“El lugar de enseñanza de la asignatura de religión, que tiene que ver con la fe, no es un centro educativo, debe ser un edificio eclesiástico”
La
Conferencia Episcopal reconoce que la matriculación de alumnos en la asignatura
de religión ha bajado del 60%; es decir, pierde alumnos rápidamente. Sin
embargo, la factura que el Estado paga no baja, sino que sube: 115,9 millones
de euros, la mayor cantidad de dinero en los últimos años (para la asignatura
de religión no parece haber crisis).
Este gasto está circunscrito a Andalucía, Aragón, Cantabria,
Canarias y Ceuta y Melilla. En las demás comunidades autónomas, incluida
Extremadura, los sueldos de los profesores de religión los costean los
ejecutivos autonómicos. Así que la factura final supera con creces los 115,9
millones de euros.
Estamos
ante una anomalía en toda regla; primero, porque el personal que imparte la
«asignatura» de religión no ha pasado por ningún tipo de oposición que respete
los principios de igualdad, mérito y capacidad y, segundo, porque el Estado no
tiene la obligación de pagar los gastos de unas enseñanzas que deberían estar
fuera de los centros educativos y limitarse a las iglesias, centros
parroquiales y edificios consagrados.
En ningún momento me opongo a la enseñanza de la religión; todo lo
contario, pues creo en la libertad de culto y en la obligación del Estado de
garantizar dicha libertad, pero su doctrina debe ser impartida en el ámbito que
le corresponde.
Extremadura se mantiene como la comunidad en la más alumnos
reciben enseñanzas de religión católica, el 83,5 % en el curso 19/20 (en
el curso 2000-2001, era del 97 %); aunque la matriculación va disminuyendo, lo
hace a un ritmo más bajo que en otras comunidades. En todas las comunidades
bajan las matriculaciones, pero es en Baleares donde el número de estudiantes
de religión ha disminuido de forma drástica a un 27%.
En bachillerato (según datos del MEyFP), cuando los alumnos son
menos manipulables, la demanda de matriculación disminuye de forma clara en los
centros públicos, bajando del 30%. La entrada en vigor de la LOMLOE que trae
consigo la pérdida de peso de la religión en el currículo (dejará de ser
computable para la nota media en el Bachillerato) debe ser la puntilla para
esta asignatura.
El lugar de enseñanza de la asignatura de religión, que tiene que
ver con la fe, no es un centro educativo, debe ser un edificio eclesiástico, en
horario vespertino y sus profesores pagados por la iglesia. Así se respetaría
el principio de laicidad del Estado que marca la Constitución y la iglesia
podría impartir las clases de religión, en pos de la libertad religiosa, en sus
edificios y con recursos propios.
También sería muy ajustado a la idiosincrasia de la Carta Magna la
desaparición de los conciertos educativos, de forma ordenada y planificada; no
olvidemos que más del 80% de los centros concertados son de la iglesia
católica.