El próximo curso escolar los profesores de
Religión podrán ser tutores para compensar horas. Con esta nueva
ocurrencia de la Consejería de Educación, la función tutorial vuelve a
ser, una vez más, ninguneada. Y es que las tutorías, junto con otros
elementos del currículo educativo como pueden ser la educación ética, la
musical o la artística, las labores de gestión y de dinamización
cultural de las bibliotecas, siguen siendo consideradas por nuestros
gobernantes como monedas de cambio con las que rellenar horarios, meros
instrumentos al servicio de intereses espurios que nada tienen que ver
con el desarrollo pleno de la personalidad de nuestro alumnado.
Al instrumentalizar la función tutorial, la Consejería de
Educación del actual Gobierno de Extremadura compromete no sólo la
calidad de la educación sino también el pilar fundamental de la
convivencia democrática en la escuela y en la sociedad. Una de las
grandes virtudes que atesora la educación pública es la defensa de las
minorías y la celebración de la diversidad como elemento enriquecedor
del aprendizaje y de la convivencia. ¿Qué ocurrirá cuando un docente
religioso tenga que atender en sus tutorías a un niño que sufre bullying
por ser afeminado, o a una alumna trans que lleva toda su vida escolar
sufriendo por no identificarse con su sexo biológico? ¿Qué pasará cuando
un tutor religioso, que defiende en sus clases que el aborto es un
asesinato, tenga que atender a una adolescente que se ha quedado
embarazada? ¿Qué información dará en relación con la planificación
familiar y el uso de métodos anticonceptivos? ¿Qué labores de mediación
realizará este tutor o tutora con la familia y con el Departamento de
Orientación? ¿Cómo atenderá y comprenderá el sufrimiento del que sufre
porque es diferente?
Todos los docentes, al margen de sus creencias morales y religiosas, deben hacer cumplir las leyes y, en especial, aquellas que protegen al alumnado y a sus familias de un sufrimiento innecesario. Proteger a las minorías a las que la Religión condena al ostracismo es hoy uno de los grandes objetivos de nuestro sistema educativo. No solo es ilegal no promover el cumplimiento de estas leyes en los centros educativos, sino que, además, infringirlas va en contra de los fundamentos éticos de nuestro sistema constitucional. Es necesario recordar, frente a la ignorancia ético-filosófica que ha promovido la LOMCE, que el filósofo John Rawls defendió en 1979 que la justicia es una cuestión de equidad y que solamente puede cumplirse cuando todas las personas tienen igual derecho al más amplio esquema de libertades fundamentales que sea compatible con un sistema similar para todos. En el caso que nos ocupa, esto solo puede conseguirse si la educación pública se encarga de defender las identidades minoritarias, entendiendo que las desigualdades económicas y sociales que afectan a nuestro alumnado tienen que estar dirigidas siempre para el mayor beneficio de los miembros más desfavorecidos de nuestras aulas. Las tutorías deben ser garantes de esta condición de la equidad educativa.
¿Quién velará, pues, para que el profesorado cuya fe religiosa está en contra de estas identidades diferentes y minoritarias sacrifique sus creencias personales para defender al alumnado más desfavorecido por su condición de género, de identidad o de orientación sexual?
