«Las aulas para niños de dos años también serán gratis en la privada» (privada-concertada, se entiende). Con este titular –inocente en apariencia– un medio de comunicación extremeño abría una de sus noticias en diciembre de 2023. El nuevo ejecutivo extremeño decide sustraer de lo público para darle a lo privado, cosa que el gobierno anterior, no me cabe duda, también hubiera hecho. Los gobiernos se empeñan en financiar con fondos públicos negocios privados, lo que daña de gravedad a la educación pública. Es verdad que los políticos de ideología progresista tratan a los servicios públicos de forma diferente a como lo hacen los de ideología conservadora (los primeros parecen más protectores), pero también es cierto que al final todos adelgazan las arcas públicas para alimentar a lo privado.
Sostener negocios privados con dinero público es una anomalía democrática, ética y económica: democrática, porque va contra la propia Constitución que en su artículo 27.5 habla de garantizar el derecho a la educación creando centros docentes (no financiando centros privados); ética, porque todo lo que se dé a la privada se le roba a la pública, y económica, porque la red de centros públicos, en la actual coyuntura de natalidad, es suficiente para escolarizar a todos los alumnos sin necesidad de conciertos. El Tribunal Constitucional avaló la retirada de subvenciones a los centros privados-concertados que segregaran por sexo. En realidad, si analizamos con la suficiente dedicación este tipo de centros advertiremos que discriminan también por otros motivos, como todos los que estamos informados sabemos, aunque el Constitucional no ha entrado a valorar esa otra realidad que es igual de grave.
Administración pública, dinero público, educación pública. En esta ecuación no entran los conciertos, están metidos con calzador ideológico en la mayoría de los casos, cuando no como catalizador de toda una batería de intereses pactados entre los poderes fácticos (empresariales, sindicales y gubernamentales) que manejan a conveniencia los pilares fundamentales donde una sociedad se asienta. Y, lógicamente, si un término de la ecuación es erróneo, el resultado final de la operación no puede ser correcto. Los conciertos nacieron en 1985, con fecha de caducidad, para dar una respuesta puntual al exceso de alumnos que en ese momento no podía absorber la escuela pública por la falta de centros educativos producto de los 40 años de retraso que trajo la dictadura, pero han terminado parasitando el sistema, igual que una especie animal que se suelta en un hábitat al que no pertenece y termina desestabilizando todo el ecosistema.
Los centros concertados están muy interesados en captar a los alumnos cuanto más pequeños mejor, para así no soltarlos ya hasta que no concluyan el bachillerato. Las subvenciones son la única manera que tienen de sobrevivir y, de paso, hacer negocio; porque como centros privados lo tendrían imposible, al menos en Extremadura. Por eso el titular con el que empezaba este artículo no es nada inocente, más bien al contrario, es una peligrosa declaración de intenciones de quien rige los destinos de la comunidad.
Los servicios públicos no pueden estar comprometidos por intereses privados, cuyo único desvelo es su propia sostenibilidad, su propio beneficio. Que se desvíe dinero público hacia bolsillos privados, cuando la educación pública está tan necesitada de inversión, supone una presunta malversación de fondos públicos. Le quiero mandar un mensaje a los políticos (no a todos, claro; solo a los culpables), que permiten esta realidad (me da igual su orientación ideológica): Estáis quebrantando la Constitución, que se redactó antes de que existieran los conciertos educativos y faltando a los principios básicos de la democracia. Sé que vosotros, hacedores de lo indecible, perpetradores de lo intolerable, no tenéis los principios morales necesarios para proteger los intereses de los ciudadanos que tienen en vosotros depositada la responsabilidad de gobierno.
