Ratios a la carta o la liquidación de la educación pública
Y toda esta infamante acción, planificada con nocturnidad y alevosía, adquiere el dramatismo más atroz cuando la educación privada sigue con sus subvenciones, con sus conciertos y con sus ratios a la carta
Indignación generalizada mezclada con
una impotencia difícil de gestionar, son los síntomas que están
provocando a infinidad de docentes, en mi caso, por lo menos, así ha
sido, la agresión que está sufriendo la educación pública por los
recortes brutales de plantilla que la inspección educativa ha propuesto,
látigo en mano, aplicando los criterios técnicos estrictos establecidos
por la Consejería de Educación y Empleo, que llevará a cientos de
profesores a perder su plaza (los que más lo van a sufrir serán los
interinos); pero no contentos con esta erosión de lo público, tampoco el
2% prometido de subida salarial se llevará a cabo y los docentes
seguiremos acumulando pérdida de poder adquisitivo, que en los últimos
diez años supera el 20%.
Y toda esta infamante acción,
planificada con nocturnidad y alevosía, adquiere el dramatismo más
atroz cuando la educación privada sigue con sus subvenciones, con sus
conciertos y con sus ratios a la carta, dado que las ratios que no se
permiten en la educación pública, sí se permiten en la concertada para
que esta no sufra recortes y se mantenga a flote.
Quizá algún residuo ideológico les quede todavía a quien
nos gobierna en alguna profunda oquedad a la que los tecnócratas
encarnecidos no hayan tenido acceso todavía. Si así fuera, si a nuestros
gobernantes les quedara algo de la ideología que llevan por bandera,
deberían parar estos recortes injustificados y dañinos que socavan la
educación pública y manda a la calle a un gran número de docentes.
Arguyen
que no tienen dinero, pero mantienen contrataciones a dedo de asesores
en las empresas públicas, o mantienen los conciertos con los centros
privados que cuestan más de 82 millones de euros al año (sin contar con
otras ayudas de programas diversos que reciben), cuando los conciertos
ya nos son necesarios porque la red pública puede asumir las necesidades
de escolarización de todas las localidades extremeñas.
Reduciendo
gastos innecesarios podrían equilibrar los presupuestos para hacer
frente a todos los compromisos adquiridos y pagos pendientes: no
recortar plazas en la educación pública, asumir el pago del 2%
comprometido, implantar la carrera profesional, mantener la reducción
horaria de mayores de 55 años en todos los niveles educativos no
universitario y un largo etcétera.
Por muchos años
que pasen, si comenten esta tropelía, nunca llegarán a despojarse por
completo de la ignominia que cometieron en tiempos de la pandemia,
quedará grabado para siempre en la memoria de cientos de docentes que se
quedarán sin plaza y de otros muchos que tendrán que trabajar con
ratios abultadas.
Allá por 1985 la red pública no
podía asumir la demanda de escolarización, por esa razón se empezaron a
concertar unidades con los centros privados. De hecho la concertación
nació con el único objetivo de concertar unidades solo allí donde la
educación pública no llegara; pero una vez que la red pública se
ampliara (el artículo 27 de la Constitución refleja la necesidad de
construir centros educativos) los conciertos dejarían de ser necesarios;
sin embargo, los conciertos han seguido creciendo y en Madrid o
Barcelona, por ejemplo, ya superan a lo público.
Los
defensores de la educación concertada se aferran al argumento
demagógico, o argumento de subsistencia, de que la concertación responde
al respeto que hay que tener al principio constitucional de libertad de
enseñanza. En España existe efectivamente, según señala la
constitución, la libertad de enseñanza; pero dicha libertad debe
ejercerse entre lo público y lo privado y, por tanto, está asegurada.
