La ideología cuando no se cuida, como las baterías que se sulfatan por tener nivel bajo del electrolito, se atrofia. Las facciones ideológicas se van desvaneciendo hasta transmutar la fisonomía del rostro ideológico en una simple careta que detrás no esconde nada; ya, ni siquiera, la faz primigenia.
No se trata de actuar con embriaguez ideológica, ni, como decía Agustín de Hipona con «la soberbia no es grandeza sino hinchazón; y lo que está hinchado parece grande pero no está sano». Se trata de ser consecuente con la idiosincrasia propia, con la doctrina fundacional, que nos repiten como un mantra y que termina siendo, en realidad, un adorno programático.
En comunidades de gobiernos conservadores, como Madrid, están aboliendo, con rapidez, la educación pública. Y lo hacen abiertamente, sin esconderse. En esta comunidad hay ya más educación concertada que pública, y la pública que queda, en su mayoría, es de gestión privada. El gobierno de Madrid es consecuente con su ideología. Promocionan la educación privada ofreciendo suelo para que construyan centros privados y después los conciertan, así el modelo educativo público se va agotando. No creen en lo público y lo ejecutan, lo decapitan con una afilada guillotina doctrinal y con vocación evangelizadora.
En comunidades de gobiernos progresistas, como Extremadura, podrían actuar, en lo referente a la educación pública, siendo fiel a su ideología y proteger, por ende, a la educación pública (como Madrid hace con la privada-concertada); pero, sin embargo, no lo hacen. Mantienen conciertos innecesarios a costa de cerrar unidades en centros públicos, o liquidan, directamente, centros públicos completos como, por ejemplo, el CEIP Juan XXIII de Mérida, que cesa su actividad de enseñanza pública para el próximo curso por decisión de la Consejería.
En Extremadura la red pública puede asumir las necesidades de escolarización de todas las localidades y, por consiguiente, el cese de los conciertos estaría perfectamente justificado. Esta realidad de meridiana claridad podrá no gustarle a muchas personas que quieren mantener los conciertos a toda costa; pero no podrán decir que no es verdad. Lo datos no mienten.
En Madrid, sin ninguna justificación, se cargan la enseñanza pública construyendo centros privados para concertarlos después; arrinconado, así, a la educación pública. En Extremadura, con los datos de escolarización a favor para cesar los conciertos, los mantienen perjudicando a la educación que es patrimonio de todos: la pública. «Entre todos la mataron y ella sola se murió».
Las dos ideologías parecen aunar esfuerzos para ir socavando la única educación que garantiza la igualdad de oportunidades: la pública. La educación de todos. Que aquellos que llevan como bandera la ideología conservadora quieran destruir lo público es normal, está en su naturaleza; pero que lo hagan aquellos que dicen sostenerse en pilares progresistas, no tiene explicación alguna que no protejan, sin ambages, el bien común de lo púbico.
La educación pública es igualitaria, democrática, inclusiva y verdaderamente gratuita, sin las cuotas «voluntarias» que se pagan en la escuela concertada (si no las pagas te excluyen de actividades) que según el estudio de CICAE y CEAPA, publicado en octubre de 2021, oscila entre 84 y 202 euros al mes. Al final, las familias terminan pagando. La escuela concertada recibe dinero público y no pueden cobrar nada por sus servicios. Un fraude que la administración conoce y permite.
El sistema de conciertos en la educación se estableció en 1985, bajo las prescripciones de la LODE, para poder dar respuesta a las necesidades de escolarización en aquel momento. Es decir, que los centros concertados escolarizaban el excedente de alumnos que no podía asumir la educación pública; por tanto, lo concertado era subsidiario de lo público. Una vez que la red pública aumentara, los conciertos dejarían de ser necesarios. Pero no fue así. Después de 37 años hay comunidades en las que la educación concertada se está cargando, literalmente, a la pública. Lo que constituye una verdadera anomalía democrática, dado que de no haber existido la dictadura franquista, que sumió en las tinieblas a España durante 40 años, la red pública se hubiera ido ampliando y modernizando para no ser necesario los conciertos que se implantaron a partir de la LODE y, hoy día, dichos conciertos no existirían o serían residuales y solo la educación pública (gratuita) o la privada (pagada por las familias) serían las únicas entre las que se podría elegir, cumpliendo con aquello de la libertad de enseñanza que promulga la Constitución. No olvidemos que la Carta Magna (1978) cuando habla de libertad de enseñanza no se refiere a la concertada, por la simple razón de que cuando se redactó la norma los centros concertados no existían.
¿Y los sindicatos tradicionales qué piensan de este tema? Poco que decir. Protestan como medida de maquillaje, para parecer que les importa; después, siguen a lo suyo y lo dejan pasar. Unos, porque tienen intereses sindicales en la concertada y se ponen de perfil; otros, porque su posicionamiento ideológico les impide pedir el cese inmediato de los conciertos innecesarios.
PIDE seguirá diciendo, a voz en grito, que en la actual coyuntura los conciertos educativos sobran, no son necesarios, que la pública va primero y que seguiremos luchado por ella hasta el último aliento.
*Vicepresidente de PIDE
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