Una organización sindical aseguró que PIDE sembraba dudas sobre la legalidad de convocar las oposiciones al cuerpo de maestros bajo un Gobierno en funciones. Transmitir a los opositores una ilusión de seguridad cuando la ley lo impide no es solo un error: es una temeridad. Afortunadamente, los opositores han comprobado que PIDE tenía razón: la normativa vigente limita la actuación de un Gobierno en funciones.
Apenas un día después de esas declaraciones sindicales —tan precipitadas como desacertadas—, el Consejo de Gobierno aprobó un decreto-ley que modifica la Ley 4/2015, de 26 de febrero. Esta reforma no solo otorga la seguridad jurídica que necesitaban los aspirantes, sino que también confirma implícitamente los argumentos planteados por PIDE y deja en evidencia a quienes sostenían lo contrario.
Resulta preocupante que algunas organizaciones sindicales no comprendan que la inseguridad jurídica habría generado inevitablemente un escenario de incertidumbre, capaz de desembocar en la judicialización del proceso selectivo, con consecuencias potencialmente graves.
El compromiso con el profesorado debe asentarse sobre dos pilares irrenunciables: la legalidad y la transparencia. Por eso, un sindicato que pretenda actuar con rigor tiene la obligación de señalar todas las dudas legítimas derivadas de la normativa vigente, para que la administración analice la situación y adopte las medidas oportunas.
Preparar unas oposiciones exige meses —y en muchos casos años— de estudio, esfuerzo y sacrificio. Supone una inversión considerable de tiempo y recursos, renuncias personales y una vida organizada en torno a un objetivo marcado en el calendario. Restar importancia a la inseguridad jurídica, cuando un artículo de ley establece de forma taxativa que un Gobierno en funciones no puede convocar oposiciones, es sencillamente irresponsable. Además, añade una carga innecesaria de tensión a quienes necesitan certezas, no discursos complacientes.
Vivir con la duda permanente de que el proceso selectivo pueda decaer en cualquier momento sería una pesada losa para cualquier opositor, una realidad que ningún sindicato responsable debería ignorar.
La situación ha quedado normalizada con la modificación de la Ley 4/2015 y la publicación en el DOE de la convocatoria de oposiciones. Los aspirantes pueden continuar su preparación con la tranquilidad de saber que no existe ningún obstáculo legal que ponga en riesgo la convocatoria, y con la certeza de que PIDE seguirá vigilante para garantizar que todo el proceso se desarrolle dentro del marco de la legalidad y con la transparencia imprescindible para mantener su solidez y credibilidad.
No hay comentarios:
Publicar un comentario