La Educación Pública es el pilar que garantiza el futuro de nuestra sociedad democrática. Es una obligación defenderla. No hacerlo supone negar el futuro a nuestros alumnos como individuos únicos e irrepetibles que merecen un mundo mejor. Hay una realidad palmaria que no gusta a determinadas organizaciones, pero que no es discutible: «Actualmente las necesidades de escolarización de todas las localidades extremeñas donde hay centros concertados pueden ser cubiertas por la red pública y, por tanto, no haría falta concertar ninguna unidad con centros privados». Los datos confirman esta máxima que hemos repetido hasta la saciedad, no es una cuestión de opinión; es una verdad demostrable y la administración y todos los sindicatos son conscientes.
Las organizaciones que aseguran que defienden la educación pública, pero no piden la retirada de los conciertos educativos innecesarios no están defendiendo la educación pública. Así de simple. Porque el mantenimiento de dichos conciertos es a costa de suprimir unidades en la pública e, incluso, cerrar centros públicos completos como ocurrió con el CEIP Juan XXIII de Mérida (PIDE es el único sindicato que ha interpuesto una demanda judicial contra el cierre del centro y que está aceptada a trámite por el juzgado). Y llegaremos al Supremo o al Constitucional si es necesario.
Por muy grande que sean los calendarios que algunas organizaciones sindicales lleven a los centros para intentar esconder sus vergüenzas, no es suficiente para tapar el daño que le hacen a la educación pública con su actitud complaciente con los conciertos educativos innecesarios. Unos sindicatos porque tienen representación en el educación concertada miran para otra parte; otros, porque ideológicamente la privatización subvencionada de la educación cuadra con sus posicionamientos ideológicos, sufren de ceguera selectiva y, mientras, la educación pública es desmantelada ante la indiferencia de todos ellos.
La educación pública es única e incomparable, porque compensa desigualdades sociales, porque es verdaderamente gratuita e inclusiva, porque sus docentes han pasado un proceso de selección basado en los principios de igualdad, mérito y capacidad, porque es un servicio público y no un negocio… Los progenitores que quieran que sus hijos reciban educación en un centro privado deberían costearlo de su bolsillo. La educación pública es la única que debería estar sostenida con fondos públicos.
La LOMLOE dice que «la educación pública constituye el eje vertebrador del sistema educativo», y que las Administraciones educativas garantizarán el derecho a la educación «mediante una oferta suficiente de plazas públicas». También aclara, de forma taxativa, que «Las Administraciones educativas promoverán un incremento progresivo de puestos escolares en la red de centros de titularidad pública». Por lo que no se comprende que las autoridades educativas no respeten una Ley Orgánica y que determinados sindicatos sean cómplices de esta violación de los principios básicos marcados por la legalidad.
En PIDE seguiremos defendiendo a la educación pública y a sus docentes, seguiremos pidiendo el cierre de los conciertos educativos innecesarios, seguiremos acudiendo a los tribunales de justicia cuando la ocasión lo requiera… En definitiva, seguiremos actuando en beneficio de todos como siempre lo hemos hecho.
*Vicepresidente del sindicato PIDE
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