"La
privatización de la enseñanza"
23 /11/2011 José Manuel Chapado Regidor
23 /11/2011 José Manuel Chapado Regidor
La educación pública es universal y gratuita y
garantiza el acceso democrático a la educación como
base fundamental del desarrollo social y económico del
Estado. La educación privada, por el contrario, es elitista
y discriminadora al reservarse el derecho de admisión,
por lo que bajo ningún concepto debería ser subvencionada.
Es imperativo que la sociedad conozca dónde se invierte
el dinero público, y más en momentos en los que
se plantean recortes severos en las administraciones públicas
y en el mantenimiento de los servicios esenciales de atención
ciudadana.
La obsesión de privatizar la educación es universal,
tanto en las comunidades regidas por los populares como las gobernadas
por los socialistas o los nacionalistas; en consecuencia, la escuela
pública pierde peso frente a la privada. A lo largo y ancho
del Estado, comunidades de uno y otro signo político subvencionan
con dinero público centros privados y venden, a veces,
cuando no regalan, a precio de saldo y sin ningún pudor
terrenos públicos para la construcción de colegios
privados.
LOS NIVELES educativos preuniversitarios en España se
imparten en tres tipos de centros educativos: públicos,
privados y, un tercero híbrido, privado-concertados (empresas
privadas sostenidas con fondos públicos). La educación
pública es la única que garantiza la educación
igualitaria a todos los ciudadanos, sin exclusiones; la educación
privada funciona como lo que es, un negocio y, por tanto, otros
imponen sus propias normas; la educación concertada, sin
embargo, pretende establecer criterios de funcionamiento del sector
privado (por ejemplo, reservar el derecho de admisión de
alumnos) pero con dinero público, lo que es un insulto
a la ciudadanía al desviar parte de sus impuestos para
subvencionar centros educativos privado-concertados, que establecen
criterios sui generis a la hora de seleccionar alumnos y profesores
y que funcionan con el fin de cualquier empresa: el beneficio.
Podemos concluir que con dinero público se está
sosteniendo infinidad de centros privados a través de la
concertación, o, dicho de otra manera, el gobierno paga
los sueldos de los docentes que trabajan en centros concertados
sin intervenir en la selección de personal, como hace en
los centros públicos a través del concurso-oposición.
A la luz de los datos publicados por las distintas administraciones,
el 85% del profesorado de la enseñanza privada, trabaja,
realmente, en centros concertados. Podemos establecer el mismo
porcentaje para los alumnos matriculados en centros privados.
Si los centros concertados se privatizaran (dejando de percibir
subvenciones), estimamos que por ejemplo, como mínimo,
el 20% de sus alumnos se trasladarían a la pública.
Este trasvase generaría necesidades de profesorado que
las administraciones tendrían que proveer mediante convocatorias
de oposiciones, con un incremento de empleo público en
el sector de enseñanza.
El hipotético trasvase, del 20% de alumnos de la privada
a la pública, no tendría incidencia en la privada
en el profesorado, pero bajarían las ratios (una media
de dos alumnos por aula). Tendríamos una cifra estimada
de 131.044 docentes en la educación privada, con un coste
anual de 5.554.607.728 euros. Con el incremento del 20% se calcula
un aumento de 25.161 docentes en la escuela pública, con
un coste de 1.029.121.866,40 euros (fuente INE de datos de personal
contratado en la enseñanza privada). De estos datos se
desprende que el ahorro anual estimado por la privatización
(hipotética) de la enseñanza concertada sería
de 4.525.485.862 euros.
El Estado garantiza la enseñanza pública, gratuita
y universal para todos los ciudadanos, por lo que es un contrasentido
pagar a una empresa privada para que asuma competencias que ya
están asumidas por la red de centros públicos (la
concertación sólo estaría justificada allí
donde no llegara la educación pública o como complemento
de ésta).
Los ciudadanos que renuncian voluntariamente a un servicio público
determinado que el Estado les ofrece gratuitamente y prefieren
acudir a un empresa privada en busca de ese mismo servicio han
de costeárselo de su bolsillo, al igual que ocurre en el
resto de los países de la UE y en otros ámbitos
de nuestra sociedad. No es posible que se incrementen las subvenciones
por conciertos educativos ni que la inversión en la enseñanza
privada-concertada aumente curso a curso y que la inversión
en la educación pública haya disminuido. No es justificable
ni defendible que los centros públicos sean mutilados,
discriminados sin medios suficientes, y último refugio
de alumnos que no pueden acceder a la privada-concertada por cuestiones
económicas o porque no son aceptados, en base a no sabemos
qué criterios. O quizás sí.
Los centros públicos no pueden convertirse en guetos educativos
ni la sociedad española perder la posibilidad de un futuro
mejor. Para todos, ojo.
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