Fundamentar la existencia de
la educación concertada en el derecho que tienen los padres a la
libertad de elección es, simplemente, un argumento falaz que los
interesados utilizan por ignorancia o por manipulación. En cualquier
caso, es una falsedad que se desvanece con facilidad a la luz de los
datos.
Las familias tienen
el derecho a elegir, por supuesto, pero entre educación pública y
privada, de la concertada no habla ni la Carta Magna. Por tanto, la
garantía constitucional está protegida pese a los embustes de los que
quieren hacernos creer, con su falsa interpretación y pobres argumentos,
que está justificado que los recursos públicos se desvíen para
financiar negocios privados.
La concertación no solo
perjudica a la educación pública, sino también a la privada, por la
competencia desleal que supone que la mayor parte de los centros
concertados cobren, además de recibir abultadas subvenciones, cuotas
“voluntarias” y pagos de diversa índole de las familias, práctica ilegal
que la Asociación de Colegios Privados (CICAE) ha denunciado en
múltiples ocasiones.
La
razón de “los otros”, de los defensores de la concertada, es la
sinrazón porque no se fundamenta ni en la lógica de los datos, ni en la
ley. Es nuestra responsabilidad como sindicato mayoritario de la
educación pública corregir las falsedades que con tanta frecuencia
pretenden tapar la verdad, así como denunciar la complacencia que la
Administración Educativa muestra con la educación subvencionada.
No tiene justificación posible concertar unidades de 3 años en
Extremadura cuando, por ejemplo, en el curso 2024-2025 la escuela
pública ha ofertado más plazas para este nivel que peticiones de
escolarización. Concretamente se han escolarizado 7.247 niños de 3 años y
se han ofertado 12.818 plazas, la mayoría de las plazas desiertas se
ofrecieron en centros públicos. Y esto pasa en todos los niveles
educativos. Dejar plazas sin cubrir en los centros públicos y concertar
unidades innecesarias con centros no públicos es un acto cargado de
irracionalidad y puede, además, constituir un delito de malversación de
fondos públicos.
El Consejo Escolar del Estado
en su informe 2024 insta a la Administración a controlar el uso de la
financiación a los centros concertados y, tal como regula legalmente la
LOMLOE, reclama priorizar la escolarización en centros públicos en caso
de que se tengan que cerrar grupos de alumnos por la caída demográfica.
En
muchas ocasiones hemos recordado a los responsables educativos que el
Tribunal Constitucional ha dicho (sentencia 86/1985) que el derecho a la
educación no comprendía el derecho a la gratuidad en centros privados,
porque los recursos públicos no deben sufragar preferencias
individuales. Este pronunciamiento del TC atesora tanta verdad, que por
sí solo bastaría para que el gobierno central y autonómico actuaran en
consecuencia.
Poner de relieve cómo se
conculcan los pronunciamientos de la Carta Magna es uno de los objetivos
de este artículo; otro, lo que provoca dicho incumplimiento: cierre de
unidades educativas en la pública, cierre de centros completos,
supresiones y desplazamientos de docentes de la educación pública…
En
ningún momento, como nos acusa algún sindicato de la concertada,
tenemos intención de que los profesores que desarrollan su trabajo en
este tipo de centros se queden en paro. Esta afirmación es una mentira
infame más de quién no tiene argumentos para contrarrestar los nuestros.
Si los centros concertados dejaran de recibir subvenciones se
convertirían en privados y podrían seguir subsistiendo con las cuotas de
los padres. En cualquier caso, si algún centro desconcertado no pudiera
subsistir como privado sería obligación de la Administración, y no del
Sindicato PIDE, atender esta situación para minimizar el impacto que
pudiera producirse y que los perjuicios fueran pocos o ninguno.
PIDE lleva bregando con la
defensa de la educación pública desde sus inicios y seguiremos,
irredentos, por muchos palos en las ruedas que nos pongan. Es muy
ingrato ver cómo en muchas ocasiones la propia Administración, que
debería ser valedora de lo público, se convierte en enemiga por acción o
por omisión.
La
conclusión es clara. Si hay plazas que sobran en los centros públicos,
no hace falta concertar unidades con centros de naturaleza privada
porque se estaría duplicando el gasto sin ninguna razón legal y, por
ende, perjudicando seriamente a la educación pública, que es uno de los
pilares fundamentales que sostienen la edificación democrática del
Estado.
La única
explicación (lo vemos en Madrid) para la irracionalidad con la que la
Administración se prodiga en estos asuntos es, claramente, ideológica.
De hecho, organizaciones como ESADE y Save The Children ya han advertido
de este peligro recordando la segregación que supone la escuela
concertada.
Los números son claros: no
hace falta concertar unidades. El Tribunal Constitucional es claro: el
Estado no tiene que subvencionar centros privados porque para eso la
educación pública es gratuita. Las preferencias individuales no tienen
que ser sufragadas con dinero público. Organizaciones importantes lo
tienen claro: la escuela concertada segrega.
“No
hay peor ciego que el que no quiere ver”. “No hay peor sordo que el que
no quiere oír”. “No hay peor desentendido que el que no quiere
entender”. Los demás ciudadanos nos plegamos ante la evidencia de los
datos y de los preceptos constitucionales que el Tribunal Constitucional
ha tenido que recordar a los ciegos, sordos y desentendidos en la
referida sentencia que este artículo nombra.
