miércoles, 31 de mayo de 2017

Pruebas LOMCE o los “distractores” de la educación. Publicado en el Diario Hoy. Por José Antonio Molero



Pruebas LOMCE o los “distractores” de la educación

El tiempo es oro. ¿Qué duda cabe? Pero cuando se trata del tiempo de nuestros estudiantes sometidos a la presión académica, cuando están cerca los exámenes finales, cuando se están jugando su futuro… ese tiempo que se dedica a otras cosas puede llegar a provocar grandes estragos.
Siempre hablamos de los “distractores” internos (aquellos que dependen del individuo: el sueño, el hambre, los problemas familiares, los conflictos personales…) y de los externos (las redes sociales, los móviles, el ambiente de trabajo, el entorno…). También hablamos de las causas que los provocan. Sin embargo, en pocas ocasiones nos paramos a pensar en las distracciones que nosotros, como docentes, que la administración y, en general, que el sistema educativo podemos llegar a crear. Nos hemos convertido en un causante más de la distracción que sufren nuestros alumnos.
De todos es sabida la necesidad de la evaluación, sin duda alguna es uno de los pilares de la educación. Desde el momento en que esto es así es absolutamente imprescindible que se haga de una manera rigurosa, precisa y ajustada a la realidad, pero sobre todo, siempre y cuando sea necesaria.
En estos momentos estamos sufriendo la obsesión de la LOMCE y de su parisino artífice por evaluar. Tenemos evaluaciones para todos los gustos, para alumnos de tercero de primaria, para alumnos de sexto de primaria, para los de cuarto de la ESO, para bachillerato, en fin… un amplio espectro evaluativo que hasta nuestros alumnos, con tanto chequeo, se han convertido en auténticos profesionales de la evaluación, como si no tuvieran bastante con los que hacen a lo largo de todo el curso.  Esto me lleva a pensar para qué sirven unos u otros. ¿Estamos duplicando el proceso evaluativo? Porque, de hecho, todos los docentes evalúan a sus alumnos trimestral y anualmente.  ¿No basta con esto?
         Mucho se ha hablado ya de los propósitos de estas evaluaciones. Para algunos, pruebas esenciales en el proceso educativo; para otros, oscuras herramientas de calificación. Pero lo que están demostrando una y otra vez es que son un auténtico estorbo en el día a día de las aulas.
         Raro es el año en el que no vemos algún escándalo en torno a estas pruebas. Creo recordar desde filtraciones de exámenes, hasta el uso de exámenes sin licencia del autor e incluso el plagio de alguno de ellos. Pero este aspecto, al fin y al cabo, solo denota la calidad y el sentido de estos controles.
         Esta situación se complica aún más cuando los resultados tocan el prestigio de los centros. ¡Aquí es donde duele! Todos queremos que nuestros hijos estudien en los mejores centros, y ahora con la abundante oferta en nuestras ciudades, las empresas que se dedican a la educación a través de conciertos con las administraciones es donde se la juegan. ¿Y qué hacer para quedar bien en las pruebas? Practicar, practicar y volver a practicar… hasta que los estudiantes sean expertos en exámenes, aunque esto conlleve grandes lagunas curriculares. Se abusa del tiempo dedicado a la preparación de estas pruebas, solo con el objetivo de que el centro quede entre los mejores.
Muchos se escudan en la necesidad de participar en el famoso informe PISA. Recordemos que este informe lo elabora, aunque auspiciado por la OCDE, un holding de empresas que evalúa a quienes los contratan. De algún modo esto me recuerda a las agencias de calificación bancaria como Standard & Poor’s que puntuaban de forma negativa a los países que no contrataban sus servicios.
Sea como fuere, en estos días en que nos encontramos en medio de las pruebas de primaria, secundaria y bachillerato me surgen algunas preguntas sobre su finalidad: ¿Son para el alumnado en general? ¿Son para los alumnos en particular? ¿Son para los centros? ¿O simplemente meros “distractores”?


José Antonio Molero Cañamero
Delegado del Sindicato PIDE

viernes, 12 de mayo de 2017

Dinero público, educación pública. Publicado en El País. Por Alfredo Aranda (Vicepresidente de Pide)

La Constitución española garantiza en su artículo 27,5 el derecho a la educación y la creación de centros docentes (los que sean necesarios, añado).

Es, precisamente, la falta de centros docentes públicos lo que llevó, hace más de treinta años, a concertar unidades con centros privados para abarcar la demanda existente de puestos escolares que, por aquel entonces, excedía la oferta pública. De hecho la concertación nació con el único objetivo de concertar unidades solo allí donde la educación pública no llegara. Una vez que la red pública se ampliara y abarcara, por tanto, la demanda de escolarización los conciertos dejarían de ser necesarios. Pero después de más de tres décadas la realidad es otra y los conciertos con los centros privados (que nacieron oficialmente con la LODE en 1985) siguen aumentando, incumpliendo el objetivo primigenio. Y todo como resultado de los 40 años de retraso que trajo la dictadura franquista, y que conllevó un parón en seco de los niveles de escolarización por la «medievalización» que trajo a la sociedad y, como consecuencia, una desatención de la red pública de educación. Sin dictadura las necesidades de escolarización hubieran ido creciendo con el paso de los años, al mismo ritmo que en otros países europeos, y la red pública se hubiera ido adaptando, extendiéndose, para dar la respuesta necesaria. La concertación como está concebida en España es, básicamente, una anomalía democrática, un anacronismo, producto de 40 años de oscuridad, que ya no tiene sentido.

Hay centros públicos agonizando por falta de alumnados mientras se conciertan centros privados próximos

Por una parte tenemos un claro incumplimiento constitucional dado que la red pública sigue siendo insuficiente y, por otra, una concertación indiscriminada que rompe el principio de concertar solo allí donde no llegue la educación pública. Nos encontramos con centros públicos agonizando por falta de alumnados mientras se conciertan unidades con el centro privado de al lado, y esto lo hicieron y lo siguen haciendo gobiernos de derechas y de izquierdas.

Los defensores de la educación concertada se aferran al argumento demagógico de subsistencia de que la concertación responde al principio constitucional de libertad de enseñanza. La libertad de enseñanza debe ejercerse solo entre lo público y lo privado y, por tanto, está asegurada. El Estado debe garantizar una enseñanza igualitaria, neutra y laica, alejada de cualquier adoctrinamiento. Solo la educación pública puede garantizar estos principios por lo que debe ser la única financiada con fondos públicos.

En Europa más del 90% del alumnado está escolarizado en centros públicos, sin embargo en España ronda el 70% y, en ciudades como Madrid o Barcelona, lo concertado supera a los públicos.

Un estudio de la OCU concluyó que los colegios concertados son un 70% más caros que los públicos

Los centros concertados deberían desaparecer o ir transformándose en públicos, para ello nuestra organización sindical, PIDE (Sindicato del Profesorado Extremeño), ha instado a los Grupos Parlamentarios presentes en el Congreso de los Diputados, a presentar una Proposición No de Ley para acometer los cambios estructurales necesarios para que la Educación Pública sea la única financiada con dinero público. Tenemos la convicción de que el dinero público se debe emplear en lo público y no en mantener negocios privados, de lo contrario lo que se está haciendo es malversar el dinero del contribuyente.

Lo que nuestra organización sindical ha solicitado es, grosso modo, que las sustituciones o vacantes de los centros concertados se cubran por interinos de las listas públicas, y que las jubilaciones (o cualquier nueva plaza) se oferten en el concurso de traslados para los profesores funcionarios de carrera.

De esta manera los centros concertados irían transformándose en públicos, y los profesores de dichos centros tendrían asegurado su puesto de trabajo hasta la jubilación, ventaja que ahora no tienen (aunque su condición administrativa sería distinta a sus compañeros de oposición).

En este nuevo escenario que se plantea, el centro concertado que no aceptara dicha proposición dejaría de recibir las subvenciones públicas y pasaría a ser un centro estrictamente privado, financiándose con la cuota de los padres de los alumnos que estuvieran escolarizados en dicho centro.

No podemos olvidar que los costes de la enseñanza concertada, superan de largo a la pública. Un estudio de la OCU llegó a la conclusión de que los colegios concertados son un 70% más caros que los públicos. En la mayoría de los centros concertados investigados los padres tenían la obligación de pagar alguna cuota (500 euros anuales de media). La gratuidad de la enseñanza que promulga la constitución debe ser respetada por todos los centros sostenidos con fondos públicos, y la Administración tiene la obligación de velar porque así sea.

Alfredo Aranda Platero es vicepresidente de PIDE (Sindicato del Profesorado Extremeño).