El valor de la educación pública radica en los beneficios que aporta a la sociedad
Se buscan maestros para trabajar a media jornada (900 euros al mes). Se requiere incorporación inmediata y disponibilidad total. Los interesados deberán dirigirse a la Consejería de Educación. Podría parecer el anuncio de una empresa que ofrece trabajo precario a cambio de la entrega en cuerpo y alma del empleado. Sin embargo, esta realidad está sucediendo en la educación pública extremeña, con infinidad de docentes interinos trabajando a media jornada por un sueldo que no da para vivir.
Que una administración pública promocione el trabajo precario no parece muy edificante, sobre todo porque gran parte de esas medias jornadas se pueden convertir en completas. Hay que decir, en honor a la verdad, que no pocas de esas plazas fueron heredadas del ejecutivo anterior, y los que entraron después, tras el cambio de gobierno, se encontraron con ese «regalo».
Ahora bien, cabe preguntarse si los actuales responsables de educación revisarán, algún día, la cantidad injustificable de medias jornadas para que podamos disponer, sin merma, de una plantilla donde la mayoría de los docentes desarrolle su labor en vacantes enteras, dado que muchas de las medias jornadas que se ofertan se pueden transformar en completas, lo que redundaría en beneficio no solo de los docentes interinos y de los centros, sino también de los alumnos.
Es habitual que la consejería de educación, independientemente de quién habite sus entrañas, entienda la educación pública como un gasto y no como una inversión. Por eso, cada año que pasa el poder político desinvierte en lo público para invertir en lo privado.
El valor de la educación pública
El valor de la educación pública radica en los beneficios que aporta a la sociedad (igualdad de oportunidades, equidad, autonomía, fortalecimiento de la democracia, integración social, pensamiento crítico, cohesión social, etcétera). Si quien ostenta el poder de decisión no entiende el valor de la educación pública, estamos abocados a seguir por la senda de la desinversión y, por tanto, a perjudicar todo aquello que hace a la sociedad más justa.
Un gobierno debe tener instinto público; es básico, pues no tenerlo lo desacredita en el plano moral y ético, por muchos votos que reciba, ya que la eficacia de la gestión no puede desligarse de la responsabilidad pública. Hay políticos que niegan esta realidad porque el empuje de ideas mercantilistas —donde lo privado nos priva de lo público— ha logrado penetrar, sorprendentemente, en ciudadanos que no pueden prescindir de los servicios públicos, que son la mayoría.
