Miércoles,
16 de noviembre de 2016. Día frío y nublado. La Agencia Nacional de Meteorología
predice que no va a llover, pese a que se avecina una gran tormenta en determinados
puntos de la región.
IES
ubicado en una zona rural. 8:30 de la mañana. Clase: 4º de ESO. Materia: Biología
y Geología. Número de alumnos: 32.
Actividad: “El origen de la vida: la evolución de las especies (Darwin)”.
Grado de dificultad: medio-alto. Grado de adoctrinamiento: cero. El profesor
considera que es un grave perjuicio para los alumnos no poder desdoblar el
grupo.
9:30
de la mañana. Clase: 4º de ESO. Materia: Religión. Número de alumnos: 15.
Actividad: “El creacionismo: Adán y Eva, los primeros pobladores”. Grado de
dificultad: ínfimo, no tiene. Grado de adoctrinamiento: colosal. Grado de
contradicción con la materia anterior: gigantesco. El profesor considera que es una gran ventaja
impartir doctrina a un grupo reducido de alumnos.
¿Por
qué la “asignatura” de religión va a gozar del privilegio de una ratio
reducida, aunque sea en determinados centros, cuando las asignaturas
científicas no tienen la misma consideración? Una de dos, o la Consejería de
Educación se ha vuelto loca, o ha sucumbido a las presiones del poder
eclesiástico; prefiero la primera opción, porque la segunda nos lleva a un
escenario de sumisión del Gobierno de Extremadura ante el “lobby” religioso.
El
privilegio que recibe la asignatura de Religión, cuyas clases podrán tener 15
alumnos o menos cuando sea necesario, es un agravio comparativo con el resto de
especialidades, muchas de las cuales han perdido también horas y no se les ha
compensado de ninguna manera. Hemos pasado del debate sobre si la religión debe
salir de las aulas, a otorgarle el privilegio de la reducción de ratio. Por
desgracia la involución es uno de los males del sistema educativo, llevamos
siete leyes de educación en 35 años y estamos, prácticamente, en la misma
casilla de salida en cuanto a aspectos fundamentales.
La
Consejería de Educación ha torcido, y retorcido, la realidad hasta hacerla
coincidir con los intereses de la iglesia sin pillarse los dedos, pasando de la
primera propuesta que era ilegal (la de compensar su horario con horas ajenas),
a la segunda (la del desdoble) que es alegal y, por tanto, difícilmente
recurrible por vía judicial. Los intereses espurios de grupos de presión
consiguen, nuevamente, doblegar al Gobierno de Extremadura y teledirigirlo hacia
decisiones que insultan a todos los docentes que han conseguido su plaza en
dura competencia bajo los principios de igualdad, mérito y capacidad.
Los agrupamientos
especiales (ratio baja) se hacen buscando la calidad de enseñanza en
asignaturas que lo necesitan por su especial dificultad. Pero en el caso de la
enseñanza religiosa no se aplica este criterio, se pretende utilizar este tipo
de agrupamientos de forma ilegítima, no para conseguir una mejora en la calidad
de enseñanza, sino para contentar a la curia episcopal extremeña.
La
excusa que la Administración educativa da para no disminuir la ratio
implementando y extendiendo los desdobles en asignaturas científicas, es siempre
presupuestaria. Pero en el caso de Religión no han tenido empacho alguno en
desdoblar los grupos de alumnos en determinados centros como prueba clara del
sometimiento del Gobierno de Extremadura, teóricamente de izquierdas, a las
presiones religiosas. Una triste realidad que demuestra poco carácter ideológico
y mucha debilidad programática por parte del ejecutivo extremeño.
Decía
José Luis Sampedro que “es más libre un librepensador dentro de un calabozo,
que el guardia que lo custodia…”. El guardia cumple órdenes, el librepensador
no. ¿Cumple órdenes el Gobierno de Extremadura plegándose a los intereses de la
iglesia? ¿Cuándo tendremos un gobierno de librepensadores?
Tan
poca altura de miras provoca que no avancemos, que estemos estancados en la mediocridad
más palmaria. Todas las facilidades para que los niños aprendan a rezar, pero
pocas para que aprendan matemáticas, lengua, filosofía… Los responsables de
ejecutivo extremeño deberían hacer una profunda reflexión y poner por delante
los intereses de la escuela pública por encima de las pretensiones sectarias
del poder eclesiástico.
La
raíz del problema reside en el concordato con la Santa Sede (1953) y la posterior
reforma del mismo en 1979. Dicho acuerdo, además de vulnerar la separación de
poder entre la Iglesia y el Estado, fue anterior a la aprobación de la
Constitución por lo que todo apunta a su inconstitucionalidad.
Un
privilegio vitalicio que se le otorgó a la Iglesia Católica, y que nació del nacionalcatolicismo
que vertebraba todos los aspectos de la vida, en la época más oscura que España
padeció durante 40 años, y que aún persiste en el ADN de muchos políticos y
“lobbys” religiosos nostálgicos que se resisten a despojarse de los últimos
rescoldos del pasado.
Alfredo Aranda
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