Regocijarse por la precariedad salarial de un colectivo tan determinante, como los docentes debería irritar a otros miembros del gobierno autonómico
Una vez allí, desde la cofa del barco recién conquistado, recluida la honorabilidad en el agujero más profundo de la conciencia, la portavoz del gobierno, con una insultante soberbia, considera que las migajas que nos arrojan, como a un animal abandonado, son más que suficientes. Regocijarse por la precariedad salarial de un colectivo tan determinante, debería irritar a otros miembros del gobierno que, estoy seguro, no comparten los agravios a los que son sometidos los docentes extremeños.
No sabemos si los disidentes elevarán la voz para acabar con la injusticia, o bajarán la cabeza ante el temor de quedar petrificados por la mirada helada, cual Medusa, de la que parece haber perdido su alma. Ellos también serán culpables.
La huelga tuvo un seguimiento aplastante (más del 80%), además de 8.000 docentes manifestándose en las calles de Mérida. Estos datos abrumadores son inéditos en Extremadura; sin embargo, la respuesta de la consejera ha vuelto a ser la misma: mentiras infames con altas dosis de soberbia.
¿Y la presidenta dónde anda? ¿Por qué no pone orden en todo este dislate en el que la consejera de Educación está chapoteando y, a duras penas, se mantiene a flote? Está desaparecida, centrada en los prolegómenos de las elecciones que está diseñando y que la llevarán, piensa en sus ensoñaciones, al éxtasis electoral. Pero, claro, perdurar implica convencer, y para eso hay que cumplir lo que se promete. Si no cumple sus promesas y les devuelve la dignidad robada, no contará con el apoyo de ningún docente (y sus familias).
La presidenta, practicando “ghosting”, lleva un año sin resolver los agravios que prometió solucionar. Mantiene en sus puestos a un elenco de cargos bien pagados, pese a que estos han decidido que los docentes extremeños (que sostienen uno de los servicios fundamentales del estado de derecho) no merecen el mismo salario que sus homólogos de otras comunidades, erosionando la legitimidad de su propio gobierno y fracturando el contrato social.
*Alfredo Aranda Platero es vicepresidente de PIDE
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