Tratado de incoherencia. Por Alfredo Aranda Platero. Publicado en Extremadura7dias.com

Bien pudiera ser este el título de un estudio que demostrara cómo determinadas organizaciones, no solo sindicales, profesan unos principios que después no llevan a la práctica, o lo que es peor, directamente sus fundamentos ideológicos están en las antípodas de la defensa de lo público. Pero no, no tengo tal pretensión; simplemente reflexiono de forma somera sobre la incoherencia.

Groucho Marx decía: «Estos son mis principios. Si no le gustan tengo otros», una frase dicha desde el humor pero que encierra una triste realidad, que bien podríamos completar con otra cita de Georges Clemenceau: «El poder, la más completa de las servidumbres». Entre Groucho y Georges han hecho la descripción perfecta, poco más hay que añadir, de una realidad que vertebra el sistema y que somete voluntades políticas, sindicales, sociales, etc.

Existen, por ejemplo, organizaciones sindicales que defienden la religión en la escuela, cuando deberían defender la acofesionalidad del Estado; o se posicionan con estudiada ambigüedad, en lo referente a la dicotomía entre la escuela pública y la concertada.

No es coherente que la misma organización sindical defienda los intereses de la pública, de la concertada, de la privada y de la Religión, un totum revolútum para intentar abarcarlo todo en una especie de omnipresencia sindical en la línea de la divinidad. Al final pierde lo público, dado que desaparecen, a manos llenas, unidades educativas en la escuela pública mientras se mantienen los conciertos.

El recurso de acudir al “sindicato de clase” para justificar que se puede defender una cosa y su contraria no vale siempre. Ser “sindicato de clase” no justifica mirar para otra parte cuando no se respeta la aconfesionalidad de Estado, tampoco es excusa para permitir que la escuela pública tenga cada vez menos unidades mientras los conciertos persisten. No. Los sindicatos tradicionales necesitan hacer una profunda reflexión, de lo contrario cada vez irán perdiendo más apoyo y su credibilidad, ya en horas muy bajas, irá cayendo más si cabe.

Cambiar las cosas no está en manos de los que están, porque lo que están nos han traído a esta orilla; quien no se ahogó en la travesía ha quedado encallado en el fango. Y de ahí solo es posible salir si hacemos causa común y nos enfrentamos juntos a las endogamias institucionales y sindicales.

A los políticos y a los sindicatos institucionalizados solo se les puede “toser” cada cuatro años, el resto del tiempo tienen, desgraciadamente, patente de corso. Cuando llegan las elecciones salen a la palestra con un “buenismo” enternecedor, con discursos inclusivos, con promesas a la carta… después recogen sus votos, los guardan en el trastero, y siguen con su vida; salvo, claro, que los votos nos les lleguen y, entonces, son ellos los que se van a parar al trastero.

Cuando lo concertado avanza lo público retrocede. En Madrid, por ejemplo, la herencia de la ínclita expresidenta de la Comunidad Esperanza Aguirre dejó una terrible herencia: más centros concertados que públicos. Los sindicatos deberían definir qué defienden: si lo público, lo concertado o lo privado. Mi máximo respeto al sindicato sectorial que defiende cualquiera de las tres opciones en exclusividad; ahora bien, aquellos otros sindicatos que dicen defender a la escuela concertada y también a la pública, cuando el crecimiento de una supone el decrecimiento de otra, no tiene sentido alguno.

No vivir de subvenciones es, también, un indicador de calidad sindical; dado que la organización que se mantiene con recursos propios no está sometida a la presión que ejerce quien pone el dinero. Un sindicato sectorial, sin subvenciones, sin sedes sindicales regaladas y lujosas y sin deudas de ningún tipo con la administración debería ser la normalidad; pero, muy al contrario, es la excepción.

A nosotros, a PIDE, ser la excepción no solo nos llevó a ganar las elecciones en el sector público de enseñanza en 2014, sino también a asentar definitivamente las bases de un sindicalismo libre, ajenos a extrañas presiones.

Que la excepción se convierta en normalidad solo puede conseguirlo la gente de a pie, que tiene mucho más poder de lo que piensa; por el simple hecho de los otros son cuatro y la gente son millones. En la parcela de educación pública en Extremadura somos alrededor 16.000 mil docentes, caudal abundante y suficiente para arrastrar a su paso a todo aquel que quiera dañar a la educación pública, como si de un tsunami bíblico se tratase.

POR: Alfredo Aranda, vicepresidente de PIDE.

Sindicatos concertados. Por Alfredo Aranda Platero. Publicado en elsaltodiario.com

Que el descafeinado sindicalismo actual de los sindicatos tradicionales dista mucho de sus orígenes es algo tan evidente que no requiere esfuerzo alguno en demostrarlo; podríamos considerarlo un axioma. Primero habría que aceptar esta realidad, para poder después cambiarla.

Los sindicatos autoproclamados de clase han pasado del sindicalismo revolucionario al institucionalizado, aceptando subvenciones millonarias, y otros privilegios, a cambio de “paz social”. Se han convertido, podríamos decir, en un cinturón de protección para la administración. Estar a cargo de los Presupuestos Generales del Estado constituye un contrasentido en sí mismo, porque la obligación de un sindicato es enfrentarse el Estado, al gobierno de turno, en la defensa de los trabajadores. Que eso pasara con la OSE, el sindicato vertical de Franco, es comprensible; pero en una sociedad democrática da pavor que el modelo vertical se repita.

Las subvenciones, concedidas tanto por el Gobierno central como autonómico, son de todo tipo y no están sujetas a la fiscalización de la Intervención General del Estado, dado que los sindicatos no están obligados a publicar sus cuentas. Esta falta de transparencia pactada hace albergar muchas dudas sobre el destino final de dichas subvenciones.

En 1981, el gobierno de turno, la asociación de empresarios y varios sindicatos suscribieron el Acuerdo Nacional de Empleo, donde se institucionalizaron, en los Presupuestos Generales del Estado, las subvenciones sindicales. Por aquel entonces también se llegó a un Acuerdo de Patrimonio Sindical, que quedaría ampliado con la Ley de Patrimonio Sindical Acumulado de 1986 y el Decreto-Ley de 2005 por el que se modificaba la anterior Ley. Dichas leyes otorgaban a los sindicatos de clase el uso de 1.168 inmuebles que pertenecieron a la organización sindical vertical (el sindicato de Franco). 1981 quedará marcado para siempre como una fecha aciaga: el sindicalismo puro murió en España y fue sustituido por macroestructuras sostenidas por el Estado.

Cientos de inmuebles regalados y cientos de millones en subvenciones acercan a los sindicatos al poder y los alejan de la razón. La lucha de clases pasa a ser una entelequia y los sindicatos favoritos del Estado se convierten en estructuras institucionalizadas.

Más dinero

En 1992, sindicatos tradicionales y la CEOE se incorporan al primer Acuerdo Nacional de Formación Continua en las Empresas (ANFC), donde se moverán grandes cantidades de dinero y que tendrá continuidad en años posteriores.

Para recoger la espléndida financiación, llegada desde el Gobierno de España y de Europa, crean la FORCEM (fundación para la Formación Continua en la Empresa) que, ¡oh, sorpresa!, está integrada y gestionada por ciertos sindicatos, los de siempre, y que solo durante el primer Acuerdo (1992-1995) recibió 231.295 millones de “pelas”. Sin embargo, esta fundación fue fiscalizada por el Tribunal de Cuentas que detectó un sinfín de anomalías: número falso de alumnos, cobro de enseñanzas gratuitas, ausencia de cursos declarados, etc. Pero no queda ahí la cosa, el Tribunal de Cuentas siguió encontrando anomalías en años posteriores.

Sin embargo, nada ocurrió tras descubrirse las anomalías. La FORCEM pasó a llamarse Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo y, más tarde, Fundación Estatal para la Formación en el Empleo (Fundae), que sigue recibiendo millones a espuertas. No deja de ser esclarecedor este ir cambiando de nombre cada cierto tiempo.

La legislación actual asegura, por una parte, que los sindicatos cercanos al Estado dispongan de importantes sumas de dinero y, por otra, el monopolio del sindicalismo institucionalizado. El poder se asegura con ello la paz social a cambio grandes subvenciones. Los sindicatos, por su parte, teatralizan un teórico enfrentamiento con el poder con una huelga general de un día por año y algunas concentraciones por la tarde fuera del horario laboral, trufadas de grandilocuentes intervenciones de sus líderes. Después guardan las pancartas y asunto terminado.

Los sindicatos deberían ser libres, no estar atados al Estado, para luchar sin ambages por los derechos de los ciudadanos. Deben renunciar a las subvenciones millonarias que les da el gobierno y mantenerse con recursos propios (como hacen los sindicatos alemanes, por ejemplo). La defensa del trabajador necesita necesariamente, para no quedar comprometida, de la independencia sindical.

Solo pública. Por Alfredo Aranda Platero. Publicado en el Periódico Extremadura

   Los representantes sindicales de los docentes de la concertada, algunos de ellos dicen también representar a la pública, reclaman igualdad con los profesores y maestros que trabajan en el sector público de enseñanza; pero que esa igualdad no pase, por una selección de personal que respete los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad; eso solo para la pública.
No olvidemos que la educación concertada es un negocio sostenido con fondos públicos y, como cualquier negocio solo busca su propio beneficio; de hecho, además de estar subvencionada con dinero de los impuestos, también reciben dinero de las familias por diversas vías: pago de actividades, venta de material de todo tipo (libros, chándales…), donativos, etc. Si un colegio privado-concertado recibe subvenciones públicas para que la enseñanza sea gratuita no debe cobrar ni un euro a las familias y la Administración debe velar porque así sea.

   En la mayoría de los centros concertados investigados por la OCU las familias tenían la obligación de pagar alguna cuota (500 euros anuales de media). En alguna ocasión hemos hecho referencia a este estudio de la OCU que concluyó que los colegios concertados son un 70% más caros que los públicos.

   Siempre repetiré, hasta la saciedad, que la educación pública es la única garante de la igualdad de oportunidades y de la cohesión social, porque es democrática, no ideologizada, integradora e inclusiva, donde todos los alumnos son atendidos por igual: niños con necesidades educativas, alumnos de diferentes etnias, razas, cultura, etc. ¿Asume esa diversidad la enseñanza privada-concertada?

   Casi todos los centros concertados son religiosos y como tales tienen, entre sus objetivos, una clara misión evangelizadora (predicar la fe) que cumplen con deleite vocacional, pero con dinero público. Es un contrasentido, de proporciones planetarias, que un gobierno de un país aconfesional y que se proclama, a la mínima ocasión, de izquierdas financie con el dinero de todos la catequización de infantes que no pueden, por sí solos, oponerse a ningún tipo de adoctrinamiento religioso o político.

   La educación pública tiene alumnos y la privada-concertada tiene clientes. La diferencia es aterradora. Es una realidad palmaria que no encontrarás un centro privado en una zona donde haya pocos alumnos, pocos clientes; a esas zonas llega lo público, porque la educación de todos no busca beneficios económicos, pretende objetivos más altos.

    No olvidemos que la libre elección de centro de la que habla la Constitución, y a la que tanto aluden los defensores de la educación concertada, está plenamente garantizada entre lo público y lo privado; la concertación es, simple y llanamente, una anomalía democrática. La familia que quiera que sus hijos se eduquen en un centro privado que sufrague con recursos propios su coste. Regalar dinero público para sostener negocios privados no debería estar permitido por el ordenamiento jurídico.

   En su momento propusimos a los Grupos Parlamentarios presentes en el Congreso de los Diputados, que presentaran una Proposición No de Ley para acometer los cambios estructurales necesarios para que la Educación Pública fuera la única financiada con dinero público. De tal forma que todos aquellos centros privados que quisieran beneficiarse del dinero público, deberían pasar a ser de titularidad pública; y los que no quieran formar parte de la red pública, que se mantuvieran con recursos propios.

*Vicepresidente de PIDE (Sindicato del Profesorado Extremeño).