Oposiciones docentes

(Alfredo Aranda Platero, Vicepresidente SINDICATO PIDE)

Cualquier sistema de oposición será imperfecto; no obstante, siempre existe margen para diseñar modelos de acceso que amplíen los niveles de objetividad

Tras la publicación de las calificaciones del proceso selectivo para el ingreso en la función pública docente, es habitual que algunos opositores manifiesten una profunda disconformidad con la nota obtenida. Muchos consideran que su ejercicio alcanzaba un nivel suficiente, incluso excelente, como para obtener una plaza o, al menos, una puntuación superior; sin embargo, el resultado final es una calificación que no cumple con sus expectativas. Esta situación, aunque sumamente frustrante para quien la padece, es inherente a la propia naturaleza del sistema selectivo.

Las oposiciones constituyen un proceso altamente competitivo. La evaluación no depende únicamente de la calidad objetiva de una prueba aislada, sino también de la comparación con los demás opositores. Además, existen aspectos formales que pueden condicionar el resultado final, como la necesidad de demostrar un dominio sólido de la expresión escrita, imprescindible para el ejercicio de la profesión docente, u otros, más discutibles, a mi juicio, como no entregar el guion u olvidarse de firmar la programación, que la norma obliga a castigar.

Por otra parte, cierto margen de subjetividad en la corrección es inevitable en cualquier proceso de evaluación que incluya pruebas de desarrollo. No obstante, dicha subjetividad no debe confundirse con arbitrariedad. Cuando la valoración se fundamenta en criterios técnicos preestablecidos, en una rúbrica de evaluación bien definida y en la aplicación coherente del juicio del tribunal, esa subjetividad constituye un elemento legítimo del proceso evaluador.

En definitiva, en prácticamente todas las convocatorias se constata la misma realidad: el número de aspirantes que consideran que merecen una plaza supera con creces la oferta disponible. Esta circunstancia no implica, por sí misma, que el proceso sea injusto, sino que la selección exige establecer diferencias entre candidatos que, en muchos casos, presentan un buen nivel de preparación.

Cualquier sistema de oposición será imperfecto; no obstante, siempre existe margen para diseñar modelos de acceso que amplíen los niveles de objetividad. Tanto los opositores como los tribunales lo agradecerían. Desde hace años se viene hablando de un nuevo sistema de acceso, pero se trata de un asunto complejo desde los puntos de vista jurídico, técnico y político, y no termina de cuajar.

Para quien tiene la firme convicción de que la educación es la profesión a la que quiere dedicar su vida, rendirse nunca es una opción, porque el esfuerzo y la perseverancia, más allá de las circunstancias del proceso selectivo, son los que permiten alcanzar el objetivo.

REALIDAD EDUCATIVA EXTREMEÑA (Alfredo Aranda Platero, Vicepresidente SINDICATO PIDE)

 

En la actualidad, por la caída de la natalidad, los conciertos educativos son innecesarios.

 

La realidad educativa extremeña es similar a la de otras comunidades en lo que a escolarización se refiere. Prevalecen, cada vez más, intereses económicos e ideológicos que fomentan la concertación innecesaria de unidades con centros privados, mientras que muchas de las plazas ofertadas en los centros públicos quedan desiertas.

Los datos de matriculación revelan que los conciertos educativos no son necesarios en Extremadura, ya que se ofertarán para el próximo curso 12.793 plazas de alumnos de tres años, cuando la demanda es de 6.810.

 Los conciertos educativos se extendieron, como medida provisional y, por tanto, reversible, en 1985 para asumir las necesidades de escolarización que la red pública no podía cubrir. Pero lo que nació como temporal se ha convertido en permanente y amenaza con debilitar gravemente a la educación pública.

 

La iniciativa privada es legítima, pero las subvenciones innecesarias a centros privados pueden constituir un fraude al ciudadano y a la propia democracia, ya que su origen dimana de un periodo ilegítimo donde la dictadura frenó el país durante 40 años. La falta de centros públicos, que en su momento llevó a la necesidad de los conciertos, estuvo relacionada con el retraso que trajo la dictadura. Sin embargo, en la actualidad, por la caída de la natalidad, los conciertos educativos son innecesarios.

Los defensores de la concertada basan sus argumentos en imprecisiones y falsedades que repiten como un mantra insidioso y que se desmontan con facilidad.

La elección de centros a la que se refiere la Constitución se centra en los centros públicos y privados (cuando se aprobó la Carta Magna, los conciertos no existían). La LOMLOE prioriza la escolarización en centros públicos en caso de que se tengan que cerrar grupos de alumnos por la caída demográfica. El Consejo Escolar del Estado, en su informe de 2024, insta a la Administración a controlar el uso de la financiación de los centros concertados. La Sentencia 86/1985 del Tribunal Constitucional señala que el derecho a la educación no comprende el derecho a la gratuidad en centros privados, porque los recursos públicos no deben sufragar preferencias individuales.

La evidencia de los argumentos es contundente. Hasta CICAE (Asociación de Colegios Privados) considera los conciertos un fraude, ya que, según un estudio realizado por su organización, los centros concertados cobran cuotas ilegales a las familias, vulnerando la gratuidad de las enseñanzas sostenidas con fondos públicos. 

 

"EDUCACIÓN PÚBLICA, CIUDADANOS LIBRES" (Alfredo Aranda Platero, Vicepresidente SINDICATO PIDE)

 

La libertad de elección ya existe entre la educación pública y la privada; lo que se denomina educación concertada no es más que la institucionalización de un privilegio sostenido con el dinero de todos.

 

 Defender la coexistencia de la educación pública con la concertada —como hacen los defensores de las subvenciones a los centros privados— no equivale a defender la educación pública; más bien, la debilita. Esta situación resulta aún más preocupante en la coyuntura actual, en la que la baja natalidad deja vacías las aulas y hace innecesarios los conciertos.

Invocar la “libre elección de centro” como argumento constitucional es insistir en una falsedad que no se convertirá en verdad por mucho que se repita. La libertad de elección ya existe entre la educación pública y la privada; lo que se denomina educación concertada no es más que la institucionalización de un privilegio sostenido con el dinero de todos.

La Constitución española no obliga al Estado a financiar negocios privados. Reconoce la libertad de creación de centros, pero no establece que estos deban ser sufragados con fondos públicos.

Si el Estado garantiza una educación gratuita y universal, no tiene deber alguno de costear la elección particular de quienes optan por un modelo privado. El dinero público no debe emplearse para financiar preferencias individuales, pues hacerlo atentaría contra los
principios de justicia social, eficiencia económica y responsabilidad fiscal.

Así lo dejó claro el Tribunal Constitucional en su sentencia 86/1985: el derecho a la educación no implica el derecho a la gratuidad en centros privados. Es una afirmación nítida, sin resquicios. Sin embargo, esta sentencia está siendo desobedecida.

Por eso, la llamada “libre elección” que algunos defienden no es más que un artificio retórico y un argumento vacío que perjudica gravemente a la educación pública. Esta idea queda desmentida por la jurisprudencia constitucional, la propia Constitución y los
análisis de instituciones como ESADE o Save the Children.

La verdadera libertad de elección ya está garantizada entre lo público y lo privado. Son dos modelos educativos distintos: lo público funciona como un servicio, mientras que lo privado opera como un negocio. En este contexto, la educación concertada representa una
anomalía que perjudica a ambos modelos.

El Consejo Escolar del Estado advirtió en 2024 sobre la necesidad de vigilar la financiación de los centros concertados y de priorizar, tal como establece la LOMLOE, la red pública en contextos de descenso demográfico. Sin embargo, la realidad invierte este mandato: se cierran antes las aulas públicas, se protege lo que debería ser complementario y se sacrifica lo esencial.

Así se consuma la traición: se vulnera la ley, se incumple la Constitución y se socava el interés general. ¿Quién responde ante este cúmulo de despropósitos? ¿Existe alguien procesado por incumplir prescripciones legales tan claras?

 

SINDICALISMO FAKE (Alfredo Aranda Platero, Vicepresidente Sindicato PIDE)

 

Mal pintan las cosas en CSIF cuando se ven obligados a recurrir a su vieja táctica, tan manida como irrespetuosa con los funcionarios, consistente en pedir aquello que ya saben que la Administración anunciará en breve, con el fin de aparentar una acción sindical que en realidad no existe.

 

El 18 de marzo, CSIF solicita que el “segundo pago de la deuda del 2 % de los empleados públicos de la Junta se incluya en la nómina de marzo”. Apenas un día después, el 19, la Junta anuncia que procederá a ese segundo pago en la nómina de marzo. Y acto seguido, CSIF “aplaude el anuncio de la Junta de abonar el segundo pago de la deuda del 2 % en la nómina de marzo”.

 

Una pequeña pieza de teatro bufo, con un guion previsible y un desenlace anunciado.

 

Este nuevo sainete sindical, sumado a los ya representados y a los que, sin duda, vendrán, dibuja con nitidez el perfil de un sindicalismo que difícilmente merece el respaldo de los funcionarios. Los empleados públicos están muy por encima de estos tejemanejes de pasillo y de esta escenografía de cartón piedra.

 

Se trata, en el fondo, de un agravio a la inteligencia colectiva de quienes sostienen lo público —docentes, sanitarios y personal de administración general—, pues cualquiera con un mínimo de sentido crítico sabe que el primer mandamiento de un sindicalismo honesto es no engañar, no manipular ni maniobrar con información privilegiada para fabricar un sindicalismo de saldo.

 

Durante años, han tratado de cobijarse tras la “i” de independiente, como quien se disfraza para pasar inadvertido. Pero la máscara, a fuerza de uso, termina resquebrajándose. No hay inconveniente en profesar una ideología clara; lo verdaderamente preocupante es la necesidad de ocultarla, porque en esa ocultación laten motivos que invitan, cuando menos, a la sospecha.

 

Conviene no perder de vista el origen de todo esto: ese pago corresponde a la deuda por el 2 % de aumento salarial pendiente desde 2020 y fue, precisamente, el CSIF uno de los sindicatos que avaló a la Junta para que su devolución se realizara en cómodos plazos.

 

A la luz de los hechos, la escena adquiere un matiz aún más elocuente: quien ayer aceptó un pago a años vista, perjudicando así a los funcionarios, hoy pretende atribuirse el mérito de su cumplimiento.

 

Tarde o temprano prevalecerá el sentido común, porque un sindicato no debe entrelazar sus intereses con los de ningún partido político. Por ello, este tipo de sindicalismo cautivo, una vez desenmascarado, pierde progresivamente el apoyo social.

OPOSICIONES FUNCIONALES (Alfredo Aranda Platero, Vicepresidente SINDICATO PIDE)

 

Una organización sindical aseguró que PIDE sembraba dudas sobre la legalidad de convocar las oposiciones al cuerpo de maestros bajo un Gobierno en funciones. Transmitir a los opositores una ilusión de seguridad cuando la ley lo impide no es solo un error: es una temeridad. Afortunadamente, los opositores han comprobado que PIDE tenía razón: la normativa vigente limita la actuación de un Gobierno en funciones.

 

Apenas un día después de esas declaraciones sindicales —tan precipitadas como desacertadas—, el Consejo de Gobierno aprobó un decreto-ley que modifica la Ley 4/2015, de 26 de febrero. Esta reforma no solo otorga la seguridad jurídica que necesitaban los aspirantes, sino que también confirma implícitamente los argumentos planteados por PIDE y deja en evidencia a quienes sostenían lo contrario.

 

Resulta preocupante que algunas organizaciones sindicales no comprendan que la inseguridad jurídica habría generado inevitablemente un escenario de incertidumbre, capaz de desembocar en la judicialización del proceso selectivo, con consecuencias potencialmente graves.

 

El compromiso con el profesorado debe asentarse sobre dos pilares irrenunciables: la legalidad y la transparencia. Por eso, un sindicato que pretenda actuar con rigor tiene la obligación de señalar todas las dudas legítimas derivadas de la normativa vigente, para que la administración analice la situación y adopte las medidas oportunas.

 

Preparar unas oposiciones exige meses —y en muchos casos años— de estudio, esfuerzo y sacrificio. Supone una inversión considerable de tiempo y recursos, renuncias personales y una vida organizada en torno a un objetivo marcado en el calendario. Restar importancia a la inseguridad jurídica, cuando un artículo de ley establece de forma taxativa que un Gobierno en funciones no puede convocar oposiciones, es sencillamente irresponsable. Además, añade una carga innecesaria de tensión a quienes necesitan certezas, no discursos complacientes.

 

Vivir con la duda permanente de que el proceso selectivo pueda decaer en cualquier momento sería una pesada losa para cualquier opositor, una realidad que ningún sindicato responsable debería ignorar.

 

La situación ha quedado normalizada con la modificación de la Ley 4/2015 y la publicación en el DOE de la convocatoria de oposiciones. Los aspirantes pueden continuar su preparación con la tranquilidad de saber que no existe ningún obstáculo legal que ponga en riesgo la convocatoria, y con la certeza de que PIDE seguirá vigilante para garantizar que todo el proceso se desarrolle dentro del marco de la legalidad y con la transparencia imprescindible para mantener su solidez y credibilidad.

"LAS 11 DE BASAURI" (Alfredo Aranda, Vicepresidente Sindicato PIDE)

 

Sufrieron una ardua travesía hacia la luz, pero vencieron

 

 Las 11 de Basauri fueron mujeres que se enfrentaron a un proceso penal entre 1976 y 1985 por haber abortado. Fueron un ejemplo de lucha y resistencia, como tantos otros que, a lo largo del tiempo, se suman para crear un cronograma que, visto en perspectiva, demuestra quién estuvo del lado correcto de la historia y quién del lado equivocado.

En primera instancia fueron absueltas por la Audiencia Provincial de Bilbao, que consideró su difícil situación económica y la negación de anticonceptivos por parte de los médicos de la Seguridad Social. Sin embargo, el recurso del fiscal llevó la causa al Tribunal Supremo, donde se enfrentaron a la posibilidad de penas de prisión.

 Toda la maquinaria estaba preparada para aplastar a unas mujeres que, dueñas de su cuerpo, ejercieron la libertad de decidir sobre el mismo; sin embargo, un tsunami de solidaridad irrumpió en el escenario: organizaciones de todo el Estado y cientos de personalidades se posicionaron a favor de las mujeres bilbaínas.

 

El juicio, mediático y a puerta abierta, se erigió en un clamor popular a favor de las mujeres enjuiciadas, convirtiendo el luctuoso evento judicial en un proceso que trascendía a las acusadas y se transformaba, en la práctica, en un juicio contra todas las mujeres.

Finalmente, fueron absueltas; pero la Fiscalía recurrió ante el Tribunal Supremo, que absolvió a cuatro y condenó al resto a penas de cárcel y multas, aunque posteriormente fueron indultadas. En 1985 el Tribunal Constitucional ratificó el fallo del Supremo. Un calvario de nueve años al que fueron sometidas estas mujeres inocentes y libres, y que impulsó la Ley del aborto, aprobada unos meses después.

Siempre es la misma historia: cuesta que la racionalidad eche raíces y triunfe sobre la ignorancia. Lo mismo ocurrió con el divorcio o, más recientemente, con la ley de igualdad y con tantas otras conquistas sociales, siempre torpedeadas por una mentalidad medieval que parasita los poderes del Estado y por grupos de presión que nacen esclavos de sus propios intereses, condicionando el debate público y la acción política.

 

Las conquistas sociales que tanto esfuerzo han costado pueden perderse en poco tiempo si los demócratas no las blindan ante los ataques furibundos de la horda de zombis que pretenden retrotraernos a tiempos oscuros.

Las 11 de Basauri sufrieron una ardua travesía hacia la luz, pero vencieron. Y con ellas, todas las mujeres y, por ende, todo un país. Mantengamos la alerta, porque la oscuridad sigue al acecho.

 

SE BUSCAN MAESTROS (Alfredo Aranda Platero, Vicepresidente SINDICATO PIDE)

 

El valor de la educación pública radica en los beneficios que aporta a la sociedad

 

  Se buscan maestros para trabajar a media jornada (900 euros al mes). Se requiere incorporación inmediata y disponibilidad total. Los interesados deberán dirigirse a la Consejería de Educación. Podría parecer el anuncio de una empresa que ofrece trabajo precario a cambio de la entrega en cuerpo y alma del empleado. Sin embargo, esta realidad está sucediendo en la educación pública extremeña, con infinidad de docentes interinos trabajando a media jornada por un sueldo que no da para vivir.

Que una administración pública promocione el trabajo precario no parece muy edificante, sobre todo porque gran parte de esas medias jornadas se pueden convertir en completas. Hay que decir, en honor a la verdad, que no pocas de esas plazas fueron heredadas del ejecutivo anterior, y los que entraron después, tras el cambio de gobierno, se encontraron con ese «regalo».

 Ahora bien, cabe preguntarse si los actuales responsables de educación revisarán, algún día, la cantidad injustificable de medias jornadas para que podamos disponer, sin merma, de una plantilla donde la mayoría de los docentes desarrolle su labor en vacantes enteras, dado que muchas de las medias jornadas que se ofertan se pueden transformar en completas, lo que redundaría en beneficio no solo de los docentes interinos y de los centros, sino también de los alumnos.

  Es habitual que la consejería de educación, independientemente de quién habite sus entrañas, entienda la educación pública como un gasto y no como una inversión. Por eso, cada año que pasa el poder político desinvierte en lo público para invertir en lo privado.

El valor de la educación pública

El valor de la educación pública radica en los beneficios que aporta a la sociedad (igualdad de oportunidades, equidad, autonomía, fortalecimiento de la democracia, integración social, pensamiento crítico, cohesión social, etcétera). Si quien ostenta el poder de decisión no entiende el valor de la educación pública, estamos abocados a seguir por la senda de la desinversión y, por tanto, a perjudicar todo aquello que hace a la sociedad más justa.

 Un gobierno debe tener instinto público; es básico, pues no tenerlo lo desacredita en el plano moral y ético, por muchos votos que reciba, ya que la eficacia de la gestión no puede desligarse de la responsabilidad pública. Hay políticos que niegan esta realidad porque el empuje de ideas mercantilistas —donde lo privado nos priva de lo público— ha logrado penetrar, sorprendentemente, en ciudadanos que no pueden prescindir de los servicios públicos, que son la mayoría.

 

PACTO NACIONAL POR EL DESFASE SALARIAL (Vicepresidente Sindicato PIDE)

 

En este repentino atardecer que hoy trae la lluvia, andaba yo devorando extractos de novelas impecables para seleccionar aquella a la que, en primer lugar, dedicar el tiempo de descanso que lo laboral me deja. Pero se torció la tarde.

Maldita sea mi suerte, porque justo cuando estaba a punto de entrar en trance (como paso previo e indispensable para afrontar la exigente concentración que requieren lecturas tan magras), en un descuido presté atención a un comunicado sindical que me asaltó en una red social, apenas un segundo antes de desconectarme de su diabólica presencia.

 Me encuentro a un sindicato diciendo que gracias a ellos los funcionarios han cobrado en enero un 4% más y, además, su sueldo se incrementará un 11,8 % hasta 2028. Y me digo: «Pero bueno, si hace un par de días otro sindicato distinto ha dicho lo mismo».

 Pienso que estos sindicatos están muy perdidos o muy sometidos al poder. Que compitan para presentarse como los artífices de un acuerdo tan miserable —que no cubre ni remotamente lo que los funcionarios hemos perdido— constituye, como mínimo, la apoteosis del fracaso sindical.

Los sindicatos tradicionales están demasiado cerca del poder y, por ello, han perdido la razón. En su deriva, escenifican un mal acuerdo e intentan hacerlo pasar por bueno. Enaltecen una subida salarial en diferido del 11,4 % hasta 2028, cuando hemos perdido un 25 % de poder adquisitivo en los últimos quince años.

  En definitiva, lo que han hecho es cronificar el desfase salarial de los funcionarios. Esa es su gran “victoria”. Este mal acuerdo nos perseguirá hasta 2028, y alentará a otros similares posteriormente. Piensan los perpetradores que cobrar un poco más este mes que los anteriores, nos hará olvidar todo lo que nos deben. Conformarse con migajas, no es una opción.

 Afortunadamente, los funcionarios mantenemos los ojos abiertos, la conciencia clara y la moral intacta para seguir luchando, con la certeza de contar con la información necesaria para no dejarnos engañar por aquello que tiene más brillo que metal.

Y ellos, los perpetradores sindicales y gubernamentales, seguirán con sus contubernios, con sus desacuerdos pactados, con sus acuerdos preacordados. Nada hace pensar que esta dinámica vaya a cambiar, porque, en realidad, todos ellos son tripulantes de la misma nave; mientras que los demás somos atareados ciudadanos docentes devorados por las tareas, caídos en desgracia por la burocracia, quemados por la pérdida de respeto de la que somos objeto… y por tanta distopía en la que la educación ha entrado de lleno.

HUELGA INDEFINIDA ( Alfredo Aranda Platero, Vicepresidente Sindicato PIDE)

 

Ni una llamada. Ni un acercamiento. Nada. La Consejería de Educación, pasa de sus docentes. Se acerca, por tanto, el momento de la huelga indefinida en el sector de la educación pública. Los docentes extremeños somos, desde enero, los peor pagados de España. Y vamos a seguir siéndolo, dado que la homologación ha desaparecido del programa electoral actualizado con el que el partido en el gobierno acudió a las elecciones del 21 de diciembre.

La huelga del pasado 7 de octubre, seguida por el 80% del profesorado y que congregó, en una masiva manifestación, a más de 8000 personas en la ciudad de Mérida, fue un éxito sin precedentes. Una pena sería, que todo ese esfuerzo quedara en solo un día de rebeldía.

 

La falta de negociación real para homologar el sueldo de los docentes, nos aboca a continuar la lucha con una huelga indefinida. Para poder sostenerla, cada uno de nosotros, cada docente, debería hacer su propio fondo de resistencia; es decir, quitarse durante una temporada de merecidas salidas para comer, ir al cine, compras, etcétera; en definitiva, apretarse el cinturón para llenar la hucha y poder aguantar una larga huelga.

El éxito de esta misión, en la que estamos todos inmersos, debe nacer de un esfuerzo colectivo. La lucha común que cimenta el propósito, que por digno es irrenunciable, es la manera de ganar la partida.

Si nos conformamos con las migajas repartidas, que son limosnas revestidas de embustes, habremos perdido la oportunidad, quizá para siempre, de recuperar, al menos, una parte importante de lo perdido.

La Junta de Extremadura puede (y debe) afrontar la homologación salarial de los docentes que trabajan en la educación pública; es esta una verdad tan amplia, que si la negaran habría que recordarles la cantidad de efectivo que gastan cuando les conviene.

 

Espero que cumplan aquellos políticos que prometieron que, si de ellos dependía la formación de gobierno, pondrían encima de la mesa como punto irrenunciable la homologación salarial.

Cada docente tendrá que hacer una reflexión profunda sobre la dignidad y el respeto que merece su profesión, y valorar si quiere luchar por lo que es suyo y, por ende, de sus hijos, de su familia. Nosotros intentaremos que el nuevo gobierno entre en razón; pero si no lo hace, y dudas razonables tenemos de que lo haga, lo único que nos queda son las calles.