miércoles, 7 de noviembre de 2018

Solo pública. Por Alfredo Aranda Platero. Publicado en el Periódico Extremadura

   Los representantes sindicales de los docentes de la concertada, algunos de ellos dicen también representar a la pública, reclaman igualdad con los profesores y maestros que trabajan en el sector público de enseñanza; pero que esa igualdad no pase, por una selección de personal que respete los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad; eso solo para la pública.
No olvidemos que la educación concertada es un negocio sostenido con fondos públicos y, como cualquier negocio solo busca su propio beneficio; de hecho, además de estar subvencionada con dinero de los impuestos, también reciben dinero de las familias por diversas vías: pago de actividades, venta de material de todo tipo (libros, chándales…), donativos, etc. Si un colegio privado-concertado recibe subvenciones públicas para que la enseñanza sea gratuita no debe cobrar ni un euro a las familias y la Administración debe velar porque así sea.

   En la mayoría de los centros concertados investigados por la OCU las familias tenían la obligación de pagar alguna cuota (500 euros anuales de media). En alguna ocasión hemos hecho referencia a este estudio de la OCU que concluyó que los colegios concertados son un 70% más caros que los públicos.

   Siempre repetiré, hasta la saciedad, que la educación pública es la única garante de la igualdad de oportunidades y de la cohesión social, porque es democrática, no ideologizada, integradora e inclusiva, donde todos los alumnos son atendidos por igual: niños con necesidades educativas, alumnos de diferentes etnias, razas, cultura, etc. ¿Asume esa diversidad la enseñanza privada-concertada?

   Casi todos los centros concertados son religiosos y como tales tienen, entre sus objetivos, una clara misión evangelizadora (predicar la fe) que cumplen con deleite vocacional, pero con dinero público. Es un contrasentido, de proporciones planetarias, que un gobierno de un país aconfesional y que se proclama, a la mínima ocasión, de izquierdas financie con el dinero de todos la catequización de infantes que no pueden, por sí solos, oponerse a ningún tipo de adoctrinamiento religioso o político.

   La educación pública tiene alumnos y la privada-concertada tiene clientes. La diferencia es aterradora. Es una realidad palmaria que no encontrarás un centro privado en una zona donde haya pocos alumnos, pocos clientes; a esas zonas llega lo público, porque la educación de todos no busca beneficios económicos, pretende objetivos más altos.

    No olvidemos que la libre elección de centro de la que habla la Constitución, y a la que tanto aluden los defensores de la educación concertada, está plenamente garantizada entre lo público y lo privado; la concertación es, simple y llanamente, una anomalía democrática. La familia que quiera que sus hijos se eduquen en un centro privado que sufrague con recursos propios su coste. Regalar dinero público para sostener negocios privados no debería estar permitido por el ordenamiento jurídico.

   En su momento propusimos a los Grupos Parlamentarios presentes en el Congreso de los Diputados, que presentaran una Proposición No de Ley para acometer los cambios estructurales necesarios para que la Educación Pública fuera la única financiada con dinero público. De tal forma que todos aquellos centros privados que quisieran beneficiarse del dinero público, deberían pasar a ser de titularidad pública; y los que no quieran formar parte de la red pública, que se mantuvieran con recursos propios.

*Vicepresidente de PIDE (Sindicato del Profesorado Extremeño).

jueves, 18 de octubre de 2018

Cargar con la culpa. Por Alfredo Aranda Platero. Publicado en el Periódico Extremadura

  La Consejería de Hacienda y Administración Pública se desvanece, se desdibuja, pierde la esencia aquella que se le presupone al gobierno que representa; la que en otro tiempo enalteció, según decían, su historia. El 20 junio asistimos, con incredulidad renovada, a un capítulo más de su deriva: la postración ante el lobby religioso, la genuflexión ante sus demandas ungidos, quizá, con el aceite milagroso que los distingue como colaboradores necesarios para alcanzar el objetivo altísimo de predicar la palabra allí donde las mentes tiernas, con autorización paternal, son preparadas para abrirse al «misterio».

  La Consejería Administración Pública deberá cargar con la culpa de que los docentes laborales de religión puedan ser tutores de grupos de ESO o de Bachillerato para compensar la carga horaria que han perdido, con respecto a cursos pretéritos. Perpetradores también de este disparate, coparticipes fatales, son todos los que aprobaron esta medida delirante en la Mesa General de Función Pública. Todos juntos, en un contubernio premeditado, como una Santa Compaña que avanzara arrasando a su paso cualquier resistencia al pacto.

  El pasado se nos revela presente con una intensidad que da pánico. Ese olor añejo que sigue alojado en muchos ministerios, consejerías y diputaciones y pegado todavía a las paredes de colegios e institutos, como mezclado con la misma argamasa que lo hace indisoluble a los tiempos del pensamiento libre. Ese olor, digo, arraigado por el atávico legado que inyectado en el mismo ADN, como un sórdido latido interminable, permanece, como si de una maliciosa información genética se tratase, imbricada para siempre en la estructura genética del individuo, impidiendo con ello la espiritualidad libre que anhela cualquier ser consciente.

  Los defensores de esta medida mienten cuando dicen que hay sentencias que avalan esta decisión. Si nos centramos en la sentencia del Tribunal Superior de Canarias dice, por ejemplo, que los profesores de religión que tengan la titulación adecuada y contratados indefinidos, que formen parte del Claustro, tendrán la posibilidad de ocupar un puesto directivo, pero, al no ser funcionario de carrera solo en aquellos centros educativos que por ser de nueva creación o por otras circunstancias no dispongan del profesorado que reúna tal requisito. De modo que es casi imposible que un profesor de religión cumpla con todos los requisitos. En cuanto a la tutoría solo el profesor que más horas imparta al grupo completo podrá ostentarla, y no son profesores de religión los que más horas imparten en un grupo.

  Pero no queda ahí la cosa, también se planea la posibilidad de desdobles en la clase de religión para bajar la ratio y así subir la necesidad de horas; desdobles que podrán, incluso, ser de grupos de 5 alumnos. Un desdoble de lujo que para sí lo quisieran las asignaturas reales; aquellas que enseñan, por ejemplo, a un grupo de 25 alumnos el origen de las especies, mientras en la clase de religión de al lado, con ratio favorecida, aleccionan sobre el pecado original.

  El pretender que el personal laboral de Religión complete su horario con funciones que no le son propias es quitar un espacio a los profesores que han conseguido su plaza como funcionario de carrera o su interinidad bajo los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad. La preocupación que la Administración parece tener con el colectivo religioso, no la advertimos cuando los profesores de tecnología, filosofía, música… perdían horas, dado que en ningún momento se les compensó con tanta diligencia.

  Vaya por delante que nada tengo contra los profesores de religión. Estoy convencido de que realizan su labor de forma honesta; pero, seamos serios, no pueden asumir tareas que legítimamente deben realizar otros profesores. Siempre he dicho que la Religión debe estar fuera de la escuela, y lo mantengo, pero una solución intermedia para que los profesores de religión pudieran gozar de las horas necesarias de contrato para tener un sueldo digno, podría ser que dichas enseñanzas no estuvieran dentro del horario lectivo: o bien a séptima hora, o bien por la tarde como actividad formativa completaría, porque, en realidad, esa es su verdadera naturaleza.

viernes, 20 de julio de 2018

La tutoría religiosa. Por Raúl Fernández, en el PeriódicoExtremadura.

  El próximo curso escolar los profesores de Religión podrán ser tutores para compensar horas. Con esta nueva ocurrencia de la Consejería de Educación, la función tutorial vuelve a ser, una vez más, ninguneada. Y es que las tutorías, junto con otros elementos del currículo educativo como pueden ser la educación ética, la musical o la artística, las labores de gestión y de dinamización cultural de las bibliotecas, siguen siendo consideradas por nuestros gobernantes como monedas de cambio con las que rellenar horarios, meros instrumentos al servicio de intereses espurios que nada tienen que ver con el desarrollo pleno de la personalidad de nuestro alumnado.

  Al instrumentalizar la función tutorial, la Consejería de Educación del actual Gobierno de Extremadura compromete no sólo la calidad de la educación sino también el pilar fundamental de la convivencia democrática en la escuela y en la sociedad. Una de las grandes virtudes que atesora la educación pública es la defensa de las minorías y la celebración de la diversidad como elemento enriquecedor del aprendizaje y de la convivencia. ¿Qué ocurrirá cuando un docente religioso tenga que atender en sus tutorías a un niño que sufre bullying por ser afeminado, o a una alumna trans que lleva toda su vida escolar sufriendo por no identificarse con su sexo biológico? ¿Qué pasará cuando un tutor religioso, que defiende en sus clases que el aborto es un asesinato, tenga que atender a una adolescente que se ha quedado embarazada? ¿Qué información dará en relación con la planificación familiar y el uso de métodos anticonceptivos? ¿Qué labores de mediación realizará este tutor o tutora con la familia y con el Departamento de Orientación? ¿Cómo atenderá y comprenderá el sufrimiento del que sufre porque es diferente?

  Todas estas preguntas son pertinentes porque los obispos católicos, del que depende el puesto de trabajo de esos profesores que van a desempeñar funciones tutoriales, se han posicionado en contra de la Ley de Matrimonio igualitario, la Ley Orgánica de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo o la Ley LGBTI extremeña, leyes que brotaron de la soberanía popular y que defienden a minorías sociales que están presentes en todas nuestras aulas. ¿Qué harán los tutores religiosos, entonces? ¿Se convertirán en objetores de conciencia, como muchos de los alcaldes católicos que se negaban a casar a personas del mismo sexo? ¿Les dirán a los niños que sufren acoso homofóbico y a sus familias que hablen con Dios y guarden silencio?

  Todos los docentes, al margen de sus creencias morales y religiosas, deben hacer cumplir las leyes y, en especial, aquellas que protegen al alumnado y a sus familias de un sufrimiento innecesario. Proteger a las minorías a las que la Religión condena al ostracismo es hoy uno de los grandes objetivos de nuestro sistema educativo. No solo es ilegal no promover el cumplimiento de estas leyes en los centros educativos, sino que, además, infringirlas va en contra de los fundamentos éticos de nuestro sistema constitucional. Es necesario recordar, frente a la ignorancia ético-filosófica que ha promovido la LOMCE, que el filósofo John Rawls defendió en 1979 que la justicia es una cuestión de equidad y que solamente puede cumplirse cuando todas las personas tienen igual derecho al más amplio esquema de libertades fundamentales que sea compatible con un sistema similar para todos. En el caso que nos ocupa, esto solo puede conseguirse si la educación pública se encarga de defender las identidades minoritarias, entendiendo que las desigualdades económicas y sociales que afectan a nuestro alumnado tienen que estar dirigidas siempre para el mayor beneficio de los miembros más desfavorecidos de nuestras aulas. Las tutorías deben ser garantes de esta condición de la equidad educativa.

  ¿Quién velará, pues, para que el profesorado cuya fe religiosa está en contra de estas identidades diferentes y minoritarias sacrifique sus creencias personales para defender al alumnado más desfavorecido por su condición de género, de identidad o de orientación sexual?

jueves, 21 de junio de 2018

EducArte. Por Alfredo Aranda Platero. Publicado en el Periódico Extremadura

  La música es una poderosa herramienta transformadora; tanto es así, que estudios de varias universidades la avalan como beneficiosa para todos los órdenes de la vida: favorece, por ejemplo, la recuperación de pacientes con problemas físicos y emocionales, mejora las habilidades verbales, mejora el rendimiento académico…

  Quien aprendió, por ejemplo, la tabla de multiplicar cantando la recordará toda la vida; incluso si el alzhéimer se interpone entre sus recuerdos. De hecho, personas con esta enfermedad, que han olvidado hasta su nombre, son capaces de recordar la música y las letras que forman parte de su íntima esencia. Un estudio realizado por la asociación de Alzheimer de León, presentado en marzo de este año, concluye que los enfermos tienen una respuesta emocional evidente ante la música.
 
Si la música es capaz de sacar, por un instante, de la ausencia a quien padece esta enfermedad, si es capaz de extraer del fondo del olvido algún recuerdo y situar en los ojos, durante unos segundos, una mirada que no esté perdida en el más absoluto destierro de la consciencia; si es capaz de hacer todo eso, y más, deberíamos venerar la música, elevarla a los altares; que formara parte del currículo educativo con un peso horario acorde a su incuestionable importancia.

  También la pintura, la expresión corporal, las artes escénicas… tienen el mismo grado de excelencia que la música; pero, sin embargo, todas estas disciplinas se consideran, poco importantes, residuales, en la formación del niño. Mientras no cambiemos esta mentalidad difícilmente podremos acometer los cambios estructurales, que necesita el sistema educativo, para ponernos al nivel de otros países del entorno europeo en materia artística.
 
  La educación artística no tiene entre sus objetivos crear artistas, sino que persigue estimular los sentidos, fomentar la creatividad, estimular la memoria, el pensamiento lógico, la expresividad, mejorar el lenguaje… y todo ello con el componente de felicidad que, por añadidura, ofrece esta disciplina. Quienes permiten que la educación artística esté minusvalorada en el currículo no saben el mal que se le está haciendo a los alumnos y al sistema educativo; o lo que es peor, igual sí que lo saben y se las trae al pairo. Una sociedad avanzada y culta no puede permitirse obviar la educación artística como una herramienta insustituible, mientras dedica horas a la enseñanza de la Fe; que no es otra cosa que la creencia ciega, sin preguntas, en la existencia de un Dios, o varios según el caso, que lo creó todo por arte de magia; creencia que va acompañada, por supuesto, de normas, ritos, obligaciones, sometimientos… El arte libera, la religión constriñe. El arte debe estar en todos los ámbitos de la vida y la religión solo en el interior de las casas y de las iglesias.

  Nos queda mucho todavía para convertirnos en esa sociedad que deseamos ser, donde la educación pública y aconfesional tenga el tratamiento que merece. «Ninguna confesión tendrá carácter estatal» dice la Constitución en el artículo 16.3; pero, en realidad, seguimos presos de una realidad bien distinta. En España se «garantiza la libertad religiosa y de culto de los individuos» y esta puede ser ejercida, sin menoscabo alguno, en privado; sin embargo, transita por lo público «como Pedro por su casa».

  Dentro del necesario respeto que hay que profesar a las diferentes formas de pensar, tanto en lo político como en lo religioso, el gobierno debe garantizar también la aconfesionalidad real del Estado; de lo contrario, está contraviniendo la Constitución a la que se debe. Es una actitud cínica, como poco, esgrimir la Constitución para unas cosas y obviarla para otras; según interese.
Es un hecho incontrovertible que la importancia de las disciplinas artísticas transcenderá a aquellos políticos grises que tienen en su mano, pero no lo hacen, promover que en el seno del currículo la educación artística tenga el lugar que merece. Llegará el momento en que todo se coloque en su sitio; aunque, lo más probable, es que no lo conozcamos en esta generación.

*Vicepresidente de PIDE.

jueves, 29 de marzo de 2018

Los docentes interinos en el desfiladero. Por Alfredo Aranda Platero. Publicado en el Periódico Extremadura

El Gobierno del Estado y varias organizaciones sindicales firmaron, el 29 de marzo de 2017 (BOE 26 de marzo de 2018), el «acuerdo para la mejora del empleo público». Un pacto por el cual se van a estabilizar plazas docentes pero no a los interinos que las ocupan. Aquellos que consigan la plaza lo harán a través de la oposición «pura y dura»; estando sometidos, de este modo, a la subjetividad del proceso y a todas las circunstancias azarosas que sobradamente conocen los interinos.

Cualquier acuerdo de estabilización de empleo, por lógica, tiene que ir acompañado de un sistema para poder llevarlo a cabo: un sistema transitorio de funcionarización; porque dejar esta decisión al albur del gobierno de turno es como jugar a la ruleta rusa en cabeza ajena. De hecho tenemos ya el problema servido: el gobierno se niega a llevar a cabo una transitoria pues nada le obliga, nada han firmado al respecto; lo que han firmado ha sido otra cosa bien distinta.

Desde PIDE promovimos un oferta de empleo que fuera acompañada de un proceso transitorio para estabilizar a los interinos. Así se lo argumentamos a los responsables del MECD y de los partidos políticos, cuando nos reunimos con ellos junto con la FID (Federación Independiente de Docentes). Les dijimos que era prioritario estabilizar a los interinos a través de un sistema de oposición que además de contemplar el aumento del peso de la fase de concurso en la nota final, tuviera, necesariamente, exámenes no eliminatorios. Un sistema de acceso que fuese sensible con los docentes interinos y estudiar la posibilidad, incluso, de un concurso de méritos para no dejar en la calle a ningún interino. Posibilidad que contempla el Estatuto Básico del Empleado Público en su artículo 61.6 cuando dice: «Sólo en virtud de ley podrá aplicarse, con carácter excepcional, el sistema de concurso que consistirá únicamente en la valoración de méritos».

La oferta de empleo es amplia en todas las comunidades; por tanto –es obvio– muchos interinos obtendrán la plaza; pero muchos otros no la conseguirán porque se quedarán enredados en lo subjetivo y azaroso del proceso, y no llegarán al concurso donde poner en valor todo su bagaje de experiencia y formación. Los que se queden en el camino verán sus posibilidades de trabajo muy disminuidas, pues la necesidad de interinos para el próximo curso bajará drásticamente. Podemos decir, sin temor a equivocarnos, que las próximas oposiciones serán un ERE encubierto cuyo alcance no sabremos hasta que pasen las oposiciones y podamos cuantificar el número de interinos que consigue la plaza, los que tienen la suerte de seguir trabajando al curso que viene en régimen de interinidad y los que se quedan, finalmente, en la calle.

Una vez que la oportunidad se ha perdido, una vez que la transitoria ha sido negada, queda pensar el futuro. El acuerdo firmado, sin transitoria, tiene un horizonte temporal de 3 años tras el cual es prioritario establecer medidas, esta vez sin escusas, para facilitar el acceso al funcionariado a los interinos que no lo hayan conseguido hasta entonces. En el contexto de la nueva Ley de Educación que se negociará, es determinante introducir una disposición transitoria, en el Real Decreto de acceso a la función pública docente, que establezca un proceso real de consolidación de empleo para aquellos interinos que no lo hayan conseguido en convocatorias precedentes y que dicho proceso de consolidación, añado, se convierta en ordinario para los procesos selectivos subsiguientes.

Por una parte, quieren poner en marcha un MIR docente (una majadería a todas luces) para que los aspirantes a profesor titular adquieran experiencia y, por otra, dilapidan la experiencia real y viva que tienen los interinos. Una incongruencia que no tiene explicación posible. En educación ya tenemos nuestro propio MIR y se llama interinidad, donde se aprende a ser docente fajándose en el día del aula; desconocer esta realidad demuestra el poco interés que tienen los políticos en todo lo que atañe al sistema educativo.

Lo congruente, lo lógico –el orden natural, digamos– es que los interinos, que ya conocen el quehacer docente, pasen a ser funcionarios de carrera. Y el gobierno, que debe velar por el bienestar de los trabajadores y la salud del sistema educativo, tiene la obligación de facilitar la funcionarización del colectivo de interinos.

miércoles, 24 de enero de 2018

Daños colaterales. Por Alfredo Aranda. Publicado en el Periódico Extremadura

Injusticia, desconocimiento y soberbia. Malas cualidades humanas que están llevando al desastre a tres familias sin que nadie mueva un dedo para evitarlo.

La injusticia

El abandono de tres funcionarios, por parte de la Junta de Extremadura, de la especialidad de «Organización y procedimiento de mantenimiento de vehículos» que perderán su plaza, ganada con honradez, tras una sentencia del Supremo. Perderán su condición de funcionarios pese a que la sentencia los reconoce como terceros de buena fe; dado que no fueron ellos los que destruyeron los exámenes de oposición (en el año 2010), fue la presidenta del tribunal. Sus notas fueron obtenidas sin mácula alguna y consiguieron la plaza de forma justa. La destrucción de los exámenes puede afectar al demandante pero, en ningún caso, debería perjudicar a los funcionarios que no tienen ninguna culpa de lo sucedido en el procedimiento selectivo de ese año. De nada valió que se pretendiera una solución pactada que no perjudicaba a nadie y que el TSJEx estaba dispuesto a avalar; la Junta de Extremadura dijo «no». De nada valió que en casos como el de las oposiciones impugnadas referidas anteriormente (según interpreta el magistrado José M. Chaves, de Asturias), el Tribunal Constitucional propicie una solución diferente a quitarle la condición de funcionarios a aquellos que obtuvieron la plaza legalmente; propiciando así su tutela como, por otra parte, debería hacer la justicia. La Junta de Extremadura también dijo «no» a esta interpretación de una justicia sanadora. A cuanta solución se proponía, la Junta de Extremadura decía «no».

El 16 de enero de 2018 el TSJEx notifica a los tres funcionarios (Francisco, Víctor y Heliodoro) que tiene que ejecutar la sentencia en sus términos al no haber acuerdo entre todas las partes o, dicho de otra manera, que todas las partes han firmado el acuerdo menos la Junta de Extremadura. La Sala de lo Contencioso estaba por la labor de aprobar un acuerdo transaccional entre todas las partes; y, como consecuencia de la inacción de la Junta de Extremadura, los opositores reconocidos por sentencia como de buena fe perderán la condición de funcionarios de carrera.

El desconocimiento

En estos casos el TC propicia, como el magistrado José Manuel Chaves aclara (Tribunal Superior de Justicia de Asturias), que los terceros de buena fe sean tutelados, evitando con ello la revocación de los nombramientos de funcionarios de carrera y dándole otra solución al conflicto. Las soluciones aportadas para evitar la injusticia, particularmente el acuerdo pactado, serían la solución perfecta. La Junta de Extremadura no ha tenido en cuenta el tiempo transcurrido desde la toma de posesión de los aprobados, así como la condición de inocentes y ajenos a aquellos que nada tienen que ver con la irregularidad cometida por el Tribunal Calificador.

El TSJEx se ha mostrado dispuesto a un acuerdo transaccional e, increíblemente, los responsables de Junta de Extremadura se han puesto de perfil, como si el asunto no fuera con ellos; decidiendo, de esta manera, no proteger a tres ciudadanos y sus familias que durante meses han rogado sensatez a la Junta de Extremadura sin conseguirlo.

Pretender deshacer una injusticia cometiendo una injusticia mayor es una concepción bárbara de la Ley que, afortunadamente, está dejando de estar vigente aunque en Extremadura esté muy presente.

La soberbia

Sería sanador para todos, que los responsables de la Junta de Extremadura reconocieran el error y admitieran que la solución puede ser otra; aquella que no perjudique a nadie; aquella que está sobre la mesa esperando a ser contemplada, firmada y enviada al TSJEx.

Reconocer las equivocaciones, los errores, y darles solución demuestra sentido de la justicia y altura intelectual; lo contario significa, tristemente, la imposibilidad de alcanzar una Ley libre y justa. Y, por extensión, la deshumanización de aquellos que juraron proteger a los ciudadanos cuando tomaron posesión de sus cargos.

La injusticia, el desconocimiento y la soberbia, como si de tres oscuros y aciagos mandamientos se tratase, son una lacra para la sociedad que quiere alcanzar altas cotas de calidad humana en la gestión de lo público.

martes, 9 de enero de 2018

Terceros de buena fe. Por Alfredo Aranda. Publicado en Eldiario.es

   Viernes 25 de junio de 2010, cinco de la tarde. Día cálido, sin llegar a ser bochornoso, como es habitual en estas fechas. Los opositores del tribunal único de la especialidad de “Organización y Procesos de Mantenimiento de Vehículos”, situado en el IES Javier García Téllez de Cáceres, empiezan el acto de presentación. Una vez concluido el acto; entregada la programación y citados para la realización, el día 28 de junio, del primer examen del proceso selectivo, se van para sus casas. Entre ellos están Víctor, Francisco y Heliodoro, que a la postre fueron los que obtuvieron plaza y que ignoraban, por aquel entonces, que toda una serie de infortunios caería sobre ellos más tarde.

   Pasados más de 7 años de las referidas oposiciones, y después de superar el curso de prácticas docentes y ser nombrados funcionarios de carrera en 2011 en sendas publicaciones en el DOE y en el BOE, y de tener destino definitivo por Concurso de Traslados, se encuentran, ahora, después de tantos años, a punto de perder la plaza por un hecho del que no tienen culpa alguna y que paso a relatar con la mayor claridad y brevedad posibles.

   En el proceso selectivo de 2010, en la especialidad antes mencionada, un opositor (le llamaremos, a partir de ahora, el opositor X) presentó una reclamación, tras concluir el proceso selectivo, por no compartir las puntuaciones obtenidas y por considerar que dichas calificaciones fueron producto de la enemistad que la presidenta del tribunal y él se profesaban. El opositor X interpuso un contencioso administrativo que, a la postre, vino a descubrir que los exámenes fueron destruidos por el Tribunal.   En este punto hay que decir que dichos exámenes debieron entregarse, según marca la convocatoria, en el Registro habilitado por la Consejería para este menester; y ni se entregaron por parte del tribunal, ni se reclamaron por parte de la Administración para cumplir con el deber inexcusable de guarda y custodia.

   El hecho de la destrucción de los exámenes dio alas al contencioso de opositor X y el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura y el Tribunal Supremo declara nulo el proceso de oposiciones. Pero la sentencia, hay que dejar claro este aspecto, en ningún momento duda de los opositores que obtuvieron plaza, más al contrario los considera opositores de buena fe.

   Y Vara, ¿dónde está? ¿Dónde está el Presidente pacificador y dialogante que se esfuerza en aparenta? ¿Por qué no evita que tres familias inocentes se queden en la calle? Parece que, en este grave asunto, ha dejado entrever su verdadera naturaleza; se ha quitado la careta, podríamos decir, y se muestra con un presidente ausente. Se ha negado a recibir, de forma reiterada, a los tres agraviados; a tres ciudadanos que, con cargas familiares, se asoman al abismo. Desvió, eso sí, su responsabilidad en otros, en responsables educativos, que recibieron a los tres funcionarios en su nombre. Durante algún tiempo todo parecía que iba a reconducirse, al menos, esa era la sensación que transmitían, en un principio, aquellos que, en nombre de Vara, recibieron a los tres funcionarios y a sus abogados.

   Pensaron, pensamos (yo también me incluyo) que la solución era posible, pues otros procesos selectivos impugnados en Extremadura no perjudicaron a los que obtuvieron plaza. Recuerdo el caso, por ejemplo, de la exconsejera de Sanidad que, siendo consejera, convocó las oposiciones  de “cirugía general y aparato digestivo” a las que ella misma se presentó obteniendo la máxima puntuación; lo que provocó recursos de alzada de otros opositores que llevaron a SES a anular la nota; pero, al final, el recurso interpuesto por la exconsejera prosperó y un juez le dio razón y, por consiguiente, no perdió su plaza. Podría nombrar otros casos como el de los enfermeros o el de los camareros limpiadores, cuya solución fue salomónica para todos. En todos estos casos la Consejería veló por los intereses de los aprobados de buena fe; pero en el caso las oposiciones de“Organización y Procesos de Mantenimiento de Vehículos” no han hecho nada, han dejado que tres familias caigan al abismo.

   Francisco, Víctor y Heliodoro pensaron que la Consejería, que el Gobierno de Extremadura, manejaría este asunto con la suficiente eficiencia para evitar que pagasen justos por pecadores pero, más al contrario, los responsables educativos, después de múltiples reuniones con ellos, con sus abogados, con representante sindicales, demostraron la poca disponibilidad de llegar a una solución consensuada por todas la partes. Se barajó la posibilidad de tratar este asunto como el gobierno de Asturias trató otro parecido. En Asturias se impugnaron las oposiciones de Educación Infantil, pero como se reconocía la buena fe de los opositores que obtuvieron plaza, el gobierno asturiano repitió la oposición de tribunal impugnado respetando a los que habían conseguido su plaza honradamente y ampliando el mismo número de plazas que el tribunal asignó en su momento. Rápido, limpio y justo.
Heliodoro, Víctor, Francisco y el opositor X, junto con sus abogados, llegaron a un acuerdo de solución para evitar la repetición de las oposiciones. Dicho acuerdo fue presentado ante la Sala del TSJEx quien emitió “Diligencia de ejecución de acuerdo transaccional”, dándonos a entender que el acuerdo pactado podría ser una solución satisfactoria para todas las partes, siempre y cuando estuviera ratificado por la Junta de Extremadura; pero, la Junta de Extremadura, escurrió el bulto. La inclusión en el acuerdo de la Junta hubiera solucionado el entuerto favoreciendo a todas las partes; sin embargo, incomprensiblemente, optaron por la opción que no beneficia a nadie.

   Como apunta el magistrado José Manuel Chaves (Magistrado de la Sala contencioso-administrativa del Tribunal Superior de Justicia de Asturias), en casos de la misma índole que el descrito y con sentencia firme, el TC propicia la tutela de los terceros de buena fe, rechazando la revocación de los nombramientos y buscando otra salida. Cosa que, en ningún momento, ha pretendido la Administración Extremeña, dejando sin plaza y a la deriva a tres opositores reconocidos, por sentencia, como de buena fe. 

   El magistrado Chaves, del que tantos deberían aprender, considera que en un caso de impugnación de oposiciones hay que tener en cuenta el tiempo transcurrido desde la toma de posesión de los aprobados, así como la condición de inocentes y ajenos a aquellos que nada tienen que ver con la irregularidad cometida por el Tribunal Calificador. Añade que “no puede perderse de vista el interés general en que el personal seleccionado esté capacitado y en no desbordar el gasto público”. ¡Qué falta hace en Extremadura la visión clarividente y justa del magistrado Chaves! No se puede impartir justicia cometiendo una injusticia mayor, como ocurre en la no solución que se ha dado, desde el Gobierno de Vara, al asunto de las oposiciones impugnadas de la especialidad de “Organización y Procesos de Mantenimiento de Vehículos”. 

   Los tres funcionarios de carrera han presentado “incidente de ejecución de sentencia” para evitar que les priven de las plazas ganadas honradamente. Intentando exponer al TSJEx que ellos, como opositores de buena fe, no pueden ser los paganos de la irregularidad cometida por el tribunal de oposiciones al destruir los exámenes. Y el TSJEx debería proteger, considero, a los terceros de buena fe que nada tuvieron que ver en todo el entramado descrito. 

   Esperemos que alguien de la Administración, finalmente, entienda aquello de “La equidad como garantía del tercero de buena fe en los procedimientos selectivos”; si así fuera, la justicia en Extremadura daría un salto cualitativo a la altura de la región que los ciudadanos se merecen.