«Se comunica a todos los padres y madres que el nuevo uniforme escolar
se podrá adquirir, única y exclusivamente, en el centro educativo.
Pueden informarse en la secretaría del centro».
¿Los centros educativos que veden uniformes lo hacen al precio de
coste, para así demostrar, con su ejemplo, la infinita bondad de su
ideario religioso, de su darse a los demás? Me temo que no, que de esa
partida textil se embolsarán un buen pellizco, cosa que se aseguran
obligando a los padres a adquirir los uniformes en el centro o, en otros
casos, que de todo hay, haciendo convenios, por ejemplo, con el Corte
Inglés, cuando hablamos de centros gestionados por congregaciones
religiosas de carácter nacional.
Según la OCU, el 91% de las escuelas concertadas obliga al pago de
cuotas. Los centros concertados reciben subvenciones de dinero público
para pagar los salarios de los docentes, para los gastos de
mantenimiento, de personal de administración y servicio, de monitores de
AFC; por tanto, si un centro concertado le saca un euro a un alumno está
incumpliendo la ley, donde queda claro que los centros privados
concertados deben ser gratuitos para los padres. Sin embargo, estos
centros sacan tajada de la venta de uniformes escolares, de material
deportivo (chándales principalmente), de material escolar, de
aportaciones a fundaciones o asociaciones, de actividades
extraescolares, de servicios complementarios. y, claro, también de las
donaciones 'libres' que muchos padres se ven forzados a hacer por
aquello de no quedar en evidencia. La media anual de estos cobros
alcanza la cuantía, según la OCU, de 500 euros. En algunos casos esta
cantidad se duplica y, por tanto, en otros se reduce.
El estudio de la OCU también estimó que el coste anual de un centro
concertado es de 3.700 euros y el de uno público 2.180, es decir, un 70%
más caro el concertado. Pese a que la Administración, torciendo la
realidad, siempre dice lo contrario o lo insinúa.
Reciben dinero público pero su mentalidad sigue siendo privada y sus
objetivos pasan siempre por la recaudación y la evangelización. Los
centros concertados, me refiero a los religiosos -la mayor parte-,
tienen lo que llaman «plan de acción pastoral» o, simplemente,
«pastoral», donde se presentan como «centros evangelizadores» cuyo
objetivo principal transita por los caminos de la fe. Ríete tú de la
asignatura de Educación para la Ciudadanía.
No podemos olvidar que la educación privada es un negocio y, como tal,
es perfectamente legal. Pero el ciudadano que quiera una educación
privada debe asumir su coste y el que quiera una educación pública la
tiene gratis; para eso se pagan impuestos. Un Estado tiene que defender
los servicios públicos por encima de todo y si no lo hace está
perjudicando, seriamente, las estructuras básicas del país. El mismo
criterio para concertar un centro privado podría establecerse para
concertar un supermercado. Si un carnicero abre un supermercado en una
barriada o en un pueblo cuyos habitantes no disponen de este servicio y
pidiera que se lo concertaran ¿sería posible? Me temo que no, ¿verdad?
Pese a que comer es una necesidad del ciudadano tan básica, como la
educación.
Hace más de 30 años, la falta de centros públicos, como consecuencia
de las cuatro décadas de retraso que trajo la dictadura, provocó que,
con el aumento de la demanda de escolarización, se concertaran unidades
con centros privados para salir del paso. Pero la situación debió de ser
temporal, mientras la red pública se ampliaba. De hecho, el artículo
27.5 de la Constitución dice que los poderes públicos deben garantizar
la creación de centros docentes. Por tanto podemos considerar la
concertación como un grave desajuste del sistema democrático, que no ha
conseguido compensar la falta de inversión en educación pública, y
convierte los conciertos, que nacieron con carácter transitorio, en algo
permanente y, lo que es peor, ampliable.
La concertación debió desaparecer, progresiva y proporcionalmente, a
medida que se iban contrayendo los centros necesarios comprometidos en
la Carta Magna, hasta abarcar la totalidad de los alumnos. Para así,
llegar a la situación ideal que debe promover un Estado democrático; la
existencia de dos vías que aseguren la elección de centros por parte de
los padres: la vía pública y la vía privada. Pero ningún partido
político ha tenido la altura democrática suficiente para corregir esta
anomalía.
Nuestra organización sindical propuso, hace meses, a los diferentes
partidos políticos presentes en la Asamblea de Extremadura, que
promoviesen una propuesta de impulso para terminar con los conciertos
educativos en nuestra comunidad. Convertir los centros concertados en
públicos, de forma progresiva, era (y es) el planteamiento, asegurando
el puesto de trabajo de los profesores de la concertada hasta su
jubilación (cosa que ahora no tienen asegurado). Cada vacante nueva,
cada sustitución, cada jubilación producida... deberían ser ocupadas, con
este nuevo diseño, por docentes de la pública, en sus diferentes
situaciones administrativas: funcionarios de carrera en comisión de
servicio o por concurso de traslados, funcionarios interinos. Con esta
metamorfosis todos salen ganando: los profesores de la concertada
blindan su puesto de trabajo, y los de la pública acceden, poco a poco, a
los centros reconvertidos en públicos.
Los centros privados concertados que no aceptaran esta medida
dejarían de recibir financiación pública y se cancelaría el concierto
educativo. Pasarían a ser centros estrictamente privados y tendrían que
financiarse, por tanto, con las cuotas de los padres de los alumnos y
con los recursos que, dentro de la iniciativa privada, estimasen
oportunos.
