"UNOS POR OTROS Y LA CASA SIN HACER"

 7DIAS EXTREMADURA.  28/11/19.

OPINIÓN: "Unos por otros y la casa sin hacer"

¿Qué condiciones mínimas debe tener un edificio para convertirse en colegio o instituto? 
Esta pregunta es frecuente entre miembros de la comunidad educativa, así como también entre la ciudadanía. Desde PIDE, Sindicato del Profesorado Extremeño, reivindicamos continuamente la necesidad de disponer de unas instalaciones óptimas y seguras en toda la red de centros educativos públicos de Extremadura como requerimientos necesarios para desarrollar las enseñanzas con una mínima garantía de calidad. Actualmente, el RD 132/2010, de 12 de febrero, establece que cualquier centro docente que imparta el segundo ciclo de educación infantil, educación primaria y educación secundaria, debe reunir unos requisitos mínimos de seguridad y salubridad en sus instalaciones docentes y deportivas.

El informe anual del Defensor del Pueblo 2018, ante las múltiples quejas y deficiencias relativas a las condiciones de salubridad o habitabilidad de los centros docentes, dedica todo un apartado a esta problemática, poniendo de manifiesto las disfunciones e incomodidades que se generan con el desarrollo de las obras de construcción, ampliación o rehabilitación de las instalaciones escolares, especialmente las relacionadas con retrasos, así como la forma y fechas de su ejecución, problemática ya recurrente en los informes anuales de ejercicios anteriores.

Aunque no cabe duda de que la programación y planificación de las infraestructuras necesarias para atender el servicio educativo es muy compleja, ya que necesita la coordinación y colaboración entre diferentes administraciones (lo cual supone superar distintos trámites procedimentales y estar siempre sometidos al corsé presupuestario de cada momento), hecho que no justifica en absoluto que determinadas instalaciones escolares presenten problemas en las condiciones mínimas de salubridad y habitabilidad, entre ellos, la presencia de materiales nocivos (como el amianto) en determinados elementos constructivos de sus dependencias, así como la utilización más permanente que provisional de determinadas instalaciones. La solución a ambos problemas (además de una correcta y eficiente planificación), pasa por una dotación adecuada de las diferentes partidas presupuestarias para atenderlos, algo que no ocurre vista la persistencia de la problemática.

La única respuesta institucional que recibimos cada vez que nos interesamos por la referida problemática es siempre la misma: “no se dispone de presupuesto”. ¿Habrá que esperar a que suceda una desgracia para denunciar a un Estado que incumple las normas que él mismo emite?

Desde el Sindicato PIDE convocamos anualmente el concurso de fotografía “Maestro Zenón Garrido”, en el que recibimos fotos-denuncia de alumnado y de docentes de nuestra Comunidad. Es sorprendente y, a la vez, necesario, visibilizar la realidad de nuestros colegios e institutos, de una manera poética; en ocasiones, hasta con toques de humor. Pero cuando lo que parece ficción resulta que es cotidianeidad, tenemos un gran problema. Clases con humedades más que evidentes, regletas fijas ancladas al suelo con el consiguiente peligro de caídas, acristalamientos deficientes, goteras en cubiertas de gimnasios o pabellones…Desde la dirección de los centros, nos comentan que en la Administración Autonómica les dicen que el mantenimiento es competencia de la Administración Local y esta última dice lo contrario. Como afirma el dicho popular, “unos por otros, la casa sin barrer”.

Por otro lado, no hay que perder de vista que, el azote recibido por las familias durante y tras la pasada crisis económica, hace más necesario que nunca la potenciación y mejora de aquellas medidas tomadas para garantizar la calidad, gratuidad y accesibilidad a los niveles obligatorios de la educación en España, de tal manera que las clases medias no huyan de la enseñanza pública y dispongan de igualdad de oportunidades en el acceso a la formación  postobligatoria y universitaria, pues son inversiones de futuro en el capital humano de nuestro país, elemento imprescindible para el desarrollo y generación de riqueza de cualquier nación que desee alcanzar unos niveles aceptables de bienestar para todos sus ciudadanos.

Llama poderosamente la atención ver cómo centros públicos que hasta hace pocos cursos contaban con hasta tres líneas educativas se han quedado con una en la actualidad, mientras que centros privados o concertados las mantienen con menos de la mitad de alumnado de la ratio máxima permitida: sirvan como ejemplo los datos de los centros infantiles de Montánchez (8,36) y Hornachos (10,00).

Desde PIDE no entendemos por qué se está laminando la escuela pública, sobre todo, la rural, en beneficio del negocio de la privada-concertada, y lo manifestamos en cada mesa sectorial o de negociación con la Consejería de Educación.

Este triste panorama general se repite e intensifica en algunos casos en la red de centros públicos docentes extremeños donde el estado de desidia y abandono en cuanto a la conservación y/o reparación de sus instalaciones hace que las condiciones mínimas exigibles de habitabilidad y salubridad no se cumplan en ningún caso.

Cuando en nuestras visitas a los centros educativos descubrimos estas deficiencias y nos interesamos por la problemática, siempre desde los equipos directivos recibimos idéntica respuesta: “está solicitado oficialmente pero nos dicen que no hay presupuesto”… eso sí, acumulan en sus almacenes una respetable cantidad de material tecnológico que llegó en sus embalajes originales sin haberlo pedido, ni ser necesario, inversión que podía haberse materializado en la retirada de elementos nocivos en las cubiertas (amiantos), aislamientos térmicos, mejora de las instalaciones de calefacción, reparación de goteras y humedades, adecentamiento de baños… Quizás el problema radique justo aquí, en que se hacen políticas de inversión educativa sin contar con la propia comunidad educativa, modelo clásico y obsoleto que parece que nadie está dispuesto a cambiar...

Una vez salvado el trámite presupuestario, no es mejor el escenario que se presenta a la hora de gestionar los preceptivos permisos y licencias para la realización de obras de construcción, ampliación o rehabilitación, las disfunciones originadas por los calendarios de ejecución de las mismas cuando no coinciden con los periodos de vacaciones escolares con las consiguientes incomodidades que ello acarrea, así como las situaciones en las que obligatoriamente hay que “desplazar temporalmente” a alumnos y profesores a otros centros educativos o en aularios prefabricados con los consiguientes problemas de masificación de los centros receptores.

Como decía Valle Inclán, el mundo es una controversia, si bien, está en nuestras manos influir para que no sea así, para que políticas educativas se consensúen con toda la comunidad educativa, para que se lleve un control exhaustivo de las necesidades de cada centro y se prioricen las obras o reformas que hacen que, al entrar en algunos centros educativos, retrocedamos unas cuantas décadas. Las nuevas construcciones son un regalo para la ciudadanía, pero de nada sirven cuando son en grandes urbes y se hacen en perjuicio de las instalaciones de la escuela rural, donde las fotos para los periódicos no son tan majestuosas ni espectaculares, pero es donde reside el alma del sistema educativo público extremeño: en nuestros pueblos. No lo perdamos de vista...

 Servicio de Salud y Riesgos Laborales del Sindicato PIDE

 

La amenaza de los titanes

El ‘pin parental’ es una amenaza que pretende erosionar a la escuela pública

 

Raúl Fernández. 14/11/2019

Los titanes que precedieron a los doce dioses olímpicos simbolizaban las fuerzas oscuras de una naturaleza enemiga de la civilización. Se trataba de deidades castradoras que, como Cronos, devoraban a sus hijos. En nuestro mundo se están desatando fuerzas igualmente oscuras y tiránicas. Bajo un aparente velo religioso, esconden la barbarie inherente a las potencias desterradas al inframundo gracias al imperio de la ley y de la democracia.

Algo así representa el pin parental, una amenaza que pretende erosionar a la escuela pública, sumida en una crisis que hunde sus raíces en la desconfianza y en el miedo creciente de la sociedad hacia uno de sus pilares constitutivos.

A este respecto, la Secretaría General de Educación ya ha advertido a los directores de colegios e institutos de que es ilegal que las familias impidan la impartición de contenidos relacionados con la educación afectivo-sexual, la igualdad de género o la lucha contra la xenofobia. Fuera de Extremadura, son muchas las entidades que han denunciado que el pin parental de Vox y de Hazte Oír es una monstruosidad que quiere evitar que los niños sean educados en el respeto a los derechos humanos y al colectivo LGTBI.

Detrás de toda esta campaña se esconde un objetivo aún más pernicioso: hacer creer que nuestras escuelas arrancan a los hijos de sus familias adoctrinándolos, como si la democracia española fuera un régimen totalitario que quisiera imponer un orden nuevo frente al cual hubiera que defenderse. Sembrar esta semilla de odio y de desconfianza atenta contra la autoridad del profesorado y del mundo público al que representa.

Hannah Arendt nos enseñó que la escuela es una esfera intermedia que intercalamos entre el mundo público y el dominio privado del hogar con el fin de que los jóvenes puedan caminar libremente de la familia al mundo en el que han de convivir como adultos. Esta transición solo es posible cuando se les permite aprender los valores constitucionales compartidos que definen la esfera pública, valores que se materializan en un Estado social y democrático de derecho que es, precisamente, quien exige la asistencia de los niños a la escuela. Maestros y profesores tienen la responsabilidad de enseñarles a los niños cómo es nuestro mundo compartido. Si las familias o el Estado coartan su libertad, se elimina también su autoridad, que no es otra que su responsabilidad intransferible para con ese mundo en el que todas las personas deben tener derechos. En tanto que esfera intermedia entre lo privado y lo público, la escuela debe proteger a los niños, tanto de sus familias como del Estado. Prohibir esta responsabilidad a través de iniciativas perversas como la del pin parental es impedir que los profesores ejerzan su competencia para transmitir su conocimiento del mundo y del bagaje necesario para desenvolverse en él. Y esto es tanto como decirles a los niños: nos lavamos las manos, somos inocentes con respecto a vuestra suerte o con respecto a un mundo del que no podemos hacernos responsables. Si sois devorados por vuestros padres o por el mundo, no vengáis a pedirnos cuentas.

*Profesor de Filosofía y delegado de PIDE

"La subjetividad como criterio de selección"

Alfredo Aranda Platero
04/11/2019

La subjetividad, en mayor o menor proporción, formará parte siempre del proceso de selección de personal docente; pero, en cualquier caso, habría que minimizar su impacto.

Si los opositores de un tribunal fueran evaluados, al mismo tiempo, por dos tribunales distintos, podríamos ver al final del proceso que la lista de seleccionados, entregada por ambos tribunales en la Delegación Provincial correspondiente, no sería exactamente la misma. Nos podríamos encontrar a opositores suspensos en un tribunal que estuviesen aprobados en el otro u opositores con notas muy dispares, dependiendo del tribunal que les hubiese evaluado.

Los opositores y, sobre todo, los interinos conocen esta realidad y cargan, con toda la razón, contra ella. Cada año que pasa nos encontramos con más recursos y contenciosos contra las oposiciones en muchas especialidades de las convocadas, y todo ello en un ambiente cada vez más beligerante y enrarecido antes, durante y después del proceso; lo que me lleva a pensar que el actual modelo de acceso está agotado.

Es necesario un nuevo sistema ordinario de acceso a la función pública docente, que esté lo más alejado posible de la subjetividad (con exámenes no eliminatorios) para que el resultado final del proceso de oposiciones se acerque, lo más posible, a una selección objetiva de docentes.

En las oposiciones de 2018 y 2019 el proceso transitorio, para facilitar la funcionarización del colectivo de interinos, no solo era una necesitad, sino también una obligación por parte del gobierno. De nada valió que los sindicatos tradicionales y el gobierno firmaran un «acuerdo para la mejora del empleo público» por el que se perseguía estabilizar los puestos de trabajo pero no a sus ocupantes, los interinos; porque, al final, muchos de ellos fueron –y volverán a serlo de nuevo– los paganos de una situación que no han provocado y de un sistema que no les garantiza que su carga de formación, experiencia y méritos sean tenidos en cuenta.

Un docente es una parte de formación y muchas partes de experiencia; es tan obvio que sonroja tener que recordárselo a todos aquellos mandamases del gobierno de turno, y organizaciones sindicales adláteres, que han podido sacar adelante una transitoria, para favorecer la funcionarización del colectivo de interinos, y no lo han hecho. Para más inri vemos cómo sindicatos institucionalizados tienen convenios con academias, cuando no las regentan, para aprovecharse de la situación de desespero de los opositores y hacer su particular agosto.

Los interinos tienen experiencia y formación que es el verdadero MIR del sector docente; el DIR del que hablan los políticos ahora como si hubieran descubierto las américas. Un MIR educativo sería el peor de los sistemas de acceso a la función pública. De entrada para acceder a la Residencia Interna habría que superar un examen de superiores dificultades a las actuales y, lo que es peor, los interinos se convertirían en trabajadores precarios en semiesclavitud sin que nadie le asegurara obtener la plaza al final de la Residencia.

El ambiente está enrarecido por tanta desilusión e impotencia, que es el caldo de cultivo perfecto para telepredicadores que prometen el paraíso de la plaza sin mancharse las manos. Unos tenían el poder, y los medios, para dar solución a la estabilidad de los interinos y no han querido hacerlo; otros, les prometen lo que los primeros les negaron, y los interinos, en medio, sin entender nada y abandonados al vaivén de los titulares de prensa sobre protestas, impugnaciones, directivas europeas…, preguntándose, a cada instante, qué habrá de verdad en todo lo que se dice, se afirma y se desmiente.

Lo único claro es que los sindicatos de clase firmaron un «acuerdo» sin transitoria (mal acuerdo, pero vinculante); esta es la realidad y lo demás es el deseo. El deseo de estabilidad no pasa por convertirse en funcionario laboral fijo discontinuo, pues empeora las condiciones y no asegura el trabajo; tampoco la condición de indefinido no fijo mejora la condición de interino docente; la única condición administrativa mejor que la de interino sería la de funcionario de carrera, y esa opción ha sido torpedeada con un acuerdo que pasaba por ser una solución y está siendo, y será, para muchos, el origen de una pesadilla.

*Vicepresidente de PIDE.