La tutoría es una parte fundamental de la labor docente. Exige tiempo y dedicación. Alfredo Aranda Platero

 ¡Ay, las tutorías! ¡Cuánto le ha costado a la Administración educativa extremeña reconocer que deben remunerarse en todos los cuerpos y niveles!

El pago generalizado está contenido en el acuerdo Horizonte +, pero hasta llegar aquí se ha batallado mucho. De hecho, PIDE consiguió una sentencia favorable al pago de las mismas, que fue recurrida por la Administración ante el Tribunal Supremo por esa afición malsana que tienen de poner palos en las ruedas a la consecución de derechos. Finalmente, hemos tenido que llevar el asunto al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TEDN n.º 21467/25), que lo ha aceptado a trámite. Una sentencia favorable, que esperamos con expectación, supondría que la aplicación del pago de tutorías a todos los cuerpos y niveles debería ser inmediata y no dilatada en el tiempo y, además, con una retroactividad de cuatro años.

Antes de que el Tribunal Supremo admitiera el recurso de casación interpuesto por la Consejería de Educación y fastidiara a los docentes, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 1 de Badajoz falló a favor de la demanda de PIDE; de hecho, el magistrado concluyó textualmente que “la Administración demandada, pese a que ha procedido a regular y establecer el citado complemento para unos docentes y no otros, lo ha hecho con desigual trato, contrariando la normativa que no establece distinciones entre etapas educativas, privando de un derecho consagrado por una Ley Orgánica a los profesores y considera que dicha Administración demandada está obligada por la norma estatal a la regulación de dicho complemento para todas las fases y etapas educativas”.

La tutoría es una parte fundamental de la labor docente. Se trata de una responsabilidad que exige tiempo, dedicación y preparación, y que resulta esencial para el buen funcionamiento de cualquier centro educativo y, por tanto, debe estar remunerada en todos los niveles.

El pago de tutorías en todos los cuerpos y en todos los niveles está próximo a conseguirse por lo civil o por lo judicial (o por ambos). Y diría más: todos los docentes deberían tener remuneración por realizar la función tutorial: unos, los tutores nombrados como tales, con una cuantía económica mayor por llevar un mayor peso en esta tarea; otros, el resto de docentes, que también tienen responsabilidades en la función tutorial, una remuneración proporcional.

No podemos hablar de educación de calidad, de equidad, de igualdad… si después no se valora por igual a los docentes que hacen las mismas labores. De Perogrullo, pero mira que la Administración ha tardado en verlo y escucharlo y entenderlo.

LA EDUCACIÓN QUE QUEREMOS (Alfredo Aranda Platero, Vicepresidente SINDICATO PIDE)

La educación que queremos es pública, porque es uno de los pilares que sostienen el Estado de derecho, además de ser la que garantiza la igualdad de oportunidades y una gratuidad real.

Una sociedad democrática se asienta en la educación pública y en los servicios públicos en general. Estos no distinguen a nadie por su origen social, su lugar de residencia ni su situación económica; su razón de ser es garantizar los derechos de todos y no dejar a nadie atrás.

Por todo ello, y por mucho más, la educación pública debe contar con una financiación sólida y suficiente. Es una inversión que se realiza en el presente para recoger sus frutos en el futuro: una inversión que fortalece la democracia y revierte en el conjunto de la sociedad a través de ciudadanos libres, críticos y formados, capaces de contribuir al progreso colectivo.

Defender la educación pública es defender aquello que nos hace iguales: un derecho que debe llegar a todas las capas de la sociedad y que hace posible una convivencia real, en la que nadie quede excluido y las oportunidades estén al alcance de todos.

Quien ataca, menosprecia o debilita la educación pública difícilmente puede estar comprometido con la igualdad de oportunidades ni con una sociedad más justa, democrática y horizontal, en la que todas las personas sean tratadas con la misma consideración y tengan los mismos derechos.

En la defensa de la educación pública no cabe la equidistancia. Sin embargo, hay quienes afirman defenderla mientras mantienen posiciones ambiguas o evitan cuestionar los modelos que compiten con ella. Esa equidistancia responde a intereses meramente económicos o ideológicos.

La educación pública puede coexistir con la privada, siempre que esta última se financie exclusivamente con las aportaciones de las familias que opten por ella. Sin embargo, el modelo de educación concertada plantea una contradicción: centros de titularidad privada que se financian con fondos públicos y que, en muchos casos, también cobran a las familias cuotas o aportaciones supuestamente voluntarias.

La situación resulta aún más difícil de justificar cuando observamos los datos de escolarización. En el curso 2026/2027 han iniciado su escolarización en Extremadura 6.810 niños de tres años, mientras que se han ofertado 12.793 plazas para escolarizar a este alumnado.

Este dato puede resultar incómodo para determinados sectores, pero constituye un argumento sólido para revisar la necesidad de mantener la financiación pública de centros privados allí donde la red pública puede atender perfectamente la demanda sin necesidad de conciertos.

Alfredo Aranda Platero, vicepresidente de PIDE

«Acuerdo abierto» Alfredo Aranda Vicepresidente del Sindicato PIDE

El pasado viernes 23 de octubre se publicó la Instrucción 24/2026, que incorpora una reivindicación histórica de PIDE: la flexibilización del horario de exclusiva de los maestros. A partir de ahora, las horas complementarias que no estén destinadas a la atención a las familias o a reuniones no exigirán la presencia del profesorado en el centro.

PIDE lleva luchando años por esta mejora que, finalmente, se ha concretado. Y lo ha hecho antes de que el acuerdo Horizonte +, del que formaba parte, eche a andar, lo que demuestra que el acuerdo, que contiene una batería de mejoras importantes tanto en el plano económico como en el laboral, nace con la intención de cumplirse en su totalidad e, incluso, de mejorar en todos los preceptos que contiene.

El acuerdo supone un correctivo para quienes lo despreciaron por considerarlo una mera declaración de intenciones, menospreciando el esfuerzo de alcanzar un consenso con la Consejería de Educación, pese a las dificultades que cualquier Gobierno, sea cual sea su ideología, pone a este tipo de acuerdos.

Resulta contradictorio que quienes dicen defender al profesorado obstaculicen avances que mejoran sus condiciones laborales y económicas, anteponiendo intereses ajenos a la defensa de los docentes de la Educación Pública.

La Consejería estará fiscalizada por una comisión de seguimiento que, además de vigilar el cumplimiento de todas las medidas que contiene (ya se ha cumplido una), debe convertirse en una puerta abierta para seguir avanzando hacia mejores condiciones salariales y laborales.

Lo que comenzó siendo una reivindicación fundamentalmente salarial se ha transformado en un acuerdo más amplio, que nace vivo para poder alimentarlo con nuevas mejoras. Los 210 euros nos sitúan en la zona media de la tabla salarial, lo que supone un avance y, junto con la comisión de seguimiento y la cláusula de revisión, nos proporciona herramientas para seguir mejorando.

Por eso, este acuerdo no debe entenderse como el final del camino, sino como un punto de partida. Las medidas que no requieran desarrollo normativo deben implementarse con prontitud, mientras que aquellas que sí lo necesiten deben abordarse de inmediato en las correspondientes mesas técnicas y sectoriales.