lunes, 23 de mayo de 2022

MAL ACUERDO DE ESTABILIZACIÓN (por Alfredo Aranda, Vicepresidente Sindicato PIDE)

 “Más vale un mal arreglo que un buen pleito”, reza un viejo dicho popular; entendiendo con ello que es mejor un acuerdo no muy bueno si con ello evitamos pleitos que pueden ser inciertos y costosos. 

Los dichos populares pocas veces se equivocan, porque están basados en la experiencia; pero, sin embargo, no sería aplicable al procedimiento de estabilización del colectivo de interinos dado que el arreglo, el acuerdo, es nefasto. El peor de los posibles. Vuelven, una vez más, a pensar en plazas y no en personas. 

El Real Decreto 270/2022, que modifica el sistema de acceso a los cuerpos docentes, por el que se da vida a este mal acuerdo se sustenta en incongruencias gruesas como no valorar la nota de oposiciones anteriores al 2012, en poner un tope a la experiencia docente y a todos los demás méritos, en convivir con un proceso de oposición ordinario y, con ello, entorpecer la solución porque una triple vía de acceso (dos extraordinarias y una ordinaria) complica extraordinariamente el proceso. Si a todo este sistema de muy dudosa eficacia le sumas incertidumbres, que más bien ya son certezas, como, por ejemplo, la que genera que un opositor pueda presentarse, por la vía de estabilización, a las 17 comunidades al mismo tiempo (libre concurrencia) aunque solo pueda obtener una plaza de aquellas que establezca en su orden de prelación, nos surgen dudas de calado que preocupan al colectivo de interinos. ¿Puede una comunidad como la nuestra gestionar 300.000 potenciales solicitudes? 

El borrador aclara aspectos como el criterio de desempate, la adjudicación tipo “concurso de traslados”; pero otros, como la gestión de las solicitudes, quedan muy difusos. 

Determinados sindicatos tradicionales vienen a protestar ahora por el incierto proceso de estabilización que trae consigo el Real Decreto modificado. Pero la hemeroteca es una afilada hélice que tritura los engaños y ficciones sindicales, y es que los sindicatos tradicionales, en 2017 ya firmaron un funesto acuerdo para la “mejora” del empleo público, por el que se pretendía estabilizar plazas pero no a los interinos que las ocupaban. En 2021 volvieron, una vez más, a pactar con el gobierno de turno un perjudicial acuerdo para reducir la temporalidad de las administraciones públicas, con el mismo resultado que anteriores acuerdos: de nuevo se pretendía estabilizar plazas y no a los funcionarios interinos. “De aquellos polvos vienen estos lodos”. Ahora, el acuerdo, por imperativo legal, en la medida que Europa presiona para acabar con la temporalidad, vuelve a ser desafortunado y, al menos, en Extremadura, no solucionará el grosor del problema. Intentan esquivar las prescripciones que marca Europa, con la connivencia de los sindicatos firmantes, con un proceso que no garantiza, en absoluto, la funcionarización del colectivo de interinos en el porcentaje necesario.

PIDE, a través de la Federación Independiente de Docentes, FID, solicitó en varias ocasiones una reunión de trabajo para negociar con el MECD y para explicarles que la educación necesita su propio proceso de consolidación de empleo, adaptada a su realidad y sin olvidarse de los interinos, porque estos son el objetivo de estabilización. Pero declinaron nuestra presencia y, curiosamente, ahora que el texto de RD está publicado en el BOE, se ponen en contacto con nosotros para confirmarnos que nos recibirán. Cita que nos negaron durante la “negociación” del texto de la modificación del Real Decreto. La razón por la que el MEyFP no ha querido hablar durante la tramitación del borrador con los sindicatos profesionales es obvia: no íbamos a tragar con una modificación de la norma tan poco afortunada.

No obstante, acudiremos a la cita de MEyFP igual que acudimos el pasado día 11 de mayo en la reunión que tuvimos que PSOE, PP y Podemos en el Congreso de los Diputados, porque tras el proceso transitorio, en 2025, hay que establecer un sistema de acceso definitivo que no perjudique al colectivo de interinos.


jueves, 12 de mayo de 2022

"Descomisionados" (por ALFREDO ARANDA, Vicepresidente Sindicato PIDE)

 O la Consejería de Educación deja de recortar comisiones de servicio o convierte plantilla funcional en orgánica.

 Sin negociar. Sin compensar. Sin, ni siquiera, avisar previamente. Así impuso la Consejería de Educación la drástica reducción de las comisiones de servicio de carácter general, exigiendo unas condiciones leoninas que impedirán que un gran número de docentes tenga acceso a este tipo de comisión de servicio. 

El tener que acreditar una permanencia ininterrumpida en el puesto de destino definitivo desde el 1 de septiembre de 2020 hasta el 31 de agosto de 2022, por imposición unilateral de la Consejería de Educación, para poder tener acceso a las comisiones generales, es una condición muy difícil de cumplir y terminará no solo por impedir que muchos docentes puedan solicitarlas, sino que también todos los que actualmente están ocupando una comisión de este tipo no puedan renovarla, danto al traste, de esta manera, con la conciliación de la vida familiar y laboral de los docentes excluidos.

Esto es muy grave porque no hay compensación, al menos de momento. Una de dos: o la Consejería de Educación deja de recortar comisiones de servicio o convierte plantilla funcional en orgánica, para que así los docentes puedan tener la oportunidad de acercarse a su lugar de residencia a través del concurso de traslados; dado que un docente no pide una comisión de servicio por capricho, sino que lo hace por necesidad. No se puede «jugar» con la necesidad de la personas, no se las puede empujar al precipicio y abandonar a su suerte. Un político, una política, no puede hacer eso, porque las comisiones de servicio, a falta de plantilla orgánica suficiente para poder concursar con posibilidades, son un alivio para infinidad de casuísticas personales y, por tanto, la Consejería de Educación debe tener la empatía y la humanidad suficientes para comprender que con esta decisión está haciendo un daño gratuito a los docentes. 

No acertamos a comprender el interés de la consejera en empeorar nuestras condiciones laborales y en alimentar esa desafección que parece tener con los docentes, esa obsesión en presentarse como la «ultraliberal» Margaret Thatcher española, adoptando aquello de «No soy una política de consenso. Soy una política de convicciones». No se da cuenta de que la intransigencia termina siendo la tumba política de quien la ejerce. 

Siempre la negativa como forma de proceder: negarse a actualizar los sueldos de los docentes extremeños, de los peor pagados de España; negarse a debatir sobre la carrera profesional docente; negarse a negociar el calendario escolar, ninguneando a los sindicatos; negarse a negociar los currículos de desarrollo autonómico de la LOMLOE; negarse a dar los mismos días de asuntos propios remunerados que ya disfrutan el resto de los sectores funcionariales de la Junta de Extremadura… La lista es larga.

Si alguien en el gobierno de Extremadura no hace algo por parar este sinsentido, vamos a llegar a un punto de no retorno. Nos pondrá a los sindicatos en la tesitura de tener que romper total y definitivamente las relaciones con la Administración Educativa y emprender acciones como las de dejar de ir a las mesas técnicas y sectoriales que se están convirtiendo en la antítesis de lo que deberían ser. 

Desde PIDE mantenemos la convicción intacta de que la negociación, si hay voluntad de llegar a acuerdos, es una herramienta para avanzar en conquistas sociales. Siempre ha sido así, pero la Consejería parece sentirse, últimamente, más cómoda imponiendo que negociando. Aún podemos tender puentes, podemos encontrar espacios de entendimiento con las autoridades educativa, por el bien de los docentes que trabajan en Extremadura. No hay tiempo que perder, pongámonos manos a la obra.

Alfredo Aranda.  Vicepresidente Sindicato PIDE.