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Como una hemorragia interna que va derramando la sangre que no se ve, pero que se vuelve mortal si no se atiende a tiempo, la corrupción de toda índole, no solo política, ha desgastado la democracia hasta convertirla un pelele al que todos los partidos políticos y todos los poderes del Estado, y adláteres fácticos, patean sin contemplación. Vivimos en un lodazal despiadado donde se revuelven jerarcas y prosélitos en un grosero contubernio de retorcidos intereses.
Algunos políticos y políticas sin principios, de diferente pelaje ideológico, se camuflan en las estructuras de poder de sus partidos. Algunos de sus dirigentes pudren la democracia desde dentro, tuercen la ley y la dirigen hacia sus intereses o los de sus protegidos, muchos de estos pseudopolíticos, para más inri con formación jurídica, manifiestan una indolencia arraigada en su carácter, una tolerancia a la injusticia más abyecta, que hace que no les tiemble el pulso a la hora de cometer las tropelías más despreciables, si lo consideran necesario, para conseguir sus objetivos; demostrando con ello una falta de ética profesional y una catadura moral que reduce a la nada todos sus méritos académicos, por muchos cum laude que atesoren.
El sindicalismo no escapa a esta realidad doliente que asola el panorama. Los sindicatos tradicionales también han sucumbido a la estafa piramidal que tiene a los ciudadanos como títeres vitalicios que sostienen, sin quererlo ni pretenderlo –engañados–, a toda una caterva endémica de personajes turbios.
Da igual hacia donde mires: derecha o izquierda. Todo lo importante se está descomponiendo. En el trastornado momento en el que vivimos es fehaciente la certeza, no es una percepción enardecida de mi rechazo a los que ya solo sostienes siglas, de que los sindicatos históricos se han olvidado para siempre de su historia y han sido seducidos por el poder y por el dinero. Convirtiéndose en la antítesis de su esencia. No cabe mayor traición.
El 1 de diciembre de 2022 se convocaron las elecciones sindicales en el sector docente. Dos de las organizaciones sindicales concurrentes no llegaron al 10% de votos que marca la ley para formar parte de la Mesa Sectorial de Educación. Pero, como era de esperar, no querían salir del citado órgano de representación porque pensaban, piensan, que deben representar a los docentes aunque los docentes no quieran ser representados por ellos. La Administración extremeña siguió convocando, como si las elecciones no hubieran existido, a las dos organizaciones sindicales referidas.
Un latrocino más es el cometido con una naturalidad pavorosa por la Consejería de Hacienda y Administración Pública contra USAE, sindicato multisectorial que consiguió en las elecciones del 1 de diciembre de 2022 el porcentaje necesario para formar parte de la Mesa General. Sin embargo, dicha organización sindical fue excluida, por la vía de hecho, por la Consejería de Hacienda y Administración Pública. ¿Tendrá algo que ver que su decisión favoreciera a los dos sindicatos que no llegaron al 10% de representación en algunos sectores funcionariales?
USAE aportó una Resolución firmada por el Director General de Función Pública reconociendo a USAE como miembro de pleno derecho de dicha mesa, el informe jurídico emitido por la propia Letrada Mayor de la Junta de Extremadura favorable a USAE, el certificado electoral del Ministerio de Trabajo y Economía Social con datos vinculados y el certificado oficial de la Dirección General de Trabajo de la propia Junta de Extremadura con el porcentaje electoral vinculado. Todos los documentos oficiales fueron obviados.
Entre los sindicatos tradicionales y las estructuras de poder existe una relación muy cercana. Su vínculo, su enlace, no exento de promiscuidad, los convierte en una asociación de intereses distintos, pero objetivos comunes. Se creen inmunes a la Ley, consideran que tienen la vacuna para evitar que sus actos queden impunes. Y todo indica que, efectivamente, la tienen.
Al final, un sindicato legalmente constituido como USAE y con la documentación en regla está, de momento, fuera de la Mesa General, mientras que dos sindicatos que apenas obtuvieron un puñado de votos están dentro.
Acudir a la justicia era el último refugio que le quedaba a USAE, pero la demanda por vulneración de derechos fundamentales, para sorpresa de todas las partes, no prosperó pese a que los argumentos y los documentos que la sustentaban eran, son, de una incontestable claridad. Ahora le toca al Tribunal Supremo poner orden en este dislate. Hay fundadas esperanzas y negras certezas, a partes iguales.
Un país (o una comunidad autónoma) donde dos sindicatos ejercen la representación aunque no les vote nadie, mientras que los sindicatos que sí son votados por los ciudadanos son excluidos de determinados órganos de representación no puede decirse que sea democrático. La ciudadanía tiene la palabra.
