Viernes 25 de junio de 2010, cinco de la tarde. Día
cálido, sin llegar a ser bochornoso, como es habitual en estas fechas.
Los opositores del tribunal único de la especialidad de “Organización y
Procesos de Mantenimiento de Vehículos”, situado en el IES Javier García
Téllez de Cáceres, empiezan el acto de presentación. Una vez concluido
el acto; entregada la programación y citados para la realización, el día
28 de junio, del primer examen del proceso selectivo, se van para sus
casas. Entre ellos están Víctor, Francisco y Heliodoro, que a la postre
fueron los que obtuvieron plaza y que ignoraban, por aquel entonces, que
toda una serie de infortunios caería sobre ellos más tarde.
Pasados más de 7 años de las referidas oposiciones, y después de
superar el curso de prácticas docentes y ser nombrados funcionarios de
carrera en 2011 en sendas publicaciones en el DOE y en el BOE, y de
tener destino definitivo por Concurso de Traslados, se encuentran,
ahora, después de tantos años, a punto de perder la plaza por un hecho
del que no tienen culpa alguna y que paso a relatar con la mayor
claridad y brevedad posibles.
En el proceso selectivo de 2010, en la especialidad
antes mencionada, un opositor (le llamaremos, a partir de ahora, el
opositor X) presentó una reclamación, tras concluir el proceso
selectivo, por no compartir las puntuaciones obtenidas y por considerar
que dichas calificaciones fueron producto de la enemistad que la
presidenta del tribunal y él se profesaban. El opositor X interpuso un
contencioso administrativo que, a la postre, vino a descubrir que los
exámenes fueron destruidos por el Tribunal. En este punto hay que decir
que dichos exámenes debieron entregarse, según marca la convocatoria, en
el Registro habilitado por la Consejería para este menester; y ni se
entregaron por parte del tribunal, ni se reclamaron por parte de la
Administración para cumplir con el deber inexcusable de guarda y
custodia.
El hecho de la destrucción de los exámenes
dio alas al contencioso de opositor X y el Tribunal Superior de Justicia
de Extremadura y el Tribunal Supremo declara nulo el proceso de
oposiciones. Pero la sentencia, hay que dejar claro este aspecto, en
ningún momento duda de los opositores que obtuvieron plaza, más al
contrario los considera opositores de buena fe.
Y
Vara, ¿dónde está? ¿Dónde está el Presidente pacificador y dialogante
que se esfuerza en aparenta? ¿Por qué no evita que tres familias
inocentes se queden en la calle? Parece que, en este grave asunto, ha
dejado entrever su verdadera naturaleza; se ha quitado la careta,
podríamos decir, y se muestra con un presidente ausente. Se ha negado a
recibir, de forma reiterada, a los tres agraviados; a tres ciudadanos
que, con cargas familiares, se asoman al abismo. Desvió, eso sí, su
responsabilidad en otros, en responsables educativos, que recibieron a
los tres funcionarios en su nombre. Durante algún tiempo todo parecía
que iba a reconducirse, al menos, esa era la sensación que transmitían,
en un principio, aquellos que, en nombre de Vara, recibieron a los tres
funcionarios y a sus abogados.
Pensaron, pensamos (yo
también me incluyo) que la solución era posible, pues otros procesos
selectivos impugnados en Extremadura no perjudicaron a los que
obtuvieron plaza. Recuerdo el caso, por ejemplo, de la exconsejera de
Sanidad que, siendo consejera, convocó las oposiciones de “cirugía
general y aparato digestivo” a las que ella misma se presentó obteniendo
la máxima puntuación; lo que provocó recursos de alzada de otros
opositores que llevaron a SES a anular la nota; pero, al final, el
recurso interpuesto por la exconsejera prosperó y un juez le dio razón
y, por consiguiente, no perdió su plaza. Podría nombrar otros casos como
el de los enfermeros o el de los camareros limpiadores, cuya solución
fue salomónica para todos. En todos estos casos la Consejería veló por
los intereses de los aprobados de buena fe; pero en el caso las
oposiciones de“Organización y Procesos de Mantenimiento de Vehículos” no
han hecho nada, han dejado que tres familias caigan al abismo.
Francisco, Víctor y Heliodoro pensaron que la Consejería, que el
Gobierno de Extremadura, manejaría este asunto con la suficiente
eficiencia para evitar que pagasen justos por pecadores pero, más al
contrario, los responsables educativos, después de múltiples reuniones
con ellos, con sus abogados, con representante sindicales, demostraron
la poca disponibilidad de llegar a una solución consensuada por todas la
partes. Se barajó la posibilidad de tratar este asunto como el gobierno
de Asturias trató otro parecido. En Asturias se impugnaron las
oposiciones de Educación Infantil, pero como se reconocía la buena fe de
los opositores que obtuvieron plaza, el gobierno asturiano repitió la
oposición de tribunal impugnado respetando a los que habían conseguido
su plaza honradamente y ampliando el mismo número de plazas que el
tribunal asignó en su momento. Rápido, limpio y justo.
Heliodoro, Víctor, Francisco y el opositor X, junto con sus abogados,
llegaron a un acuerdo de solución para evitar la repetición de las
oposiciones. Dicho acuerdo fue presentado ante la Sala del TSJEx quien
emitió “Diligencia de ejecución de acuerdo transaccional”, dándonos a
entender que el acuerdo pactado podría ser una solución satisfactoria
para todas las partes, siempre y cuando estuviera ratificado por la Junta
de Extremadura; pero, la Junta de Extremadura, escurrió el bulto. La
inclusión en el acuerdo de la Junta hubiera solucionado el entuerto
favoreciendo a todas las partes; sin embargo, incomprensiblemente,
optaron por la opción que no beneficia a nadie.
Como
apunta el magistrado José Manuel Chaves (Magistrado de la Sala
contencioso-administrativa del Tribunal Superior de Justicia de
Asturias), en casos de la misma índole que el descrito y con sentencia
firme, el TC propicia la tutela de los terceros de buena fe, rechazando
la revocación de los nombramientos y buscando otra salida. Cosa que, en
ningún momento, ha pretendido la Administración Extremeña, dejando sin
plaza y a la deriva a tres opositores reconocidos, por sentencia, como
de buena fe.
El magistrado Chaves, del que tantos
deberían aprender, considera que en un caso de impugnación de
oposiciones hay que tener en cuenta el tiempo transcurrido desde la toma
de posesión de los aprobados, así como la condición de inocentes y
ajenos a aquellos que nada tienen que ver con la irregularidad cometida
por el Tribunal Calificador. Añade que “no puede perderse de vista el
interés general en que el personal seleccionado esté capacitado y en no
desbordar el gasto público”. ¡Qué falta hace en Extremadura la visión
clarividente y justa del magistrado Chaves! No se puede impartir
justicia cometiendo una injusticia mayor, como ocurre en la no solución
que se ha dado, desde el Gobierno de Vara, al asunto de las oposiciones
impugnadas de la especialidad de “Organización y Procesos de
Mantenimiento de Vehículos”.
Los tres funcionarios
de carrera han presentado “incidente de ejecución de sentencia” para
evitar que les priven de las plazas ganadas honradamente. Intentando
exponer al TSJEx que ellos, como opositores de buena fe, no pueden ser
los paganos de la irregularidad cometida por el tribunal de oposiciones
al destruir los exámenes. Y el TSJEx debería proteger, considero, a los
terceros de buena fe que nada tuvieron que ver en todo el entramado
descrito.
Esperemos que alguien de la
Administración, finalmente, entienda aquello de “La equidad como
garantía del tercero de buena fe en los procedimientos selectivos”; si
así fuera, la justicia en Extremadura daría un salto cualitativo a la
altura de la región que los ciudadanos se merecen.
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