jueves, 12 de mayo de 2022

"Descomisionados" (por ALFREDO ARANDA, Vicepresidente Sindicato PIDE)

 O la Consejería de Educación deja de recortar comisiones de servicio o convierte plantilla funcional en orgánica.

 Sin negociar. Sin compensar. Sin, ni siquiera, avisar previamente. Así impuso la Consejería de Educación la drástica reducción de las comisiones de servicio de carácter general, exigiendo unas condiciones leoninas que impedirán que un gran número de docentes tenga acceso a este tipo de comisión de servicio. 

El tener que acreditar una permanencia ininterrumpida en el puesto de destino definitivo desde el 1 de septiembre de 2020 hasta el 31 de agosto de 2022, por imposición unilateral de la Consejería de Educación, para poder tener acceso a las comisiones generales, es una condición muy difícil de cumplir y terminará no solo por impedir que muchos docentes puedan solicitarlas, sino que también todos los que actualmente están ocupando una comisión de este tipo no puedan renovarla, danto al traste, de esta manera, con la conciliación de la vida familiar y laboral de los docentes excluidos.

Esto es muy grave porque no hay compensación, al menos de momento. Una de dos: o la Consejería de Educación deja de recortar comisiones de servicio o convierte plantilla funcional en orgánica, para que así los docentes puedan tener la oportunidad de acercarse a su lugar de residencia a través del concurso de traslados; dado que un docente no pide una comisión de servicio por capricho, sino que lo hace por necesidad. No se puede «jugar» con la necesidad de la personas, no se las puede empujar al precipicio y abandonar a su suerte. Un político, una política, no puede hacer eso, porque las comisiones de servicio, a falta de plantilla orgánica suficiente para poder concursar con posibilidades, son un alivio para infinidad de casuísticas personales y, por tanto, la Consejería de Educación debe tener la empatía y la humanidad suficientes para comprender que con esta decisión está haciendo un daño gratuito a los docentes. 

No acertamos a comprender el interés de la consejera en empeorar nuestras condiciones laborales y en alimentar esa desafección que parece tener con los docentes, esa obsesión en presentarse como la «ultraliberal» Margaret Thatcher española, adoptando aquello de «No soy una política de consenso. Soy una política de convicciones». No se da cuenta de que la intransigencia termina siendo la tumba política de quien la ejerce. 

Siempre la negativa como forma de proceder: negarse a actualizar los sueldos de los docentes extremeños, de los peor pagados de España; negarse a debatir sobre la carrera profesional docente; negarse a negociar el calendario escolar, ninguneando a los sindicatos; negarse a negociar los currículos de desarrollo autonómico de la LOMLOE; negarse a dar los mismos días de asuntos propios remunerados que ya disfrutan el resto de los sectores funcionariales de la Junta de Extremadura… La lista es larga.

Si alguien en el gobierno de Extremadura no hace algo por parar este sinsentido, vamos a llegar a un punto de no retorno. Nos pondrá a los sindicatos en la tesitura de tener que romper total y definitivamente las relaciones con la Administración Educativa y emprender acciones como las de dejar de ir a las mesas técnicas y sectoriales que se están convirtiendo en la antítesis de lo que deberían ser. 

Desde PIDE mantenemos la convicción intacta de que la negociación, si hay voluntad de llegar a acuerdos, es una herramienta para avanzar en conquistas sociales. Siempre ha sido así, pero la Consejería parece sentirse, últimamente, más cómoda imponiendo que negociando. Aún podemos tender puentes, podemos encontrar espacios de entendimiento con las autoridades educativa, por el bien de los docentes que trabajan en Extremadura. No hay tiempo que perder, pongámonos manos a la obra.

Alfredo Aranda.  Vicepresidente Sindicato PIDE.


lunes, 28 de marzo de 2022

La educación pública es vulnerable

 La educación pública es vulnerable

La educación pública es vulnerable. Vulnerable a los poderes fácticos que entienden la educación como un negocio. Vulnerable a las ideologías de las plegarias y de la exaltación. Vulnerable a los dirigentes políticos que traicionan sus principios y se venden a espurios intereses. Vulnerable a los que, desde la atalaya de sus ministerios y consejerías, desmantelan la enseñanza pública con deshonestos gestos autócratas que nos desvelan que los caudillos y las caudillas también existen en democracia. Vulnerable a las organizaciones sindicales que ondean sus pancartas por simple conveniencia y que, después, se esfuman mientras las fauces de afilados colmillos aún no ha terminado de engullir su presa. Vulnerable a una parte de la sociedad que ha olvidado, con ayuda de aquellos que mueven los hilos en la sombra, que sus hijos merecen una formación libre de adoctrinamientos.

La educación pública es vulnerable; pero su poder es inmenso e incomparable porque compensa desigualdades sociales, porque es universal, porque es laica, porque es de todos. La educación pública es un pilar sólido donde asentar a una sociedad libre, crítica, despojada de credos y supersticiones.

Es preciso que el gobierno de Extremadura se deshaga de las ataduras que lo mantienen encorsetado en una ambigüedad discursiva que lleva a que sus principios estén lastimosamente secuestrados. Y que defienda a la enseñanza pública y no la agreda como hace con dolorosa frecuencia, sacrificando centros públicos como ofrenda no sabemos a qué supremo poder o todopoderoso tótem. Y que no actúe como aquella madrileña endiosada, que con un falso misticismo en la mirada perdida en lontananza, como una ficticia virgen de pega, que no duraría ni un segundo en un trabajo donde tuviera que demostrar alguna destreza, destroza la educación pública madrileña bajo el sorprendente aplauso de muchos de los que sufren, en la propia carne de sus hijos, el quebranto, la pérdida de los más básicos derechos fundamentales. 

En la comunidad madrileña se entreteje una urdimbre maquiavélica en la que la educación pública queda atrapada; y sin nocturnidad y con alevosía, van libando su jugo hasta secarla. 

El gobierno extremeño debería mirar hacia la comunidad madrileña pero para hacer exactamente lo contrario; es decir, defender, con toda la fuerza de la razón, a la educación pública de sus enemigos, algunos de los cuales militan en sus propias filas. 

En Extremadura se suprimen unidades y se cierran centros públicos, para así proteger los conciertos. Lo que demuestra el nulo compromiso de la consejera con la educación pública y, por ende, manifiesta con rotunda claridad que sus principios ideológicos no son los del partido que representa, porque jamás podrán germinar en el arenoso sustrato de un pensamiento cada vez más alejado de la vocación de servicio público; y que, ahora, tras las afrentas cometidas contra la educación de todos, muestra la verdadera naturaleza ideológica del ser que la habita, la savia deontológica hostil hacia la propia idiosincrasia del partido que la ampara y que le corre por las venas colonizándola por completo.

Es inexplicable que se condene a los alumnos del CEIP Juan XXIII, de Mérida, a la dispersión, a la diáspora, al exilio... Otra solución es posible, pero la consejera no escucha. Ya ha mordido a su presa y cuanto más quieres arrebatársela con más fuerza la muerde y no la soltará fácilmente, salvo que alguien con más poder que ella la detenga. 


Alfredo Aranda Platero

Vicepresidente del Sindicato del Profesorado Extremeño 


sábado, 12 de marzo de 2022

🗞📰 Alfredo Aranda Platero (Vicepresidente de PIDE): "Liquidar a la educación pública"

El día 7 de febrero de 2022 se nos emplazó a las organizaciones sindicales a una reunión virtual informativa que tendría lugar al día siguiente, cuyo orden del día era la «modificación de la plantilla orgánica publicada». No podíamos imaginar que esa modificación suponía la liquidación de un centro educativo público, el ‘Juan XXIII’ de Mérida. Le faltó tiempo al alcalde de Mérida para proponer qué uso deberían tener las instalaciones del CEIP una vez desocupado de sus legítimos inquilinos, planteamiento que a la Consejera de Educación, también con sorprendente rapidez, le pareció una excelente idea. Todo parece formar parte de una hoja de ruta, iniciada hace tiempo, encaminada a cerrar el CEIP Juan XXIII. Lo tenían sentenciado hace tiempo. El día 8 de febrero lo único que hicieron fue comunicarnos la sentencia.
La Consejera de Educación para mayor abundamiento del latrocinio cometido considera que desalojar el centro educativo de sus alumnos es darles una nueva oportunidad. Palabras vacías de contenido y de una suprema miopía social y educativa que le impide ver el grave alcance de sus decisiones, porque lo que está haciendo es alimentar a los centros concertados colindantes para que estos aumenten su matrícula; de hecho, presuntamente, un inspector está sugiriendo a los progenitores que escolaricen a sus alumnos el curso próximo en los centros concertados, no sabemos si esta «presión» la ejerce por iniciativa propia o por mandato divino. Todo un plan estratégico para dar un golpe de gracia a un centro público en beneficio de los centros concertados cercarnos. Nuestra Consejera parece más una infiltrada de Isabel Díaz Ayuso en el gobierno de la Junta de Extremadura, que una verdadera progresista interesada en la protección de la Educación Pública.

"La Consejera debería saber que la Educación Pública es integradora y compensadora de desigualdades y que, además, es verdaderamente gratuita".

La Consejera debería saber que la Educación Pública es integradora y compensadora de desigualdades y que, además, es verdaderamente gratuita, sin las cuotas ‘voluntarias’ de los centros privado-concertados. El CEIP Juan XXIII garantiza la igualdad de oportunidades a unos discentes que están integrados en su centro y con sus docentes, de tal forma que el centro, y así lo reconocen los padres y las madres, es un lugar donde sus hijos aprenden no solo los contenidos curriculares, sino también a ser personas empáticas y socializadas.
La LOMLOE dice que «la educación pública constituye el eje vertebrador del sistema educativo», y que las Administraciones educativas garantizarán el derecho a la educación «mediante una oferta suficiente de plazas públicas». También dice de forma taxativa que «Las Administraciones educativas promoverán un incremento progresivo de puestos escolares en la red de centros de titularidad pública». A la luz de lo que dice la LOMLOE y atendiendo a los posicionamientos ideológicos del partido que representa, la Consejera debería mantener abierto el CEIP Juan XXIII y extinguir los conciertos educativos, claramente incensarios, de los centros privados cercanos. Debería, también, convocar la Comisión Regional para la actualización de la Red de Centros de Extremadura (que no se reúne desde 2014).
No obstante, PIDE le ha propuesto a la Consejera una solución educativa y social. Un nuevo proyecto donde sitúe al CEIP Juan XXIII en el centro del barrio, un lugar donde se concite a toda la comunidad educativa entorno al mismo «sueño»: convertir el centro educativo en lo que la barriada necesita. Un proyecto de Comunidades de Aprendizaje que integre en el centro las enseñanzas de infantil, primaria, 1º y 2º de Secundaria y un Aula de adultos adscrita al CEPA Legión V.
Una solución que ya ha funcionado en Castilla–La Mancha, en el CEIP La Paz de Albacete. Un centro de características similares al CEIP Juan XXIII de Mérida y ubicado en una zona con casuísticas equivalentes. Un centro que pasó de tener 40 alumnos a 250, que se convirtió en el centro neurálgico del barrio y que, además, es ganador de varios premios a su labor educativa.
Veremos qué dice la Consejera de Educación, si es que dice algo, con respecto a la propuesta de PIDE. Atentos.

*Vicepresidente del sindicato PIDE

jueves, 10 de febrero de 2022

Salvemos a la educación pública (Alfredo Aranda Platero)

 La ideología cuando no se cuida, como las baterías que se sulfatan por tener nivel bajo del electrolito, se atrofia. Las facciones ideológicas se van desvaneciendo hasta transmutar la fisonomía del rostro ideológico en una simple careta que detrás no esconde nada; ya, ni siquiera, la faz primigenia. 

No se trata de actuar con embriaguez ideológica, ni, como decía Agustín de Hipona con «la soberbia no es grandeza sino hinchazón; y lo que está hinchado parece grande pero no está sano». Se trata de ser consecuente con la idiosincrasia propia, con la doctrina fundacional, que nos repiten como un mantra y que termina siendo, en realidad, un adorno programático.

En comunidades de gobiernos conservadores, como Madrid, están aboliendo, con rapidez, la educación pública. Y lo hacen abiertamente, sin esconderse. En esta comunidad hay ya más educación concertada que pública, y la pública que queda, en su mayoría, es de gestión privada. El gobierno de Madrid es consecuente con su ideología. Promocionan la educación privada ofreciendo suelo para que construyan centros privados y después los conciertan, así el modelo educativo público se va agotando. No creen en lo público y lo ejecutan, lo decapitan con una afilada guillotina doctrinal y con vocación evangelizadora. 

En comunidades de gobiernos progresistas, como Extremadura, podrían actuar, en lo referente a la educación pública, siendo fiel a su ideología y proteger, por ende, a la educación pública (como Madrid hace con la privada-concertada); pero, sin embargo, no lo hacen. Mantienen conciertos innecesarios a costa de cerrar unidades en centros públicos, o liquidan, directamente, centros públicos completos como, por ejemplo, el CEIP Juan XXIII de Mérida, que cesa su actividad de enseñanza pública para el próximo curso por decisión de la Consejería. 

En Extremadura la red pública puede asumir las necesidades de escolarización de todas las localidades y, por consiguiente, el cese de los conciertos estaría perfectamente justificado. Esta realidad de meridiana claridad podrá no gustarle a muchas personas que quieren mantener los conciertos a toda costa; pero no podrán decir que no es verdad. Lo datos no mienten. 

En Madrid, sin ninguna justificación, se cargan la enseñanza pública construyendo centros privados para concertarlos después; arrinconado, así, a la educación pública. En Extremadura, con los datos de escolarización a favor para cesar los conciertos, los mantienen perjudicando a la educación que es patrimonio de todos: la pública. «Entre todos la mataron y ella sola se murió».

Las dos ideologías parecen aunar esfuerzos para ir socavando la única educación que garantiza la igualdad de oportunidades: la pública. La educación de todos. Que aquellos que llevan como bandera la ideología conservadora quieran destruir lo público es normal, está en su naturaleza; pero que lo hagan aquellos que dicen sostenerse en pilares progresistas, no tiene explicación alguna que no protejan, sin ambages, el bien común de lo púbico. 

La educación pública es igualitaria, democrática, inclusiva y verdaderamente gratuita, sin las cuotas «voluntarias» que se pagan en la escuela concertada (si no las pagas te excluyen de actividades) que según el estudio de CICAE y CEAPA, publicado en octubre de 2021, oscila entre 84 y 202 euros al mes. Al final, las familias terminan pagando. La escuela concertada recibe dinero público y no pueden cobrar nada por sus servicios. Un fraude que la administración conoce y permite.

El sistema de conciertos en la educación se estableció en 1985, bajo las prescripciones de la LODE, para poder dar respuesta a las necesidades de escolarización en aquel momento. Es decir, que los centros concertados escolarizaban el excedente de alumnos que no podía asumir la educación pública; por tanto, lo concertado era subsidiario de lo público. Una vez que la red pública aumentara, los conciertos dejarían de ser necesarios. Pero no fue así. Después de 37 años hay comunidades en las que la educación concertada se está cargando, literalmente, a la pública. Lo que constituye una verdadera anomalía democrática, dado que de no haber existido la dictadura franquista, que sumió en las tinieblas a España durante 40 años, la red pública se hubiera ido ampliando y modernizando para no ser necesario los conciertos que se implantaron a partir de la LODE y, hoy día, dichos conciertos no existirían o serían residuales y solo la educación pública (gratuita) o la privada (pagada por las familias) serían las únicas entre las que se podría elegir, cumpliendo con aquello de la libertad de enseñanza que promulga la Constitución. No olvidemos que la Carta Magna (1978) cuando habla de libertad de enseñanza no se refiere a la concertada, por la simple razón de que cuando se redactó la norma los centros concertados no existían.

¿Y los sindicatos tradicionales qué piensan de este tema? Poco que decir. Protestan como medida de maquillaje, para parecer que les importa; después, siguen a lo suyo y lo dejan pasar. Unos, porque tienen intereses sindicales en la concertada y se ponen de perfil; otros, porque su posicionamiento ideológico les impide pedir el cese inmediato de los conciertos innecesarios. 

PIDE seguirá diciendo, a voz en grito, que en la actual coyuntura los conciertos educativos sobran, no son necesarios, que la pública va primero y que seguiremos luchado por ella hasta el último aliento. 

*Vicepresidente de PIDE


lunes, 10 de enero de 2022

INCIERTO PROCESO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INTERINOS (J.M.CHAPADO y ALFREDO ARANDA, Presidente y Vicepresidente Sindicato PIDE)

Intentar explicar lo inexplicable, no parece tarea sencilla; pues, a todas luces, inexplicable es que las expectativas creadas con el proceso de estabilización del colectivo de interinos docentes queden disipadas, de forma implacable, con la modificación del Real Decreto 276/2007 que regula el sistema de acceso a la función pública docente, cuyo borrador –ya vamos por el tercero– más bien parece una norma encaminada a que desaparezcan las plazas objeto de la polémica para que Europa deje de tocar las vergüenzas a España, que una solución a la precariedad laboral de los funcionarios docentes interinos. Este modelo no es el nuestro, no es el que verdaderamente beneficia a los funcionarios de interinos, el MEyFP lo está imponiendo con la colaboración necesaria de los sindicatos de siempre. Pretenden estabilizar plazas y no personas, cuando debería ser al contrario.

El borrador establece dos vías de acceso (sólo se puede optar por una de ellas): concurso-oposición y concurso. 

  Al concurso-oposición podrá acceder cualquier opositor. La fase de oposición es el 60% de la puntuación final. Se elimina de la primera parte el práctico, pero no de todas las especialidades (aún no sabemos de qué especialidades se elimina) y la segunda parte de la prueba consistirá en la exposición de una unidad didáctica. Los exámenes no son eliminatorios; pero, al menos, hay que obtener un 5 de media para acceder a la fase de concurso (el 40% de la puntuación final).

El concurso de méritos está reservado para los opositores que tengan 5 años, o más, de experiencia docente, aunque jurídicamente deberían ser tres años de antigüedad al estar regulado así por la normativa laboral nacional y la directiva europea incumplida. El máximo del apartado de experiencia será de 10 años, no valorándose el resto de años trabajados. Para esta opción se reservan las plazas estructurales autorizadas por el Ministerio de Hacienda.  

 La “solución” plasmada en este borrador no respeta la Directiva 1999/70, ni las sentencias de 19 de marzo de 2020, ni la de 3 de junio de 2021 del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), por lo que el proceso puede judicializarse con la consiguiente inseguridad jurídica para todos los opositores. No existe ningún informe jurídico, que sepamos, de la abogacía del Estado que respalde el documento.

Según el actual borrador cualquier interino podrá optar por presentarse a cualquier comunidad para conseguir una plaza por la vía del concurso de méritos. Lo que podría provocar que las plazas de Extremadura se las llevaran interinos de otras comunidades que decidiesen presentar méritos en nuestra comunidad para participar en esta forma de acceso. El borrador de la modificación del Real Decreto no da ninguna salida a esta situación, como tampoco aclara qué pasará en el caso de empate entre interinos que concurran al proceso de estabilización. Todos estos aspectos, y muchos otros, quedan en el aire. 

Para muchos interinos, según se infiere de la lectura del texto-borrador del Real Decreto, será más fácil conseguir la plaza si optan por el concurso oposición que si se decantan por la vía del concurso (sin oposición). La mayoría de los interinos extremeños no se beneficiarán de este sistema, como no haya un cambio radical en el documento que finalmente se publique en el BOE que contemple, verdaderamente, la casuística específica de un colectivo al que se lleva hostigando durante años de forma constante tanto por las autoridades educativas como por los sindicatos subvencionados. Con la redacción actual del borrador sólo un 10% de los interinos docentes podrán estabilizar sus puestos de trabajo por la vía del concurso de méritos. En muchas especialidades no tendrán ni siquiera esa opción si no son objeto de convocatoria.

"Lo deseable es que el Ministerio de Educación diseñara un sistema que beneficiara a todos"

Lo que parece claro es que los realmente beneficiados serán los enchufados a dedo en las empresas y fundaciones públicas que serán fijos con este proceso de estabilización al aplicárseles la misma normativa, y no poder optar nadie, salvo ellos, a las plazas que ocupan.

Y toda esta farsa se articula con la aquiescencia de los sindicatos tradicionales, que se limitan a mirar desde lejos y a soltar en los medios, de vez en cuando, espurios argumentos con total impunidad e inmunidad por estar al socaire del monopolio sindical que ejercen por decreto. 

Los que tenemos memoria recordamos que el tripartito sindical traicionó una vez más a los trabajadores, en este caso a los funcionarios interinos docentes, el 29 de marzo de 2017 al firmar un acuerdo para estabilizar plazas, pero no a los interinos que las ocupaban. El 5 de julio de 2021 volvieron a hacer lo mismo, pactando con el exministro de Administraciones Públicas, un «remake» del desastroso acuerdo de 2017 con el mismo fin: estabilizar las plazas pero no a los interinos. 

Lo deseable es que los responsables del Ministerio de Educación hicieran lo correcto diseñando un sistema que beneficie a todos, sin excepción, a lo largo del tiempo, estableciendo un orden de prelación donde la experiencia tenga un peso determinante y el resto de méritos ocupen también un espacio necesario; permitiendo, con ello, estabilizar a los actuales y futuros interinos sin la pérdida de su puesto de trabajo; pero ya sabemos, tristemente, que «Quod natura non dat, Salmantica non præstat» y primarán otros intereses ajenos al bien común.

*Presidente y Vicepresidente de PIDE