La conocida como Organización Sindical Española (OSE), fue el único «sindicato» autorizado durante la dictadura franquista: nació en 1940 y se disolvió en 1977. En el mismo año y en el mismo mes que el pseudosindicato cesó su actividad, diciembre de 1977, nació el CSIF. Uno de los fundadores, y su primer presidente, Andrés Borderías Martín, fue candidato a procurador de Franco en Cortes Españolas; es decir, en román paladino, diputado franquista a dedo (ese mismo dedo que mandó a España a los infiernos durante 40 años). Poco más se podría añadir; no obstante, daré algunos datos más que son clara prueba de una realidad palmaria inmune a cualquier intento de ocultación o disimulo.
Sobre el CSIF siempre ha gravitado la sospecha de ideologismo extremo por cuestiones obvias –el pasado es un delator implacable–, pero han sabido bien nadar entre aguas turbulentas para diluir la sospecha. Uno de sus pilares básicos es la defensa de cuantas más horas de religión en la escuela mejor; otro, la protección de la iniciativa privada ligada a todos los sectores, pese a que para distraer dichos posicionamientos dicen defender lo público.
El CSIF es un sindicato ultraconservador y confesional, ante las evidencias pocas dudas hay al respecto; no olvidemos que, además, esta organización apoyó las manifestaciones, junto a lo más granado del extremismo patrio, a favor de la Ley Mordaza del pasado mes de noviembre de 2021 (esa norma predemocrática que le quita libertades a la ciudadanía). Por tanto, cualquier duda queda disuelta. Podríamos decir, para establecer una imagen exacta, que es un sindicato entre «eclesiástico y castrense».
Esta realidad es probable que hasta una gran parte de sus delegados y prosélitos la desconozcan, hasta ahí llega la capacidad de sus dirigentes de gestionar una realidad que les resulta incómoda, no porque renuncien a ella, sino por las repercusiones que puedan ocasionarles.
Uno puede tener la ideología que prefiera –estamos en un estado democrático–, pero esconderse detrás de la “i” de independiente para tapar la realidad es, cuando menos, poco fiable. Si ellos mismos no se fían de sí mismos, de la aceptación que pueda tener que los funcionarios adviertan la verdadera naturaleza de su idiosincrasia, de su posicionamiento ideológico extremo y tienen que esconderse detrás de una letra, estamos ante una contradicción existencial que genera desconfianza en las verdaderas intenciones que persiguen; porque si no fuera así se mostrarían abiertamente.
Decir lo contrario de lo que se sabe o se piensa es mentir. La mentira sindical tiene un objetivo muy concreto: conseguir captar apoyos entre los trabajadores para mantener el estatus sindical lo más alto posible.
Es habitual que esta organización establezca como modus operandi recurrente, una estrategia preelectoral definida por algún hecho efectista para atraer la atención del electorado. Antes de cada elección sindical han gritado a los cuatro vientos que nos quitan MUFACE y que solo ellos pueden evitarlo, también aseguran que ellos son los que han conseguido la vuelta a las 18 horas en secundaria o la mejora de las condiciones laborales de los docentes (que hemos negociados todos los sindicatos), otras veces provocan el pronunciamiento de la Mesa General, con la connivencia de instancias administrativas, en fechas cercanas a la elecciones sobre algunos aspectos que despiertan la atención mediática y, por supuesto, escenificarán movilizaciones en fecha cercanas a la elecciones (sindicales y políticas) cuando llevan callados muchos años. El engaño, las medias verdades, los bulos…, no deberían formar parte de la naturaleza ni de partidos políticos, ni de medios de comunicación, ni, por supuesto, de organizaciones sindicales.
El 4 de marzo de 2020 aconteció un ejemplo palmario de una farsa en toda regla cuando la organización sindical objeto de este artículo, se concentró para “protestar”, haciendo una escenificación teatral, en la Calle Morerías de Mérida, cuando la reunión fatídica, donde se estaba decidiendo perjudicar a los docentes de secundaria volviendo a las 19 horas lectivas y sacrificando la carrera profesional en Administración General y Sanidad, se desarrollaba a más de 3 kilómetros de distancia, en la Avenida Valhondo (sede de la Consejería de Educación). Mientras se concentraban daban el visto bueno al terrible acuerdo; al menos, así se reflejaba en la nota de prensa que la consejería publicó asegurando que los acuerdos habían sido rubricados por sus sindicatos tradicionales (por el tripartito sindical).
Más cercano en el tiempo fue la huelga de diseño de un día convocada el 30 de mayo de 2022 para protestar por el adelanto del periodo lectivo al 6 de septiembre, cuando en la mesa sectorial previa del 5 de mayo votaron a favor de ese calendario escolar propuesto por la Administración (el acta de la reunión es clara prueba). Después, a pesar de ellos, se pudo reconducir la situación para que el periodo lectivo empezara el día 12.
Para terminar con este análisis somero de las realidades sindicales que nos rodean, añadir que en diciembre de 2020 la Consejería de Educación daba una rueda de prensa quedando claro que los interinos con vacante se incorporarían el 1 de septiembre de 2021, dado que había dos sentencias (la primera, la número 62/2020 del sindicato PIDE) que ya reconocían este derecho; sin embargo, el CSIF, como buen heredero del sindicalismo vertical, obvia la sentencia de PIDE, a la que aludía también la consejería, e intentan, sin conseguirlo, sacarnos de la foto.
Podría seguir citando ejemplos, pero no quiero convertir un artículo en un ensayo sobre las miserias del pseudosindicalismo, ni tampoco tendría espacio suficiente, ni tiempo, para acometer tamaña obra titánica.
Alfredo Aranda Platero (Vicepresidente Sindicato PIDE)
