la fe la que la sostiene.

Huyendo de prejuicios ideológicos contemporáneos, de tópicos ocurrentes (y mira que la religión se nutre de tópicos ocurrentes y recurrentes), con la prudencia que da la perspectiva histórica, hay que reconocer que la Iglesia fue siempre foco de poder que ejerció, en muchas ocasiones, con brutalidad (hablar de la inquisición sería materia para otra reflexión). Es precisamente el poder y el control que ejercía el que le daba la posibilidad de monopolizar la cultura para ser transmitida, no al pueblo, sino a la élite social. Es normal que ostentando ese dominio, esa autoridad, esa soberanía…, ejerciera el mecenazgo de universidades. No está en mi ánimo quitarle ese mérito; las universidades en Europa nacieron, en gran medida, a la sombra y control de la Iglesia y, después, se les escapó de las manos (eso no lo tenían previsto por aquel entonces) y se extendió hasta llegar, como ocurre en la actualidad, a la ciudadanía general. 

Muchos piensan que pretender una educación libre de ideologías, religiosas y políticas, es poco menos que perseguir la abolición de la religión y, más al contrario, la pretensión es, simplemente, que el discente crezca en un ambiente emancipado de creencias, dogmas, credos, evangelios…, para que, cuando tenga la edad suficiente, pueda abrazar, si quiere,  la religión que le plazca o ninguna de ellas.

Asumir principios laicos para conducirnos por la vida, lejos de convertirnos en demonios críticos, eleva nuestro nivel de exigencia ética. No me opongo, en absoluto, a la religión, pero sí a que se imparta en las escuelas en horario lectivo. De quedarse en las aulas debería ser como una actividad formativa complementaria que es, en realidad, su verdadera naturaleza.

Desde algunos sectores se percibe un abierto interés en introducir en el debate social la idea de que la aconfesionalidad del Estado, que marca la Carta Magna, no es razón suficiente para ubicar la enseñanza de la religión en el lugar que le pertenece: las iglesias, centros parroquiales o edificios consagrados; negando el pan y la sal al fenómeno de la enseñanza libre de adoctrinamientos y, de paso, desacreditar a los que pedimos cumplir con la Constitución.

Que lo público es patrimonio de todos, nadie lo pone en duda; pero eso no es óbice para  que un Estado, que no está adscrito a ninguna confesión religiosa, tenga que incumplir un precepto constitucional para seguir manteniendo un atávico legado heredado de una educación clásica y clasicista que no casa, en absoluto, con una escuela basada en la libertad, la experiencia y el conocimiento. La enseñanza de la religión que, no olvidemos se basa en el dogma de la fe y, por tanto, es algo muy personal, debe llevarse a cabo, no me cansaré de decirlo, en el ámbito familiar o en las iglesias. Dixi.

Alfredo Arana Platero, Vicerpesidente de PIDE

jueves, 10 de diciembre de 2020

"LOMLOE: OCTAVA LEY EDUCATIVA SIN CONSENSO"

 



Alfredo Aranda PlateroAlfredo Aranda Platero
10/12/2020

La Lomloe nace, como viene siendo tradición en lo referente a las leyes educativas, sin consenso. Será la octava ley, que dará paso a la novena en el momento que cambie el signo político del gobierno de turno. Una triste realidad que se perpetuará, me temo, por los siglos de los siglos.

Sé que muchos no se han leído el Proyecto de Ley Orgánica, ni se lo leerán; pero aun así lo atacan o lo defienden con argumentos prestados obtenidos en redes sociales o en titulares de prensa, según la afinidad ideológica que compartan emisor y receptor. Sería deseable que cada cual sacara sus propias conclusiones después de leer el texto del proyecto, antes de asumir como propios los argumentos de otros.

Todas las leyes de educación que se han aprobado en los últimos 40 años tenían las impurezas propias de la ceguera ideológica, lo que es inevitable; sin embargo, confundir el sedimento ideológico con cuestiones de justicia social desacredita las opiniones de quien sólo pretende falsear y confundir.

Deshojemos la margarita de los aspectos más polémicos de la Lomloe. Me gusta que se impida a la concertada cobrar por los servicios que ya están pagados con subvenciones públicas; no me gusta el MIR docente, porque ya existe y se llama interinidad; me gusta que la religión deje ser evaluable, porque es una “asignatura” que tiene que ver con la fe y que no debería tener cabida en el currículo; no me gusta que no incluya la ética en 4º de la ESO porque es necesaria para la formación integral del alumno; me gusta que los centros ordinarios puedan tener recursos para poder escolarizar a niños con necesidades educativas si los padres así lo quieren, lo que en absoluto significa que los centros de educación especial desaparezcan, es más deben seguir siendo una opción importante; no me gusta que se utilice la lengua española como moneda de cambio, pese a que la palabra “vehicular” que ahora desaparece del Proyecto de Ley no consiguió en su momento que en Cataluña, por ejemplo, se apreciase el castellano al mismo nivel que el catalán.

De entre todos los aspectos polémicos hay dos que hacen que la imperfecta LOMLOE sea mejor que otras leyes: el tratamiento que hace de la enseñanza concertada y de la religión.

En cuanto a la educación concertada la Lomloe no limita la libertad de los padres para elegir, sino la de los centros concertados que siempre han establecidos métodos para filtrar al alumnado que quieren. Por eso se pretende suprimir las cuotas obligatorias, las donaciones “voluntarias” y cualquier otra forma de financiación subterránea; para que así los  niños con pocos recursos puedan tener acceso a los centros concertados(lo que les duele, me temo, a la educación concertada es que se limita su negocio).También se impide la segregación por sexos que es una forma despreciable de discriminación.

En lo tocante a la religión esta no desaparece, pero deja de ser evaluable por lo que no contará para la media final ni para conseguir becas, lo que es lógico porque la religión no es una verdadera asignatura, es una actividad formativa complementaria. El proceso natural sería que la Historia de la Religiones sustituyera a la “asignatura” de religión.

Capítulo aparte merece el asunto del castellano. La Lomloe elimina del texto “el castellano es lengua vehicular de la enseñanza en todo el Estado[…]” y añade que “Las Administraciones educativas garantizarán el derecho de los alumnos y las alumnas a recibir enseñanzas en castellano […]”. Y agrega además: “Al finalizar la educación básica, todos los alumnos y alumnas deberán alcanzar el dominio pleno y equivalente en la lengua castellana y, en su caso, en la lengua cooficial correspondiente”. ¿Este cambio favorecerá o perjudicará la enseñanza del castellano en las comunidades con lengua cooficial? No lo sabemos, es probable que no suponga cambio alguno, lo que sí sabemos es que la ley Wert no impidió que la lengua vehicular en Cataluña fuera el catalán.

En definitiva, la LOMLOE sin ser la Ley que a mí me gustaría, es mejor que otras leyes de educación precedentes; pero nace, como todas, con su propia kryptonita: la falta de consenso.

Vicepresidente de PIDE

martes, 9 de junio de 2020

RATIOS A LA CARTA O LA LIQUIDACIÓN DE LA EDUCACIÓN PÚBLICA

Ratios a la carta o la liquidación de la educación pública

Y toda esta infamante acción, planificada con nocturnidad y alevosía, adquiere el dramatismo más atroz cuando la educación privada sigue con sus subvenciones, con sus conciertos y con sus ratios a la carta





Indignación generalizada mezclada con una impotencia difícil de gestionar, son los síntomas que están provocando a infinidad de docentes, en mi caso, por lo menos, así ha sido, la agresión que está sufriendo la educación pública por los recortes brutales de plantilla que la inspección educativa ha propuesto, látigo en mano, aplicando los criterios técnicos estrictos establecidos por la Consejería de Educación y Empleo, que llevará a cientos de profesores a perder su plaza (los que más lo van a sufrir serán los interinos); pero no contentos con esta erosión de lo público, tampoco el 2% prometido de subida salarial se llevará a cabo y los docentes seguiremos acumulando pérdida de poder adquisitivo, que en los últimos diez años supera el 20%.

Y toda esta infamante acción, planificada con nocturnidad y alevosía, adquiere el dramatismo más atroz cuando la educación privada sigue con sus subvenciones, con sus conciertos y con sus ratios a la carta, dado que las ratios que no se permiten en la educación pública, sí se permiten en la concertada para que esta no sufra recortes y se mantenga a flote. 



Quizá algún residuo ideológico les quede todavía a quien nos gobierna en alguna profunda oquedad a la que los tecnócratas encarnecidos no hayan tenido acceso todavía. Si así fuera, si a nuestros gobernantes les quedara algo de la ideología que llevan por bandera, deberían parar estos recortes injustificados y dañinos que socavan la educación pública y manda a la calle a un gran número de docentes.

Arguyen que no tienen dinero, pero mantienen contrataciones a dedo de asesores en las empresas públicas, o mantienen los conciertos con los centros privados que cuestan más de 82 millones de euros al año (sin contar con otras ayudas de programas diversos que reciben), cuando los conciertos ya nos son necesarios porque la red pública puede asumir las necesidades de escolarización de todas las localidades extremeñas.

Reduciendo gastos innecesarios podrían equilibrar los presupuestos para hacer frente a todos los compromisos adquiridos y pagos pendientes: no recortar plazas en la educación pública, asumir el pago del 2% comprometido, implantar la carrera profesional, mantener la reducción horaria de mayores de 55 años en todos los niveles educativos no universitario y un largo etcétera. 
Por muchos años que pasen, si comenten esta tropelía, nunca llegarán a despojarse por completo de la ignominia que cometieron en tiempos de la pandemia, quedará grabado para siempre en la memoria de cientos de docentes que se quedarán sin plaza y de otros muchos que tendrán que trabajar con ratios abultadas. 

Allá por 1985 la red pública no podía asumir la demanda de escolarización, por esa razón se empezaron a concertar unidades con los centros privados. De hecho la concertación nació con el único objetivo de concertar unidades solo allí donde la educación pública no llegara; pero una vez que la red pública se ampliara (el artículo 27 de la Constitución refleja la necesidad de construir centros educativos) los conciertos dejarían de ser necesarios; sin embargo, los conciertos han seguido creciendo y en Madrid o Barcelona, por ejemplo, ya superan a lo público.

Los defensores de la educación concertada se aferran al argumento demagógico, o argumento de subsistencia, de que la concertación responde al respeto que hay que tener al principio constitucional de libertad de enseñanza. En España existe efectivamente, según señala la constitución, la libertad de enseñanza; pero dicha libertad debe ejercerse entre lo público y lo privado y, por tanto, está asegurada. 

lunes, 9 de marzo de 2020

EL HORIZONTE DE LA COEDUCACIÓN, por RAÚL FERNÁNDEZ MARTÍNEZ en El Periódico EXTREMADURA.

Romper las dinámicas segregadoras, en las que las relaciones entre hombres y mujeres están condicionadas por la posesión, las falsas expectativas o los derechos adquiridos, es el mayor reto del sistema educativo en el siglo XXI. Así lo acaba de señalar un estudio del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), según el cual no hay aún una sola mujer en el planeta que vaya a conocer la igualdad de género. La escuela, junto con la familia o los medios de comunicación, sigue siendo un espacio de socialización en el que interiorizamos sesgos de género que acaban convirtiéndose en inhibidores de oportunidades que refuerzan los techos de cristal bajo los que somos educados. Todo esto a pesar de que la docencia en los niveles previos a la universidad está impartida mayoritariamente por mujeres o, tal vez, a causa de ello.

La celebración del Día Internacional de la Mujer debería ser, pues, una oportunidad para volver a repensar la coeducación, sobre todo porque nos encontramos a las puertas de una nueva ley educativa, en un contexto en el que la escuela privado-concertada no cesa de ganar terreno bajo la falacia de la libertad de elección de los padres. Uno de los ejes transversales de la nueva ley de educación es, precisamente, la perspectiva de género y la coeducación. La LOMLOE considera, además, que uno de sus grandes retos esaumentar las vocaciones científico-tecnológicas entre las chicas.

Educación, libertad o igualdad son conceptos abstractos susceptibles de múltiples interpretaciones, muchas de ellas tramposas e incoherentes. Recordemos, por ejemplo, que la Declaración de Independencia de los Estados Unidos afirmaba que todos los hombres son iguales y están dotados de derechos inalienables como la libertad.
 Sorprendentemente, esta afirmación no fue incompatible con la defensa de la esclavitud y de la segregación racial. De la misma manera, hoy conviven maneras muy diferentes (y engañosas) de entender la libertad y la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Tanto es así que la educación religiosa que se imparte en muchas escuelas concertadas está sometida a una autoridad, la episcopal, que tacha de ideología relativista y disolvente de los valores cristianos a la perspectiva de género. Por otro lado, siguen existiendo colegios privados, sostenidos con fondos públicos, que segregan a las personas en función de su sexo en nombre de la libertad y del derecho a la educación.

Muchas de estas incongruencias se deben a que la Constitución Española no es lo suficientemente explícita para denunciar qué proyectos educativos atentan directamente contra los derechos de las mujeres. De hecho, muy pocas Constituciones en el mundo aluden a la necesidad de la coeducación. Sí lo hace, por ejemplo, la de Ecuador de 1988, en su artículo 67.2, que afirma que el Estado promoverá la equidad de género y propiciará la coeducación. Si esto fuera así en nuestra Carta Magna, tendríamos alguna base para denunciar, no ya la financiación pública de ciertos colegios privados, sino incluso su propia existencia. Entretanto, es importante recordar que la escuela pública es la única garantía de que el derecho a la educación se interprete como derecho a la coeducación, ya que solamente desde sus aulas el Estado puede, a través de los docentes, desarrollar medios eficaces para que ninguna práctica o mensaje educativo segregue a las personas en función del sexo. La profesión docente debe interiorizar, al fin, que la perspectiva de género es una exigencia de justicia social, un anhelo de igualdad plena entre seres humanos radicalmente independiente de cualquier interés ideológico o partidista.

Coeducar significa desarrollar las capacidades y sentimientos de las personas para que, al llegar a la edad adulta, no se vean condicionadas por los roles que la sociedad prescribe para cada sexo. Libres de los grilletes del género, las personas podemos decidir qué opciones vitales se ajustan más a nuestros deseos y a nuestras necesidades.Convirtamos este horizonte de igualdad y de emancipación definitiva en una realidad tangible para las generaciones presentes.

*Profesor de Filosofía,

delegado del Sindicato PIDE

jueves, 5 de diciembre de 2019

La paradoja sindical; un análisis de los resultados electorales en el sector docente


La paradoja sindical; un análisis de los resultados electorales en el sector docente, por Alfredo Aranda Platero, Vicepresidente del Sindicato Pide, en 7DIAS EXTREMADURA (5-12-19).

Con la perspectiva que da el paso del tiempo –un año hace ya–, y con serena cautela, huroneo en los resultados electorales de las pasadas elecciones sindicales del sector docente, que se llevaron a cabo el 4 de diciembre de 2018, y llego a una serie de conclusiones que considero que concitarán el asentimiento general; pese a que determinado sector sindical, desde su sesgo ideológico, pensará que falta asepsia en las deducciones por ser yo parte interesada; pues soy delegado del sindicato de la pública. Si así fuera, si hubiera cierta inclinación hacia los propios intereses, no dejaría de ser una causa natural del propio devenir de la subjetividad dado que esta no puede ser confinada del todo para que no asome, ni siquiera un poquito, a la hora de emitir una opinión, un análisis… e, incluso, un veredicto. Intentaré sujetar la subjetividad y si no lo consigo, al menos, intentaré contenerla con determinación, como aquel que, mareado en un viaje, no quiere vomitar pero el vómito ya está en las tragaderas y termina saliendo por narices y orejas.

 

La primera lectura de los resultados es clara. Un sindicato de corte ultraconservador, CSIF, sube votos (efecto VOX). Otros dos, muy venidos a menos, pierden representación: CCOO baja un puesto más, hasta el 4º y UGT se mantiene en el último lugar. El Sindicato del Profesorado Extremeño, PIDE, obtiene 700 votos más que en 2014 (recordemos que en 2014 PIDE ganó las elecciones), llegando a los 3128 votos; pero por muy poco margen queda segundo. Primero y segundo tienen resultados muy destacados con respecto a los demás sindicatos. ANPE desplaza a CCOO al cuarto puesto y UGT se mantiene como farolillo rojo.

El panorama sindical se polariza. Gana, por muy poco margen, un sindicato politizado que apoya, entre otras cosas, a la concertada y a la religión en las aulas, arrastrando el voto más ultraconservador. Bajan los sindicatos de clase cercanos al poder en una continua curva descendente. PIDE crece con 3128 votos consiguiendo afianzar e incrementar un electorado fiel, reivindicativo y transversal que está en los postulados de la educación pública y laica, alejada de adoctrinamientos políticos y religiosos.

Traducido a números: PIDE llega a los 3128 votos (22 delegados), 700 más que en 2014;  Csif consigue 3390 votos (25 delegados); ANPE  es tercero con 1536 (11 delegados); siendo los últimos con menos apoyos y 8 delegados CCOO con 1211 votos y  UGT con 1018.

Llegamos, sin más remedio, a la paradoja, al contrasentido, a la incongruencia. ¿En qué consiste esa paradoja, cuál es su base? Aunque el efecto VOX haya movilizado a un sector ultraconservador, lo realmente paradójico es el porcentaje de votantes que no siéndolo han apoyado a CSIF que defiende, a capa y espada, a la educación concertada y privada, y, por supuesto, defiende con más ahínco si cabe, el mayor número posible de horas de religión en las aulas, pese que este posicionamiento va en detrimento de los docentes de la pública.

Los votantes deberían indagar y conocer los posicionamientos reales que tienen los sindicatos con respecto a temas fundamentales (no es bueno votar de oído) para que la conciencia del votante coincida, lo más posible, con la idiosincrasia del votado.

CCOO y UGT siguen sin recibir el apoyo del sector docente. Los sindicatos de clase están muy deteriorados por las décadas que llevan funcionando como un cinturón de protección de la Administración; su cercanía al poder los aleja de la razón. Sin embargo siguen cometiendo, con pertinaz insistencia, los mismos errores, estimo, que los mantienen alejados de la ciudadanía y los problemas reales de los docentes.

Para terminar, este somero análisis, he dejado para el final a PIDE que nació, hace casi veinte años, con la misma vocación y coherencia que hoy tiene. Defendiendo al docente, sin casarse con el poder, sin estar subvencionado y, por tanto, sostenido únicamente por los docentes. Un sindicato que es producto de la voluntad de los docentes y que, por tanto, genera confianza. Y pongo un ejemplo de meridiana claridad: CCOO y UGT siempre tendrán representación aunque no les vote nadie porque la normativa nacional está regulada para su beneficio, y a nivel regional, además, firmaron en la mesa de la función pública, con la connivencia de la Administración, un pacto por el cual siempre tendrán liberados y delegados aunque no reciban votos, recibiendo la subvención correspondiente y los delegados y liberados; sin embargo, si nosotros no somos votados saldríamos de las mesas. PIDE es el sindicato de los docentes porque son estos los que permiten que tengamos representación.

La cruda realidad es que buena parte de los sindicatos actuales están fuertemente subvencionados de forma directa y también indirectamente a través, por ejemplo, de los cursos de formación. De tal forma que esta cercanía al poder los aleja de su original naturaleza, por lo que tienen que desarrollar estrategias farisaicas para distraer al trabajador de una realidad incómoda.

El engaño, en las centrales sindicales verticales, es la estrategia más simple (repetida y efectiva) que suelen utilizar como maniobra de distracción. Sin ir más lejos el 23 de noviembre de 2018 (a escasos 10 días de las elecciones sindicales) la Dirección General de Función Pública escenificó junto con CSIF, UGT y CCOO un paripé aprobando la subida salarial de 2,25% que ya estaba autorizada por el Estado. Se vienen arriba y lanzan un señuelo más acordando desbloquear la negociación de la carrera profesional, cuando la negociación de la implantación de la Carrera Profesional a los docentes corresponde exclusivamente a la Mesa sectorial de Educación y nuestra Consejera se niega, de momento, a iniciar dicha negociación. Por otra parte, el CSIF, promete a los profesores interinos que van a cobrar su sueldo desde el 1 de septiembre cuando saben que la sentencia que así lo reconoce está recurrida judicialmente por la Administración educativa y nada se puede hacer hasta que no haya fallo judicial; con la seguridad, además, de que la  Consejería agotará toda la vía judicial, acudiendo, incluso, al Tribunal Supremo en Casación. Ojalá los interinos cobren desde el 1 de septiembre como siempre hemos exigido, pero no se debe jugar con ese deseo para someter voluntades. Tejer mentiras, embustes y medias verdades e imbricarlas dentro de un discurso grandilocuente puede llamar la atención, pero con solo rascar un poco la capa de barniz queda al descubierto la realidad: desgraciadamente, a día de hoy, siguen los interinos sin estar contratados desde el 1 de septiembre.

Estos anuncios con publicidad engañosa, y algún otro, lo hicieron, estratégicamente, a pocos días de las elecciones sindicales, con la única intención de aparecer en la foto mostrando algún tipo de acuerdo para salvar la cara, in extremis, ante los empleados públicos, potenciales votantes. Pero se olvidaron de datos objetivos (que no les interesa recordar) como que desde 2010 los docentes han perdido un 20% de poder adquisitivo, y con la recuperación del 2,5 % (que decide el Estado y la Mesa de la Función Pública) aún nos deben el 17,75%.

FIRMADO: Alfredo Arada Platero. Vicepresidente de PIDE

jueves, 28 de noviembre de 2019

"UNOS POR OTROS Y LA CASA SIN HACER"

 7DIAS EXTREMADURA.  28/11/19.

OPINIÓN: "Unos por otros y la casa sin hacer"

¿Qué condiciones mínimas debe tener un edificio para convertirse en colegio o instituto? 
Esta pregunta es frecuente entre miembros de la comunidad educativa, así como también entre la ciudadanía. Desde PIDE, Sindicato del Profesorado Extremeño, reivindicamos continuamente la necesidad de disponer de unas instalaciones óptimas y seguras en toda la red de centros educativos públicos de Extremadura como requerimientos necesarios para desarrollar las enseñanzas con una mínima garantía de calidad. Actualmente, el RD 132/2010, de 12 de febrero, establece que cualquier centro docente que imparta el segundo ciclo de educación infantil, educación primaria y educación secundaria, debe reunir unos requisitos mínimos de seguridad y salubridad en sus instalaciones docentes y deportivas.

El informe anual del Defensor del Pueblo 2018, ante las múltiples quejas y deficiencias relativas a las condiciones de salubridad o habitabilidad de los centros docentes, dedica todo un apartado a esta problemática, poniendo de manifiesto las disfunciones e incomodidades que se generan con el desarrollo de las obras de construcción, ampliación o rehabilitación de las instalaciones escolares, especialmente las relacionadas con retrasos, así como la forma y fechas de su ejecución, problemática ya recurrente en los informes anuales de ejercicios anteriores.

Aunque no cabe duda de que la programación y planificación de las infraestructuras necesarias para atender el servicio educativo es muy compleja, ya que necesita la coordinación y colaboración entre diferentes administraciones (lo cual supone superar distintos trámites procedimentales y estar siempre sometidos al corsé presupuestario de cada momento), hecho que no justifica en absoluto que determinadas instalaciones escolares presenten problemas en las condiciones mínimas de salubridad y habitabilidad, entre ellos, la presencia de materiales nocivos (como el amianto) en determinados elementos constructivos de sus dependencias, así como la utilización más permanente que provisional de determinadas instalaciones. La solución a ambos problemas (además de una correcta y eficiente planificación), pasa por una dotación adecuada de las diferentes partidas presupuestarias para atenderlos, algo que no ocurre vista la persistencia de la problemática.

La única respuesta institucional que recibimos cada vez que nos interesamos por la referida problemática es siempre la misma: “no se dispone de presupuesto”. ¿Habrá que esperar a que suceda una desgracia para denunciar a un Estado que incumple las normas que él mismo emite?

Desde el Sindicato PIDE convocamos anualmente el concurso de fotografía “Maestro Zenón Garrido”, en el que recibimos fotos-denuncia de alumnado y de docentes de nuestra Comunidad. Es sorprendente y, a la vez, necesario, visibilizar la realidad de nuestros colegios e institutos, de una manera poética; en ocasiones, hasta con toques de humor. Pero cuando lo que parece ficción resulta que es cotidianeidad, tenemos un gran problema. Clases con humedades más que evidentes, regletas fijas ancladas al suelo con el consiguiente peligro de caídas, acristalamientos deficientes, goteras en cubiertas de gimnasios o pabellones…Desde la dirección de los centros, nos comentan que en la Administración Autonómica les dicen que el mantenimiento es competencia de la Administración Local y esta última dice lo contrario. Como afirma el dicho popular, “unos por otros, la casa sin barrer”.

Por otro lado, no hay que perder de vista que, el azote recibido por las familias durante y tras la pasada crisis económica, hace más necesario que nunca la potenciación y mejora de aquellas medidas tomadas para garantizar la calidad, gratuidad y accesibilidad a los niveles obligatorios de la educación en España, de tal manera que las clases medias no huyan de la enseñanza pública y dispongan de igualdad de oportunidades en el acceso a la formación  postobligatoria y universitaria, pues son inversiones de futuro en el capital humano de nuestro país, elemento imprescindible para el desarrollo y generación de riqueza de cualquier nación que desee alcanzar unos niveles aceptables de bienestar para todos sus ciudadanos.

Llama poderosamente la atención ver cómo centros públicos que hasta hace pocos cursos contaban con hasta tres líneas educativas se han quedado con una en la actualidad, mientras que centros privados o concertados las mantienen con menos de la mitad de alumnado de la ratio máxima permitida: sirvan como ejemplo los datos de los centros infantiles de Montánchez (8,36) y Hornachos (10,00).

Desde PIDE no entendemos por qué se está laminando la escuela pública, sobre todo, la rural, en beneficio del negocio de la privada-concertada, y lo manifestamos en cada mesa sectorial o de negociación con la Consejería de Educación.

Este triste panorama general se repite e intensifica en algunos casos en la red de centros públicos docentes extremeños donde el estado de desidia y abandono en cuanto a la conservación y/o reparación de sus instalaciones hace que las condiciones mínimas exigibles de habitabilidad y salubridad no se cumplan en ningún caso.

Cuando en nuestras visitas a los centros educativos descubrimos estas deficiencias y nos interesamos por la problemática, siempre desde los equipos directivos recibimos idéntica respuesta: “está solicitado oficialmente pero nos dicen que no hay presupuesto”… eso sí, acumulan en sus almacenes una respetable cantidad de material tecnológico que llegó en sus embalajes originales sin haberlo pedido, ni ser necesario, inversión que podía haberse materializado en la retirada de elementos nocivos en las cubiertas (amiantos), aislamientos térmicos, mejora de las instalaciones de calefacción, reparación de goteras y humedades, adecentamiento de baños… Quizás el problema radique justo aquí, en que se hacen políticas de inversión educativa sin contar con la propia comunidad educativa, modelo clásico y obsoleto que parece que nadie está dispuesto a cambiar...

Una vez salvado el trámite presupuestario, no es mejor el escenario que se presenta a la hora de gestionar los preceptivos permisos y licencias para la realización de obras de construcción, ampliación o rehabilitación, las disfunciones originadas por los calendarios de ejecución de las mismas cuando no coinciden con los periodos de vacaciones escolares con las consiguientes incomodidades que ello acarrea, así como las situaciones en las que obligatoriamente hay que “desplazar temporalmente” a alumnos y profesores a otros centros educativos o en aularios prefabricados con los consiguientes problemas de masificación de los centros receptores.

Como decía Valle Inclán, el mundo es una controversia, si bien, está en nuestras manos influir para que no sea así, para que políticas educativas se consensúen con toda la comunidad educativa, para que se lleve un control exhaustivo de las necesidades de cada centro y se prioricen las obras o reformas que hacen que, al entrar en algunos centros educativos, retrocedamos unas cuantas décadas. Las nuevas construcciones son un regalo para la ciudadanía, pero de nada sirven cuando son en grandes urbes y se hacen en perjuicio de las instalaciones de la escuela rural, donde las fotos para los periódicos no son tan majestuosas ni espectaculares, pero es donde reside el alma del sistema educativo público extremeño: en nuestros pueblos. No lo perdamos de vista...

 Servicio de Salud y Riesgos Laborales del Sindicato PIDE

jueves, 14 de noviembre de 2019

"LA AMENAZA DE LOS TITANES"

 

La amenaza de los titanes



El ‘pin parental’ es una amenaza que pretende erosionar a la escuela pública

 
Raúl Fernández. 14/11/2019

Los titanes que precedieron a los doce dioses olímpicos simbolizaban las fuerzas oscuras de una naturaleza enemiga de la civilización. Se trataba de deidades castradoras que, como Cronos, devoraban a sus hijos. En nuestro mundo se están desatando fuerzas igualmente oscuras y tiránicas. Bajo un aparente velo religioso, esconden la barbarie inherente a las potencias desterradas al inframundo gracias al imperio de la ley y de la democracia.

Algo así representa el pin parental, una amenaza que pretende erosionar a la escuela pública, sumida en una crisis que hunde sus raíces en la desconfianza y en el miedo creciente de la sociedad hacia uno de sus pilares constitutivos.

A este respecto, la Secretaría General de Educación ya ha advertido a los directores de colegios e institutos de que es ilegal que las familias impidan la impartición de contenidos relacionados con la educación afectivo-sexual, la igualdad de género o la lucha contra la xenofobia. Fuera de Extremadura, son muchas las entidades que han denunciado que el pin parental de Vox y de Hazte Oír es una monstruosidad que quiere evitar que los niños sean educados en el respeto a los derechos humanos y al colectivo LGTBI.

Detrás de toda esta campaña se esconde un objetivo aún más pernicioso: hacer creer que nuestras escuelas arrancan a los hijos de sus familias adoctrinándolos, como si la democracia española fuera un régimen totalitario que quisiera imponer un orden nuevo frente al cual hubiera que defenderse. Sembrar esta semilla de odio y de desconfianza atenta contra la autoridad del profesorado y del mundo público al que representa.

Hannah Arendt nos enseñó que la escuela es una esfera intermedia que intercalamos entre el mundo público y el dominio privado del hogar con el fin de que los jóvenes puedan caminar libremente de la familia al mundo en el que han de convivir como adultos. Esta transición solo es posible cuando se les permite aprender los valores constitucionales compartidos que definen la esfera pública, valores que se materializan en un Estado social y democrático de derecho que es, precisamente, quien exige la asistencia de los niños a la escuela. Maestros y profesores tienen la responsabilidad de enseñarles a los niños cómo es nuestro mundo compartido. Si las familias o el Estado coartan su libertad, se elimina también su autoridad, que no es otra que su responsabilidad intransferible para con ese mundo en el que todas las personas deben tener derechos. En tanto que esfera intermedia entre lo privado y lo público, la escuela debe proteger a los niños, tanto de sus familias como del Estado. Prohibir esta responsabilidad a través de iniciativas perversas como la del pin parental es impedir que los profesores ejerzan su competencia para transmitir su conocimiento del mundo y del bagaje necesario para desenvolverse en él. Y esto es tanto como decirles a los niños: nos lavamos las manos, somos inocentes con respecto a vuestra suerte o con respecto a un mundo del que no podemos hacernos responsables. Si sois devorados por vuestros padres o por el mundo, no vengáis a pedirnos cuentas.

*Profesor de Filosofía y delegado de PIDE

lunes, 4 de noviembre de 2019

"La subjetividad como criterio de selección"

Alfredo Aranda Platero
04/11/2019

La subjetividad, en mayor o menor proporción, formará parte siempre del proceso de selección de personal docente; pero, en cualquier caso, habría que minimizar su impacto.

Si los opositores de un tribunal fueran evaluados, al mismo tiempo, por dos tribunales distintos, podríamos ver al final del proceso que la lista de seleccionados, entregada por ambos tribunales en la Delegación Provincial correspondiente, no sería exactamente la misma. Nos podríamos encontrar a opositores suspensos en un tribunal que estuviesen aprobados en el otro u opositores con notas muy dispares, dependiendo del tribunal que les hubiese evaluado.

Los opositores y, sobre todo, los interinos conocen esta realidad y cargan, con toda la razón, contra ella. Cada año que pasa nos encontramos con más recursos y contenciosos contra las oposiciones en muchas especialidades de las convocadas, y todo ello en un ambiente cada vez más beligerante y enrarecido antes, durante y después del proceso; lo que me lleva a pensar que el actual modelo de acceso está agotado.

Es necesario un nuevo sistema ordinario de acceso a la función pública docente, que esté lo más alejado posible de la subjetividad (con exámenes no eliminatorios) para que el resultado final del proceso de oposiciones se acerque, lo más posible, a una selección objetiva de docentes.

En las oposiciones de 2018 y 2019 el proceso transitorio, para facilitar la funcionarización del colectivo de interinos, no solo era una necesitad, sino también una obligación por parte del gobierno. De nada valió que los sindicatos tradicionales y el gobierno firmaran un «acuerdo para la mejora del empleo público» por el que se perseguía estabilizar los puestos de trabajo pero no a sus ocupantes, los interinos; porque, al final, muchos de ellos fueron –y volverán a serlo de nuevo– los paganos de una situación que no han provocado y de un sistema que no les garantiza que su carga de formación, experiencia y méritos sean tenidos en cuenta.

Un docente es una parte de formación y muchas partes de experiencia; es tan obvio que sonroja tener que recordárselo a todos aquellos mandamases del gobierno de turno, y organizaciones sindicales adláteres, que han podido sacar adelante una transitoria, para favorecer la funcionarización del colectivo de interinos, y no lo han hecho. Para más inri vemos cómo sindicatos institucionalizados tienen convenios con academias, cuando no las regentan, para aprovecharse de la situación de desespero de los opositores y hacer su particular agosto.

Los interinos tienen experiencia y formación que es el verdadero MIR del sector docente; el DIR del que hablan los políticos ahora como si hubieran descubierto las américas. Un MIR educativo sería el peor de los sistemas de acceso a la función pública. De entrada para acceder a la Residencia Interna habría que superar un examen de superiores dificultades a las actuales y, lo que es peor, los interinos se convertirían en trabajadores precarios en semiesclavitud sin que nadie le asegurara obtener la plaza al final de la Residencia.

El ambiente está enrarecido por tanta desilusión e impotencia, que es el caldo de cultivo perfecto para telepredicadores que prometen el paraíso de la plaza sin mancharse las manos. Unos tenían el poder, y los medios, para dar solución a la estabilidad de los interinos y no han querido hacerlo; otros, les prometen lo que los primeros les negaron, y los interinos, en medio, sin entender nada y abandonados al vaivén de los titulares de prensa sobre protestas, impugnaciones, directivas europeas…, preguntándose, a cada instante, qué habrá de verdad en todo lo que se dice, se afirma y se desmiente.

Lo único claro es que los sindicatos de clase firmaron un «acuerdo» sin transitoria (mal acuerdo, pero vinculante); esta es la realidad y lo demás es el deseo. El deseo de estabilidad no pasa por convertirse en funcionario laboral fijo discontinuo, pues empeora las condiciones y no asegura el trabajo; tampoco la condición de indefinido no fijo mejora la condición de interino docente; la única condición administrativa mejor que la de interino sería la de funcionario de carrera, y esa opción ha sido torpedeada con un acuerdo que pasaba por ser una solución y está siendo, y será, para muchos, el origen de una pesadilla.

*Vicepresidente de PIDE.



martes, 17 de septiembre de 2019

Sindicatos de clase, un "apéndice del Estado"

7 Días Extremadura
 
Sindicatos de clase, un "apéndice del Estado"

16/09/2019 Alfredo Aranda Platero
Vicepresidente del Sindicato PIDE


Desde que saborearon las mieles del dinero los sindicatos de clase siempre están ávidos de poder, de quererlo todo para ellos quedando a los demás en la intemperie. Despojan, siempre que pueden, a los sindicatos profesionales de sus derechos, con la connivencia de la Administración y, con ello, menosprecian a los trabajadores de sectores como el educativo, el sanitario o el de la Administración General que los sindicatos profesionales representan.

Estado y sindicatos institucionalizados están mutuamente parasitados y ya se han olvidado del significado de la palabra democracia; son, ahora, sindicatos defectuosos, exiliados de su propia esencia, aquella que perdieron cuando –allá por los años 80– el gobierno de turno los compró con subvenciones, ejércitos de liberados sindicales y cursos de formación, quedando inaugurada una nueva era de sindicatos a cargo de los presupuestos generales del Estado. 

Los gobiernos de turno saben que regalándoles recursos económicos y liberados les están arrancando de cuajo el alma sindical; y ellos, los sindicatos de clase desnaturalizados –vendida ya su alma al “diablo”–, abdicando de los preceptos con los que nacieron, se dejan llevar por el poder mientras escenifican teóricos enfrentamientos con el gobierno para justificarse antes sus bases.

Entre ellos se entienden, se protegen, se justifican…, se conjuran, como conspiradores vulgares, para blindar sus privilegios y así ser inmunes al escrutinio público.

Colaboradores necesarios para llevar a cabo los ominosos desmanes a los que acostumbran son aquellos, y aquellas, que están al frente de ministerios y consejerías; aquí, en Extremadura, la responsable de la Consejería de Hacienda y Administración Pública consiente que los sindicatos tradicionales marquen la hoja de ruta de la Consejería que ella, teóricamente, dirige.

Con la aquiescencia de la Consejera la Mesa General de Administración pública es un club privado al que solo acceden los sindicatos de clase: el que dice defender a los obreros, el que asegura que une a los trabajadores y el que sostiene que es independiente.

USAE, integrado por SAE, SGTEX y PIDE, vino a perturbar la tranquilidad sindical cuando en la elecciones sindicales del 4 de diciembre de 2018 recibió un enorme apoyo de funcionarios sanitarios, de administración general y docentes. El apoyo recibido se tradujo en que USAE debía entrar en el club privado de la mesa general, como segunda fuerza sindical global, y, claro, se pusieron nerviosos y vieron peligrar sus privilegios: las mamandurrias a las que los sindicatos tradicionales están enganchados como el cocainómano a su cocaína o el ladrón a los bienes ajenos.

Pese a que USAE cumple la legalidad vigente para entrar en la mesa general, nos niegan el derecho, niegan la Ley; de tal forma que USAE ha denunciado a la Junta de Extremadura por vulneración de los derechos fundamentales, cuya vista iba a ser el pasado 23 de mayo pero la Junta de Extremadura mandó un escrito al TSJex pidiendo que la demanda pasara de lo Social a lo Contencioso. Otra maniobra para dilatar todavía más la constitución de la mesa general. Flaco favor le está haciendo a la Junta de Extremadura la Consejera de Hacienda y Administraciones pública dándole la espalda a la legalidad, cosa que en un político debería estar penado, como mínimo, con el cese inmediato de su cargo.



viernes, 23 de agosto de 2019

"Hermano pobre" publicado en el Periódico Extremadura por Alfredo Aranda

Mientras los docentes se afanan, tenaces, en la difícil tarea de esculpir en los alumnos una conciencia consciente de ciudadano libre y solidario, nos encontramos, siempre, con una Administración educativa que se conforma con que el sistema educativo público sea el hermano pobre; aquel que recibe las sobras presupuestarias o las limosnas de partidas finalistas europeas, como parches insuficientes que son la expresión clara del mayor de los abandonos.

La educación pública es el pilar fundamental de la sociedad, y su única esperanza, y los docentes son el vigoroso eslabón del que todo parte; sin embargo, a la hora de dotar económicamente tan importarte tarea, las autoridades educativas miran para otro lado.

La Administración manifiesta la imposibilidad económica de aplicar la reducción horaria para mayores de 56 años en Secundaria para el curso 2019-2020, igual que nos comunicó, en su día, la imposibilidad, por razone similares, de reducir las horas lectivas en infantil y primaria, o de ofrecer licencias por estudios remuneradas, o los anticipos reintegrables o los días de asuntos particulares a pesar de que no conllevan ningún gasto a la Administración. Jamás renunciaremos a estas mejoras necesarias –y a muchas otras– para ir completando el puzzle educativo al que aún le faltan muchas piezas por encajar.

A los docentes se les pide dedicación, esfuerzo, entusiasmo…, pero a cambio lo único que le ofrece son vacuas promesas apolilladas de estar siempre cautivas en el cajón de las promesas incumplidas; como ocurre, sin ir más lejos, con la carrera profesional docente de la que siempre hablan llenándose la boca, pero por la que nunca han mostrado un verdadero interés. Y los docentes de la pública, que muestran una sobresaliente capacidad para compensar con su trabajo las carencias del sistema, se sienten poco valorados por la Administración. La desconfianza que genera esta situación tiende a enquistarse y a provocar un creciente descreimiento en los gestores de lo público que, sin pudor alguno, demuestran, en muchas ocasiones, más preocupación por la enseñanza concertada e ideologizada que por la enseñanza pública y libre; lo que constituye, en sí mismo, una contradicción execrable y una demostración palmaria de que, en realidad, todas las ideologías están sometidas al mismo dueño.

La sociedad avanza porque la educación la empuja. Las sociedades cuyo sistema educativo es muy precario –o casi inexistente– están abocadas al fracaso como pueblo, como estado, como comunidad. El país que no cubre el presupuesto necesario para dotar al sistema educativo público de los recursos necesarios, está empobreciendo su presente y su futuro.

* Vicepresidente de PIDE

domingo, 14 de julio de 2019

"El paripé como acción sindical" publicado en el Periódico Extremadura por Alfredo Aranda

Los profesores de enseñanzas medias mayores de 55 años no podrán reducir su jornada lectiva el curso que viene, salvo que los centros puedan llevarlo a cabo sin aumentar las plantillas; lo que, en la práctica, es casi imposible.

La decisión, unilateral por parte de la Administración, incumple el acuerdo alcanzado con los sindicatos. Ahora, determinados sindicatos (el que dice defender a los obreros, el que asegura que une a los trabajadores y el que sostiene que es independiente), conformado ya el tripartito sindical excluyente, hacen el paripé convocando, el día del Claustro final del pasado curso, una concentración que fue un simple «brindis al sol» y, además, en los centros en los que pudieron, se hicieron una foto grupal con el Claustro para intentar aparentar una acción sindical inexistente.

Los sindicatos tradicionales, entregados al fingimiento y a la ficción sindical, buscan la absolución de los funcionarios ante su falta de eficacia. Debe ser muy difícil compaginar la docilidad interesada de los viejos sindicatos con la defensa de los trabajadores.

De nada vale ahora que los sindicatos tradicionales quieran hacer concentraciones en verano, fotografías con camisetas reivindicativas o declaraciones lamentándose de lo que ellos mismos son corresponsables. Todas estas acciones sindicales están diseñadas para aparentar que hacen algo y descargar su culpa; al final, siempre consienten porque, en realidad, el tripartito sindical es un cinturón de protección para la Administración.

Nos son capaces de hacer cumplir a la Administración de turno los acuerdos firmados en el ámbito de los sindicatos de clase. La torpeza de los sindicatos tradicionales está en la base del problema, dado que habría sido necesario que estos exigieran a la Consejería correspondiente la pertinente memoria económica para la aplicación de la medida; pero andaban con prisa porque el actual gobierno y los sindicatos tradicionales tenían elecciones en sus correspondientes ámbitos, y este logro –después malogrado– les venía de perlas para dirigir la atención de los votantes hacia sus siglas.

Los funcionarios docentes están discriminados frente al resto de los funcionarios de la Junta de Extremadura. Mientras en el resto de los sectores de la Administración autonómica tienen reconocida, por ejemplo, la carrera profesional, los docentes ni siquiera han podido negociar nada al respecto al negarse la Consejería de Educación a cumplir los compromisos de la Mesa General.

La Junta de Extremadura está aún a tiempo de autorizar las partidas presupuestarias necesarias para planificar el aumento de plantilla funcional y poder llevar a cabo el acuerdo adquirido de reducción horaria de mayores de 55 años que se firmó antes de las elecciones de mayo, de lo contrario el mensaje que está mandando a la ciudadanía es que hay dinero para todo, menos para la educación pública.

*Vicepresidente de PIDE.

jueves, 16 de mayo de 2019

Las reglas del juego. Por Alfredo Aranda Platero. Publicado en el Periódico Extremadura

  La Consejería de Hacienda y Administración Pública y los sindicatos tradicionales forman un binomio envilecido por la costumbre del apaño, por la connivencia excluyente para apartar a quien los molesta, y por el amancebamiento provechoso de las partes.

  Asisto, casi cada día, a la consagración del nepotismo institucionalizado; al contubernio entre la Administración y los sindicatos de clase, y algún otro que se esconde tras la «i» de independiente, como si espantara así los fantasmas ideológicos que reverdecen –pues no pueden evitarlo– cuando defienden las subvenciones a la educación privada o el aumento de horas de religión en horario lectivo; ahí sí demuestran su verdadera naturaleza, la imagen real que esconden tras la máscara que ofrecen a los docentes y, en general, a todos los trabajadores.

  Las razones por las que el gobierno de turno y el tripartito sindical mantienen esa relación simbiótica tan mutuamente beneficiosa, y por la que consiguen que la Administración haga verdaderos contorsionismos normativos para favorecerlos, tienen que ver con el número de liberados que consiguen; con el dinero en subvenciones que perciben; con la manga ancha de los cursos de formación (siempre en el punto de mira de la polémica); con las tibias y escasas concentraciones que convocan, muy de tarde en tarde y en horario no laboral, para no perturbar, más allá de lo necesario, al poder que los alimenta…

  La federación USAE, integrada por SGTEX, SAE y PIDE, representa la segunda fuerza sindical en Extremadura tras las elecciones sindicales del 4 de diciembre de 2018, y por derecho propio le pertenece estar en la mesa general y en el resto de mesas de negociación. Sin embargo, estas mesas aún no se han constituido para proceder a la actualización de su composición según la nueva representación salida de las urnas, por lo que hemos denunciado a la Junta de Extremadura, ante el Tribunal Superior de Justicia, por vulneración de los derechos fundamentales.

  Que al tripartito sindical no le interesa que estemos en dichas mesas es evidente, y que la Administración quiere complacerlo, también. Otra cosa es que puedan obstruir la libertad sindical saltándose la Ley para perjudicar a un colectivo en beneficio de otro: a eso se le llama prevaricación o, en lenguaje coloquial, corrupción.

  Que un sindicato de clase necesite –permítanme el símil futbolístico– un solo gol para que le contabilicen cuatro, mientras que los sindicatos profesionales necesitamos cuatro para que nos contabilicen uno, es una perversión democrática intolerable. En las últimas elecciones sindicales al sector docente, por ejemplo, los sindicatos de clase apenas recibieron el 10% de los votos, de hecho uno de ellos ni siquiera llegó a ese porcentaje. No obstante, la norma los rescata, y finalmente tendrán todos los recursos, todos sus liberados y entrarán en todas las mesas de negociación…

  PIDE, como sindicato profesional de la enseñanza pública, obtuvo tres veces más apoyo que los sindicatos tradicionales (concretamente el 30% de los votos), si bien no nos han dejado otra opción que acudir a la justicia para que nos reconozcan los derechos inherentes al apoyo recibido.

La Administración –que consiente– y los sindicatos –que se benefician– son inasequibles a la vergüenza, que deberían sentir por no respetar la representatividad real obtenida en las elecciones sindicales. Lo cual constituye la transgresión de la regla más básica de la democracia y la prueba más fehaciente de la más que dudosa catadura moral de aquellos que --en conciliábulos excluyentes-- manejan la legalidad según sus intereses.

  Lo más democráticamente descorazonador es advertir que los sindicatos institucionalizados exhiben con falaz superioridad moral todas las prebendas que reciben. Y se arrogan, por añadidura, un carácter omnipotente por el que consideran que deben representar a los trabajadores, aunque no los voten. Lo peor es que esta falsedad se hace realidad por la complicidad normativa de la Administración. Pero que no se relajen, porque el hartazgo de la sociedad, y de los docentes, conseguirá que se les acabe el monopolio sindical y sus círculos endogámicos a través de los que se retroalimentan prostituyendo el más básico sentido democrático.