Es patente el malestar de los funcionarios docentes extremeños
por la pérdida de poder adquisitivo de más del 20% en los últimos 12 años. Lo
hemos dicho de todas las formas posibles en infinitas ocasiones, ya solo nos
queda proclamarlo en sánscrito, pero siempre nos hemos topado con un muro de
indiferencia. Volvemos a estar, de nuevo, en la cola de los docentes peor
pagados de España.
La nueva responsable de la
Consejería de Educación debe tomar conciencia de esta realidad perversa y
empezar a ponerle solución. No debería omitir de su relato, ni excluir de sus
objetivos, todo lo referente al tema salarial, porque de ser así caería en el error
de sus predecesores en el cargo. El 0,5% con el que se incrementará la nómina a
los funcionarios en noviembre o el previsible 2% que se sumará a partir de
enero, aumentan el poder adquisitivo de los la pérdida brutal
acumulada en los últimos años. Es urgente incorporar en los presupuestos
extremeños de 2024 una nueva subida porcentual significativa en la nómina,
avanzando hacia la equidad entre autonomías y planificando la necesaria
recuperación del poder adquisitivo en un corto intervalo de tiempo.
Este agravio con el resto de
comunidades viene a corroborar esa sensación generalizada de que Extremadura es
una comunidad injustamente tratada con respecto al resto de territorios, siendo
los trabajadores, como siempre, los paganos de esta injusticia.
Tratar justamente a los
trabajadores con la remuneración que merecen redundaría en su reconocimiento y
autoestima y dignificaría, además, al gobierno de turno que trabajara por ese
equilibrio entre comunidades. En España hay 17 comunidades autónomas, pero
pareciera más bien que hay 17 países. La diferencia de sueldo de un docente
entre una comunidad y otra puede llegar, incluso, a los 600 euros
mensuales.
Se debe acometer lo antes
posible una negociación salarial para aumentar el poder adquisitivo del
profesorado de la enseñanza pública extremeña. Durante años hemos sufrido una
merma importante de nuestra capacidad de comprar bienes y servicios, que en los
últimos tiempos se ha agravado con el aumento de la inflación. Somos una pieza
básica en el funcionamiento del estado del bienestar, por lo que debemos ser
tratados con el respeto debido y nuestras reivindicaciones deben ser atendidas
con la diligencia que se le presupone a un gobierno que se preocupa por la
educación. En Extremadura llevamos más de 17 años sin negociar una adecuación
retributiva. No se trata de cobrar los más de 80.000 euros anuales que ingresa
un docente alemán; pero sí, al menos, recuperar la capacidad adquisitiva
perdida e incrementarla según la carestía de la vida y avanzar, para terminar
con los agravios, en la equiparación del sueldo de los docentes extremeños con
los de otras comunidades cuyos emolumentos son sustancialmente superiores a los
de nuestra región.
También se nos ha negado,
tozudamente, la carrera profesional pese a que la normativa nacional y
autonómica establece ese derecho. Extremadura la ha implantado solo en
Administración General y en Sanidad,
ignorando y despreciando al sector de la educación donde no ha empezado ni
siquiera la negociación preceptiva.
El profesor sufre un maltrato
económico y laboral, dado que a la pérdida de poder adquisitivo perdido hay que
sumar la enorme sobrecarga de trabajo que ha experimentado en cuando a
funciones y responsabilidades. Ya no es solo un docente; ahora es, también, un
psicólogo, un educador, un vigilante, un cuidador, un analista de datos
estadísticos, un burócrata a la fuerza, un participante o coordinador en mil
proyectos, un “punching-ball” para los padres, para los alumnos y para la
administración e, incluso, para la sociedad en su conjunto. Un reciente estudio
concluía que un 40% de los docentes sufre o ha sufrido ansiedad, depresión y
agotamiento tanto físico como mental, lo que provoca bajas, dimisiones de
equipos directivos y abandono de la profesión.
Creo que ha llegado la hora de
sentarse a negociar la mejora sustancial, nada de migajas, de las condiciones
laborales y económicas de los docentes para acabar con la discriminación
salarial, así como devolver al docente a su verdadera profesión primigenia: dar
clases e impartir conocimientos. Y que la acción tutorial sea, verdaderamente, el
instrumento vertebrador de la actividad docente encaminado a comprometer al
alumnado y a sus familias con los objetivos del curso. En bien sencillo, solo
falta que los responsables escuchen a los docentes y se sienten a negociar con
los sindicatos.
