«La Secretaria General de Educación defiende el derecho de los padres a elegir el modelo educativo para sus hijos». Este titular apareció el 23 de noviembre de 2024 en la web de juntaex.es. Lo dijo en la inauguración de la asamblea general de la Confederación Católica Nacional de Padres de Familia y Padres de Alumnos (CONCAPA). Añadió, para darle mayor empaque a la falacia, que en Extremadura siempre han coexistido los dos diferentes modelos de forma pacífica, al amparo –añadió– de la normativa vigente y así lo van a defender siempre.
Ya conocen lo que dice la Secretaría General, ahora voy a contarles la verdad. Y la verdad es que sí hay un conflicto entre pública y privada en cuanto a la coexistencia de ambos modelos. No pueden convivir en una comunidad cuya red pública puede asumir las necesidades de escolarización sin concertar unidades con centros privados. Un dato claro, de la propia Consejería de Educación, que avala de forma incontestable esta realidad es que para este curso se ofertaron 12.818 puestos escolares para los 7.247 niños de 3 años que iniciaban la educación infantil.
Que 5.571 plazas se hayan quedado sin cubrir, es la evidencia clara de que los conciertos educativos no son necesarios. Los conciertos se extendieron 1985 como una medida coyuntural para dar respuesta a las necesidades de escolarización que excedía, por aquel entonces, la capacidad de absorción de la escuela pública. Una vez construidos los centros públicos suficientes, los conciertos dejarían de ser necesarios. Este fue el compromiso que los políticos adquirieron con la ciudadanía y que no cumplieron. Lo que nació como coyuntural se ha convertido en permanente.
Para mantener la coexistencia a la que se refiere la Secretaria General, se aprueban normativas para hacer posible lo imposible. Los concertados tienen ratios a la carta, de tal forma que mientras en la pública se miran con lupa las ratios para proceder a recortar unidades sin miramientos, en la concertada se permiten ratios bajas para no tener que quitar conciertos. Así nos encontramos, con una frecuencia inquietante, que para mantener los conciertos educativos se suprimen unidades en centros públicos o se cierran escuelas públicas completas. No cabe un proceder más ruin. Si para mantener los conciertos tienes que destruir lo público, la coexistencia pregonada es un embuste más.
De las falacias a las que suelen abonarse los dirigentes educativos de Extremadura, la de la libre elección de centro es la mayor de todas. La constitución habla de la creación de centros privados, pero no dice que el Estado deba convertirlos en concertados, inyectando dinero público en un negocio privado. Que las familias elijan un centro educativo distinto, un centro privado en lugar de uno público, no obliga a los poderes públicos a sufragar esa elección, en la medida en que ya ofrece gratuitamente la educación pública. Las familias que prefieran educación privada deberían asumir su coste, porque hacer pasar por un derecho de elección lo que es una simple preferencia individual por una educación clasista es una anomalía democrática que la sociedad no debería permitir. De hecho el Tribunal Constitucional (sentencia 86/1985) dejó claro que el derecho a la educación no comprendía el derecho a la gratuidad educativa en centros privados, porque los recursos públicos no deben sufragar preferencias individuales. Pero no les importa lo que digan los tribunales si no coinciden con los ellos piensan.
La Administración Pública lleva inscrito en su propio nombre el mandato de proteger lo público, de lo contrario estaría faltando al más básico sentido ético y socavando el estado del bienestar, lo que supondría una pavorosa declaración de intenciones.
En los tiempos que corren que suelen estar parasitados por la desmemoria, con más fervor hay que gritar, si cabe, las injusticias que quebrantan los derechos ciudadanos. Los ataques a la educación pública y la financiación inconstitucional de los centros concertados son, sin duda alguna, prueba palmaria de esta realidad ominosa que queda al desnudo a los políticos que la consienten.
No dan puntada sin hilo. Todo tiene un sentido ideológico. El escaparate en el que se mira la Consejería de Educación de Extremadura es Madrid, donde el 60 % de la educación ya es concertada (33%, y subiendo, de media en el resto de España). Recordemos que en los países europeos el 90% de la educación es pública y solo 10% es privada.
ESADE y Save The Chindren advertían que la segregación de la escuela concertada (particularmente grave el caso de Madrid) es cada vez más fuerte y compromete gravemente la equidad e igualdad de oportunidades, que son un pilar fundamental de una sociedad democrática.
Podemos concluir con claridad meridiana que la libertad de elección de centro es una falacia que tiene como objetivo ir socavando la educación pública. Lo dice la Constitución, lo dice el Tribunal Constitucional, lo dice ESADE, lo dice Save The Chindren, lo dicen los números.
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