miércoles, 27 de noviembre de 2024

EL BULO DE LA LIBRE ELECCIÓN DE LOS CENTROS EDUCATIVOS (Alfredo Aranda Platero. Vicepresidente Sindicato PIDE)

 

«La Secretaria General de Educación defiende el derecho de los padres a elegir el modelo educativo para sus hijos». Este titular apareció el 23 de noviembre de 2024 en la web de juntaex.es. Lo dijo en la inauguración de la asamblea general de la Confederación Católica Nacional de Padres de Familia y Padres de Alumnos (CONCAPA). Añadió, para darle mayor empaque a la falacia, que en Extremadura siempre han coexistido los dos diferentes modelos de forma pacífica, al amparo –añadió– de la normativa vigente y así lo van a defender siempre.

Ya conocen lo que dice la Secretaría General, ahora voy a contarles la verdad. Y la verdad es que sí hay un conflicto entre pública y privada en cuanto a la coexistencia de ambos modelos. No pueden convivir en una comunidad cuya red pública puede asumir las necesidades de escolarización sin concertar unidades con centros privados. Un dato claro, de la propia Consejería de Educación, que avala de forma incontestable esta realidad es que para este curso se ofertaron 12.818 puestos escolares para los 7.247 niños de 3 años que iniciaban la educación infantil.

 

Que 5.571 plazas se hayan quedado sin cubrir, es la evidencia clara de que los conciertos educativos no son necesarios. Los conciertos se extendieron 1985 como una medida coyuntural para dar respuesta a las necesidades de escolarización que excedía, por aquel entonces, la capacidad de absorción de la escuela pública. Una vez construidos los centros públicos suficientes, los conciertos dejarían de ser necesarios. Este fue el compromiso que los políticos adquirieron con la ciudadanía y que no cumplieron. Lo que nació como coyuntural se ha convertido en permanente.

Para mantener la coexistencia a la que se refiere la Secretaria General, se aprueban normativas para hacer posible lo imposible. Los concertados tienen ratios a la carta, de tal forma que mientras en la pública se miran con lupa las ratios para proceder a recortar unidades sin miramientos, en la concertada se permiten ratios bajas para no tener que quitar conciertos. Así nos encontramos, con una frecuencia inquietante, que para mantener los conciertos educativos se suprimen unidades en centros públicos o se cierran escuelas públicas completas. No cabe un proceder más ruin. Si para mantener los conciertos tienes que destruir lo público, la coexistencia pregonada es un embuste más.

 

De las falacias a las que suelen abonarse los dirigentes educativos de Extremadura, la de la libre elección de centro es la mayor de todas. La constitución habla de la creación de centros privados, pero no dice que el Estado deba convertirlos en concertados, inyectando dinero público en un negocio privado. Que las familias elijan un centro educativo distinto, un centro privado en lugar de uno público, no obliga a los poderes públicos a sufragar esa elección, en la medida en que ya ofrece gratuitamente la educación pública. Las familias que prefieran educación privada deberían asumir su coste, porque hacer pasar por un derecho de elección lo que es una simple preferencia individual por una educación clasista es una anomalía democrática que la sociedad no debería permitir. De hecho el Tribunal Constitucional (sentencia 86/1985) dejó claro que el derecho a la educación no comprendía el derecho a la gratuidad educativa en centros privados, porque los recursos públicos no deben sufragar preferencias individuales. Pero no les importa lo que digan los tribunales si no coinciden con los ellos piensan.

La Administración Pública lleva inscrito en su propio nombre el mandato de proteger lo público, de lo contrario estaría faltando al más básico sentido ético y socavando el estado del bienestar, lo que supondría una pavorosa declaración de intenciones.

 

En los tiempos que corren que suelen estar parasitados por la desmemoria, con más fervor hay que gritar, si cabe, las injusticias que quebrantan los derechos ciudadanos. Los ataques a la educación pública y la financiación inconstitucional de los centros concertados son, sin duda alguna, prueba palmaria de esta realidad ominosa que queda al desnudo a los políticos que la consienten.

No dan puntada sin hilo. Todo tiene un sentido ideológico. El escaparate en el que se mira la Consejería de Educación de Extremadura es Madrid, donde el 60 % de la educación ya es concertada (33%, y subiendo, de media en el resto de España). Recordemos que en los países europeos el 90% de la educación es pública y solo 10% es privada.

ESADE y Save The Chindren advertían que la segregación de la escuela concertada (particularmente grave el caso de Madrid) es cada vez más fuerte y compromete gravemente la equidad e igualdad de oportunidades, que son un pilar fundamental de una sociedad democrática.

 

 Podemos concluir con claridad meridiana que la libertad de elección de centro es una falacia que tiene como objetivo ir socavando la educación pública. Lo dice la Constitución, lo dice el Tribunal Constitucional, lo dice ESADE, lo dice Save The Chindren, lo dicen los números.

 

 

 

lunes, 4 de noviembre de 2024

"DEMOCRACIA 3.0" (Alfredo Aranda Platero, Vicepresidente del Sindicato PIDE)

 No pierda el tiempo leyendo este artículo. Si finalmente decide no leerlo, ¡enhorabuena! porque ha hecho lo correcto. Si no me hace caso y continúa leyendo que sea bajo su responsabilidad. 

 

Como una hemorragia interna que va derramando la sangre que no se ve, pero que se vuelve mortal si no se atiende a tiempo, la corrupción de toda índole, no solo política, ha desgastado la democracia hasta convertirla un pelele al que todos los partidos políticos y todos los poderes del Estado, y adláteres fácticos, patean sin contemplación. Vivimos en un lodazal despiadado donde se revuelven jerarcas y prosélitos en un grosero contubernio de retorcidos intereses. 

Algunos políticos y políticas sin principios, de diferente pelaje ideológico, se camuflan en las estructuras de poder de sus partidos. Algunos de sus dirigentes pudren la democracia desde dentro, tuercen la ley y la dirigen hacia sus intereses o los de sus protegidos, muchos de estos pseudopolíticos, para más inri con formación jurídica, manifiestan una indolencia arraigada en su carácter, una tolerancia a la injusticia más abyecta, que hace que no les tiemble el pulso a la hora de cometer las tropelías más despreciables, si lo consideran necesario, para conseguir sus objetivos; demostrando con ello una falta de ética profesional y una catadura moral que reduce a la nada todos sus méritos académicos, por muchos cum laude que atesoren.

El sindicalismo no escapa a esta realidad doliente que asola el panorama. Los sindicatos tradicionales también han sucumbido a la estafa piramidal que tiene a los ciudadanos como títeres vitalicios que sostienen, sin quererlo ni pretenderlo –engañados–, a toda una caterva endémica de personajes turbios. 

 Da igual hacia donde mires: derecha o izquierda. Todo lo importante se está descomponiendo. En el trastornado momento en el que vivimos es fehaciente la certeza, no es una percepción enardecida de mi rechazo a los que ya solo sostienes siglas, de que los sindicatos históricos se han olvidado para siempre de su historia y han sido seducidos por el poder y por el dinero. Convirtiéndose en la antítesis de su esencia. No cabe mayor traición.

El 1 de diciembre de 2022 se convocaron las elecciones sindicales en el sector docente. Dos de las organizaciones sindicales concurrentes no llegaron al 10% de votos que marca la ley para formar parte de la Mesa Sectorial de Educación. Pero, como era de esperar, no querían salir del citado órgano de representación porque pensaban, piensan, que deben representar a los docentes aunque los docentes no quieran ser representados por ellos. La Administración extremeña siguió convocando, como si las elecciones no hubieran existido, a las dos organizaciones sindicales referidas.

Un latrocino más es el cometido con una naturalidad pavorosa por la Consejería de Hacienda y Administración Pública contra USAE, sindicato multisectorial que consiguió en las elecciones del 1 de diciembre de 2022 el porcentaje necesario para formar parte de la Mesa General. Sin embargo, dicha organización sindical fue excluida, por la vía de hecho, por la Consejería de Hacienda y Administración Pública. ¿Tendrá algo que ver que su decisión favoreciera a los dos sindicatos que no llegaron al 10% de representación en algunos sectores funcionariales? 

 USAE aportó una Resolución firmada por el Director General de Función Pública reconociendo a USAE como miembro de pleno derecho de dicha mesa, el informe jurídico emitido por la propia Letrada Mayor de la Junta de Extremadura favorable a USAE, el certificado electoral del Ministerio de Trabajo y Economía Social con datos vinculados y el certificado oficial de la Dirección General de Trabajo de la propia Junta de Extremadura con el porcentaje electoral vinculado. Todos los documentos oficiales fueron obviados.

Entre los sindicatos tradicionales y las estructuras de poder existe una relación muy cercana. Su vínculo, su enlace, no exento de promiscuidad, los convierte en una asociación de intereses distintos, pero objetivos comunes. Se creen inmunes a la Ley, consideran que tienen la vacuna para evitar que sus actos queden impunes. Y todo indica que, efectivamente, la tienen.

Al final, un sindicato legalmente constituido como USAE y con la documentación en regla está, de momento, fuera de la Mesa General, mientras que dos sindicatos que apenas obtuvieron un puñado de votos están dentro. 

 Acudir a la justicia era el último refugio que le quedaba a USAE, pero la demanda por vulneración de derechos fundamentales, para sorpresa de todas las partes, no prosperó pese a que los argumentos y los documentos que la sustentaban eran, son, de una incontestable claridad. Ahora le toca al Tribunal Supremo poner orden en este dislate. Hay fundadas esperanzas y negras certezas, a partes iguales.

Un país (o una comunidad autónoma) donde dos sindicatos ejercen la representación aunque no les vote nadie, mientras que los sindicatos que sí son votados por los ciudadanos son excluidos de determinados órganos de representación no puede decirse que sea democrático. La ciudadanía tiene la palabra.