Ley trampa
Como si de un espectáculo de magia se tratase, las leyes, en
ocasiones, se quedan en una mera ilusión que consigue que el espectador
vea lo que no es; pero si rascas un poco, si te fijas, si prestas
atención, podrás advertir la trampa, el truco. Esa cualidad de
«prestidigitador» que muchos políticos cuidan y trabajan, con intención
de crear ilusiones en la población se convierte, la mayor parte de las
veces, en un lastre para el propio político ilusionista, porque las
ilusiones rotas no se olvidan fácilmente.
Reza un viejo refrán español: «El que hace la ley hace la trampa».
Para encontrar leyes tramposas no hace falta salir de Extremadura. Una
de las más tramposas es la Ley 7/1985, de 26 de noviembre, de iniciativa
legislativa popular de la Comunidad Autónoma de Extremadura, por la que
los ciudadanos extremeños, mayores de edad e inscritos en el censo
electoral, pueden ejercer una ILP (prevista en el Estatuto de
Autonomía). Sin embargo la «trampa extremeña» para quedar en «agua de
borrajas» esta ley, es zafia, pero efectiva, dado que para ejecutar el
derecho democrático de participación ciudadana a través de una ILP se
necesita contar con la firma de, al menos, el 5% del censo electoral. Y
dado que el censo es, alrededor, de novecientas mil personas, se
precisarían 45.000 firmas para poder emprender una iniciativa de este
calado en Extremadura. O dicho de otra manera: el gobierno extremeño no
quiere que se presenten iniciativas legislativas populares y tuerce la
ley para impedirlo.
No es razonable que en Extremadura se exijan 45.000 firmas para
emprender una iniciativa legislativa popular, casi las mismas que la
comunidad de Madrid o de Valencia, cuando estás comunidades nos
quintuplican en el número de ciudadanos con derecho a voto.
La iniciativa legislativa popular es un mecanismo, amparado por la
Constitución, para que cualquier ciudadano pueda presentar iniciativas
de ley. Pero dicha iniciativa debe estar secundada por un número
concreto de firmas, y es ahí donde está el agravio con respecto a otras
comunidades. Podemos decir que, según el número de ciudadanos inscritos
en el censo, Extremadura es la comunidad que necesita un mayor número de
firmas para emprender una iniciativa popular de este calado. Ni que
decir tiene que es, poco menos, una hazaña de dimensiones colosales
conseguir un número tan elevado de firmas y, por tanto, la referida ley
es, en realidad, «papel mojado». Y lo más lacerante de todo es que
estamos ante una ley de hace más de 30 años, y ahora nos dirán, sin
pudor alguno, que no han tenido tiempo suficiente para acometer su
modificación.
De nada vale que la ILP esté avalada por la Constitución, que sea un
instrumento democrático de participación ciudadana o que constituya la
expresión misma de que el pueblo puede actuar en representación propia,
si después, en su desarrollo autonómico, se ponen condiciones leoninas
para poder llevarla a cabo. Con la clara intención de que la ciudadanía
no pueda ejercer de ese derecho.
Aplicando a la Comunidad Autónoma de Extremadura el porcentaje que la
Constitución española prevé en su regulación a nivel nacional (1,26 %
del censo), en tierras extremeñas se necesitarían, poco más de 11.000
firmas para promover una iniciativa legislativa popular, muy alejadas de
las actuales 45.000.
El engaño suele ocultar siempre una cobardía y las leyes torticeras,
nacidas siempre con aviesas intenciones, son la expresión clara de esta
realidad. En Extremadura las asociaciones que luchaban, por ejemplo, por
la renta básica, una petición justa y mediática, no consiguieron
llegar, ni de lejos a las 45.000 firmas necesarias para promover una
ILP; se quedaron en 26.000 firmas, más que suficientes si la «ley
trampa» se ajustará a los porcentajes que aplican el resto de
comunidades.
Sería un gesto necesario, por parte del Ejecutivo extremeño, que el
número de firmas para promover una ILP en Extremadura, que actualmente
está, insisto, en el 5% del censo electoral, se ajustara a lo que la
Constitución considera a nivel nacional, el 1,26 por ciento. Si no fuera
así, el mensaje que se está mandando a la ciudadanía extremeña es que
el gobierno autonómico impide que los ciudadanos puedan utilizar la
Asamblea de Extremadura como instrumento democrático.
