Fundamentar la existencia de la educación concertada en el derecho que tienen los padres a la libertad de elección es, simplemente, un argumento falaz que los interesados utilizan por ignorancia o por manipulación. En cualquier caso, es una falsedad que se desvanece con facilidad a la luz de los datos.
Las familias tienen el derecho a elegir, por supuesto, pero entre educación pública y privada, de la concertada no habla ni la Carta Magna. Por tanto, la garantía constitucional está protegida pese a los embustes de los que quieren hacernos creer, con su falsa interpretación y pobres argumentos, que está justificado que los recursos públicos se desvíen para financiar negocios privados.
La concertación no solo perjudica a la educación pública, sino también a la privada, por la competencia desleal que supone que la mayor parte de los centros concertados cobren, además de recibir abultadas subvenciones, cuotas “voluntarias” y pagos de diversa índole de las familias, práctica ilegal que la Asociación de Colegios Privados (CICAE) ha denunciado en múltiples ocasiones.
La razón de “los otros”, de los defensores de la concertada, es la sinrazón porque no se fundamenta ni en la lógica de los datos, ni en la ley. Es nuestra responsabilidad como sindicato mayoritario de la educación pública corregir las falsedades que con tanta frecuencia pretenden tapar la verdad, así como denunciar la complacencia que la Administración Educativa muestra con la educación subvencionada.
No tiene justificación posible concertar unidades de 3 años en Extremadura cuando, por ejemplo, en el curso 2024-2025 la escuela pública ha ofertado más plazas para este nivel que peticiones de escolarización. Concretamente se han escolarizado 7.247 niños de 3 años y se han ofertado 12.818 plazas, la mayoría de las plazas desiertas se ofrecieron en centros públicos. Y esto pasa en todos los niveles educativos. Dejar plazas sin cubrir en los centros públicos y concertar unidades innecesarias con centros no públicos es un acto cargado de irracionalidad y puede, además, constituir un delito de malversación de fondos públicos.
El Consejo Escolar del Estado en su informe 2024 insta a la Administración a controlar el uso de la financiación a los centros concertados y, tal como regula legalmente la LOMLOE, reclama priorizar la escolarización en centros públicos en caso de que se tengan que cerrar grupos de alumnos por la caída demográfica.
En muchas ocasiones hemos recordado a los responsables educativos que el Tribunal Constitucional ha dicho (sentencia 86/1985) que el derecho a la educación no comprendía el derecho a la gratuidad en centros privados, porque los recursos públicos no deben sufragar preferencias individuales. Este pronunciamiento del TC atesora tanta verdad, que por sí solo bastaría para que el gobierno central y autonómico actuaran en consecuencia.
Poner de relieve cómo se conculcan los pronunciamientos de la Carta Magna es uno de los objetivos de este artículo; otro, lo que provoca dicho incumplimiento: cierre de unidades educativas en la pública, cierre de centros completos, supresiones y desplazamientos de docentes de la educación pública…
En ningún momento, como nos acusa algún sindicato de la concertada, tenemos intención de que los profesores que desarrollan su trabajo en este tipo de centros se queden en paro. Esta afirmación es una mentira infame más de quién no tiene argumentos para contrarrestar los nuestros. Si los centros concertados dejaran de recibir subvenciones se convertirían en privados y podrían seguir subsistiendo con las cuotas de los padres. En cualquier caso, si algún centro desconcertado no pudiera subsistir como privado sería obligación de la Administración, y no del Sindicato PIDE, atender esta situación para minimizar el impacto que pudiera producirse y que los perjuicios fueran pocos o ninguno.
PIDE lleva bregando con la defensa de la educación pública desde sus inicios y seguiremos, irredentos, por muchos palos en las ruedas que nos pongan. Es muy ingrato ver cómo en muchas ocasiones la propia Administración, que debería ser valedora de lo público, se convierte en enemiga por acción o por omisión.
La conclusión es clara. Si hay plazas que sobran en los centros públicos, no hace falta concertar unidades con centros de naturaleza privada porque se estaría duplicando el gasto sin ninguna razón legal y, por ende, perjudicando seriamente a la educación pública, que es uno de los pilares fundamentales que sostienen la edificación democrática del Estado.
La única explicación (lo vemos en Madrid) para la irracionalidad con la que la Administración se prodiga en estos asuntos es, claramente, ideológica. De hecho, organizaciones como ESADE y Save The Children ya han advertido de este peligro recordando la segregación que supone la escuela concertada.
Los números son claros: no hace falta concertar unidades. El Tribunal Constitucional es claro: el Estado no tiene que subvencionar centros privados porque para eso la educación pública es gratuita. Las preferencias individuales no tienen que ser sufragadas con dinero público. Organizaciones importantes lo tienen claro: la escuela concertada segrega.
“No hay peor ciego que el que no quiere ver”. “No hay peor sordo que el que no quiere oír”. “No hay peor desentendido que el que no quiere entender”. Los demás ciudadanos nos plegamos ante la evidencia de los datos y de los preceptos constitucionales que el Tribunal Constitucional ha tenido que recordar a los ciegos, sordos y desentendidos en la referida sentencia que este artículo nombra.
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