La propensión que tienen los sindicatos
tradicionales de usurpar hasta la osamenta de quienes tienen la osadía de
utilizar la democracia para disputarles su subvencionada hegemonía, se volvió a
poner de manifiesto en las últimas elecciones sindicales del sector de
empleados públicos. Hace casi cuatro años ya de los últimos comicios
electorales en los que el Sindicato del Profesorado Extremeño, PIDE
(educación), SGTEX (administración general) y SAE (sanidad), unieron fuerzas
para convertirse en la segunda lista, muy cerca de la primera, más votada de la
Junta de Extremadura a nivel global, con derecho a entrar en la
Mesa General y poner un poco de orden en un organismo donde se suelen perpetrar
agravios contra los funcionarios extremeños.
Conseguimos, sobradamente, el porcentaje
para pertenecer en dicha mesa, pero nos impidieron la entrada (llegaron,
incluso, a plantar frente a la puerta de la sala de reuniones personal de
seguridad para impedir nuestro acceso), no sea que fuéramos a perturbar el
contubernio en el que cohabitan CSIF, CCOO y UGT y la administración de turno.
Igual les dio que presentásemos el
correspondiente certificado emitido por el Servicio de Trabajo y Sanciones de
la Dirección General de Trabajo, así como con las actas electorales sindicales
adscritas a las Unidades de Mediación, arbitraje y conciliaron de Badajoz y
Cáceres.
El Informe de la Dirección General de
Trabajo aclaró que la suma de votos de PIDE, SGTEX y SAE era perfectamente
legal, de hecho el informe dijo de forma taxativa que: «…desde la perspectiva
de la libertad sindical, puede ser suficiente para eximir de esta eventual
obligación a las organizaciones sindicales de nivel inferior cuyo resultados
electorales pretenda agregarse a los de aquella entidad superior, siempre que
se acredite, mediante pruebas fehacientes, que hay entre ellas vinculación
orgánica, cuestión esta que aquí no ha sido controvertida»
Sindicatos tradicionales y vicepresidenta
del gobierno de Extremadura, asociados para subvertir la legalidad utilizando
todas las artimañas posibles para impedir que tres sindicatos incorruptibles y
molestos estuvieran en la Mesa General; tanto es así, que hemos acudido al
Tribunal de Justicia de la Unión Europea y estamos a la espera de sentencia.
PIDE pertenece con fuerte representación a la Mesa Sectorial que es donde se
sustancian las cuestiones que más benefician a los docentes y, por tanto, es la
verdaderamente importante para nosotros; pero estar presentes en la Mesa
General sería un buen complemento para ampliar la lucha a favor de todos los
funcionarios: docentes, administración general y sanidad. Este año, en las
elecciones del próximo 1 de diciembre, ya protegidos legalmente para evitar que
se vuelva a alterar la legalidad, entraremos en la Mesa General.
Los sindicatos tradicionales CSIF,
CCOO y UGT, aprovechando el influyo que ejercen sobre la Consejera de Hacienda
y Administración Pública, impiden el acceso a cualquier otra organización
sindical con más derecho que ellos. Que la administración se pliegue a los
intereses espurios de los sindicatos tradicionales, estimo, forma parte de
provechosos pactos para todas las partes.
Una política capaz de transitar por la
ignominia con esa naturalidad no debería formar parte de ningún gobierno;
hermética, por añadidura, a cualquier petición de cumplir con la legalidad;
inmune al remordimiento de tratar al sindicalismo libre, con derechos
adquiridos en las urnas, como si de un usurpador se tratase; envilecida por el
endiosamiento del poder que la protege, piensa, del imperio de la Ley. En toda
esta espesura es en la que mueve la Consejera de Hacienda y sus sindicatos
subvencionados.
Por si fuera poco todo lo anteriormente
expuesto, el miércoles 21 de diciembre de 2020 se llevó a cabo el intento de
estafa más execrable de los que tengo recuerdo. Se publicó en el DOE la
Resolución de la “modificación del Acuerdo […] sobre derechos y garantías
sindicales”, donde se pretendía blindar los privilegios de CSIF, UGT y
CCOO para que no tuvieran ni siquiera que presentarse a las elecciones
pare entrar en Mesa General y Mesas sectoriales. Una sentencia del Tribunal
Superior de Justicia de Extremadura impidió cometer la ilegalidad pretendida y
anuló dicha parte vergonzante del acuerdo. Solo el intento de estrangular la
democracia demuestra la catadura moral en la que todos ellos cohabitan y
convierte a la Consejería de Hacienda y Administración Pública en un organismo
con preocupantes tintes feudales.
Son fuertes las ligaduras que sujetan a
los sindicatos de clase a la administración y delgada la membrana que los
separa de la presunta prevaricación. La señora consejera y sus sindicatos de
cabecera excluyen por la vía de hecho a todo aquel que pretende formar parte la
Mesa General aunque tenga el aval democrático de los votos. Cuando tengamos la
sentencia europea, ya será tarde, pues habrán pasado más cuatro años desde el 4
de diciembre de 2018. Pero los funcionarios, estatutarios y laborales tendrán
la oportunidad en las elecciones sindicales del día 1 de diciembre de 2022 de
emitir su propia sentencia.
Alfredo Aranda (Vicepresidente Sindicato PIDE)
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